Familias del barrio “Nueva Esperanza” (Merlo) comenzaron un acampe

 

Mario Hernandez

Rebelión

Las familias trabajadoras que quedaron en la calle luego del violento operativo policial por el cual fueron desalojados hace menos de un mes decidieron iniciar el miércoles un ACAMPE por tiempo indeterminado en la plaza 25 de mayo, ubicada en Calle Real y 25 de Mayo (Merlo) para reclamar una solución al estado provincial y municipal.

Acompañados por organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales, políticas y culturales, dieron una conferencia de prensa para denunciar el abandono gubernamental a quienes hace meses iniciaron la construcción del barrio Nueva Esperanza con el sueño de construir un techo para sus hijos.

Anahí, delegada del barrio, afirmó: "Hoy no existe política habitacional que incorpore a los más humildes de nuestro pueblo. Entendemos que los gobiernos provinciales, municipales y nacional tienen responsabilidad sobre la situación de emergencia social en la que nos encontramos las miles de familias en la provincia de Buenos Aires a quienes se nos niega el derecho a acceder a una vivienda digna" .

En estos cuatro meses dieron muestras de voluntad de diálogo para hacer frente a la necesidad de vivienda haciendo una serie de presentaciones en distintos organismos e instituciones provinciales y del municipio de Merlo, proponiendo trabajar en el marco de la Ley nacional 14.449 de Acceso justo al habitat, la cual propone la articulación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, para garantizar soluciones definitivas a la necesidad de vivienda de las familias de la provincia de Buenos Aires.  (Comunicado)

Pensando en nuevos negocios inmobiliarios evalúan el cambio o la derogación de la Ley de Tierras (La Nación/Marcha)

El Gobierno está trabajando en un borrador para realizar cambios en la Ley de tierras, sancionada en 2011, que introdujo restricciones para la venta de campos a extranjeros.

Así lo declaró Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, organismo donde funciona el Registro Nacional de Tierras: "Estamos estudiando una modificación que todavía está en etapa de borrador. Tenemos la intención de introducir cambios".

Hace unas semanas, representantes de las inmobiliarias rurales se reunieron con funcionarios de Agroindustria y luego con el Registro Nacional de Tierras. Allí llevaron su inquietud para que se adecúe la ley, ya que sostienen que desde su implementación se frenaron inversiones por parte de extranjeros.

Según la ley, se estableció el 15% como límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provincial, y departamental o municipal. Por esa norma los titulares extranjeros no pueden adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo (definida para el norte bonaerense, sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe).

Un 16,8% de la tierra adquirida fueron tierras fiscales, es decir tierra pública, que en algunos casos constituían parques nacionales, bosques y tierras baldías, pero en muchos otros se trataba de tierras pobladas y trabajadas por campesinos y pueblos originarios, en muchos casos bajo formas comunales de tenencia y producción. La instalación de las nuevas inversiones sobre estas tierras generó multiformes conflictos con las poblaciones asentadas o vecinas: desplazamientos violentos y forzosos, cercamientos de accesos públicos a lagos o ríos incluidos en las tierras compradas, cesión irregular de tierras por parte de algunos provincias, denuncias por contaminación y desmontes, etc.

Pero estos problemas no tienen que ver con lo que ahora aduce el capital inmobiliario, esto es, con algún tipo de excesiva regulación que “frene” las inversiones, sino justamente con lo contrario: la insuficiencia o laxitud que esta ley parece tener en términos de entrega de tierras a capitales extranjeros, e incluso con la falta de cumplimiento de la misma reglamentación que la ley impone. La Ley de tierras establece que, en un plazo de 180 días luego de la sanción de la ley, debía crearse un Registro Nacional de Tierras Rurales en el que cada provincia informe la superficie total de su territorio en manos de titulares extranjeros. Este registro se ha cumplido parcialmente.

Tras un censo de titularidad que se realizó a través del Registro Nacional de Tierras Rurales, surgió que 15,8 millones de hectáreas pertenecían a extranjeros. En rigor, se trata del 5,93% sobre un total de 267,6 millones de hectáreas, incluyendo rurales, mineras y otras actividades. Entre los que aquí tienen más tierras figuran primeros los estadounidenses. Los propietarios de ese origen son poseedores del 1,13% de las tierras rurales del país, con un total de 3.042.680, 69 hectáreas. Luego les siguen los italianos (2,3 millones de hectáreas) y, en el tercer puesto, los españoles (2,1 millones de hectáreas), entre otras nacionalidades.

Sin embargo, según informó en septiembre de 2014 la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, la mitad de las provincias (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Corrientes, Neuquén, Santa Cruz y Santiago del Estero) no entregaron sus informes, con lo cual es de esperar que los resultados presentados por el Poder Ejecutivo Nacional hayan estado altamente subestimados.

En el mercado creen que de cambiarse o derogarse la Ley hay 20 millones de hectáreas que están en condiciones de venderse a extranjeros. Al igual que en el caso de la eliminación a las retenciones mineras, la potencial flexibilización de las leyes sobre la tierra parecen indicar un claro rumbo hacia la profundización del extractivismo y la extranjerización de la economía argentina.

Mientras tanto continúa la expulsión de familias campesinas

En el paraje Sarandí 2 de Febrero, del municipio de Esperanza, Misiones, 37 familias campesinas sufrieron el atropello de la “Justicia” que por tercera vez intenta desalojarlos de sus posesiones, tratando de obligarles a abandonar la tierra que habitan hace más de 10 años, donde viven y trabajan para producir sus alimentos y criar algunos animales para su subsistencia. Un desmesurado operativo policial se impuso nuevamente ante esta humilde comunidad, más de 50 efectivos de la policía desalojaron vivienda por vivienda, ante la pacífica resistencia de las familias a este brutal atropello de la justicia.

En el operativo ordenado por el juez Lunge de Iguazú, y en presencia del encargado de la firma Robicué S.A., el Sr. Ribeiro, se los obligaba a salir de sus casas y abandonar sus corrales con animales, sembrados y los productos de su cosecha almacenados para su subsistencia. Se les secuestraron herramientas de trabajo y cualquier otra pertenencia que no alcanzaran a sacar inmediatamente de su casa, incluso efectos personales como documentos, celulares y dinero. Como si fuera poco se desarmaban completamente las viviendas de madera, y lo que no se rompía, se cargaba en camión para llevar como material secuestrado a la comisaría.

Esta vez no hubo golpes a los pobladores, como había ocurrido el 23 de diciembre de 2014, cuando con golpes y amenazas los expulsaron y quemaron una por una todas sus casas hasta convertirlas en cenizas, además de quitarles todas sus herramientas y pertenencias, llevarse o largar al monte los animales, y hasta les perforaron con machetes las ollas para que si insistían en quedarse, no tuvieran ni en qué cocinar.

En medio del operativo de desalojo, y ante las gestiones urgentes llevadas adelante por el Diputado Martín Sereno del Partido Agrario y Social (PAyS), con la Subsecretaria Melo, y ante el Vicegobernador, la ministra de Derechos Humanos y el ministro de Gobierno, finalmente el juez de la causa resolvió suspender el desalojo, otorgando un plazo de 30 días para encaminar una solución negociada con el supuesto titular de dominio de esa parcela. Vale aclarar que el titular de Robicué S.A., el Ing. Colcombet que trabaja en el INTA, desde que comenzó a denunciarlos, nunca se hizo presente ante esta comunidad para dialogar.

Desde el MNCI denuncian este atropello a la dignidad humana, ya que ningún conflicto de tierra puede dirimirse desde esta violencia institucionalizada, con consecuencias físicas, morales y sociales irreparables para los más débiles. Por ello demandan al gobierno provincial que provea una solución que respete los legítimos derechos de los pobladores, campesinos que cultivan y crían en parcelas de entre 10 y 15 hectáreas por familia, y que sólo buscan una vida digna. También exigimos al juez Lunge que amplíe los plazos que sean necesarios hasta encontrar una solución justa para este conflicto. (Resumen Latinoamericano).

Tras la reunión efectuada a mediados de febrero en la Casa de Gobierno entre el gobernador de la Provincia, Hugo Passalacqua, junto a representantes de diferentes aldeas guaraníes, surgió que el principal problema de los aborígenes es la tierra. De un total de 117 comunidades existentes en Misiones, en las que habitan aproximadamente cerca de 10.000 personas, solamente 24 aldeas cuentan con título de propiedad, con un terreno con extensiones mucho menores a las necesarias y por sobre todo, sin montes, afectando directamente a los aborígenes en su economía. (misionesonline.net)

En el documento "La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo" y en lo que se refiere a los pueblos originarios argentinos, Amnistía Internacional llamó la atención sobre la falta de resolución de cerca de 200 conflictos, a pesar de que la Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y a participar en la gestión de sus recursos naturales.

Según el mapeo de Argentina, que se puede ver en el sitio web http://www.territorioindigena.com.ar/?tipo_conflicto= , surge que 16 provincias mantienen conflictos de diversas índoles.

Las que mantienen la mayor cantidad de conflictos territoriales son: Buenos Aires (24); Misiones (18); Neuquén (14); Chubut (11); Río Negro (10); Jujuy (9); Formosa (9); Salta (5); Santiago del Estero (5); Chaco (3); Catamarca (3); San Juan (2); La Pampa (1); Mendoza (1) y Tucumán (1).
(Télam).

Desalojos aquí y allá

Encapuchados amenazaron a miembros de la comunidad Las Aguadas de Bahía Creek, que acampan frente a Casa de Gobierno por la restitución de 3.500 hectáreas.

La comunidad mapuche de Bahía Creek hace más de veinte días que acampa frente a la Casa de Gobierno en la plaza San Martín de Viedma.
Esa comunidad reclama la restitución de 3.500 hectáreas, solicitándole al gobierno provincial que avance en decisión política de un reconocimiento del reclamo territorial del grupo Las Aguadas (Lofche) sobre el territorio que ancestralmente habita y el respeto de los espacios ceremoniales.

La dirección de Tierras reconoce una tenencia precaria en favor de Paesani y, frente al pedido de la comunidad, las autoridades rionegrinas repiten que la cuestión está judicializada.

Asimismo, denunciaron que en la madrugada del martes "cuatro desconocidos encapuchados" retiraron los carteles y los amenazaron: "Si no se van les vamos a quemar las carpas".

El referente Manuel Barrio contó que "sólo había mujeres" en el campamento en Plaza San Martín cuando se concretó esa irrupción mientras recordó que el gobierno no los ha recibido y, además, alertó que hace cargo "al gobernador si algo llega a pasar", entendiendo que "esa zona parece liberada". (Diario Río Negro)

Unas cien familias sin casa que ocupaban tierras ociosas en el barrio Alto Comedero de San Salvador, Jujuy, fueron desalojadas el sábado 27 de febrero a palazos, balas de goma y 27 detenidos por la policía. La mayoría se trata de familias que no tienen una solución habitacional hace más de 10 años.

Las tierras ocupadas están ubicadas en los predios de la organización Túpac Amaru, frente a la octava etapa de viviendas del Barrio Bicentenario de Alto Comedero.

Según se informó, esas tierras anteriormente pertenecían al estado provincial hasta que fueron cedidas a la organización conducida por Milagro Sala. Pero desde hace tiempo son tierras ociosas, que no son ocupadas ni estarían destinadas para ningún proyecto de vivienda. Por esa razón y ante la necesidad de contar con una vivienda propia, fueron ocupadas por decenas de familias necesitadas.
 
El problema de vivienda en la provincia del norte argentino afecta, al menos, a 35.000 familias. Tan sentido es el problema que Gerardo Morales en campaña electoral prometió regularizar la tenencia de los títulos de propiedad. Sin embargo, la realidad es que la flamante gobernación de Cambiemos coincide con sus predecesoras, de Fellner y Barrionuevo del Frente para la Victoria, en dejar sin techo a parte de la población.
En cuestión de horas, tras saberse de la ocupación de las tierras, la Fiscalía de Investigación Nº 2 a cargo de Gustavo Araya, luego de consultar al Juzgado de Control Nº1 a cargo de Gastón Mercau, dictó la orden de desalojo de los terrenos.

Vale recordar que Mercau es el mismo que lleva adelante la causa por la cual se encarceló a Milagro Sala en un claro caso de criminalización de la protesta social.

(Jujuy al Momento/El Tribuno/ La Izquierda Diario)

El viernes 12 de febrero, en violentos operativos con 200 miembros de la policía local y la gendarmería, fueron desalojadas parte de las familias que están ocupando terrenos en San Nicolás en reclamo de una vivienda digna.

El cansancio de la espera de hasta 10 años y la desconfianza en que las soluciones vengan desde arriba empujó a las ocupaciones y a la amenaza de marchas y cortes de calles. El problema habitacional en San Nicolás es tan grave como en la provincia y el país. En una ciudad con casi 50.000 viviendas, faltan aún para 7.000 familias y no hay planes accesibles. En el país hay 12,2 millones de familias y 13,8 millones de viviendas, pero 3 millones de familias sin hogar. A su vez, desde el 2001 al 2010 se redujo la cantidad de familias con vivienda propia y aumentó quienes alquilan. Una década ganada para las inmobiliarias.
(La Izquierda Diario)


Fuentes: La Izquierda Diario, Jujuy al momento, El Tribuno, Diario Río Negro, Télam, misionesonline.net , Resumen Latinoamericano, La Nación y Marcha.

Más deuda y más ajuste en la agenda del Gobierno de Macri

 

Julio C. Gambina

Rebelión

El partido de la deuda avanza en el Parlamento para convalidar la estafa de los holdouts o fondos buitre, empujados por la justicia de EEUU, cuando los fallos o investigaciones judiciales locales vegetan entre la maraña de archivos que escamotea la burocracia legislativa y judicial.

La dependencia económica y política es evidente en la iniciativa, una más, para privilegiar usos de recursos públicos destinados a cancelar deuda ilegal, ilegitima y odiosa, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario, lo que requiere de una profunda auditoria con participación popular. Esa investigación, luego de conocidos sus resultados, habilitaría a la convocatoria a una consulta popular para definir el pago o la anulación total o parcial de la deuda.

Claro que esa no es la idea de un Gobierno y sus aliados parlamentarios que responden a una estrategia de inserción internacional de la Argentina diseñada desde Wall Street.

Fue curioso escuchar en la ronda de expertos sobre el acuerdo en marcha del lunes 7/3 pasado, como los apologistas del mercado, la negociación y el endeudamiento exponían sus hipótesis de bajas de tasas a futuro y la buena noticia que suponía el arribo de inversores y prestamistas externos. No se trataba de lobistas, sino de los representantes de la Bolsa y el Mercado de Valores, de las entidades bancarias y de los profesionales de la economía, habituales consultores en estos ámbitos en que se define la especulación local.

Esta semana, la Provincia de Buenos Aires tomó 1.200 millones de dólares al 9,37% y por 8 años. Una tasa usuraria si se la compara con el costo del financiamiento de otros países de la región, que logran tasas del 50% de lo que pagará el Estado bonaerense. No se entiende la urgencia en la toma de préstamos externos a ese precio, si la hipótesis es la baja del costo del dinero como resultado del acuerdo parlamentario. Lo real es que aun con acuerdo, hay probabilidad de continuidad de la litigiosidad contra la Argentina, lo que supone elevadas tasas de interés, más allá de los dichos por el Gobierno y sus aliados del partido de la deuda.

Resulta evidente que solo son hipótesis infundadas sobre crédito barato y que en ese imaginario no se piensa seriamente en conseguir recursos externos para la promoción del empleo, ya que los préstamos, hasta ahora son para tapar huecos derivados de la crisis fiscal y resolver vía endeudamiento la disputa de consenso ante un ajuste que resulta cada vez más evidente. Es lo que quedó claro en la reunión del presidente con los gobernadores, que a cambio de anticipar fondos mayores de coparticipación, instruirán a sus diputados y senadores para acompañar una votación favorable en el Congreso para derogar las leyes cerrojo y de pago soberano e instrumentar el mecanismo de endeudamiento para cancelar a los especuladores buitre y otros no ingresados a los canjes del 2005 y 2010.

Deuda, ajuste y liberalización

No es deuda o ajuste como sugieren desde el Ministerio de Economía, es deuda y ajuste, que se descarga sobre la mayoría empobrecida del país.

La convergencia de ambas cuestiones, se manifiesta en la continuidad de los despidos estatales y del sector privado, exacerbados con una política monetaria restrictiva que enfría la economía y agrava todo pronóstico recesivo para el 2016. La estanflación en curso es la razón por lo que avanza la convergencia de las diferentes centrales sindicales en una protesta a corto plazo, que no solo involucra al salario y las negociaciones colectivas, sino también a la demanda contra el impuesto a las ganancias y los ingresos derivados de la política social.

El problema es la dispar evolución de los precios y los salarios. Mientras los ingresos salariales están en proceso de actualización en negociaciones paritarias, los precios aumentaron 8,3% entre enero y marzo. Si se cuenta desde diciembre pasado el incremento asciende a 12,5%. La proyección anual dispara un 32,9%. Todo en un marco donde la evolución del tipo de cambio entre el peso y el dólar promueve una política de elevación de tasas de interés de parte del Banco Central que obstaculiza cualquier opción de crédito para la producción. La realidad es el estancamiento y la inflación, un cuadro desfavorable para la mayoría de la población.

Vale mencionar que la dupla ajuste y mayor endeudamiento previsto con el acuerdo sobre los fondos buitre, es una condición para incorporar al país a las negociaciones de los tratados internacionales de libre comercio, especialmente el Acuerdo del Pacífico, instrumento de reinstalación de la lógica aperturista del ALCA, que fuera rechazado por el Mercosur desde Argentina en 2005.

La inserción en esa lógica de libre cambio y apertura económica requiere de bajas de salarios para mejorar la competitividad local y la promoción de inversiones externas en condiciones muy favorables para la rentabilidad deseada por los inversores externos. Es el caso de Chevron e YPF, que por ahora motoriza la renuncia del titular de YPF y de la jueza interviniente en develar el contrato secreto (exigido por la Corte Suprema de Justicia) y con el escándalo que supone la voltereta del PRO, ayer críticos de la cláusula secreta y hoy a favor. Todo sea por los negocios.

Contrario a lo que algunos pueden pensar, no hay improvisación en el rumbo económico del Gobierno de Macri, sino decisión de avanzar en el programa de máxima del gran capital por la liberalización económica de la Argentina. El sendero que lleva a ese destino es el ajuste en curso financiado por nuevo y mayor endeudamiento externo, y ante e conflicto, represión y protocolo de seguridad.

Torturado y ejecutado en Pisagua: Amanece la justicia para el “Choño” Sanhueza

 

Manuel Salazar S.

Punto Final

El pasado 12 de febrero la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó procesar a Enrique Fuenzalida Puelma, ex fiscal militar de Arica entre abril de 1974 y junio de 1976, por su presunta responsabilidad en el asesinato del militante comunista Manuel Sanhueza Mellado, ocurrido en julio de 1974. El abogado uniformado sería el autor del delito de secuestro y homicidio de Sanhueza, cuyos restos fueron encontrados en 1990 en Pisagua. El tribunal dispuso la detención del acusado, quien en los días siguientes ingresó al penal de Punta Peuco.

Manuel Sanhueza -el “Choño” Sanhueza- fue destacado dirigente de las Juventudes Comunistas desde mediados de los 60, miembro del comité central, encargado nacional de pobladores y secretario regional en Arica al momento de su detención por el Servicio de Inteligencia Militar (SIM).

Su cuerpo fue encontrado en una fosa oculta en Pisagua, junto a otros 19 cadáveres, el 2 junio de 1990, tras una denuncia de la Vicaría de la Solidaridad. El descubrimiento del cadáver del “Choño”, conservado por la sal del desierto, fue captado en una fotografía ampliamente difundida en Chile y en el mundo, donde aparecía con los ojos vendados, baleado en el pecho y con un rictus que estremeció no solo a los familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos en los años de la dictadura militar.

El “Choño”, hijo de Víctor Sanhueza y Margarita Mellado, nació en Concepción el 22 de noviembre de 1943, muy cerca de la población Agüita de la Perdiz, en los faldeos del cerro Caracol. Desde joven fue mueblista y un esforzado dirigente poblacional, al igual que su padre. También fue un talentoso mediocampista del club de fútbol vecinal La Toma, cuya habilidad deslumbró a dirigentes de la Universidad de Chile quienes trataron de llevarlo a su plantel de honor, el entonces afamado “Ballet Azul”.

Manuel prefirió seguir en las barriadas obreras penquistas, organizando nuevos clubes deportivos, trabajando junto a su padre y ayudando a sus vecinos. En 1960 ingresó a las Juventudes Comunistas y en 1966 ya participaba con entusiasmo en la Brigada Ramona Parra. Muy pronto los “viejos” se fijaron en él y en 1967 fue enviado a una escuela de cuadros en la Unión Soviética. A su regreso, en 1969, lo destinaron al comité regional de la Jota en Valdivia y en 1970 ya estaba cumpliendo funciones en el comité central como encargado de pobladores.

Manuel Guerrero Ceballos, integrante también de la dirección juvenil del PC, fue su compañero y amigo. Mientras estaba preso en Cuatro Alamos, en 1976, escribió un texto recordando al “Choño”, que años después difundió su hijo -Manuel Guerrero Antequera- a través de las redes sociales:

“En una organización revolucionaria nadie es imprescindible, pero es difícil imaginarse un mejor encargado del trabajo poblacional que el ‘Choño’, cargo que le cupo desempeñar durante los últimos años antes del golpe fascista. Era un activista infatigable, recorría los barrios estimulando la organización de los centros culturales y juveniles, las juntas de vecinos, de abastecimiento y precios y las jornadas del trabajo voluntario.

Antes había sido líder de varias tomas de terreno que los pobladores sin casa efectuaban ocupando por la fuerza sitios estatales o privados desocupados, donde levantaban una choza de cartón o sábanas, sin más protección que su organización y decisión, así como las infaltables banderas chilenas que enarbolaban, cual escudo. El ‘Choño’ conocía esa lucha como la palma de su mano. Hombre nacido y criado en los barrios, peleador por el sustento, desde niño fue el creador de su vida con más imaginación que dinero, bueno para la talla, amigo de sus amigos, conversador, piropero, gustador de la buena mesa y del buen vino”.

Manuel Guerrero recuperó la libertad poco después y siguió trabajando en la clandestinidad hasta marzo de 1985, cuando fue secuestrado por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), y degollado junto a otros dos dirigentes comunistas en la berma de un camino rural en la zona poniente de Santiago.

JUNTO A VÍCTOR JARA

Con su lenguaje pintoresco y claro, el “Choño” se distinguía entre sus compañeros. Hablaba sin rodeos, sin pelos en la lengua. Cuando las discusiones se enredaban, solía decir que lo más importante era saber que el imperialismo era el enemigo fundamental; teniendo claro eso, en lo demás no había problemas. A pesar de haber cursado sólo algunos años en la primaria, poseía una amplia cultura, producto de sus esfuerzos autodidactas. Acostumbraba a andar con un libro que leía con esmero y más tarde discutía con quien estuviera dispuesto a escucharlo.

Con la misma sencillez con que hablaba en las poblaciones, se dirigía a los estudiantes universitarios que lo invitaban siempre a sus actos, charlas y foros. Con su semblante y figura característica, con sus piernas arqueadas y entusiasmo a toda prueba, estaba donde se le requiriese. Era inagotable.

Su contagioso entusiasmo cautivó a Víctor Jara, quien se dejó conducir por el “Choño” a través de las barriadas marginales del país, conociendo la médula de los suburbios obreros y la carne trémula de la pobreza. El ritmo vital de ambos se amalgamó y creció, por lo que era habitual verlos entrar y salir, conversar y discutir, arrollar todo con sus programas en diversas poblaciones y comunas de Santiago.

José Manuel Parada decía que si la fiebre del “Choño” y Víctor hubiera contagiado a todos los jóvenes comunistas, habrían terminado dedicados exclusivamente al trabajo poblacional. De aquella relación entre los dos innatos activistas nació el conjunto de canciones de Víctor Jara que aglutinadas en un disco de larga duración llevó precisamente el nombre de La Población .

Desde que se instaló en Santiago, Manuel Sanhueza vivió en Quinta Normal y pasaba regularmente al local del PC donde militaba, en la base de la población Paula Jaraquemada, en el antiguo barrio Carrascal, cuyos militantes eran bastante indisciplinados, pero de los más luchadores a la hora de defender al gobierno popular. La sola presencia del “Choño” ponía orden en las reuniones más alteradas.

Sanhueza comenzaba su intervención sacándose el reloj, que ponía sobre la mesa, y con su voz tan característica decía: Compañeros, ¿qué chuchas pasa? Y enseguida, calmadamente, iba enumerando las dificultades hasta llegar a las responsabilidades; y ahí su voz se alzaba, golpeaba con su puño en la cubierta de la mesa y terminaba sentenciando: Y ahora compañeros… ¡se acabó el hueveo!

Siempre se daba el tiempo para enseñar a los más aplicados cómo dirigir una reunión, cómo realizar un informe político, cómo organizar una marcha… Al final, ya más relajados todos, invitaba a conversar una botella de vino tinto donde “Don Rigo”, una quinta de recreo en la plazoleta Tropezón, por Walker Martínez con Mapocho, en una punta de diamante donde se decía que morían los valientes.

A mediados de 1972 lo enviaron a Arica para apoyar el trabajo juvenil comunista en la campaña parlamentaria de 1973. Sus esfuerzos y los de sus compañeros lograron que el PC eligiera dos diputados: Oriel Viciani, en Arica; y, Vicente Atencio, en Iquique. El “Choño” se había enamorado de una “jotosa” -Cecilia Rojas Orellana- y decidieron casarse, radicarse en la ciudad de la eterna primavera y sumarse a las tareas de apoyo al gobierno de Salvador Allende.

En Arica lo sorprendió el golpe, pero no se amilanó. Asumió como secretario regional clandestino de la Jota y le puso el pecho a los problemas. Trató de reorganizar al partido, recorrió los poblados de la zona animando a los militantes, creó un periódico clandestino y se le ocurrió convocar a pequeñas reuniones en las playas. Fue mucho, y su nombre ya estaba en todas las listas de buscados que portaban los agentes de la represión.

LA DETENCIÓN

A las cuatro de la madrugada del 10 de julio de 1974 una patrulla de la inteligencia militar irrumpió violentamente en el hogar del “Choño”, en la población Venceremos -despúes 11 de Septiembre y hoy Cardenal Silva Henríquez-, y junto a su esposa embarazada, su cuñado y su suegro, fue trasladado hasta el regimiento Rancagua, que comandaba el coronel Odlanier Mena.

Manuel Sanhueza fue sometido a salvajes torturas durante 17 días. Incluso fue trasladado hacia un sector precordillerano donde lo siguieron flagelando otros dos días, colgado desnudo a la intemperie, soportando el frío altiplánico. El 27 de julio los tres hombres fueron sacados del regimiento Rancagua y conducidos a dependencias de Carabineros en Pisagua. El 28 por la mañana, el cuñado y el suegro fueron llevados a Arica y encerrados en el campo de prisioneros, de donde los condujeron a la Fiscalía Militar. Allí un funcionario les leyó un telegrama que decía que Manuel Sanhueza había fallecido en un accidente de pesca junto a otros dos reos comunes, salvando con vida sólo el gendarme que los custodiaba, y que su cuerpo no había podido ser rescatado.

Cecilia, la esposa del “Choño”, perdió al hijo que esperaba debido a las torturas a que fue sometida. Ella, su hermano y su padre buscaron a Manuel infructuosamente, hasta que no pudieron más. La mujer partió al exilio.

Recién el 18 de junio de 1990, en el Servicio Médico Legal de Iquique, María Maluenda, madre de José Manuel Parada, reconoció el cadáver del “Choño” encontrado en la fosa de Pisagua. Había sido torturado con saña y brutalidad. Obviamente no lograran arrancarle ninguna delación. De haberlo hecho, habría caído mucha gente dado el conocimiento que Sanhueza tenía de su organización, tanto en el plano local como nacional. Sus restos fueron trasladados a Concepción, donde su familia y los pobladores de Agüita de la Perdiz le dieron sepultura definitiva.

EL CAMPO DE PISAGUA

El primer campo de prisioneros se construyó a fines de los años 40, durante la presidencia de Gabriel González Videla, como centro de detención para comunistas. Ubicado 192 kilómetros al norte de Iquique, fue habilitado nuevamente en los primeros días del golpe militar de 1973. Por allí pasaron cerca de 2.500 prisioneros. El campo estaba bajo el mando del teniente coronel Ramón Larraín Larraín. El 6 de mayo de 1974 el ejército trasladó a los detenidos al segundo piso de un galpón en el caserío. Diez días después llegaron 126 presos comunes, de ellos casi nada se ha sabido. Aunque no existe evidencia de fusilamientos masivos de presos comunes, pues no hay denuncias, en 1998 Carlos Herrera Jiménez, ex agente de la inteligencia militar, reconoció haber participado en la ejecución de delincuentes y menores de edad.

En 1973 Pisagua era un poblado con una base militar y una cárcel. La mayor parte de los prisioneros fueron encerrados en las 26 celdas de la cárcel, diez de ellas de dos por cuatro metros. Las mujeres permanecieron cautivas en un inmueble vecino al teatro. En general, los prisioneros provenían de distintas ciudades del Norte Grande, mientras otros tantos eran ex-prisioneros del buque-escuela Esmeralda y habían sido llevados hasta allí en el carguero Maipo , de la Compañía Sudamericana de Vapores.

El día del golpe, en Arica asumió como máxima autoridad militar de la provincia el coronel Odlanier Mena Salinas, secundado por su ayudante, el capitán Ricardo Gaete, y el capitán Patricio Varela, como encargado de relaciones públicas. En esa misma fecha se constituyó un tribunal militar en tiempo de guerra, integrado por el propio Mena más el juez civil Humberto Retamal y el teniente coronel Mario Carrasco González. También se formó un consejo de guerra, compuesto por los tenientes coroneles Eduardo Oyarzún Sepúlveda y Walter Luther Melcher y los mayores Julio Salazar Lanteri, Hugo Sepúlveda Fuentes y Luis Aguayo Benard.

El Servicio de Inteligencia Militar, SIM, quedó a cargo de los interrogatorios y vigilancia de los prisioneros políticos. Para ello, el teniente coronel Eduardo Oyarzún, segundo comandante del regimiento Rancagua, formó dos grupos: un comando operativo, a cargo del mayor Julio Salazar, y un comando de inteligencia, al mando del mayor Luis Aguayo. Entre los detenidos se corrió la voz que el grupo encabezado por Aguayo Benard, secundado por el capitán Patricio Padilla y los suboficiales Juan Cereceda Lawson, José Luis Catalán, Luis Carrera Bravo, Pedro Fuentes Carrasco, Sergio Mercado Valenzuela y René Bravo Llanos, era el encargado del trabajo más sucio, como las torturas, las violaciones y las ejecuciones. A cargo de la zona militar del Norte Grande estaba el general Carlos Forestier.

En agosto de 2015 el juez Carroza procesó a los suboficiales en retiro Luis Carrera Bravo y Napoleón Ríos Carvajal por su responsabilidad en el secuestro con homicidio de Manuel Sanhueza. Ambos se encuentran en Punta Peuco. El abogado Adil Brkovic, en tanto, querellante en el proceso, está intentado saber qué pasó con Hugo Martínez Martínez y Henry Torres Flores, dos supuestos “delincuentes” junto a quienes -según los militares- habría muerto el “Choño”.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 846, 4 de marzo 2016.

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Luis Mesina: “Basta de AFPs y corrupción”

 

Arnaldo Pérez Guerra

Punto Final

Secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y vocero de la Coordinadora Nacional No + AFPs -que ha cobrado fuerza a consecuencia del profundo y sistemático deterioro que muestran las pensiones-, Luis Mesina Marín conversó con Punto Final : “El deterioro se agravó desde 2008 a consecuencia de la debacle financiera mundial, la crisis s ubprime y la quiebra de Leh-man Brothers, que significó una pérdida de casi 40 mil millones de dólares a valor actual. Un tercio del ahorro previsional de los chilenos se esfumó. Y salvo algunas declaraciones de parlamentarios, ni el gobierno ni la CUT se conmovieron por esta grave situación, a diferencia de lo ocurrido en Argentina donde la presidenta Cristina Fernández, en una audaz decisión, por decreto supremo eliminó las AFJP y devolvió esos recursos, que eran propiedad de los trabajadores, a las antiguas cajas de previsión. El monto total que administraban era cercano a 28 mil millones de dólares”, dice Mesina.

¿El gobierno de Chile no hizo nada?

“No solo no hizo nada. Tras las crisis de 2008 y 2011, surgieron nuevas voces -desde distintos sectores- contrarias al sistema de AFPs. Logramos confluir, especialmente en 2013, con el proceso electoral. Todos los candidatos incorporaron en sus programas el tema previsional. Desde entonces las AFPs han ganado solo en desprestigio. La Coordinadora se fue construyendo con sindicatos del sector privado y público. En mayo de 2014, en Valdivia, participaron en un encuentro nacional más de 400 delegados. Nuestro norte es terminar con este sistema espurio de ahorro forzoso. Los chilenos estamos muy condicionados por el modelo económico y político neoliberal, por la corrupción sistemática, y además tenemos mala memoria. Esto tiene que ver con la falta de medios de información, por la brutal concentración mediática”.

 

MONOPOLIO Y PENSIONES

DE HAMBRE

¿El negocio de las AFPs está ahora más concentrado?

“Sí, y en manos de transnacionales. AFP Cuprum es del grupo financiero estadounidense Principal; Provida, de Metlife, también estadounidense; Plan Vital, de BTG Pactual, una AFP brasileña cuyo presidente fue procesado y está preso acusado de sobornar a directivos de Petrobras; Capital, está ligada al grupo colombiano Sura; Habitat, es de la estadounidense Citigroup… Y está la AFP Modelo, la excepción, que es pequeña y pertenece a una sociedad de inversiones. Es decir, hay una concentración muy grande. Hace 25 años había más de veinte AFPs. Esto demuestra que el mercado existe, lo que no existe es el libre mercado. Aquí existe oligopolio y monopolio.

Aquí el sistema de AFPs no fue construido como un sistema previsional. Como lo ha reconocido la Comisión Bravo, es un sistema auxiliar del mercado de capitales. Ha dispuesto de una cantidad gigantesca de ahorro interno para financiar a los grupos económicos a un costo casi igual a cero. Este sistema es único en el mundo. No hay negocio más rentable. Quizás superado solo por el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas… Están pagando menos de 400 mil pensiones y somos nueve millones los afiliados. Más del 65% de las pensiones son con cargo al erario nacional, o sea financiadas por el Estado”.

Después de jubilar a muchos pronto se le acaban los fondos…

“Hay pensiones inferiores a 85 mil pesos. Muchos trabajadores están alrededor o por debajo de esa cifra. Son personas que cotizaron más de veinte años. No basta con la pensión básica, tienen que recibir una pensión asistencial. Si una AFP quiebra, el Estado responde… Es un sistema maquiavélico, perverso. En ningún otro país han podido hacer lo mismo”.

¿Por qué los gobiernos post dictadura no cambiaron este sistema?

“Economistas de Cieplan hacían muchas críticas, pero cuando llegaron al manejo de las finanzas públicas se dieron cuenta que disponían de un ahorro que les permitía ordenar las cuentas fiscales y mostrar a Chile con una tasa de ahorro gigantesca. Entonces, perdieron el interés en cambiar el sistema, lo cual además implicaba enfrentar a los grandes grupos económicos. Los recursos de los trabajadores permitieron la gran inversión privada y desarrollar el mercado de capitales. El sistema se funda en la ignorancia y alienación de los trabajadores, absortos en resolver los problemas del diario vivir. Para un trabajador de menos de 40 años la pensión o la previsión no son asuntos de preocupación. Pero una vez que descubran la verdad, se puede producir un estallido social. Ya han empezado a tomar conciencia.

La perspectiva de la mayoría de los profesionales jóvenes es golpear las puertas del Estado al final de su vida activa para conseguir una pensión miserable. Es un negocio criminal que sólo pueden concebir quienes desprecian a los trabajadores. En el gobierno de Ricardo Lagos se crearon los multifondos y el Ahorro Previsional Voluntario (APV), que tiene franquicias tributarias. Los altos ejecutivos se dieron cuenta que no tenía sentido cotizar en las AFPs. Hoy los contratan con sueldos millonarios y les depositan tres o más millones de pesos en APV, sin impuestos”.

 

REBELARSE Y DESOBEDECER

¿Cuál es la experiencia de esta Coordinadora contra las AFPs?

“El 10 de diciembre de 2015 tuvimos una protesta nacional en 25 ciudades, con distintos grados de participación. En Concepción se movilizaron más de tres mil trabajadores. Ya se rompió por lo menos parte de la invisibilidad a que estábamos sometidos. Hay que lidiar con los medios de comunicación financiados por las AFPs. Habitat lanzó la propaganda ‘Mi hija ahorra 80 mil mensuales’, pero la gente se burló en las redes sociales. Los estudios de la Fundación Sol muestran que un 75% tiene ingresos bajo los 320 mil pesos mensuales, la mayoría ingresos de 200 mil o menos. ¿Quién puede ahorrar 80 mil mensuales? Creo que los trabajadores están despertando.

Según investigaciones de la Comisión Bravo, las AFPs tienen un descrédito tan grande como las Isapres, los políticos y el gobierno. Muchos cotizan durante décadas sin conocer el sistema de AFPs. Su desprestigio indica que la gente empezó a tomar conciencia. Nosotros hemos difundido: ‘Pregunta cuál es tu fondo de ahorro’. Si tienes 20 millones, da para 100 lucas de pensión, ni siquiera para la mínima. Con 40 millones tampoco, con eso llegas a 200 mil, los hombres, porque para las mujeres es menos. Cuando la gente se entera se indigna y comprueba la magnitud del robo que sufren sus fondos”.

La Nueva Mayoría habló hace tiempo de crear una AFP estatal...

“Ya ni siquiera se lo creen. Era una postura de senadores de ‘izquierda’, como Alejandro Navarro y otros. Hablamos con ellos y les dijimos: ¿Qué soluciona una AFP estatal si es como el BancoEstado, pero peor porque estará obligada a generar rentabilidad especulando en el sistema financiero?

La solución es volver al sistema de reparto, como lo han planteado economistas serios, donde el sistema contributivo ayude al pago de las pensiones. Es decir, que los trabajadores jóvenes cubren a los viejos, porque se sustenta en un principio solidario intergeneracional; solidario por ingreso, es decir, quienes ganan más contribuyen a financiar a los que ganan menos; los sanos a los enfermos y los hombres a las mujeres, porque es un sistema integral. Es el único sistema que ha enfrentado en mejor forma las crisis económicas. Estados Unidos y Canadá tienen sistema de reparto, toda Europa, Japón, Argentina, Uruguay, Brasil, etc. Los únicos que defienden el actual sistema son sus dueños, los holdings que ganan mucho dinero, los grandes empresarios del retail y la banca, que se financian a costo cero, y los gobiernos, la Nueva Mayoría y la derecha, porque reciben aportes cuantiosos de las AFPs. Cuando se destape la olla del financiamiento de las AFPs a los políticos, será otro gran escándalo. Por eso no hay voluntad política para cambiar el sistema. Como tampoco para impulsar una verdadera reforma laboral. Nunca había visto un gobierno tan cobarde frente al empresariado”.

¿Cuáles son los próximos pasos de la Coordinadora No + AFPs?

“Tenemos un congreso en Santiago, a principios de abril. Participarán más de 32 coordinadoras a nivel nacional. Vamos a discutir nuevas formas de organización y de movilización. Sin movilización no hay ninguna posibilidad de recuperar nuestro derecho a la seguridad social. Chile tuvo una buena previsión y sistema de seguridad social. Había Cajas de Previsión, Seguro Social y otras. Las mejores villas se construyeron con recursos de los trabajadores. Y todavía hay quienes reciben buenas pensiones. Un buen ejemplo lo proporciona Cenda: ‘Dos hermanas, profesoras, iniciaron su vida laboral juntas. La que se jubiló con el sistema antiguo recibe un millón cien mil pesos; la que jubiló por AFP, menos de 400 mil. Y tenían el mismo nivel de ingresos’.

Hicimos nuestra propuesta a la Comisión Bravo. Tuvimos reuniones con la subsecretaria del Trabajo. Escuchan, pero después no pasa nada. ¿Cuál es el sentido de seguir dialogando con alguien que no atiende razones? Es un diálogo de sordos. Por eso la política de la CUT es obsecuente, mediocre y está descompuesta. Insiste en dialogar con empresarios y gobiernos que quieren acabar con todos los derechos de los trabajadores. El único camino es la movilización que permita sumar más voluntades y educar… Rebelarse frente a este sistema: desobedecer”.

 

 

 

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 846, 4 de marzo 2016.

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Dilma, Lula y el PT entre las cuerdas

Brasil, radiografía de una coyuntura compleja

 

Sergio Ferrari

Rebelión

 A doce años de reinado del Partido de los Trabajadores (PT) con cuatro mandatos sucesivos, Brasil confronta un 2016 complejo, con repercusiones potenciales no solo internas sino para todo el continente latinoamericano. El Gobierno instalado en 2003 luego de la elección de Luiz Inácio Lula da Silva se convirtió en el principal referente para la izquierda continental. De cómo se resuelva la crisis actual que confronta el PT y la presidenta Dilma Rousseff, heredera de Lula, dependerá en gran parte el giro político-ideológico que podrá tomar América Latina en los próximos años dada la influencia real que ejerce la primera potencia continental.

Un juicio político pendiente desde diciembre 2015 contra Dilma Rousseff en el congreso brasilero; la ofensiva jurídica lanzada desde inicios del año contra el mismo Lula trasladado a inicios de marzo compulsivamente a los jurados para declarar; variados escándalos de corrupción que tocan tanto a figuras destacadas afines al Gobierno y al PT como a la oposición incluyendo el que involucra al ex–presidente Fernando Henrique Cardoso (1995- 2002); denuncias sobre el uso de la empresa estatal Petrobras para financiamientos ilícitos…

Señales todas de un desgaste progresivo de la clase política – y de la credibilidad de la ciudadanía hacia el Estado- cuya principal factura política la podría pagar el PT y el “lulismo”, si no se da una rápida inversión de la situación, según el análisis de Sergio Haddad, fundador de Açao Educativa, personalidad de referencia de la sociedad civil brasilera y reconocido analista político.

Una crisis y tres causas

La situación del año pasado fue muy compleja producto de la intensa movilización de la oposición que había perdido por muy poco margen las elecciones de fines de octubre del 2014 y muy rápidamente comenzó a torpedear el segundo gobierno de Dilma Roussef iniciado el 1ero de enero del 2015, explica.

La compleja situación actual, sin embargo, no se limita solo a esta ofensiva de la derecha. La crisis actual tiene tres causas principales, sostiene Haddad. “La política, que se expresa en una profunda polarización de los campos en pugna y debido a los gobiernos de coalición; la económica, con una caída sostenida del crecimiento –y por lo tanto de la redistribución social- ; y la ética, que implica los muy diferentes escándalos de corrupción, entre ellos el más conocido, el Lava Jato”.

Dilma asumió su segundo mandato gracias a la unidad de la izquierda y con un discurso de izquierda. Pero que rápidamente se debilitó a partir de alianzas que realiza con sectores de derecha – especialmente porque el PT no es mayoritario en el parlamento-. Y por aplicar una política conservadora con ajuste estructural muy fuerte que no hace más que agravar la situación económica, enfatiza Haddad.

Brasil, debido a la crisis internacional global y los límites internos de su política económica, sufre estos últimos años un fuerte freno en el crecimiento que había explotado en los primeros años del gobierno petista. “Crecimiento negativo, recesión y desempleo”, se convierten así en factores objetivos que conspiran contra los amplios planes sociales que habían sido el pilar más efectivo y popular de la gestión de Lula, señala el responsable de Açao Educativa. El país cerró el año 2015 con un 6.9% de desempleo – lo que representa casi 8 millones de personas sin trabajo-, la tasa más alta de los últimos 8 años. Y si bien más de 40 millones de brasileros habían salido de la pobreza desde el 2003 en adelante, hay una notoria recaída de muchos de estos sectores a la situación anterior. Con el agravante que casi el 75 % de los nuevos desempleados son menores de 24 años.

Haddad recuerda que Brasil, un verdadero continente de 8.5 millones de kilómetros cuadrados y más de 200 millones de habitantes, sigue siendo un país de enormes desigualdades y gran polarización social. Y por lo tanto un terreno propicio para protestas y explosiones sociales.

En cuanto a la corrupción y los diversos escándalos que sacuden a la clase política, “constituyen un factor significativo de desestabilización y de descreimiento creciente de una parte significativa de la población hacia sus dirigentes”, explica Sergio Haddad. En el caso de la empresa petrolera estatal Petrobras, “ha habido mucho robo y de peso”. Las acusaciones contra el PT, sus aliados y Dilma “van a mantenerse como una espada de Damocles todo el tiempo en estos próximos meses, si bien es cierto que no hay elementos que señalen una responsabilidad directa de ella en ese escándalo”.

Sin duda, explica el analista, la corrupción no es un fenómeno nuevo en Brasil. Hace parte de su historia y atraviesa todos los sectores de la población ya que es cotidiano que cualquiera pague a un funcionario para resolver un trámite oficial o sacar su permiso de conducir, o disminuir el precio de una multa de tráfico. “Aunque no se justifique, es constitutivo de nuestra idiosincrasia”. Y se agrava, en el terreno político, por “el financiamiento privado de las campañas políticas electorales, los arreglos de empresarios e inversionistas con las fuerzas políticas y el recupere de esas *inversiones* a cambio de contratos o favores. Lamentablemente el involucramiento del sector privado en lo público con las correspondientes retribuciones y beneficios es parte de la esencia de nuestro sistema político”, lamenta.

Evolución incierta

Si de analizar los meses futuros se trata, “lo único cierto es lo difícil de hacer cualquier pronóstico”, afirma Beat “Tuto Wehrle, coordinador para América Latina de la ONG terre des hommes / Alemania, quien vive desde hace más de 30 años en Brasil y es un experimentado analista socio-político.

Es casi imposible, insiste, predecir lo que va a pasar con los distintos procesos de juicios ligados al tema de la corrupción y que toca a toda la clase política. Lo que es cierto que luego de la ofensiva lanzada por la oposición de la derecha, “se constató un fracaso de la misma en las movilizaciones que trataron de hacer hacia fin del año pasado en la calle. Y al mismo tiempo se dio una fuerte respuesta de movilización de los movimientos sociales en masivos actos públicos contra lo que ellos evaluaban como el riesgo de un golpe a la paraguaya (destitución de la presidenta por parte del poder legislativo).

“Incluso si Dilma logra sobrevivir a esta ofensiva opositora, de continuar todo como hasta ahora es bastante improbable que el PT pueda lograr en el 2018 un quinto mandato”, señala Wehrle. Para el también promotor de Novo Movimento, una asociación de solidaridad suiza con Brasil, los tiempos políticos en la coyuntura brasilera se miden a corto plazo. “En octubre de este año se realizarán elecciones municipales y la oposición de derecha tratará de convertirlas en un plebiscito contra el Partido de los Trabajadores”, enfatiza.

La voz de los movimientos sociales

Más allá de los cálculos electorales y del desgaste de las “fuerzas tradicionales, sean los partidos políticos o los grandes sindicatos”, el futuro de la dinámica política brasilera dependerá, en gran medida, “de la creatividad y capacidad de movilización de los movimientos populares que están entre los más dinámicos del continente, si pensamos por ejemplo en el Movimiento Sin Tierra /Vía Campesina o las organizaciones urbanas, femeninas, juveniles etc.”, acota Wehrle. Esos movimientos, aunque apoyen electoralmente al PT, siempre han estado muy conscientes de mantener su total autonomía política y por lo tanto no sufren del desgaste que están padeciendo las fuerzas tradicionales. “Al contrario, siguen siendo - a pesar de ciertas debilidades- actores importantes de lucha contra el retroceso social y contra la amenaza de la pérdida de los derechos sociales conquistados estos últimos trece años”, señala.

Adicionalmente, explica Wehrle, han ido surgiendo nuevos actores que pueden ser portadores de alternativas. Por ejemplo, sectores de la juventud que de forma sistemática alcanzan altos niveles de movilización social. Hay que recordar las manifestaciones previas al Campeonato del Mundo de fútbol en 2013. O bien, a finales del 2015, las protestas creativas e innovadoras de estudiantes secundarios que ocuparon más de 200 escuelas en San Pablo y frenaron el intento del Gobierno del Estado de cerrar centros escolares en un plan de reorganización escolar fundado solo en la reducción de gastos. ¿Dos Brasil en uno? En cierta forma sí, concluye Wehrle: un país institucionalizado, marcado por el desgaste de las fuerzas tradicionales, y otro, el de los movimientos sociales, que con reivindicaciones propias, no se frena ante la crisis política.

Retomar las calles

“Nos confrontamos a tres crisis en una… Es un momento histórico muy complejo”, evalúa João Pedro Stedile, uno de los principales dirigentes del Movimiento de Trabajadores rurales Sin Tierra (MST), en una reciente entrevista publicada por la revista Contrapunto. El MST, uno de los principales movimientos sociales del continente, ha promovido la constitución del Frente Brasil Popular que reúne a casi setenta organizaciones nacionales.

Para el líder agrario esas tres crisis son: la que paralizó la economía hace dos años. La política, sin precedentes, ya que el proceso electoral fue secuestrado por las empresas que financian los candidatos y después los controlan – las 10 mayores empresas del país financian cerca del 70% de los parlamentarios. Y una crisis social, cuya punta de iceberg apareció en las protestas de junio del 2013. “Como es una crisis profunda, seguramente, su salida será prolongada y exigirá un nuevo bloque de alianza de clases que pueda sacar al país adelante”, afirma.

En cuanto a los movimientos populares, Stedile enumera los desafíos principales. En primer lugar, crear una gran unidad entre la clase trabajadoras, desde los campesinos, los trabajadores precarizados o los trabajadores sindicalizados “para presentar un programa que nos saque de la crisis”. Se cuenta ya con una plataforma mínima común de defensa de la democracia: “por eso estamos contra cualquier golpe que quiera derribar al Gobierno de Dilma”.

Pero no solo se trata de palabras y programas. “Nuestros esfuerzos solo se expresan políticamente si llegamos a las calles con movilizaciones y presiones masivas, y en esto estamos todavía por debajo de lo que necesitamos… Porque en las varias movilizaciones que hicimos, aun programadas, por ahora, apenas ha participado la militancia... “La población, nuestra base social, está asistiendo desde el sofá y esto es muy malo”.

En septiembre del 2015 el Frente dio a conocer sus seis puntos principales: la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras; la defensa de los derechos sociales del pueblo brasileño; la defensa de la democracia. También la defensa de la soberanía nacional; la lucha por las reformas estructurales y populares; y el apoyo a los procesos de integración de América Latina.

Golpe al corazón de la izquierda latinoamericana

 

Fin del ciclo del Partido de los Trabajadores

Raúl Zibechi

Brecha

La crisis que afecta al PT tendrá repercusiones en toda la región latinoamericana, ya que las fuerzas de izquierda y progresistas siempre se referenciaron en una suerte de “hermano mayor” que ahora enfrenta lo que puede ser su fase terminal.

Tarso Genro, uno de los cuadros históricos del Partido de los Trabajadores (PT) y ministro de Justicia durante el segundo gobierno de Lula, sostiene que “el ciclo que llevó al PT al gobierno está agotado” (Folha de São Paulo, 6 de marzo de 2016). En paralelo, agrega que es muy difícil que tenga chances de permanecer en el poder en el próximo período, porque estamos ante “el fin de un ciclo económico, social y político de Brasil”.

En días de profunda incertidumbre y de fuerte ofensiva mediática y judicial contra el principal partido de la izquierda latinoamericana, está resultado difícil hacer análisis que superen el cortísimo plazo, para vislumbrar el futuro de esta fuerza política. Genro sostiene que el juez Sergio Moro se inspira en Carl Schmitt (1888-1985), jurista y filósofo alemán que colaboró con el régimen nazi. “Es el imperio que el Estado debe tener sobre la ley, descartando inclusivo los procedimientos legales, el problema que estamos enfrentando con esa innecesaria conducción forzada de Lula a declarar”, dice Genro.

La lógica de la justicia, en este caso, consiste en “apuntar primero a una persona, después intentar producir pruebas contra ella, lo que es un procedimiento de excepción al margen de la legalidad constitucional, generando un derecho paralelo, una Constitución paralela”. Todo el sistema judicial está distorsionado, dice Genro, incluyendo las famosas delaciones premiadas.

EL PT Y AMÉRICA LATINA

 En julio de 1990 se reunieron en el hotel Danubio de São Paulo 48 partidos y organizaciones de América Latina, por invitación del PT, con el objetivo de “debatir la nueva coyuntura internacional post caída del Muro de Berlín y las consecuencias de la implantación de políticas neoliberales por parte de la mayoría de los gobiernos de la región” (forodesaopualo.org). La propuesta principal giró en torno a crear una alternativa popular y democrática al neoliberalismo.

La mesa de aquel primer encuentro lucía una pancarta con el logo del PT y la mayoría de los asistentes militaban en esa sigla. En esos años de neoliberalismo feroz, se convirtió en el principal referente de las izquierdas, rasgo que se acentuaría en los próximos años.

En 1988 se realizó en Porto Alegre, gobernada por el petista Olivio Dutra, la primera experiencia de presupuesto participativo en el mundo. El proceso fue tan impactante que pronto se irradió hacia otras ciudades, entre ellas Montevideo y Rosario, pero también una decena de ciudades brasileñas adoptaron la experiencia.

Pero la mayor creación del PT fueron los foros sociales. Con ellos, la estrella roja comenzó a alumbrar no sólo la región sino el mundo. El primer foro fue convocado por la Asociación para la Tasación de las Transacciones Financieras para la Ayuda al Ciudadano (ATTAC) y el PT ,y se realizó del 25 de diciembre al 30 de enero de 2001 en Porto Alegre, vitrina de lo que podía ser un gobierno de esa fuerza política.

Los siguientes foros fueron un éxito completo. El tercero, en 2003, año en que Lula se estrenaba como presidente, recibió más de cien mil personas de 156 países, organizó 1.300 seminarios talleres y acogió a los más importantes pensadores de la izquierda mundial: Noam Chomsky, Antonio Negri, John Holloway, Eduardo Galeano, entre muchos otros. Pocos repararon que una de las siglas que aparecían entre los auspiciantes rezaba Petrobras.

En un clima de euforia colectiva, un Lula recién estrenado como presidente improvisó un discurso: “Tengo la nítida noción de cuánto nuestra victoria representa de esperanza no sólo en Brasil, sino también para la izquierda del mundo entero y sobre todo para la izquierda en América Latina”. Dijo ser consciente de “la esperanza que los socialistas del mundo entero depositan en el éxito de nuestro gobierno” y adelantó que esperaba contribuir “para que otros compañeros ganen las elecciones en otros países del mundo”.

Las tres experiencias que confluyeron hace apenas una década en Porto Alegre, se marchitaron: el presupuesto participativo se convirtió en una reseca práctica burocrática, los foros sociales se vaciaron cooptados por las grandes ONGs y el gobierno del PT naufraga en la incertidumbre. Debe recordarse que esas tres experiencias merecieron tesis y libros, fueron motivo de extensas reflexiones en el seno de una izquierda que, una década y poco después de la caída del socialismo real, acariciaba el retorno de los buenos tiempos. Sólo el zapatismo se mantuvo al margen.

IZQUIERDA Y ESTADO DE EXCEPCIÓN 

“Si el Estado de Derecho ya venía sufriendo las vicisitudes de la actual crisis política por la innegable conducta parcial y sesgada de la justicia contra los pobres, contra los negros, contra las mujeres y otras minorías, con la operación Lava Jato la violación del Estado de Derecho se eleva al estatuto de estado de excepción judicial. Este estado se configura por la violación sistemática y políticamente orientada de derechos y garantías individuales plasmados en la Constitución y las leyes”, escribe el sociólogo Aldo Fornazieri (Jornal GGN, 07-03-2016.

Al igual que Giorgio Agamben y Hannah Arendt, quienes sostienen que el nazismo fue un punto de inflexión en la utilización de la legalidad estatal de excepción para la construcción de un régimen autoritario, Fornazieri sostiene que en Brasil se ha instalado una “dictadura judicial”.

Sn embargo, quienes defienden a Lula y al PT desconsideran por lo menos tres cuestiones.

La primera es que en las décadas durante las cuales los negros y los pobres, y de modo muy particular los habitantes de las favelas, fueron sistemáticamente hostigados, asesinados y desparecidos por la Policía Militar y ninguneados por la justicia, los dirigentes del PT miraron al costado o fueron cómplices. Un sólo ejemplo. En febrero de 2015 la policía militar de Salvador (Bahia) mató a 15 jóvenes negros pobres, siendo muy cuestionada por los organismos de derechos humanos. El gobernador Rui Costa, del PT, declaró a los medios: “La policía tiene que decidir en cada momento, tener la frialdad y la calma necesarias para tomar la decisión acertada. Es como el artillero frente al gol que intenta decidir, en segundos, cómo va a disparar frente a la portería. Después que la jugada termina, si fue un golazo, todos los hinchas lo van a aplaudir” (Carta Capital, 9 de febrero de 2015).

Diversas organizaciones acusaron al gobierno petista del estado de estar encubriendo, como mínimo, el genocidio del pueblo negro: en los años de Lula y Dilma la muerte violenta de negros se disparó casi un 40 por ciento.

La segunda es lo que sostiene Luciana Genro, miembro de la Dirección Nacional del PSOL, en base a la delación premiada de Delcidio Amaral (senador y ex jefe de bancada del PT): “Es lamentable que un líder histórico como Lula haya dejado de ser del pueblo para aliarse con las elites, gobernar con ellas y recibir por eso mismo cuantiosas comisiones y regalos” (Viento Sur, 5 de marzo de 2016).

Nadie puede negar que el PT y Lula establecieron relaciones carnales con el gran empresariado brasileño, en particular con las constructoras a las que abrieron mercados y defendieron cada vez que enfrentaron problemas, como sucedió cuando Odebrecht fue expulsada de Ecuador por el presidente Rafael Correa.

Finalmente, el PT y el conjunto de la izquierda brasileña no parecen en condiciones de afrontar ni de enfrentar el “estado de excepción permanente” que denuncian. Según Agamben, “el totalitarismo moderno puede ser definido como la instauración, a través del estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no sólo de los adversario políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político”*.

Este es el talón de Aquiles del lulismo: no tiene la fuerza moral necesaria para enfrentar la ofensiva de las derechas porque no defendió, cuando debía hacerlo, a las víctimas del mismo sistema que hora lo condena.

* Estado de excepción, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2004, p. 25.

http://brecha.com.uy/

“Somos seres surgidos de la tierra”

 

Repercusión internacional por el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres

Ezequiel Sánchez

Página/12

El prestigio internacional no fue suficiente para evitar que fuera asesinada en la madrugada del jueves en su casa de La Esperanza , Intibucá. Tampoco las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Berta Cáceres, Bertita, como la apodaban de forma cariñosa sus allegados, hubiera cumplido el viernes cuarenta y tres años. Pero en vez de estar celebrando junto a su familia y su gente, estaba siendo velada ayer en su pueblo de La Esperanza , después de que sus restos fueran velados en Tegucigalpa.

El prestigio internacional no fue suficiente para evitar que fuera asesinada en la madrugada del jueves en su casa de La Esperanza , Intibucá. Tampoco las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de las reiteradas denuncias por amenazas que habían recibido ella y otros integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Pocos días antes habían sido asesinados cuatro integrantes de la organización que Berta había ayudado a fundar en 1993.

“En nuestras cosmovisiones, somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos, somos custodios ancestrales el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas, por la defensa de los ríos, es dar la vida para el bien de la humanidad y de éste planeta”.

Así, describiendo las razones por las que había dedicado su vida a la resistencia, agradecía Cáceres el Premio Ambiental Goldman –máximo galardón en la materia– que le habían otorgado el año pasado por su compromiso con la Madre Tierra.

Las repercusiones no tardaron en llegar. En Buenos Aires, diversas organizaciones sociales se movilizaron frente al Consulado hondureño ubicado en Recoleta. En el escrache participaron, entre otras, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, la activista feminista Claudia Korol, y el colectivo de hondureños radicados en el país. La relación entre Berta y la Argentina no sólo se reducía a los viajes que realizaba por cuestiones de militancia. Dos de sus hijos se encuentran refugiados y estudiando en Buenos Aires.

Pero las críticas no sólo vinieron desde abajo y a la izquierda. Diversos famosos manifestaron su consternación. Desde el actor Leonardo DiCaprio, hasta los congresistas del partido español Podemos, René Residente, de Calle 13, Charly Alberti –ex baterista de Soda Stereo–, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. También condenaron el asesinato el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para Derechos Humanos y el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Hasta James Nealon, embajador de Estados Unidos en Honduras y aliado clave del presidente Juan Orlando Hernández, se vio obligado a reaccionar. Se trasladó al velorio de la líder, donde se vio interpelado por familiares de Berta que le reclamaron que presione al gobierno para esclarecer los hechos. Peor la pasó Javier Martínez, alcalde de Intibucá, quien tuvo que escapar corriendo ante los reclamos de los pobladores, que lo persiguieron varias cuadras acusándolo de tener responsabilidad en el crimen.

Sin embargo, las voces oficiales se han mantenido calladas. Sobre todo después del exabrupto cometido por el ministro de Seguridad, quien se excusó por no haber garantizado la integridad de Berta, acusándola de no haber avisado un cambio de domicilio. Se sabe que hay tres personas demoradas por el Ministerio Público. Uno es el guardia del barrio privado donde se encuentra la casa y otro es un miembro de Copinh, que está siendo usado como chivo expiatorio para acusarlo de cometer un crimen pasional, según denunciaron desde la organización.

La pieza clave para comprender qué pasó, será la declaración del mexicano Gustavo Castro Soto, fundador de Otros Mundos Chiapas AC y miembro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4). El sociólogo, que se encontraba en Honduras para participar del Foro sobre Energías Alternativas desde la Visión Indígena , estaba junto a Berta al momento de su asesinato y habría sido herido de bala en la cara y dado por muerto por los asesinos. Castro aún se encuentra demorado por la Fiscalía y no ha hecho declaraciones públicas.

La mayor victoria que habían obtenido Cáceres era el freno a la construcción de la represa de Agua Zarca en el río Gualcarque, que surca por territorio lenca y es vital para la supervivencia de su pueblo. La empresa china Sinohydro se terminó cansando de la presión que los indígenas habían realizado, al punto de que el Banco Mundial canceló el crédito con el que ya se estaba montando la obra.

Los argumentos de los indígenas son claros. Nunca se les consultó, como lo establece el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero ellos sí hicieron sus asambleas y concluyeron que no permitirán la destrucción del ecosistema donde han vivido ancestralmente, a pesar de los espejitos de colores que el Estado y la hidroeléctrica intentaron venderles.

Fuente: Página 12

Honduras, otro régimen de terror impuesto por Estados Unidos

 

Ángel Guerra Cabrera

Rebelión

El cobarde asesinato de la líder indígena y campesina Berta Cáceres mientras dormía en su hogar de La Esperanza, Honduras, muestra claramente que en ese país no hay democracia ni estado de derecho y, a la vez, una realidad que cada vez se extiende más en nuestra región. Esta es la de la segunda conquista de América Latina y el Caribe por las grandes potencias, a través de las empresas transnacionales y del llamado crimen organizado que son apoyadas por los Estados en sus planes expansionistas de creciente y acelerado despojo y depredación de los recursos y riquezas naturales. Todo ello mediante la represión, el despojo de sus tierras y aguas a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Las empresas corrompen autoridades locales, regionales y nacionales, que cuando los líderes de los pueblos en lucha no se doblegan los meten en la cárcel o los asesinan.

Allí está la escandalosa prisión arbitraria de Nestora Salgado, la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá en el Estado mexicano de Guerrero quien paga el crimen de meter en cintura a los criminales en su territorio y por ello disgustar a las autoridades que los amparaban. O la de Milagro Sala, indígena coya y lideresa de la Organización Barrial Tupac Amaru en la provincia argentina de Jujuy, el proyecto de autogobierno y autogestión comunitaria más grande del país austral, únicamente comparable a un Caracol zapatista, todo un desafío al capital y a las autoridades provinciales.

Sería interminable la lista de luchadores sociales presos políticos o asesinados por los gobiernos neoliberales de América Latina y el Caribe. Sus casos casi siempre pasan inadvertidos pues no se llaman Leopoldo López, ni son ricos ni existe el más mínimo interés en difundir sus casos por los grandes medios corporativos. No debe perderse de vista que esos medios son propiedad también de grandes empresas transnacionales enemigas de nuestros pueblos.

Después del golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, planeado en la base aérea estadounidense de Soto Cano y en el Comando Sur de Estados Unidos, Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos y violentos del planeta y en un paraíso para la inversión de las grandes trasnacionales y para las organizaciones criminales. El país centroamericano compite con México en cuanto a asesinatos de periodistas y activistas sociales, nunca aclarados, nunca sancionados sus ejecutores y mucho menos los autores intelectuales. Es el reino de la impunidad para los crímenes del capital imperialista.

Berta, lideresa del lenca, el mayor de los pueblos indígenas de su país, fue una de las fundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en 1993 y una de las más destacadas referentes de organizaciones populares en las protestas iniciales de calle al golpe contra Zelaya y firme participante en la resistencia contra este.

Su aureola de luchadora indoblegable ganó cada vez más prestigio por las victorias que obtuvo frente a los megaproyectos de las trasnacionales, entre ellas que tuvieran que retirarse y clausurar el proyecto de hidroeléctrica Agua Zarca, que habría arrasado con la economía de una amplia región del pueblo lenca y de comunidades campesinas. En el año 2015 Berta recibió el reconocido premio Ambiental Goldman.

Preguntada posteriormente si el galardón podía significar alguna protección para su vida esta fue su respuesta: “El gobierno trata ahora de vincular los asesinatos de defensores ambientales y de la tierra con la violencia común, pero hay suficientes elementos para demostrar que existe una política dirigida, planificada, estructurada y financiada para la criminalización de la lucha de todos los movimientos sociales y populares. La instalación y expansión de proyectos transnacionales en los territorios no sólo genera conflictividad, sino múltiples formas de violación de los derechos humanos, incluso asesinatos. Ojalá me equivoque, pero creo que en lugar de disminuir, la persecución contra las y los luchadores va a recrudecer”. No se equivocó.

Aunque también es cierto que este crimen ha sido muy repudiado por el pueblo hondureño en un momento crítico de su lucha contra el golpe de 2009. La diputada Scherly Arriaga, del Partido Libre del ex presidente Zelaya, ha dicho: el pueblo de Honduras retoma ahora nuevamente las calles… El gobierno de Juan Orlando Hernández entró en crisis… al no haber respondido a la seguridad de ella. Creo que otra vez Honduras se levanta….”