Panamá Papers: Estos 140 políticos están acusados de evasión fiscal

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó este domingo la mayor filtración de documentos sobre paraísos fiscales de la historia, bautizada Panamá Papers.

Entre los salpicados por el caso hay 74 líderes mundiales, además de cientos de políticos, familiares y socios de estos. Todos tienen cuenta en paraísos fiscales y estarían por ende acusado de evasión fiscal. 

En América Latina, se destaca el presidente de la cámara de diputados de Brasil, Eduardo Cunha, uno de los cientos de funcionarios investigados en ese país por el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato.

Pero también se encuentran actuales mandatarios como el argentino Mauricio Macri y el mexicano Enrique Peña Nieto.

Esta es la lista completa:

ARGENTINA:
Mauricio Macri, presidente de la Argentina.

Daniel Muñoz, secretario privado de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.

AZERBAIYAN:
Ilham Aliyev, presidente.

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BÉLGICA:
Miguel Arias Cañeta, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía.

BELIZE:
Michael Ashcroft, uno de los hombres más ricos del Reino Unido.

BOTSWANA:
Ian Kirby, presidente del Tribunal de Apelación.

BRASIL:
Joao Lyra, miembro de la Cámara de Diputados.

Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados.

CAMBOYA:
Ang Vong Vathana, ministro de Justicia.

CHILE:
Alfredo Ovalle Rodríguez, ex presidente de la Confederación de Producción y Comercio.

CHINA:
Xi Jingping, presidente.

Jia Qinglin, cuarto en la cúpula del partido comunista.

Bo Xilai, ex miembro del politburó central.

COLOMBIA:
Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá.

CONGO:
Bruno Jean-Richard Itoua, ministro de investigación científica e innovación técnica.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO:
Jaynet Desiree Kabila Kyungu, miembro del Parlamento.

COSTA DE MARFIL:
Laurent Gbaggo, ex presidente entre 2000 y 2011.

ECUADOR:
Pedro Delgado, director del Banco Central de Ecuador (2011-2012).

Galo Chiriboga, procurador general.

Rommy Vallejo, titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia.

EGIPTO:
Hosni Mubarak, ex presidente (1981-2011).

FINLANDIA:
Vladimir Putin, presidente de Rusia, socio de empresarios de ese país.

FRANCIA:
Jerome Cahuzac, ministro de Presupuesto del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior (2012-2013).

Bo Xilai, miembro del politburó chino, asociado a Patrick Henri Devillers.

GEORGIA:
Bidzina Ivanishvili, ex primer ministro (2012-2013).

GHANA:
John Agyekum Kufuor, ex presidente de Ghana (2001-2009).

GRECIA:
Stavros Papastavrou, subjefe del Estado Mayor de Asuntos Europeos e Internacionales de la oficina del primer ministro griego, Antonis Samaras.

GUINEA:
Lansana Conté, ex presidente (1984-2008).

HONDURAS:
Jaime Rosenthal, ex vicepresidente (1986-1989).

HUNGRÍA:
Zsolt Horvath, ex miembro de la Asamblea Nacional (1998-2014).

ISLANDIA:
Bjarni Benediktsson, ministro de finanzas y economía.

Ólöf Nordal, ministro del Interior.

INDIA:
Kalpana Rawal, vicepresidente del Tribunal Supremo de Kenia.

Anurag Kejriwal, ex presidente del Estado de Delhi del partido Lok Satta (2013-2014).

IRAK:
Ayad Allawi, ex vicepresidente.

ITALIA:
Marcello Dell’Utri, ex senador (1996-2001; 2001-2013).

JORDANIA:
Mohammad Mustafa, ex primer ministro palestino adjunto y ministro de Economía Nacional.

KAZAJISTÁN:
Nurali Aliyev, ex vicealcalde de Astana (2014-2016).

KENIA:
Kalpana Rawal, vicepresidente del Tribunal Supremo de Kenia.

LUXEMBURGO:
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia.

MALASIA:
Najib Razak, primer ministro.

MALTA:
Konrad Mizzi, ministro de Energía y Salud.

MARRUECOS:
Mohammed VI, rey.

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MÉXICO:
Enrique Peña Nieto, presidente.

NIGERIA:
James Ibori, gobernador del Estado nigeriano de Delta (1999-2007).

PAKISTÁN:
Nawaz Sharif, primer ministro de Pakistán (1990-1993; 1997-1999; 2013-presente).

PALESTINA:
Mohammad Mustafa, viceprimer ministro palestino y ministro de Economía Nacional (2014-2015); viceministro de Asuntos Económicos (2014-2015).

PANAMÁ:
Riccardo Francolini, presidente del banco estatal Caja de Ahorros (2009-2014), vicepresidente de la autoridad estatal de aeropuertos Aeropuerto Internacional Tocumen S.A (2009-2014).

PERÚ:
César Almeyda, ex jefe de Inteligencia de Perú en 2003.

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POLONIA:
Pawet Piskorsk, presidente del partido político polaco Alianza de los Demócratas.

QATAR:
Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emir de Qatar (1995-2013).

Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, primer ministro de Qatar (2007-2013); ministro de Exteriores de Qatar (1992-2013).

CONGO:
Jaynet Désirée Kabila Kyungu, diputada del Parlamento, República Democrática del Congo (2012-presente).

ARABIA SAUDITA:
Mohammad bin Naif bin Abdulaziz Al-Saud, rey.

SENEGAL:
Karim Wade, ex primer ministro (2009-2012).

SUDÁFRICA:
Jacob Zuma, presidente.

ESPAÑA:
Juan Carlos I, rey emérito.

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SUDÁN:
Ahmad Ali al-Mirghani, ex presidente (1986-1989).

SUIZA:
Vladimir Putin, asociado a Sergey Roldugin, amigo cercano al presidente ruso.

SIRIA:
Bashar Al Assad, presidente.

UCRANIA:
Pavlo Lazarenko, ex primer ministro (1996-1997).

Petro Poroshenko, presidente.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS:
Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, presidente.

REINO UNIDO:
Ayad Allawi, ex vicepresidente (2014-2015).

David Cameron, primer ministro.

Nawaz Sharif, primer ministro de Pakistán.

VENEZUELA:
Jesús Villanueva, ex director de Pdvsa (2005-2008).

Víctor Cruz Weffer, comandante en jefe del Ejército (2001).

ZAMBIA:
Attan Shansonga, ex embajador en los Estados Unidos ( 2000-2002).

Ver más: Panama Papers , Cristina Kirchner , Néstor Kirchner , Eduardo Cunha , Vladimir Putin , Bashar Al Assad

“Los gobiernos de la nueva izquierda que den la espalda a la deuda acabarán aplicando recortes”

Entrevista a Éric Toussaint, portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo

“Los gobiernos de la nueva izquierda que den la espalda a la deuda acabarán aplicando recortes”

Sergi Cutillas

El Critic

Éric Toussaint es portavoz de la red internacional del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), que contribuyó a fundar. De formación historiador, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Lieja (ULg) y la Universidad París VIII. También es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia y participó en la fundación del Consejo Internacional del Foro Social Mundial en 2001. Ha asesorado a numerosos gobiernos en materia de deuda y participado en la Comisión de Auditoría Integral de la deuda de Ecuador (CAIC) y coordinado la Comisión de la Verdad de la Deuda Pública griega.

Si no me equivoco naciste en Namur, pero creciste en Retinne cerca de Lieja (Bélgica), un pueblo minero con trabajadores de muchas nacionalidades. ¿Fue en ese entorno donde se despertó tu espíritu revolucionario? ¿Hubo algún hecho particular que te llevara por este camino?

Para mí el tema principal en ese sentido fue la vida de los mineros. Todo mi entorno, amigos, vecinos, ritmo de la vida giraba en torno al funcionamiento de la mina de carbón. Hizo que para mí la riqueza de compartir entre culturas diferentes, en todos los aspectos, se convirtiera en un elemento vital. Ahora no puedo concebir una vida con gente de una misma nacionalidad, o que hablan solo un idioma, y que buscan reafirmarse a través de su identidad nacional. Para mí son fundamentales las diferentes identidades. Construir un mundo en que todos podemos caber. Obviamente me refiero a culturas, no a distintas clases sociales. La diferencia de clases y la existencia de clases poderosas niegan esa posibilidad de convivir en paz.

El momento particular en el que se activó de forma clara mi vida política fue cuando dejé a mis padres y el pueblo con 16 años, para ir a estudiar secundaria. Antes de irme compartí cosas con gente de mi pueblo y cuando en 1970 decidí adherirme a un partido político fue porque esa organización (IV internacional) intervino muy bien en la huelga de mineros, para generar solidaridad entre trabajadores de varias minas del país. Su capacidad de organización política y de definir maneras de tratar de extender la lucha, me parecieron un elemento para justificar mi adhesión, como instrumento para victoria.

Mi decisión, en el 70s, fue sobre la base de la actuación de esa huelga obrera, pero también me atrajo un documento programático de la IV internacional que se llamaba ‘Dialéctica de los tres sectores de la revolución mundial’, era el documento del Congreso Mundial del 1969, que mostraba la dialéctica entre las luchas en los países más industriales (luchas obreras y estudiantes, p.e. 1968) en el tercer mundo (Vietnam) y en los países soviéticos. Me quedó clara la necesidad de adherirme a una organización mundial.

Como mencionabas ahora eres miembro de la IV Internacional, fundada por Trotsky. Antes de llegar aquí, exploraste diferentes corrientes del socialismo como el Maoísmo o el Guevarismo. ¿Puedes explicarnos un poco cómo se dio esta evolución hasta llegar al trotskismo?

Cuando yo tenía 13-14 años leía sobre revolución en China, también de Cuba, sobre el Che, me acuerdo muy bien de la noticia de la muerte del Che, el 8 de octubre del 1967. Tenía 13 años. En cierto modo de manera rápida me sentí guevarista, un poco maoísta y finalmente, en una forma más madura, terminé adhiriéndome a la IV internacional. Lo que me convenció fue su lucha frente al estalinismo, al bloque del socialismo real. Porque viví muy de cerca el mayo del 1968, activo, como estudiante. Seguía por la radio lo que pasaba en París, pero también lo que pasó en la primavera en Praga. En agosto 1968, hubo la intervención de los tanques soviéticos para acabar con los intentos de reforma. A la vez sucedía la ofensiva del Viet Minh en Vietnam.

Eso impactó sobre mí. También estaba atraído por las luchas de los negros en EEUU, por los derechos civiles y políticos. Recuerdo que cuando tenía 11 años asesinaron a Malcom X (febrero 1965) y años después a Martin Luther King (abril 1968).

También me convenció la lucha de Trotsky y de sus camaradas contra la degeneración dictatorial del estalinismo. Transfiriendo esa reflexión al fin del s. XX e inicio del s. XXI, la IV elaboró un proyecto de sociedad socialista, auto gestionada, basada en la participación directa de la población, de trabajadores y ciudadanos. La IV da un enfoque a la organización del poder popular, como el poder desde abajo. Ese es su proyecto de sociedad.

A nivel de funcionamiento político la IV Internacional, está convencida de que no se puede considerar a un partido como un partido de ‘Vanguardia’ y que un partido de izquierdas tiene que ser plural, con posicionamientos de ruptura con el capitalismo y todas las formas de opresión, como el patriarcado. Eso a nivel de programa. A nivel de la práctica política y de la organización, los miembros tienen que decidir y no esperar que un comando dirigente dicte la orientación.

Has participado en muchas luchas desde que empezaste a militar en distintas organizaciones a finales de los 60s. En todo tu recorrido, ¿podrías destacar cuáles han sido los momentos de mayor optimismo y los de mayor pesimismo? ¿Cómo ves el momento histórico actual?

Un momento álgido fue del mayo 1968 hasta 1972-73, incluso 1974, porque hubo lo que se llamó el ‘mayo prolongado en Italia’, con muchas luchas obreras, impulsando un modelo de organización autónoma. En Bélgica hasta el 1973 hubo un auge de las luchas obreras y estudiantiles. En el 1973 yo lideré un movimiento de colegios en el cual participaron 175 000 estudiantes de secundaria. Luchábamos contra el adoctrinamiento del ejército, porque la idea del gobierno era obligar a todos los jóvenes que terminaran la secundaria, a ir a hacer el servicio militar en el ejército, para recibir el adoctrinamiento burgués, como respuesta al mayo 1968. Eso generó un enorme movimiento en los colegios e institutos. Se constituyeron comités de huelga, con centenares de colegios en huelga que duraron casi 4 semanas. Y yo fui uno de sus 10 principales coordinadores e impulsores, como miembro del comité nacional del FNL (‘Frente Nacional de los Liceos’, nombre que tenía las mismas iniciales que el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, el Viet Minh, que se llamaba FNL). Había un auge de las luchas, de la educación y concienciación política a nivel de masas, la posibilidad de ver y asistir a progresos en varias partes del planeta.

Un segundo momento esperanzador fue inmediatamente después, en 1974-76, con la muerte de Franco, la Revolución de los Claveles en Portugal y la caída de la Junta Militar en Grecia.

Para mí lo de Portugal, Grecia y España era muy importante porque para la IV Internacional la posibilidad de ver una revolución en el sur de Europa era un elemento fundamental, ya que había un buen nivel de organización de la izquierda radical en Italia, y la IV era fuerte en el algunos países de Europa (en particular en Francia y Bélgica), y si el movimiento se extendía al sur había posibilidad de una revolución. Hubo mucha esperanza e ilusión de ver esa revolución en Europa.

A partir de 1977 nos dimos cuenta de que la situación estaba cambiando. Se organizó la transición en España, con monarquía y los elementos fundamentales del estado capitalista-franquista, en Portugal la dinámica revolucionaria terminó en 1976, y en Grecia no hubo después de la caída de los coroneles un auge revolucionario. Para Europa pareció cerrarse un ciclo de luchas en los países capitalistas, a finales de los 70s. A pesar de ello al mismo tiempo en 79s hubo la revolución sandinista en Nicaragua, la caída del Sha en Irán, y en 1980 a partir de agosto el enorme movimiento en Polonia. En 1980s yo era parte de la dirección mundial de la IV internacional.

A partir de los 80s te centraste en las luchas relacionadas con la deuda. Años después fundasteis el CADTM. ¿Qué te hizo decidirte a dar el paso hacia la militancia contra la deuda?

Empecé a dedicar más tiempo al aspecto mundial en el año 1980. Había disminuido la posibilidad en Europa y yo invertí más energía en la solidaridad con los obreros polacos y con la revolución sandinista. Participé en la organización de un movimiento de solidaridad en Polonia cuando ocurrió el golpe de estado del general Wojciech Jaruzelski en Polonia, empezamos a brindar apoyo clandestino al movimiento obrero polaco. Yo viajaba a Polonia para hacer llegar materiales para la clandestinidad. Emisores, receptores de radio, material escritos de la IV internacional en idioma polaco, pero imprimido en Francia. También participé a la creación de una organización de solidaridad con la revolución sandinista (1984). Organizamos brigadas de trabajo en zonas rurales de Nicaragua, con obreros de Bélgica, de grandes industrias como Caterpillar, Volkswagen, y también iban maestros, médicos...

Trabajaban un mes gratis con los campesinos en Nicaragua. En 1984-85 también hubo la huelga de los mineros contra Thatcher, luchando contra ofensiva neoliberal de Thatcher y Reagan, a la que también dimos nuestro apoyo. Podemos decir que volvía a haber una ola internacional de lucha, con Polonia, los sandinistas, las huelgas del Reino Unido… pero en condiciones muy adversas (la dictadura de Jaruzelski en Polonia, la contra en Nicaragua, la represión y la voluntad de hierro de Thatcher en el Reino Unido contra las conquistas sociales,…).

A partir del 1980 participe de la dirección mundial de la IV. Era profesor en colegios técnicos y profesionales, con hijos de trabajadores migrantes, provenientes de Turquía, Marruecos, cosa que hacía posible mezclar mi activismo con mi actividad laboral. También era activo como dirigente sindical. En mi sindicato cabían todos los sectores, era la Federación general de los trabajadores de Bélgica (FGTB).

Por esos años, en el 1982-83, hubo la crisis de deuda en Méjico. En 1985 Fidel Castro inició un movimiento en el que afirmaba que la deuda externa era un mecanismo de extorsión impagable. En 1985 Thomas Sankara, joven presidente de Burkina Faso que viajó a Cuba para reunirse con Fidel, se lanzó también a impulsar un frente africano contra la deuda. Otra vez una dialéctica entre sectores de la revolución mundial. Sankara fue asesinado poco después por liderar este movimiento africano contra la deuda. En 1986, Ernest Mandel uno de los más destacados dirigentes de la IV internacional durante el periodo 1950-1995, también se pronunció en favor del apoyo a la demanda de anulación de la deuda del Tercer Mundo/1.

En 1989 compañeros de la IV en Francia con intelectuales de izquierda de otras fuerzas lanzaron una campaña que se llamó ‘Ya Basta’. ¿Cuál fue la oportunidad? Mitterrand invitó a sus colegas del G-7 a una cumbre en la fecha del bicentenario de la revolución francesa, en julio 1989. La IV en Francia con intelectuales lanzó una campaña contra esta provocación, con un cantante francés muy famoso y combativo llamado Renaud, y el escritor Gilles Perrault. Hubo una manifestación de 90 000 personas, pidiendo la anulación de la deuda del tercer mundo. Yo diría que me convencí en ese momento de la creación del CADTM, que se fundó en el 1990.

También viajaba mucho a Nicaragua, Cuba, el Salvador, Guatemala, Méjico. Tenía relaciones con las guerrillas del Salvador del Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional (FMLN), y en Guatemala con la Unidad Revolucionaria Guatemalteca (UNRG). Estaba muy relacionado con el PRT, organización revolucionaria mejicana de la IV internacional que tenían una relación estrecha con los campesinos, participando en experiencias de autodefensa armada entre 1984-90s. Por eso cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional salió a la luz pública el primero de enero 1994 yo me enlacé directamente con esa experiencia viajando a Chiapas.

El gran momento del movimiento de la deuda a nivel internacional fue el gran encuentro que hemos apoyado en Madrid del 1994, cuando el BM y el FMI conmemoraron sus 50 años en octubre de 1994. El CADTM participó en la contra cumbre en Madrid, allí entre en contacto con uno de los fundadores de Ecologistas en Acción, mi buen amigo Fernando Duran, que murió hace dos años. El CADTM y Ecologistas en Acción y la Plataforma 0,7% desarrollamos una colaboración estrecha.

Cuando se preparó la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE) a final de los 1990s, yo fue invitado a Madrid en Getafe, en una reunión con la Plataforma 0,7% para definir preguntas de la consulta de marzo 2000, que fue una consulta pública sobre si se debía pagar la deuda externa en la que participaron más de 2 millones de personas, que se organizó a la vez que las elecciones generales españolas. Allí conocí Esther Vivas y a Josep María Antentas, que iniciaron su militancia en el movimiento contra la deuda. También al nivel mundial hubo el Jubileo 2000, para la anulación de la deuda de los países pobres.

Estuviste particularmente activo en las huelgas y otras acciones que los trabajadores de la ciudad de Lieja contra una deuda pública municipal que os aplastaba. ¿Cómo fue esa experiencia?

Empecé en el movimiento contra la deuda en el 1983 en Lieja, la ciudad donde vivía y aún vivo. El municipio estaba muy endeudado. Pagaba con el aumento de los tipos propiciado en los EEUU un 13-15 % de interés. El gobierno municipal de izquierda decidió un viraje hacia la austeridad radical, privatización, reducción de salarios 30 %, reducción del empleo público un 20%. Los trabajadores, había 3500 docentes, 17 000 trabajadores en total, entramos en una lucha muy dura de 16 semanas, con huelga, sin colección de basura, con el matadero cerrado, bomberos en huelga... El gobierno mandó el ejército para recoger la basura. Hubo enfrentamiento con la guardia civil, batallas en la calle, con personas encarceladas. Yo jugaba un papel muy activo. El pretexto de la austeridad era pagar la deuda. Empecé con otros trabajadores a lanzar una auditoría de la deuda municipal, para conocer qué había pasado con la deuda. Fue mi primera experiencia de auditoria de la deuda. A partir 1986 nos lanzamos en una campaña para anular la deuda del municipio, y hubo huelgas hasta el 89. Las huelgas fueron derrotadas, pero se obligó a una reestructuración de la deuda, con una quita de 70 %.

Has escrito muchos libros, centrados en explicar cómo la deuda sirve de herramienta para el secuestro político por parte de los bancos y las élites económicas. Afirmas que vivimos en Bancocracia, un sistema en el que mandan los banqueros ¿Cuál es el camino para salir de la bancocracia, que parece no tener salida?

Yo no diría que los banqueros mandan. El capitalismo en su forma actual, pasa por la financiarización del capital. Ya no hay una diferencia clara entre producción y finanzas. Hay un capital globalizado que opera. Las grandes empresas transnacionales son todas “financiarizadas”. Es un concepto que François Chenais explicó muy bien, que ha dado lugar a un campo de estudio extenso. Quiero evitar una simplificación falsa de la situación. No son Goldman Sachs o Deutsche Bank o Santander quienes gobiernan el mundo, es el capital financiarizado en general. Los bancos y otras corporaciones financieras, como BlackRock, juegan un papel importante, al lado de otras transnacionales, más conocidas por sus inversiones productivas como General Motors, Lockheed, VW, etc. Hay una osmosis entre lo que anteriormente categorizábamos como industrial, comercial, y financiero. Ahora hay una interconexión y osmosis. Y por supuesto una osmosis entre los dueños de esas grandes empresas y los dirigentes políticos de los grandes partidos de gobierno, sean Demócratas o Republicanos en EEUU o los grandes partidos que se alternan en el poder en Europa, como el PP y el PSOE en el Estado español. De ahí nacen las puertas giratorias.

En tu trabajo y militancia has podido asesorar a muchos gobiernos en el campo de deuda. En este contexto has entrado en contacto con el “enemigo”, o sea, por ejemplo el Banco Mundial, el FMI, grandes bancos u otras instituciones parecidas. Mirando atrás, ¿qué conclusiones importantes sacas de cómo funcionan estos entramados de poder relacionados con las finanzas?

Claramente al nivel de la práctica, el CADTM considera inapropiado el lobbying sobre el BM y el FMI. Yo no participo en los encuentros anuales del BM y el FMI y en los diálogos que organizan con la llamada sociedad civil. ¿Por qué adopto esa actitud? Porque hay que deslegitimar esas instituciones, y participando en supuestos diálogos les ayudamos a legitimarse. Son expertos en decir que se han equivocado y que están tomando en cuenta las opiniones de la sociedad civil, y en decir que han abandonado el Consenso de Washington y que adoptan nueva política que tiene en cuenta los derechos, etc. etc. Eso es propaganda.

Son instrumentos de la política externa de las grandes potencias, empezando por EEUU que comparte la dirección del BM y el FMI con varios países europeos. El presidente del BM es designado por los EEUU y es siempre estadounidense y el director general del FMI es designado por las potencias europeas y es siempre un europeo, generalmente de esos países importantes. Estas dos instituciones sirven para a través del sistema deuda enredar a los gobiernos de los países endeudados en políticas designadas por los acreedores y el FMI y el BM siempre buscan endeudar a países. Es a través de la relación acreedor deudor que pueden influir en la política de los países en deuda. Era evidente en los países llamados en desarrollo y ahora en varios países europeos endeudados con el FMI y no me refiero solo a partir del 2010 en Grecia, ya que Rumanía, Bulgaria, Polonia, Hungría que han pasado por políticas de ajuste dictadas por el FMI a partir de los 90s.

Me niego a ir a reuniones de supuesto diálogo pero acepto debates contradictorios públicos con el BM y el FMI. He tenido varias de estas experiencias, bajo forma de conferencias. Sea en Ginebra, sea en Bélgica, o en países del sur, porque aquí si podemos destruir y demoler a través de debate contradictorio, los argumentos de estas instituciones.

Podríamos destacar tus experiencias asesorando a gobiernos en materia de deuda. En Ecuador el trabajo de la CAIC sirvió a Ecuador para reducir su deuda ¿Qué destacarías de estas experiencias?

En el año 90 entré en relación con Lula, cuando estaba en la oposición. Lo invité a Bélgica en el 92. Tuve contacto directo con él en varias ocasiones. Hubo mucha expectativa en ver que haría si conseguía llegar al gobierno en Brasil. Su posición oficial sobre la deuda era muy radical, pero años antes de llegar al poder Lula ya había evolucionado de manera moderada. En el año 2001 nació el Foro Social Mundial en Porto Alegre, y Lula fue electo en octubre 2002, y empezó a ser presidente cuando ya nos reunimos en 3er Foro Social Mundial en 2003. Nos dimos cuenta, por sus gestiones de antes de ser presidente que Lula iba a traicionar su compromiso respecto a la deuda: firmo en agosto 2002 con el FMI que si era presidente iba a seguir pagando la deuda. Fue una experiencia clara para mí de lo difícil que es obtener de un partido de izquierda que mantenga un compromiso fuerte sobre la deuda, porque es vital. La burguesía y las IFIs dan prioridad a lograr convencer a los gobiernos de izquierda de pagar la deuda. Fue una experiencia reveladora, incluso tuve una reunión con Lula en junio 2003. Me llamó para encontrarse conmigo al margen del G7 que se reunía en Evián, en Francia. Tuvimos una reunión en la embajada de Brasil y le expresé mis críticas. Estaba imponiendo en Brasil una reforma de las pensiones. Tuvimos una discusión muy dura y después se cortó la relación. Pero en el mismo año 2003 asesoré el gobierno del estado de Timor Este, que era un estado que había conseguido su independencia en 2002, después de ser colonia portuguesa, hasta la caída de Salazar, y que había sido anexado luego por Indonesia. El nuevo gobierno que era un gobierno de ex guerrilleros, me llamó para asesorarles frente al BM y el FMI.

A partir del 2007 tuve una experiencia más duradera con la presidencia de Correa, que fue electo en diciembre de 2006. A partir del abril 2007 me pidieron asesoramiento sobre Banco del Sur y la Deuda. Allí la experiencia fue positiva, constituyendo una comisión de auditoría en julio de 2007 hasta septiembre de 2008. En relación estrecha con Correa y con varios de sus ministros, como los de economía y justicia. Sobre la base de nuestro trabajo el gobierno decidió suspender el pago de una parte de la deuda en noviembre de 2008 y logró imponer a los tenedores de deuda, gracias a la suspensión de pagos unilateral, una quita de más del 70%.

Recientemente, has coordinado la auditoría de la deuda de Grecia. El resultado de la auditoría no sido tenido en cuenta por el gobierno de Tsipras, que optó por pagar la deuda y aceptar un nuevo plan de ajuste ¿Cuáles han sido las diferencias entre Ecuador y Grecia?

Para mí una de las diferencias entre Ecuador y Grecia es que en Ecuador del movimiento de la deuda salieron ministros y de cierta manera el mismo Presidente Correa. Él no era uno de los dirigentes del movimiento, pero era muy cercano a él. Designó como ministro de Economía al dirigente principal del movimiento, Ricardo Patiño. En su campaña se había comprometido por el tema. La comparación es que en Grecia, que era importante en 2011-12 ninguno se encontró en el gobierno. El primer ministro Tsipras hasta 2012 hablaba de suspender el pago y de auditoría. Aunque había dicho eso firmemente, en la campaña electoral de mayo-junio 2012 abandonó de manera sutil ese compromiso. Paso a hablar de una conferencia europea sobre la deuda. La presión del movimiento en Ecuador era más fuerte. Tenían relación orgánica con el gobierno. En Grecia desgraciadamente no fue así.

¿Cuál crees que sería el camino que llevaría del impago a la transformación social deseada?

Bajo ciertas condiciones el impago de parte de un gobierno estatal-nacional es una de las prioridades. Es una de las primeras medidas que tiene que tomar un gobierno en un país que se enfrenta a un grave problema debido al pago de deuda. El caso evidente era el caso de Grecia. En el caso de España, es un poco diferente porque la coyuntura permite a un gobierno hacer una auditoría sin necesariamente ligarla a la suspensión de pago. Aunque, dados los signos económicos actuales, en poco tiempo podría degradarse la situación y entonces tener que combinar suspensión de pagos y auditoría.

Eso tiene que ser parte de un plan integral que abarque medidas como el control de capitales, toma de control de los bancos por parte del gobierno para su socialización, medidas tributarias progresistas fuertes: reducir los impuestos pagados por la mayoría de la población, en especial para los más pobres, eliminar impuestos de consumo de productos y servicios prioritario (electricidad, comida, agua, etc. ; hasta unas ciertas cantidades), y subida de impuestos fuerte para los más ricos, sobre todo el 1%. También creación de empleo e incentivos para la producción prioritaria, en especial a sectores para la transición ecológica. También es importante promover circuitos cortos entre productores y consumidores, incrementar empleo público, p.e. en salud, educación, cuidados sociales, dependencia, discapacidad, servicios para aliviar el trabajo de las mujeres, de apoyo a las tareas de crianza, etc. Por último se me ocurren medidas de distribución del trabajo, como la reducción del horario y aumento del salario mínimo.

La auditoría e impago hacen parte de un plan integrado. Incluso integra el lanzamiento de una moneda complementaria.

El Estado español está sumido en un proceso de cambio interesante y muy complejo. Una nueva izquierda parece avanzar, pero tiene numerosas formas y también contradicciones entre sí, con organizaciones como CUP-CC, En Comú, Mareas, Compromís, los ayuntamientos del cambio, Podemos como partido estatal e IU como partido de viejo cuño que se ve sobrepasado por estas nuevas propuestas. Desde tu experiencia, ¿podrías dar una opinión de cómo superar esta complejidad para sintetizar una izquierda transformadora que pueda llegar a gobernar?

La izquierda debe identificar cuál es el punto más importante para luchar contra el capitalismo financiarizado. Esto es: la extorsión ejercida a través de las relaciones acreedor-deudor. Si se entiende esto será posible trabajar juntos alrededor de estos objetivos. De las experiencias que he vivido sacó una lección: es sumamente importante mantener la presión del movimiento deuda sobre los partidos de izquierdas. En el caso del Estado español es fundamental el papel de la PACD, sobre el futuro de los gobiernos del cambio, y sobre el futuro de Podemos e IU, si son parte de un gobierno. También en Catalunya, en la que alianzas entre

En Comú, CUP y ERC, podrían formar gobierno en una Catalunya independiente, estos partidos deberían estar comprometidos con el movimiento de la deuda, si realmente desean su autodeterminación. El éxito de estas organizaciones de izquierdas pasa por cuestionar la deuda. Si dan la espalda al movimiento de la deuda acabarán aplicando políticas de derechas, como sucedió en Brasil, Grecia y en otros muchos sitios.

Pocos de estos nuevos movimientos de izquierda se declaran abiertamente contrarios a estructuras institucionales que no parecen beneficiar a las clases populares y trabajadoras, como el euro, la UE o la OTAN. ¿Crees que hay recorrido para reformar estas instituciones? ¿Hay opción de encontrar soluciones para la crisis de deuda a nivel de la institucionalidad de la UE?

No hay una posibilidad de democratizar la UE, tampoco hay una posibilidad de encontrar una solución (favorable a los pueblos) a la crisis de la deuda con las instituciones europeas actuales. Un gobierno del pueblo tendra que desobedecer a los tratados y a las instituciones europeos. La salida del euro es una opción necesaria para países como Grecia, Portugal, pero tiene que ser una salida de izquierda dentro del marco de la implementación de un plan integrado como el esbozado antes. Para el estado español, puede ser también una opción pertinente. Claro que la conferencia de Madrid (19-21 febrero 2016) sobre el plan B para Europa constituye un encuentro indispensable para los y las que quieren promover una salida internacionalista a la crisis. Respecto a la OTAN, la izquierda tiene que exigir la salida de esta alianza militar. El país tiene que salir de la OTAN y la OTAN tiene que salir del país.

Nota:

1/ Ver Ernest Mandel, "La dynamique infernale de la spirale de l’endettement", Inprecor, abril 1986 (http://www.ernestmandel.org/new/ecr...).

Bibliografía de Éric Toussaint:

- Co-autor con Pierre Gottiniaux, Daniel Munevar y Antonio Sanabria, Las Cifras de la Deuda 2015, CADTM, febrero 2015 http://cadtm.org/Las-Cifras-de-la-D...

- Autor de Bancocracia, Editorial Icaria, Barcelona, 2014. http://cadtm.org/Bancocracia;

- Co-autor con Damien Millet y otros de La Deuda o la Vida, Editorial Icaria, Barcelona, 2011

- Autor de La Crisis global, Editorial de las Madres de la Plaza de Mayo, Buenos Aires, 2010; Editorial Viejo Topo, Barcelona, 2011; Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2011; Editorial Trinchera, Caracas, 2013.

- Autor de Una mirada al retrovisor. El neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Editorial Icaria, Barcelona, 2010. Le Monde diplomatique, Argentina, 2013. CIM, Caracas, 2015.

- Co-autor con Damien Millet de 60 preguntas/ 60 Respuestas sobre la deuda, el Fmi y el Banco mundial, Icaria-Intermon, Barcelona, 2009

- Autor de Banco del sur y Nueva crisis internacional, Editorial Viejo Topo (Barcelona), 2007 ; Editorial Abya-Yala (Quito), 2007 ; Editorial Observatorio DESC, La Paz, 2007).

- Autor de Banco mundial: el golpe de estado permanente, Editorial Viejo Topo (Barcelona), 2007, Abya Yala, Quito, 2007 y CIM, Caracas, 2007.

- Co-autor con Damien Millet de Los Tsunamis de la deuda, Icaria/Intermon, Barcelona, 2005 y Ciencias Sociales, La Habana, 2006.

- Autor de La Bolsa o la Vida, Editorial CLACSO, Buenos Aires, 2004. 19 ediciones diferentes en ocho idiomas desde la primera edición en 1998 en Venezuela (Editorial Nueva Sociedad).

Fuente: http://www.elcritic.cat/entrevistes/eric-toussaint-els-governs-de-la-nova-esquerra-que-donin-esquena-al-moviment-del-deute-acabaran-aplicant-retallades-8531

El santo, el verdugo, el carnicero y la plebe

por Rafael Luis Gumucio Rivas, padre (Chile)

La carta abierta de la periodista Rosario Guzmán – hermana de “San Jaime” – como es lógico, es una versión muy personal y colmada de emociones y sentimientos de una pariente cercana, que no logra entender por qué la iglesia católica ni siquiera ha abierto el proceso para su beatificación, siendo su hermano un héroe, salvador de tantas vidas humanas durante la cruel dictadura del verdugo Augusto Pinochet, y de su carnicero mano derecha, Manuel “Mamo” Contreras Sepúlveda. Milagros se cuentan por mil para sustentar su causa, entre ellos, la “aparición” a San Pablo Longueira – inspirándolo en disputar las comunas de los “rotos” a los impíos comunachos.

Carta de Rosario Gumán Errazuriz a su hermano Jaime

La aludida carta tiene un aspecto interesante al acusar a Pinochet y a su carnicero – Contreras – de haber planificado y llevado a cabo el asesinato de Jaime Guzmán Errázuriz,  bien directamente o por medio de la infiltración en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Augusto Pinochet ya no era un dictador, sino el sempiterno verdugo, cuya única misión en la vida la limitó a cortar las cabezas de los justos. En la literatura, el personaje del verdugo es fundamental: Joseph de Maistre, gran pensador reaccionario, sostiene que “sin la labor del verdugo, el caos sucedería al orden, los tronos se hundirían y la sociedad misma desaparecería…” En el cine, José Luis Berlanga fue autor de una película, El verdugo, cuyo argumento se centra en la negativa del personaje a cortar cabezas y cumplir con su profesión. Hoy muy pocos derechistas se atreven a defender al “verdugo”, menos aún al “carnicero”, pero en el fondo de su alma están agradecidos de estos “buenos profesionales”, pues “salvaron a la sociedad del caos marxista” – sin verdugo no hay orden. ¡Cuánta razón tenía de Maistre! Hay un detalle olvidado por el filósofo reaccionario, y es que el verdugo también es útil para cortar cabezas de reyes y reinas aristócratas.

Desde hace varios años la Unión Demócrata Independiente (UDI) se ha aprovechado de “San Jaime Guzmán”, y ahora la hermana del justo – así sea un poco tarde – condena a los líderes de este Partido como fariseos y falsos sacerdotes que no han hecho otra cosa que aprovechar las “virtudes del mártir” para presentarse como grandes defensores de los ciudadanos –injustamente ofendidos – de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Providencia.

Nadie puede discutir sobre la fe y la piedad de Jaime Guzmán, un hombre de misa diaria y que siempre tenía presente en sus oraciones a sus amigos y discípulos Longueira, Coloma y Novoa, entre otros – algo más ricachones y vivos que los rotosos de los apóstoles del Maestro de Nazaret -.

Mi madre siempre repetía “no hay beato bueno”: ¿acaso el inquisidor  Torquemada no era de misa diaria y, además, cada vez que entregaba al verdugo a un condenado hereje no rezaba por su alma? Al igual que Guzmán, pensaba que el fuego destruye el cuerpo pecador, pero salva el alma para la vida eterna – ambos “santos” fueron en vida partidarios de la pena de muerte.

En la actualidad, el verdugo y el carnero chilenos están bien muertos, pero la profesión nunca va a desaparecer mientras haya defensores de la tiranía, y la plebe seguirá aplaudiendo el espectáculo cada vez que una cabeza cae el canasto. Hay que recordar que el 40% de los chilenos votó por el SÍ en el plebiscito de 1988 y, durante la transición muchos tarados votaron por la UDI, convirtiéndolo así en el primer partido del sistema político chileno, que de democrático no tiene un ápice.

“San Jaime Guzmán” un cruzado anticomunista, fue discípulo de Osvaldo Lira, admirador de Vásquez Mella, filósofo del carlismo y, posteriormente, gran admirador de Augusto Pinochet y su obra. Nadie podrá restar “méritos” a nuestro “santo” de haberse convertido en el más diabólico de los asesores del tirano, y a Guzmán le debemos la espuria Constitución de 1980 – la derecha actual se empeña en seguir defendiendo – además de la mezcla de los más reaccionarios del pensamiento católico y el neoliberalismo, cultor del dios “Mamón”, realizando la hazaña de justificar la muerte de Cristo para salvar el dinero de los millonarios saduceos y, de esta manera, convertir una religión de amor, esperanza y perdón en una sirvientes de banqueros y empresarios.

A la muerte del verdugo y del carnicero y la sacada del “San Jaime” de los altares de la UDI, aún quedas sus herederos – familiares del dictador – que viven a cuerpo de rey a costa del dinero de los ciudadanos, y a la UDI le queda a Jovino Novoa y “San Pablo Longueira”, “víctimas de los falsos testimonios” presentados ante la Justicia chilena.

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

¿Naves fantasmas surcan los mares de nuestra patria?

por Un Indignado (Chile)

Si usted utiliza este link, entrará al sitio del Poder Judicial de la República de Chile:

http://suprema.poderjudicial.cl

En la ventana que se abra, presione el boton “INGRESAR”.

En el formulario que se abre, en el campo RUC, ingrese el siguiente número: 7547 – 2016 y se debeira abrir un listado de documentos con información sobre los trámites de una causa que interesa a todo el país.

Se trata de las acciones criminales que son parte de la causa en la Corte Suprema del Estado de Chile, con rol de Ingreso N°  7547-2016. A la que cualquier ciudadano/a como el suscrito puede acceder en los Tribunales, en que señala comprobada información de funcionarios públicos que no cumplirían a cabalidad sus funciones asociados a sectores privados, en perjuicio del Estado y del patrimonio de los chilenos, es decir, de los más pobres; privando derechos a la salud, a la educación, a jubilaciones y asistencia dignas a los adultos mayores.

Alcanzando, además,  específicamente en perjuicio de los pescadores artesanales del litoral chileno. En que están entrampados en la vigente y cuestionada dictada Ley de Pesca, llamada Ley Longueira.

Acaba de votarse en el Congreso la admisibilidad de la anulación de la Ley de Pesca. Tema que sigue pendiente.

Se ha llegado a esta instancia luego de conocerse una serie de hechos que confirman las denuncias de los pescadores y diversas organizaciones sociales desde su tramitación, durante el 2012. Estas agrupaciones acusaron el cohecho y el fraude detrás de la aprobación de normas y permisos favorables solo al empresariado pesquero. Estos son los motivos por los que Jaime Orpis, Fulvio Rossi, Marco Enríquez Ominami, Marta Isasi, Jovino Novoa, Alejandro García Huidobro y Andrés Zaldívar están cuestionados.

Hoy, la ciudadanía tiene clara conciencia de que la Ley de Pesca debe ser revisada. Más allá de la forma en que esta se aprobó, se trata de una ley que va en contra de los intereses del país, porque no reconoce al Estado de Chile como dueño de los recursos del mar, impide la competencia en el sector y ha propiciado la depredación, como revela el hecho de que en dos años de vigencia han aumentado de dos a ocho las especies en colapso.

El inciso 1º del artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política de la República establece como deber del Estado la tutela de la preservación de la naturaleza, lo que las autoridades de gobierno a cargo del sector pesquero permanentemente vulneran, con lo que contribuyen a amparar el peor desastre ambiental que se le haya ocasionando a la vida marina de la Patagonia en la historia de nuestro país, cuyos autores actúan en medio de la impunidad, ya que la corrupción en Chile se encarga de que no exista castigo para ellos.

                    Recordamos lo que acontece con las miles de toneladas de peces “infectados” de la industria salmonera.

 ¿Deficiente explotación del recurso? ¿Ausencias de control del Estado? ¿Sanciones más drásticas? ¿Dónde se están botando los contaminantes, al mar? ¿Qué país queremos tener dentro de 15 años más ?

Breve síntesis extraída del artículo. ( que menciona a empresa ORIZON objeto de demanda adjunta)

Los beneficiados por la Ley de Pesca promovida por el ex ministro de Economía del Gobierno de Sebastian Piñera, Pablo Longueira, son las familias Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz, quienes se fusionaron en tres grandes conglomerados que controlan nada más y nada menos que el 76% de la capacidad pesquera industrial del país y que se reparten utilidades calculadas en a los menos unos tres mil millones de dólares anuales, a partir de la extracción gratuita de los recursos del mar chileno.

Tras las últimas fusiones, quedaron sólo 4 grandes conglomerados que controlan el 92 por ciento del sector pesquero nacional: Orizon (fusión de South Pacific Korp y Pesquera San José); Blumar (fusión de Itata y Golfo) y Camanchaca Pesca Sur (fusión de Camanchaca y Biobio) y Marfood (fusión de Joint Venture de Alimar y Foodcorp).

Explicación de Ley de Pesca, quién la impulsó y quiénes son las 7 familias beneficiadas

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El Caso Penta y la Ley Longueira de Privatización Pesquera

La ley de pesca promulgada en febrero del 2013 entregó de manera gratuita y a perpetuidad la propiedad de los peces del mar de Chile a siete familias empresariales que conforman el cartel que domina este estratégico sector de la economía nacional.La cuestionada e irregular tramitación parlamentaria que caracterizó a esta ley, a través de la cual se perpetró una de las mayores expropiaciones de bienes nacionales de uso público post-dictadura, tuvo como actor central al ex-ministro de economía y excandidato presidencial Pablo Longueira, y como su principal beneficiado al Grupo Angelini.

En el escenario actual de las crecientes evidencias del accionar corruptor del Grupo Penta y de la empresa Soquimich, a través de la entrega encubierta de financiamientos a políticos, parlamentarios y funcionarios gubernamentales, las organizaciones ciudadanas, pescadores artesanales, pymes y pueblos originarios llaman la atención sobre cuál es el estado de la investigación sobre las denuncias relacionadas con la entrega de sobornos del Grupo Angelini, a través de Corpesca, a parlamentarios para la privatización del patrimonio pesquero nacional. Especialmente ahora, que Pablo Longueira ha sido señalado como otro de los exclusivos beneficiarios del grupo Penta.

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Por: Juan Carlos Cárdenas
Centro Ecocéanos
enero de 2015

Los hechos develados a la opinión pública por el denominado caso Penta, confirman lo que es un secreto a voces en la mercantilizada política chilena: la existencia de redes corporativas que financian de manera encubierta a políticos, parlamentarios y funcionarios públicos, a cambio de intervenir las decisiones del Estado y de los gobiernos de turno, influir en las agendas de los partidos políticos, e imponer en el parlamento leyes funcionales a sus intereses. Todo esto fuera de todo mecanismo de control democrático.

Esta relación mafiosa entre grupos de aportadores privados y receptores públicos, contribuye al descrédito, la falta de legitimidad y el distanciamiento de la ciudadanía frente al actual sistema político y sus prácticas, al ser evidente que es el dinero empresarial el verdadero partido gobernante en Chile, independiente de quien sea la coalición o él o la presidenta en ejercicio.

El accionar encubierto del dinero en los espacios de poder, son prácticas cada vez más habituales y menos excepcionales, que contribuyen a la progresiva descomposición política-institucional del país, y entregan al empresariado corruptor la capacidad de presionar al Estado, parlamento y partidos, a través de la vía del chantaje, tanto por lo que saben de sus comportamientos ilegales, como por los montos de dinero entregados.

La ley Longueira de privatización pesquera y el Grupo Angelini

En el contexto del caso Penta, los ciudadanos organizados, pescadores de pequeña escala, pymes y pueblos originarios se preguntan sobre el estado actual de las investigaciones iniciadas el año pasado sobre las denuncias del accionar corruptor del Grupo Angelini a nivel parlamentario durante la tramitación express de la nueva ley de pesca.

Esta ley, denominada popularmente ley Longueira por quien fuera su principal impulsor y operador político, entregó derechos monopólicos y rentistas al denominado “cartel” de la pesca industrial, a través de la privatización gratuita y a perpetuidad del patrimonio pesquero del país.

El aspecto central de esta legislación es el otorgamiento  de certeza jurídica para el goce monopólico de las rentas que generan las valiosas pesquerías -estimadas a la fecha en 74 millones de dólares anuales-,  a este pequeño grupo empresarial liderado por el Grupo  Angelini.

Con ello, el Estado y el parlamento vulneraron el principio constitucional de libertad económica y no discriminación arbitraria, dada la asignación en exclusividad de los derechos de acceso y propiedad a las pesquerías chilenas a tan sólo siete clanes familiares, los cuales paradojalmente, son los principales responsables de la actual situación de colapso y sobreexplotación de los recursos marinos de la Nación.

Además, la ley Longueira eliminó al Estado en su rol histórico como único asignador de derechos de propiedad, acceso y uso de los recursos marinos del país, transfiriéndo este papel al mercado, mediante el sistema de cuotas individuales de pesca plenamente transables las que pueden ser vendidas, compradas, arrendadas, colocadas como garantías, e incluso heredadas.

Hoy se sabe que Pablo Longueira también fue unos de los grandes beneficiarios del dinero y prácticas ilegales del grupo Penta. Esto confirma la doble paternidad empresarial que tiene la actual ley de pesca.

Esto no es menor, ya que Longueira fue el actor clave para el acuerdo cupular entre los dos bloques binominales de partidos de gobierno y oposición, que logró imponer en el parlamento la agenda empresarial de privatización marina, a pesar del amplio rechazo de sectores de los pescadores, pymes, pueblos originarios y sociedad civil organizada, a la cual se sumó un pequeño y transversal grupo de parlamentarios.

Irregularidades en la legislación de la Ley Longueira

Desde el inicio de la tramitación parlamentaria, Longueira como Ministro de Economía, impuso un férreo control y presión política, con el fin de acelerar la tramitación parlamentaria y eliminar toda oposición al proyecto de ley. Para desactivar una de las principales fuentes de conflicto político y social, impuso en septiembre del 2011 una inédita “mesa de negociación” entre los grandes empresarios pesqueros industriales y las dirigencias de las confederaciones de pescadores artesanales, representadas por Conapach y Confepach.

Fuera de todo control público, en esa mesa se negoció el traspaso de diversos porcentajes de cuotas de algunas pesquerías industriales en beneficio de los armadores o propietarios de las embarcaciones artesanales, especialmente del sector con características semi-industriales. Todo ello a cambio del apoyo político de ambas confederaciones de pescadores a la propuesta de privatización pro-industrial y el rechazo al modelo de licitación en las pesquerías industriales.

Según el propio Longueira, el valor estimado de las cuotas de pesca transferidas en la “mesa de negociación” pesquera fue de 34 millones de dólares anuales.

Llamó la atención a la ciudadanía que este irregular proceso que antecedió a la discusión parlamentaria fuera impulsado desde el Estado a través del ministro de economía y se promoviera y amparara la colusión entre los regulados del sistema, quienes se  traspasaron recursos pesqueros que no les pertenecían, ya que hasta ese momento seguían siendo bienes comunes de la Nación.
Uno de los costos inmediatos que tuvo este irregular acuerdo fue el quiebre de la Conapach y la posterior creación del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condep), el cual representa en la actualidad a aproximadamente 30.000 pescadores de pequeña escala opuestos a la Ley Longueira.

Otro vicio de procedimiento presente en la tramitación parlamentaria de esta ley, fue la violación ex-profeso los derechos de los pueblos costeros originarios, al negarse la comisión de pesca a realizar el proceso de consulta previa e informada a los pueblos Mapuche, Kawesqar y Rapa Nui. Con ello se contravino la letra y el espíritu del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaración de los derechos de los pueblos originarios de Naciones Unidas.

Tampoco la comisión de pesca reconoció los usos ancestrales (consuetudinarios) de los recursos hidrobiológicos y del territorio marino-costero por parte de estos pueblos indígenas. En definitiva, la ley Longueira invisibilizó jurídicamente a los pueblos originarios, a la vez que los despojó de sus derechos de acceso y uso a las pesquerías que aprovechaban de manera ancestral.

A lo anterior se sumó la existencia de graves conflictos de interés, al participar en las diversas discusiones y votaciones, diputados y senadores con intereses económicos en empresas pesqueras y de comercialización de productos marinos. Entre ellos destacan el ex senador Carlos Larraín, en aquel entonces presidente de Renovación Nacional,  el senador Jovino Novoa y el diputado Alejandro García-Huidobro, quienes a juicio de las organizaciones ciudadanas y de varios otros parlamentarios, violaron  el artículo 5° B  de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el artículo 8° del reglamento del Senado.

Como guinda de la torta del viciado procedimiento parlamentario que caracterizó a la ley Longueira, las organizaciones ciudadanas y de la pesca artesanal, denunciaron documentadamente la participación encubierta de los gerentes de los principales conglomerados pesqueros industriales en las negociaciones parlamentarias claves, bajo el  disfraz de “asesores” de diversos diputados y senadores.

The Corpesca Connection: Cohecho y soborno

La ley Longueira constituye una de las mayores expropiaciones de bienes nacionales de uso público del período post-dictatorial, siendo el grupo Angelini su principal beneficiado. En la actualidad, este mega conglomerado a través de sus compañías pesqueras Corpesca, Orizon y South Pacific Korp, controla el 90% de las cuotas de pesca de la zona norte del país y el 25 por ciento de la cuota global de las pesquerías pelágicas industriales chilenas, lo cual lo ubica como el segundo productor mundial de harina de pescado.

A pesar de la actual crisis que afecta a las principales pesquerías del país, el Grupo Angelini posee una de las mayores flotas industriales, con 47 barcos operando, los que abastecen a cinco plantas procesadoras en Arica, Iquique y Mejillones.

El mal olor que acompaña a la nueva ley de pesca

En mayo del 2013, una situación inesperada dejó en evidencia lo que todo el mundo sospechaba: el financiamiento encubierto de las grandes empresas pesqueras a parlamentarios, políticos y a los mismos partidos, durante la etapa de discusión parlamentaria de esta normativa.

Giorgio Carrillo, ex- asesor de la diputada por Iquique Marta Isasi, quien era acusado de estafa por su ex-jefa, en entrevista al medio electrónico Ciper reveló haber recibido pagos por 25 millones de pesos durante la etapa previa a las votaciones sobre este proyecto de ley. Estos pagos efectuados con boletas de terceros, correspondían a falsas asesorías pesqueras realizadas por la diputada Isasi a la empresa Corpesca.

Este soborno corporativo y coima parlamentaria es posteriormente confirmado por Francisco Mujica Ortúzar, gerente general de Corpesca en una cándida entrevista a Ciper. En dicha oportunidad, Mujica señala que además la empresa del grupo Angelini había pagado “asesorías” a otros parlamentarios en dicho período.

Esta confesión permitió conocer la existencia de un denominado “Frente norte”, compuesto por algunos senadores y diputados de las regiones nortinas donde operaban las flotas y plantas procesadoras de Corpesca.

El conocimiento público del soborno del Grupo Angelini tuvo consecuencias: la renuncia inmediata de Francisco Mujica a la gerencia general de Corpesca luego de haber sido durante 14 años hombre de confianza de la familia Angelini. Además generó la presentación de una querella criminal del Consejo de Defensa del Estado contra la diputada Isasi, su ex asesor Giorgio Carrillo y el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, por los delitos de cohecho agravado y soborno.

Con posterioridad, Marta Isasi, quien no fue reelecta en su cargo, fue formalizada el 19 de mayo del 2014. Esta vez, por el delito de fraude al fisco, debido al control negligente de sus asignaciones parlamentarias.

Necesidad de investigar los sobornos empresariales en la Ley Longueira

Las organizaciones de la pesca artesanal, pueblos originarios, pymes y ciudadanos, han señalado que la expropiatoria ley Longueira es hija de los dineros empresariales, posee graves vicios de procedimiento, y fue elaborada por parlamentarios que carecían de independencia frente a los intereses del gran empresariado pesquero industrial.

Por ello exigen su revisión, junto a una exhaustiva y profunda investigación de los tribunales sobre situaciones de cohechos y coimas denunciadas durante su tramitación parlamentaria.
En este sentido se llama a poner atención sobre el accionar de la denominada “bancada pesquera”, integrada por parlamentarios de larga permanencia institucional, tal como el diputado Patricio Melero, quien a pesar de representar un distrito de la región Metropolitana que no tiene mar, ha sido durante décadas miembro de la comisión de pesca. Melero se ha caracterizado por votar históricamente en favor de los intereses económicos del “cartel” pesquero industrial.

Otro parlamentario apernado en un sillón del congreso por más de una década, es el diputado Jorge Ulloa, quien también es un antiguo miembro de esta estratégica comisión, el cual posee una estrecha cercanía con los intereses de las grandes empresas productoras de harina de pescado de la región del Bío-Bío.

Hoy, la ciudadanía y sectores de la pesca artesanal que están representados por Condepp, exigen a la presidenta Bachelet el cumplimiento de su promesa de campaña de revisar la nueva ley de pesca.

Existe la percepción que los casos Penta, Soquimich y Angelini, son la “punta del iceberg” de la corrupción corporativa en Chile. La pregunta es ¿lograrán sus  autores, cómplices y encubridores burlar una vez más la justicia, negociando con los poderes del Estado y partidos políticos, a la vez que sacan amplia ventaja de la inexistencia de una legislación que no contempla la sanción a los delitos de “cuello y corbata”, de manera que la corrupción corporativa podrá continuar operando impunemente, sin estar ni un minuto privados de libertad?

De no lograr que todos estos escándalos sean investigados a fondo y reciban sanciones ejemplificadoras -entre ellos el cese de funciones de los parlamentarios involucrados y la derogación de la ley Longueira-, los ciudadanos, pescadores artesanales, comunidades costeras y pueblos originarios, tendrán entonces el pleno derecho a realizar acciones de desobediencia civil, como forma de rechazo a una ley injusta, expropiatoria de bienes comunes y de derechos de acceso y uso a las pesquerías, la que además violó acuerdos internacionales relacionados con los pueblos originarios.

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Referencias

http://www.elmostradormercados.cl/destacados/opinion-ley-de-pesca-una-gran-mentira-a-revelar-en-el-senado/

http://www.emol.com/noticias/economia/2012/07/11/550142/comision-de-pesca-alcanza-acuerdo-en-tramitacion-de-nueva-regulacion-del-sector.html

http://ciperchile.cl/2013/05/10/ex-asesor-de-diputada-marta-isasi-revela-pagos-de-corpesca-para-financiar-campanas-politicas/

 

+Fuente: http://www.radiodelmar.cl/rdm/el-caso-penta-y-la-ley-longueira-de-privatizacion-pesquera/

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By Felipe Henríquez Ordenes

Explicación De Ley De Pesca, Quién La Impulsó Y Quiénes Son Las 7 Familias Beneficiadas

 

Ex Ministro de Economía, Pablo Longueira

Los beneficiados por la Ley de Pesca promovida por el ex ministro de Economía del Gobierno de Sebastian Piñera, Pablo Longueira, son las familias Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz, quienes se fusionaron en tres grandes conglomerados que controlan nada más y nada menos que el 76% de la capacidad pesquera industrial del país y que se reparten utilidades calculadas en a los menos unos tres mil millones de dólares anuales, a partir de la extracción gratuita de los recursos del mar chileno.

No es menor la denominada “Ley larga de Pesca”, bautizada también como “Ley Longueira”; los intereses en juego en torno a lo que será el marco regulatorio de la actividad pesquera por las siguientes dos décadas son muchísimos, pues se habla de un rubro que genera anualmente tres mil millones de dólares a partir de la extracción y comercialización de los recursos del mar chileno y que por ende, son de todos los chilenos.

Los intereses sobre el acceso a los recursos se evidenciaron en las semanas previas a la votación en la Cámara de Diputados de este proyecto de ley. Los artesanales de todo el país, entre ellos los de Chiloé, se movilizaron, salieron a a las calles, bloquearon caminos y los tomaron detenidos por protestar en contra de esta ley que los perjudica hasta el día de hoy.

LAS 7 FAMILIAS. ¿Quienes son?
Se habla de siete familias, así como en la película El Padrino; siete grupos familiares conformados además por las personas más ricas del país. Pero, ¿quienes son estas personas que cuya identidad poco se conocen y que están detrás de estos grandes grupos empresariales que quieren mantenerse como actores exclusivos de la actividad pesquera en Chile?

Las siete familias privilegiadas con la explotación gratuita de los recursos pesqueros de Chile son: Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz, quienes en el último tiempo se han fusionado en tres grandes conglomerados que controlan nada más y nada menos que el 76% de la capacidad pesquera industrial del país y que se reparten utilidades calculadas en a los menos unos tres mil millones de dólares anuales, a partir de la extracción gratuita de los recursos del mar chileno.

Gráfica de las 7 familias (Clic en la imagen para ampliar)

Hubo un tiempo en que estas familias poseían por separado su propia flota pesquera, pero, principalmente a partir de la repartición de las cuotas individuales de captura, ocurrida en el 2001, estas multimillonarias familias comenzaron a fusionar sus empresas, a concentrar sus riquezas y sus poderes de captura. Así, por ejemplo, las Pesqueras San José y South Pacific Korp, de Angelini y la familia Lecaros se fusionaron para dar origen a la Pesquera Orizon, que captura el 80% de la sardina y jurel en el norte del país. Lo mismo ocurrió sólo el año pasado entre las Pesqueras Camanchaca y Bío Bío, de Jorge Fernández y Jan Stengel, que juntas ahora capturan el 20,4% del jurel. A mediados del año pasado las Pesquera Itata y El Golfo, vinculadas a la familia Sarquis y al grupo Yaconi-Santa Cruz, también se unieron y juntas extraen el 20% del jurel y facturan al año 400 millones de dólares.

Por otro lado, el Grupo Angelini, a través de Corpesca y SPK, reunió en 2009 el 24% de la captura global de jurel; San José, otra poderosa industria, se unió a la segunda y concentró el 12,4%. Así, ambos grupos sumarían el 56% de las extracciones de 2009 y el 46,6% de las cuotas del jurel del año 2010.A ellas se sumó Blumar S.A. que es titular del 20,28% de la cuota industrial de jurel, del 26,07% de sardina común, del 31,05% de merluza común y del 15,74% de merluza de cola. De esta empresa nada se sabía en Chile hasta hace sólo unos meses. Su nombre era completamente desconocido hasta el 8 de octubre de 2011, cuando apareció en el Diario Oficial y en la exclusiva escena del mapa pesquero nacional.

Blumar S.A. pasó a llamarse Pesquera Itata y luego de fusionarse con Pesquera El Golfo se convirtieron en la empresa individual que concentra la mayor parte de los recursos pesquero del país.Como dato complementario, hasta el año 2001, cuando se repartieron las cuotas individuales de captura, existían en Chile 78 firmas pesqueras dedicadas a la extrañación del jurel, al poco tiempo esas 78 se redujeron a sólo 26, producto de las concertación de capitales.Tras las últimas fusiones, quedaron sólo 4 grandes conglomerados que controlan el 92 por ciento del sector pesquero nacional: Orizon (fusión de South Pacific Korp y Pesquera San José); Blumar (fusión de Itata y Golfo) y Camanchaca Pesca Sur (fusión de Camanchaca y Biobio) y Marfood (fusión de Joint Venture de Alimar y Foodcorp).

Estos grandes grupos corresponden a las siete familias de la pesca, que son: Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Santa Cruz, a quienes les interesa que nada se modifique, quieren seguir engordando sus fortunas y apelan a derechos históricos sobre los recursos y le ha ido bien: el gobierno está con ellos en esa demanda, pues el proyecto de ley contempla que se les entreguen a perpetuidad e incluso en calidad de heredables, los derechos sobre los recursos del mar chileno.

Por otro lado, el gobierno no quiere regular la pesca de arrastre, a cargo justamente de los industriales en todo el país y responsables de la pérdida de bio masa en los mares chilenos, de la sobre explotación, pues la sustentabilidad de los recursos, que debiese ser el eje del la nueva ley, está lejos del debate y de la propuesta del gobierno.

PORTAZO A LAS LICITACIONES.

Hasta el año 2011 se habló de licitar las cuotas de captura de pesca. Era y es lógico pensar en que era bueno que nuevos y más actores se sumaran a esta actividad. El arribo del Pablo Longueira al Ministerio de Economía echó al tarro de la basura esa posibilidad que se veía con bueno ojos, pues el propio Presidente de la República, cuando era senador, fue uno de sus impulsores en la ley de pesca de 1991. Además en las sucesivas legislaciones la derecha siempre votó por mantener la licitación que contempla el Artículo 27 de la ley de pesca actualmente vigente.

Se ha dicho que la licitación abre la puerta a lo que han denominado la “amenaza extranjera”, lo que es absolutamente falso, pues la actual norma dice que para pescar en Chile la nave debe ser de bandera chilena, y el tema de fondo en cuanto a las licitaciones (como cualquier otra que hace el Estado chileno) es que una actividad económica, enormemente lucrativa y hecha sobre la base de explotar recursos naturales de todos los chilenos, tienen el mejor retorno para el Estado y para la sustentabilidad de los recursos, si se licita.

Hasta ahora las industrias pagan patentes, pero no por los recursos que pescan. Además, ese discurso nacionalista en cuando a la pesca no cuadra con el silencio en relación al agua, a la minería, a las carreteras, a la televisión, a la telefonía, a la producción de energía y otras áreas de la economía nacional en donde se valora y aplaude la participación de empresas extranjeras.

Así, el escenario se vuelve absolutamente propicio y favorable para los mismos de siempre y el gobierno busca, mediante instancias paralelas a la legislativa, imponer acuerdos con los beneficiarios privilegiados de siempre, para que sigan siendo los únicos que reciban las cuotas, además, a perpetuidad y en calidad de heredables.

Lo que no ocurre en ninguna otra área en donde el Estado entrega una concesión a un privado, pues cualquier empresa que postula a una concesión por 20 años sabe que tras ese tiempo el recurso o el servicio volverán a ser patrimonio del Estado, como ocurre con las carreteras o con el espectro para la televisión o radio. Por ello, es absurdo que se hayan negado siquiera discutir la licitación, que sigue siendo, según lo evidencia la propia realidad de Chile, el mejor mecanismo para asignar transparentemente los derechos de pesca y no a dedo como se quiere además ahora legalizar.

Lo curioso es que ha sido la centro izquierda, acusada muchas veces de estatista, la que ha salido a defender la libre competencia (máxima del mercado) y el ingreso de nuevos actores a este sector económico, cuando debiera ser el propio gobierno y sus partidos, es decir la derecha, quienes lo promovieran, tal como lo han anunciado con medidas para combatir el “mercado imperfecto” de las farmacias, los medicamentos y otros.

PARA LOS ARTESANALES NADA.
¿Pero qué pasa con el sector pesquero artesanal, que indiscutiblemente tiene derechos históricos y sí son herederos de una actividad milenaria y ancestral en las costas del país?

En la propuesta del gobierno de entonces, la torta no alcanzaba para ellos y las demandas históricas del mundo artesanal no estaban contempladas en la ley. No se quizo proteger los caladeros históricos de la pesca artesanal; no quisieron establecer las 5 millas de protección artesanal en todo el país; no se quiso siquiera discutir si algunas pesquerías debiesen estar en su totalidad en manos de los artesanales y la prioridad del gobierno es imponer más restricciones a la flota artesanal, insistiendo, por ejemplo, en la instalación de posicionadores satelitales en las embarcaciones de estos.

No hay, como se ha solicitado hasta el cansancio, la creación de políticas públicas de fomento al sector artesanal, que pudiesen traducirse en apoyos financiaos, técnicos y otros que ayuden a mejorar las condiciones de trabajo y económicas de las familias vinculadas a la extracción artesanal de los recursos del mar y que son mucho más que siete.

La torta no alcanza para ellos, pues se quiere repartir entre unos cuantos poderosos e influyentes millonarios y a los pescadores sólo les queda la calle para manifestarse, reclamar, protestar y casi suplicar, pues sienten que de aprobarse la Ley Longueira están condenados a desaparecer y quizás su única fuente de subsistencia sea luego buscar trabajo en la industria, embarcarse en ella hasta que, así como están las cosas y como ha ocurrido en otras áreas, la codicia de algunos termine matando la gallina de los huevos de oro.

¿QUIENES VOTARON A FAVOR DE LA LEY DE PESCA?

Fue el 19 de diciembre del 2012, que con 23 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización de la Ley de Pesca.

Durante la discusión del informe, intervinieron los senadores Fulvio Rossi, Carlos Bianchi, Camilo Escalona, Ximena Rincón, Alejandro García Huidobro, Ricardo Lagos, Eugenio Tuma, Ignacio Walker, Jaime Orpis, José Antonio Gómez, Guido Girardi, José García Ruminot, Víctor Pérez, Pedro Muñoz, Jorge Pizarro, Alejandro Navarro, Isabel Allende, Juan Antonio Coloma, Jaime Quintana, Juan pablo Letelier, Andrés Zaldívar, Gonzalo Uriarte y Mariano Ruiz-Esquide; además del Ministro de Economía, Pablo Longueira; y de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet.

 

Algo de pedagogía e información complementaria. La pesca de arrastre en Chile

*Fuente: http://vcc.cl/explicacion-de-ley-de-pesca-quien-la-impulso-y-quienes-son-las-7-familias-beneficiadas/# 

 

Sentidos y razones para rechazar en Chile el TPP.Movilizacion 18 abril 2016

Litio: Las escandalosas fallas de la Comisión de Energía Nuclear

 

Alberto Arellano y Víctor Carvajal

CIPER

No solo la Corfo debe fiscalizar el negocio de SQM en el Salar de Atacama. También tiene ese rol la Comisión Chilena de Energía Nuclear para impedir que el litio se use para fusión nuclear. CIPER constató que esa comisión no exigió por años contratos ni información del destino final del litio que exporta la minera, violando así la norma. Como el contenido real de sus embarques tampoco fue fiscalizado, hoy no se sabe con certeza qué se exportó. CIPER halló en rutas de tráfico marítimo embarques de SQM que no existen en los registros de Aduanas, donde también figuran ventas a Corea del Norte.

La evidencia de que la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) no cumplió su rol fiscalizador respecto de los contratos con los que el Estado le entregó en 1995 a Soquimich (SQM) 81 mil hectáreas del Salar de Atacama, para la explotación “exclusiva y excluyente” del litio y sus derivados, podría darle la estocada final al principal negocio de la minera controlada por Julio Ponce Lerou. El cúmulo de nuevas irregularidades detectadas por CIPER se suma a las que ya denunció la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y que dieron paso a una demanda de término anticipado de contrato, juicio arbitral que debe dirimir la Cámara de Comercio de Santiago antes de mayo.

Julio Ponce Lerou

El principal efecto de esa violación de los contratos –que podría provocar que Soquimich pierda la concesión que le fue entregada hasta 2030- habría significado para el Estado de Chile un daño patrimonial que podría llegar a los US$30 millones.

Ese es el negocio que SQM ve hoy amenazado y no por ser la empresa que más dinero repartió entre políticos de todo el espectro por vías ilegales. En 2014, la explotación del Salar de Atacama (litio y potasio, principalmente) representó el 39% de las ventas de la compañía y le generó ingresos por más de US$771 millones.

La investigación realizada por CIPER indica que, además de la Corfo, la otra institución que debía fiscalizar rigurosamente la explotación y comercialización de los productos que exporta SQM, específicamente del litio por su utilización como elemento de fusión nuclear, es la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Y no lo hizo.

En los hechos, SQM ha podido saltarse todos los controles que desde 1995 obligan a la minera a solicitar la autorización de la Cchen para vender y exportar el litio, reportando para ello el volumen, características técnicas (litio extraído, sus concentrados, derivados o compuestos), el comprador final y el uso que le dará éste al mineral.

El incumplimiento de estas obligaciones, según la norma oficial que data de 1995, es causal de revocación de la autorización para explotar el Salar de Atacama, potestad que está en manos de la Cchen. La indagación de CIPER constató que durante años SQM evadió la normativa con la complicidad pasiva de la propia Cchen que abandonó su rol fiscalizador. En los hechos, la práctica que se instaló fue que SQM incluso pedía la autorización de exportación a la Comisión Chilena de Energía Nuclear cuando ya el embarque de litio había zarpado de algún puerto chileno.

El correlato de irregularidades involucra también al Servicio Nacional de Aduanas, institución que debía ejercer el último control sobre la exportación del litio de SQM, exigiendo al momento del despacho del embarque el certificado de autorización de la Cchen. Tampoco lo hizo.

CIPER detectó que en la mayoría de las autorizaciones de exportación que pidió SQM a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la minera tampoco especificó con claridad ni el destinatario final del litio, ni para qué se usaría. “Se consignaba algo general, que se usaría para batería, vidrio y generalmente para ‘usos industriales’, concepto que abarca prácticamente todo”, señaló a CIPER un ex funcionario de la Cchen que pidió reserva de su identidad.

La no fiscalización de la Cchen sobre el volumen, el precio y el real producto que Soquimich estaba exportando en sus más de 6.500 embarques vendidos solo en la última década al extranjero, representa el principal problema para las autoridades del país. Y ello, porque la concesión de una parte del Salar de Atacama se le entregó a la minera bajo condición de que debía pagar al Estado el 5% de las ventas de litio y el 1,8% de otros minerales que extrae.

La Corfo tampoco supervisó que esos pagos se hicieran de acuerdo a la fórmula establecida en los contratos. Así lo dejó en claro la Contraloría en un dictamen del 19 de noviembre de 2013: “Se ha podido advertir que existió descuido por parte de la Corfo en la supervisión del acuerdo (…) pues recién le exigió rendición de cuentas del mandato conferido a dicha compañía en enero de 2013, en circunstancias que aquel fue otorgado en 1993“.

–El no cumplimiento de las condiciones a las que estaba obligada Soquimich, tiene eventualmente un daño patrimonial para el Estado chileno, porque se puede estar enviando productos que contienen elementos (de litio) que tienen un valor mucho más alto que lo que se exporta. Un ejemplo es la salmuera, cuyo valor de venta es muy menor si se toma en cuenta el valor que puede tener el litio que ésta contiene –señaló a CIPER el ex ministro y actual presidente del Consejo Directivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Jaime Tohá (ver entrevista).

Para graficar el desorden en la fiscalización y en la información real sobre lo que ha exportado Soquimich durante 20 años –y sobre las comisiones que le correspondía recibir al Estado- basta citar un ejemplo. CIPER revisó registros oficiales entregados por Aduanas con todas las exportaciones de litio y sus subproductos realizadas por la minera en los últimos diez años (2005-2015). En ninguno de ellos se consigna un producto: “solución de cloruro de litio”. Lo extraño es que la propia minera reconoce haber exportado ese producto en varias oportunidades. Revisando distintas bases de datos de tráfico marítimo internacional, CIPER encontró que la “solución de cloruro de litio” ha sido enviada desde puertos chilenos por SQM en más de una oportunidad a China. Pero para Aduanas, esa exportación no existe.

Los coletazos que trae la pérdida del rastro de las exportaciones de SQM no se agotan allí. La principal tarea que le corresponde ejercer a la Cchen es cautelar que el litio –por razones “de interés y de seguridad nacional”– no sea utilizado “para fines de fusión nuclear”. Para ello, resultaba imperativo no perder de vista la trazabilidad del litio. No fue así. Esa omisión se convierte en un grave problema si se considera que en la última década SQM ha vendido más de 6.500 partidas de litio a cerca de 30 países, envíos fundamentalmente estimulados por la creciente demanda del mineral para su uso en las industrias productoras de baterías, vidrio, cerámica y aluminio.

Pero entre esos países también figuran potencias como Estados Unidos, China y Alemania, que desde hace varios años cuentan con reactores experimentales de fusión nuclear para generar energía de manera estable y controlada, algo que aún no es posible. La carrera por lograr energía a partir de la fusión de átomos, tal como lo hace el sol, está activa: el año pasado Alemania y China anunciaron avances sustantivos en la materia, los que se suman a los realizados desde hace 35 años por el ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), proyecto ubicado al sur de Francia que concentra los esfuerzos de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, entre otros.

Lo llamativo es que entre los compradores de litio de SQM también aparecen naciones bajo sospecha de realizar experimentos de fusión nuclear con fines bélicos, al margen de toda normativa internacional. Una de ellas es Corea del Norte, sujeta al régimen totalitario de Kim Yong Un.

UN ACTOR CLAVE

Según los contratos firmados en 1993 y 1995, la fiscalización del cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se le entregó la explotación del Salar de Atacama a SQM, no se agotaban en la Corfo. Por tratarse de un material de interés nuclear, se estipuló que fuese la Comisión Chilena de Energía Nuclear la que regulara la explotación y comercialización del litio. El objetivo: impedir que el mineral fuese utilizado para fusión nuclear.

Por esa razón, es la Cchen el organismo público que fija las cuotas de litio que SQM está autorizada a extraer (180.100 toneladas como volumen máximo al término de la concesión en 2030), a exportar y además determina el calendario de ventas anuales.

La potestad de la Comisión de Energía Nuclear quedó consagrada en una resolución que dictó la propia comisión el 10 de octubre de 1995. A la luz del conflicto actual que mantiene Corfo con SQM, el acuerdo N°1.576 de la Cchen –al que tuvo acceso CIPER– resulta clave. Allí se establece:

Sede CCHEN en Santiago centro

“Cualquier acto jurídico que celebre la sociedad sobre litio extraído, sus concentrados, derivados o compuestos, deberá ser previamente autorizado por la comisión. Así la sociedad deberá someter a la comisión los contratos de venta y otros actos jurídicos sobre litio extraído… que celebre con cargo a la presente autorización… Para esos efectos deberán comunicar anticipadamente los siguientes datos: volumen y características técnicas; precio de venta; comprador y uso final”.

El mismo acuerdo estableció que esa comisión se reservaba la facultad de fiscalizar el cumplimiento por parte de SQM “de las condiciones que rigen la autorización, incluso con inspecciones discrecionales en terreno”. A lo que se agregó la facultad de “revocar la autorización en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna para el Estado de Chile, si a su juicio no se diera cumplimiento íntegro y oportuno a las condiciones bajo las cuales la autorización se ha acordado” (ver acuerdo).

Lo que no tiene explicación es por qué habiendo transcurrido casi dos años de la demanda interpuesta por la Corfo para darle término anticipado al contrato con SQM por evidente perjuicio al Estado, no se haya ni mencionado ni menos interpelado a la Comisión Chilena de Energía Nuclear por el importante rol que le corresponde.

Cuando en octubre pasado, CIPER demandó de la Cchen su versión sobre la falta de fiscalización realizada a las exportaciones de Soquimich, la respuesta del entonces jefe de Asuntos Jurídicos, Luis Frangini Norris, fue: “En el proceso de verificación del cumplimiento de las condiciones fijadas a las empresas explotadoras de litio, la Cchen efectúa exhaustivos controles documentales y, cuando lo estima pertinente, solicita información adicional” (ver respuesta). Frangini agregó que la Cchen había recibido respuestas en los plazos legales y que, en conclusión, todo estaba en orden.

La investigación de CIPER indica que los dichos de Frangini -funcionario nombrado en calidad de inamovible en 1976 en el régimen de Augusto Pinochet y desvinculado en enero de 2016-, no se ajustan a la verdad. A la misma conclusión había llegado tres meses antes de la respuesta de Frangini a CIPER el recién asumido presidente del consejo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Jaime Tohá. En julio de 2015, Tohá encabezó una reunión del consejo directivo donde presentó el resultado de la primera investigación realizada al cumplimiento del rol fiscalizador de esa comisión respecto de las exportaciones de Soquimich. Hubo estupor.

LA INQUIETUD DE TOHÁ

El 17 de julio de 2015 tuvo lugar esa reunión clave en la Cchen. La presidió el ex ministro Jaime Tohá González; y contó con la participación de su vicepresidente, el general (r) de Ejército Julio Baeza Von Bohlen y los consejeros: el capitán de corbeta Francisco Mackay Imboden, el general del aire Álvaro Aguirre Warden, Jorge Zanelli Iglesias (por el Ministerio de Energía) y Tito Pizarro Quevedo (por el Ministerio de Salud). También asistieron Rosamel Muñoz Quintana, quien ha ocupado distintos cargos de importancia en la Cchen desde que fue nombrado en 1976 –al igual que Frangini- y que en ese momento era director ejecutivo subrogante; y la fiscal del Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica del organismo, Gloria Zárate Pérez.

Semanas antes de esa reunión, la Corfo había rechazado una propuesta de conciliación con SQM en el juicio arbitral. El tema del litio –dijo Tohá- “se está posicionando en la opinión pública, es posible que a futuro se solicite una posición institucional”. Así quedó consignado en el acta de la sesión (ver acta).

El consejo hizo una verdadera autopsia a los procedimientos realizados respecto de Soquimich. El marco era claro: si se había cumplido o no con el acuerdo del 10 de octubre de 1995. El presidente del consejo directivo, que había asumido recién en noviembre de 2014, se mostró inquieto. Tal como reconoció en esa reunión, las autorizaciones de exportación que hacía la Cchen se habían transformado “en un acto rutinario”.

El crudo diagnóstico de Tohá dio paso a una propuesta: “Se debe instruir al director ejecutivo para que se elabore un procedimiento para las autorizaciones (de exportación), que contenga temas como el usuario final y uso que se le dará al litio en el exterior. El tema es cómo garantizar el uso final del litio”.

Las palabras de Tohá son la constatación de que no se habían cumplido las obligaciones asumidas por la Cchen 20 años atrás y que fueron consagradas en el acuerdo del 10 de octubre de 1995. El control de daños se puso en marcha.

INTRAZABLE

Si bien el acta de esa sesión del consejo directivo de la Cchen indica que los consejeros concluyeron que no había dolo en el cumplimiento de su rol fiscalizador, los antecedentes que tuvieron a la vista indican exactamente lo contrario. Porque una de las primeras constataciones fue que era difícil “trazar el uso final del litio una vez exportado”. Lo que no dice el acta son las razones de esa “dificultad”.

La investigación de CIPER arroja que hasta hace solo algunos meses, las autorizaciones de exportación que otorgó la Cchen a Soquimich se avalaron en la siguiente frase: “teniendo a la vista el informe positivo del Grupo del Litio (de la Cchen)…”. El problema es que desde hace mucho tiempo ese supuesto “Grupo del Litio” no existe. Pero se siguió utilizando la fórmula.

El segundo problema es que en la Cchen se optó –nadie sabe hoy por orden de quién- por no pedirle a Soquimich los contratos de sus exportaciones con la debida antelación. Una obligación importante, porque esa es la única forma de garantizar quién es el comprador del litio y el uso que le dará al mineral. Aduanas también optó por no pedir el certificado de la Cchen, y fue así como una parte de las exportaciones de SQM salió del país burlando los controles establecidos.

La situación se complica aún más, porque en esos contratos de venta de SQM muchas veces figuraba como comprador un intermediario o broker, el que luego revendía la producción sin que quedara registro del comprador final.

Lo grave es que el acuerdo de octubre de 1995 que le confirió a la Comisión Chilena de Energía Nuclear la obligación de hacer un acucioso seguimiento de las exportaciones de SQM, fue uno de los pocos resguardos que tomó el Estado antes de traspasar el control del Salar de Atacama a la minera.

El abandono de deberes de la Cchen no solo podría tener implicancias internas. En 1995, Chile adscribió al Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares de Naciones Unidas (TNP, vigente desde 1970), el que obliga a los estados miembros a “no ayudar, alentar o inducir en forma alguna a ningún Estado no poseedor de armas nucleares a fabricar o adquirir de otra manera armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos (…) con miras a impedir que la energía nuclear se desvíe de usos pacíficos hacia armas nucleares” (ver documento).

La pérdida del rastro de las exportaciones de SQM deja caer un manto de dudas respecto del real cumplimiento del compromiso asumido por Chile en el marco de este tratado. Dudas que toman fuerza a la luz de las cifras de exportación de litio de SQM Salar: entre 2005 y 2015 Soquimich ha hecho más de 6.500 envíos de productos de litio a 30 países de Europa, América y Asia.

Los registros de Aduanas a los que accedió CIPER, con todas las partidas del litio exportado por SQM Salar, indican que en el lapso de esos 10 años los mayores compradores del mineral han sido Bélgica, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y China.

Pero entre los países receptores de la producción de la minera se encuentra también Corea del Norte (al margen del TNP desde 2003), país que hace poco anunció haber “culminado exitosamente” sus primeras pruebas nucleares utilizando una bomba de hidrógeno (“Bomba H” o termonuclear), uno de cuyos componentes –el Litio-6– se consigue purificando litio.

La noticia despertó el escepticismo de la comunidad internacional que aún duda de si Corea del Norte es poseedora o no de esa tecnología que –a diferencia de la bomba atómica que funciona en base fisión nuclear (separación de un átomo)– responde a un complejo proceso de fusión de átomos y es capaz de liberar una energía destructiva mucho mayor (Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra ya han realizado pruebas con bombas de hidrógeno).

En la última década SQM ha despachado dos embarques con destino a Pyongyang, capital de Corea del Norte. El primero salió del puerto de Iquique el 2 de mayo de 2005 con 10 toneladas de carbonato de litio; y el segundo, del puerto de Angamos (Región de Antofagasta), el 30 de marzo de 2012 con 96 toneladas de carbonato de litio. El valor de ambas exportaciones sumó poco más de US$ 430 mil.

Aunque el carbonato de litio no es útil para propósitos nucleares, la duda persiste ya que otra de las irregularidades detectadas por CIPER en su investigación es que, en la práctica, el contenido de los embarques de SQM no es fiscalizado. Para obtener Litio-6 se ha utilizado más frecuentemente hidróxido de litio, otro de los subproductos del mineral que vende SQM. La base de datos de Aduanas no registra exportaciones de hidróxido de litio a Corea del Norte.

Sí registra ventas de ese producto a India, nación que no ha firmado el TNP y desde la década de los ‘80 ha ejecutado pruebas atómicas. Entre 2005 y 2012, SQM Salar ha hecho envíos a India por más de 2.300 toneladas de hidróxido de litio, según los registros de Aduanas. En diciembre pasado, un artículo de la prestigiosa revista estadounidense Foreign Policy reveló que desde 2012 el país asiático se encuentra construyendo en secreto un complejo militar para el desarrollo de armamento nuclear, incluyendo la temible bomba de hidrógeno.  

ATRIBUCIONES CONFUSAS

Las dificultades para dar cumplimiento al mandato de octubre de 1995 respecto de la trazabilidad de las exportaciones de SQM, no fue lo único que encendió las alarmas en la sesión de consejo de la Cchen del 17 de julio de 2015. Se recordó además que una de las disposiciones del acuerdo N°1.576 de 1995 recomendaba de “manera imperiosa ubicar zonas de retorno de las salmueras residuales y sales de descarte al salar de manera que el litio contenido en ellas sea técnica u económicamente factible recuperarlo”.

En esa reunión, Jaime Tohá advirtió sobre la urgencia de realizar fiscalizaciones en terreno. “La Cchen debiera estar en condiciones de tomar muestras de salmuera y hacer los análisis químicos”, señaló. El general (r) Julio Baeza fue más explícito aún en su diagnóstico, y reconoció la existencia de “una zona gris” que impide conocer con certeza “hasta dónde llega el control de lo extraído y cómo se produce la reinyección”.

Salar de Atacama

Fue la constatación de esos graves vacíos lo que llevó al consejo directivo del organismo a ordenar un estudio en Derecho que abordara las “atribuciones legales de la Comisión Chilena de Energía Nuclear relacionadas con el litio”. El informe fue elaborado por el abogado experto en derecho minero Winston Alburquenque, del estudio Vergara Galindo Correa, y fue entregado a la Cchen el 29 de diciembre de 2015 (ver informe).

Casi un mes después de la sesión del 17 de julio de 2015, la Cchen creó un Grupo del Litio para trabajar en “el cumplimiento de las atribuciones legales de la Cchen sobre el litio, como es la elaboración de procedimientos, y pronunciarse sobre las solicitudes de venta, previo a la autorización” (ver acuerdo). Es decir, recién en agosto de 2015 la Cchen creó el llamado Grupo del Litio, al que durante años se hizo referencia en las autorizaciones de las exportaciones de SQM.

Según la indagación de CIPER, en septiembre de 2015, SQM tomó conocimiento de que sus exportaciones estarían ahora sometidas a los controles que quedaron estipulados hace 20 años en el acuerdo de 1995 de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

LA VISITA DE VON APPEN

El 7 de octubre de 2015 llegó a las oficinas de la Cchen, en calle Amunátegui 95 (Santiago), una visita poco usual: el propietario de Ultramar y desde 2005 director de Soquimich, Wolf von Appen.El empresario concurrió en calidad de “gestor de intereses” de SQM. Allí lo esperaba Jaime Tohá. Según quedó registrado en la plataforma de lobby del organismo, en la reunión Von Appen le manifestó a Tohá su disposición “para dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el acuerdo de consejo vigente” (el acuerdo de 1995 con el que la Cchen debía asegurar la trazabilidad del mineral).

Wolf von Appen

La visita de Von Appen fue parte de una intensa agenda de reuniones que el director de SQM sostuvo con distintas autoridades de gobierno intentando frenar la demanda arbitral de Corfo. Una semana después, el 14 de octubre, el alto mando de SQM volvió a tocar las puertas de la Cchen. Esta vez fue su gerente general, Patricio de Solminihac, quien se apersonó en Amunátegui 95 para reunirse con su entonces director ejecutivo (s), Rosamel Muñoz Quintana (quien al igual que Luis Frangini fue desvinculado de la Cchen en enero de este año).

De Solminihac llegó con una propuesta bajo el brazo. Según consigna el registro de la plataforma de lobby, ésta contenía la “información que SQM enviará a la Cchen para responder a las obligaciones que la empresa tiene que cumplir de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas, establecidas en el acuerdo del Consejo Directivo de la Cchen N° 1.576 del 10 de octubre de 1995” (ver registro de audiencia).

No hay registro de qué explicación se dio para que recién solo 20 años después de la firma del contrato, SQM y la Cchen se preocuparan por su cumplimiento.

ADUANAS: EL TERCERO INVOLUCRADO

Poco antes de la junta entre Von Appen y Tohá, la Cchen había iniciado una ronda de reuniones con el Servicio Nacional de Aduanas, las que se extendieron hasta noviembre de 2015. En total fueron seis reuniones en menos de dos meses (7 de septiembre al 3 de noviembre) y su objetivo fue siempre el mismo: “analizar algunas materias relacionadas con el litio”. En todas ellas participó Rosamel Muñoz por la Cchen, personal de Aduanas y en las dos últimas se integraron representantes de la Corfo.

La información recogida por CIPER indica que en esas reuniones se habrían cotejado las bases de datos de la Cchen y de Aduanas con los envíos de litio de SQM para homologar procedimientos entre ambas instituciones respecto de las exportaciones.

Funcionarios de Aduanas consultados por CIPER, señalaron que en los puertos de salida que utiliza SQM -Tocopilla, Antofagasta, Iquique, entre otros- son escasas las comprobaciones en terreno de los productos que exporta la minera. Y ello, porque los controles se realizan a posteriori en función de matrices de riesgo, metodología con la que en 2013 ese servicio logró fiscalizar apenas el 2% de las exportaciones de minerales, el litio entre ellos.

Un ex fiscalizador de Aduanas, quien pidió reserva de su identidad, y que realizó controles aduaneros en al menos tres puertos a las exportaciones de Soquimich, dijo a CIPER que mientras se desempeñó no existía certeza respecto de la concentración real de litio presente en los embarques de la llamada “solución de cloruro de litio”, materia prima para el carbonato de litio, hidróxido y litio metálico.

CIPER corroboró que recién en diciembre de 2014 Aduanas emitió la Resolución 7.258 sobre el control de las exportaciones de cobre y otros minerales, la que mejoró los procedimientos que existían desde 1999. La nueva normativa obliga a las empresas mineras a “adjuntar un certificado de análisis que señale la ley de todos los elementos pagables y penalizables“. Los certificados son expedidos por laboratorios inscritos en el Instituto Nacional de Normalización.

Pero los nuevos controles fueron resistidos por la plana mayor de SQM. De hecho, en julio de 2015, la minera presentó una solicitud para que Aduanas dejara de considerar a ciertos subproductos del litio como “productos mineros“. En los hechos, eso implicaba que sus embarques de carbonato de litio e hidróxido de litio estarían eximidos de presentar un certificado indicando las calidades del mineral exportado (la ley).

La solicitud de SQM –firmada por la gerenta de Asuntos Regulatorios, Beatriz Oelkers- revela de paso que incluso después de haberse dictado la nueva normativa de Aduanas, que exigía acompañar sus exportaciones con un certificado indicando la calidad del mineral vendido, SQM no lo hizo. En el mismo documento, Oelkers pide que se exima de responsabilidad al agente de aduanas que daba servicio a SQM, Jorge Stephens, a quien se le levantaron cargos por no haber dado cumplimiento a las nuevas exigencias instruidas en la resolución de diciembre de 2014 (ver solicitud de SQM).

En septiembre de 2015, Aduanas rechazó la solicitud de SQM firmada por Oelkers. El entonces director -Gonzalo Pereira- argumentó: “Con la finalidad de contar con mayores antecedentes para realizar la fiscalización del producto minero que se está declarando y que corresponda con la mercancía que efectivamente está saliendo del país, los exportadores tienen la obligación de informar, de manera consistente y completa, todos los contenidos y especificaciones técnicas de los productos mineros que salen del país” (ver respuesta de Aduanas).

CAMINO A JIUJIANG

La sucesión de reuniones entre Aduanas, la Cchen y Corfo comenzó pocos meses después de que, en julio de 2015 y a petición del diputado Alberto Robles (PR), la Cámara de Diputados oficiara al servicio aduanero pidiéndole el registro de las exportaciones de litio de SQM. Paralelamente también se ofició a la Cchen para que diera cuenta de “su rol legal respecto del recurso litio”.

Tras recibir los antecedentes, el diputado Robles solicitó al Ministerio Público que abriera una investigación contra SQM por eventual fraude al Fisco por la presunta venta fraudulenta de “solución de cloruro de litio” (o salmuera de cloruro de litio). Según el diputado, la minera no cuenta con autorización para exportar ese producto. SQM refutó la acusación de Robles en un comunicado emitido el 25 de noviembre de 2015, en el que señala que sí está autorizada la venta de ese producto y que la primera solicitud ante la Cchen para exportarlo data de 2004 (ver comunicado).

CIPER solicitó a la Comisión Chilena de Energía Nuclear -vía Ley de Transparencia- todas las autorizaciones a las exportaciones de SQM de litio y sus subproductos. La minera se opuso a que se nos entregara la información. Para corroborar si efectivamente la minera había vendido “solución de cloruro de litio”, CIPER revisó entonces los registros de Aduanas entre 2005 y 2015 buscando el código arancelario con el que el propio servicio clasifica este producto: el N° 2530.9000 (ver dictamen de clasificación).

Revisados los registros oficiales de Aduanas de los más de 6.500 envíos hechos por SQM a una treintena de países en esos diez años, solo figura la exportación de tres productos: carbonato de litio (código arancelario N° 2836.9100), hidróxido de litio (código arancelario N° 2825.2000) y cloruro de litio (código arancelario N° 2827.3930).

En vista de la contradicción entre lo informado por SQM y los registros de Aduanas, CIPER revisó distintas bases de datos de tráfico marítimo internacional. Y allí consta la venta y envío por parte de SQM de “solución de cloruro de litio”. Un ejemplo de ello son dos embarques con cerca de 650 toneladas del producto que arribaron al puerto fluvial de la provincia de Jiujiang, en China, en dos partidas: el 11 y el 18 de febrero de 2011 (ver documento).

El comprador de esas partidas de “solución de cloruro de litio” fue Fengxin Ganfeng Lithium Co., una de las más grandes productoras de carbonato, hidróxido y cloruro de litio en China y cuyos productos se exportan a Corea del Sur, India, Alemania, Estados Unidos y Holanda. PeroFengxin Ganfeng Lithium es también uno de los muchos clientes de SQM Salar que actúan como broker o intermediarias. Justamente el tipo de comprador que hace perder la trazabilidad de las exportaciones sin que se conozca finalmente quiénes usan y para qué el litio que se extrae del Salar de Atacama.

El desorden y la falta de control que constató CIPER respecto de los compromisos contraídos por Soquimich para explotar una parte del Salar de Atacama, dejan en evidencia el abandono de deberes tanto de la Corfo como de la Cchen. Y también el perjuicio provocado al Estado por la violación de los contratos por parte de SQM. Los expertos en la materia que CIPER consultó coinciden en que las evidencias recogidas reúnen las causales para que la Corfo le ponga fin anticipado al contrato con SQM, decisión que resolverá el juicio arbitral antes de mayo.

Los nuevos antecedentes recogidos en esta investigación, también podrían gatillar que la Comisión Chilena de Energía Nuclear –por una vía paralela- y de acuerdo a su potestad, abra el expediente de expropiación.

http://ciperchile.cl/2016/03/10/litio-las-escandalosas-fallas-de-la-comision-de-energia-nuclear-que-beneficiaron-a-sqm/

 

Reforma laboral: el debate que no fue sobre los derechos de los trabajadores

 

Valentina Doniez y Recaredo Gálvez

Fundacion Sol

Nos encontramos en la recta final de una de las reformas más controversiales del Ejecutivo: la Reforma (o Agenda) Laboral, aunque todo indica que aún queda cierto tiempo antes de que se apruebe, ya que senadores y diputados deberán resolver algunos matices que se han expresado al interior del bloque gobernante, que tiene la mayoría. Pero nadie parece contento, salvo las autoridades de gobierno, que han defendido la reforma con uñas y dientes.

Pero nadie parece contento, salvo las autoridades de gobierno, que han defendido la reforma con uñas y dientes. Por el contrario, escuchamos a los trabajadores organizados de diversos sectores de la economía, criticándola, pero sin una real posibilidad de incidir en un contexto donde predominan los “cuoteos” partidistas. Por otro lado, los gremios empresariales, mucho más poderosos para llegar con su opinión a los medios, han lanzado sus dardos a la reforma.

En esa línea el presidente de la SOFOFA ha utilizado hábilmente su plataforma mediática para dar su opinión ocultando sus intereses particulares, señalando que se trataría de una “reforma sindical”, pero, más aún, que “perjudica a Chile”.

Un problema mayúsculo que se ha producido en el debate es que en gran medida se ha mantenido como un tema de “técnicos”, un aspecto usual en el trámite de políticas públicas en las últimas décadas, pero que ha demostrado dejar de lado el sentido político más profundo del debate, sobre todo ante una reconfiguración de actores sociales y sindicales que plantean democratizar la toma de decisiones. De esta forma, ciertos técnicos o conocedores en temas laborales y sindicales, suelen distanciarse discursivamente del ámbito político en juego, aunque en los resultados terminan favoreciendo al bloque que controla el capital. Sumado a esto se ha entregado información técnicamente deficiente, como datos de reemplazo interno en los países OCDE, sin contexto de la realidad de los actores del mundo del trabajo en aquellos casos. El problema no está en articular el análisis científico o técnico con el debate de políticas y actores, sino que surge cuando no se transparentan los reales intereses o posiciones políticas que sirven como punto de partida a los análisis. Si nos quedáramos ahí, en la idea de que todo el debate técnico no es político, que aquello es positivo y por lo tanto es imperativo, estaríamos enredados en nuestro complejo Código del Trabajo o en la legislación comparada, y son muy pocos los que podrían hablar con propiedad. Por el contrario, el tema debiese ser más simple: evidenciar cual es nuestra posición en la estructura y cuáles son nuestros intereses.

Por esto es contradictorio que la derecha vocifere que defiende a los trabajadores siendo que no son capaces de reconocer plenamente la Libertad Sindical. Ellos, ocupando el concepto de “dictadura sindical”, argumentan que el derecho a negociar es de los trabajadores individuales y que éstos deciden si lo hacen en un grupo o un sindicato, pero eso invisibiliza intencionalmente el hecho que en la empresa hay relaciones de poder y que es a través de la organización colectiva unificada que ellos pueden lograr una mejor posición. Esa es la base del Derecho Colectivo del Trabajo.

Lejos de los supuestos “consensos técnicos” a los que tratan de aludir el gobierno, la oposición y los gremios empresarios, hay posiciones que deberían enfrentarse (y en este proyecto no ocurre realmente): los que reconocen al sindicato (que en el proyecto esto es extremamente moderado ya que no reconoce verdadera autonomía) y los que lo niegan y buscan relegarlo por completo al ámbito testimonial mediante la reducción de sus potenciales acciones políticas.

Por su parte, el proyecto como fue aprobado en el Senado agrede de manera directa a la organización de los trabajadores. ¿En que puede ser visto?, por ejemplo:

• Se abre la posibilidad de que el empleador realice las “adecuaciones necesarias” para que los no huelguistas sigan realizando el trabajo de la empresa (letra d artículo 405). Esto ha sido reconocido por la misma derecha y empresarios como una posibilidad de reemplazo en huelga. Podríamos pensar que, ante la ambigüedad del artículo, el camino más probable será judicializar aún más las relaciones laborales, desgastando y debilitando las medidas de presión del sindicato.
• Se posibilita que un empleador acuda a la Dirección del Trabajo para que ésta solicite la disolución de una organización sindical por no cumplir el quórum de constitución (artículo 297).
• Se elimina la posibilidad que el Sindicato Interempresa pueda negociar, al nivel de empresa, con su contraparte de manera obligatoria como se había introducido en el primer proyecto de reforma.
• Se incorpora el concepto de “pacífico” en el ejercicio de los derechos de negociación colectiva y huelga (añadido en los artículos 5° y 6° bis).
• Se aumenta el quorum de constitución en las micro y pequeñas empresas que de mínimo 8 pasa a tener que representar al menos al 50% del total de trabajadores con potencial de sindicalización.

Más allá de la evidente marca a favor del empresariado que dejó el Senado, no podemos olvidar que el proyecto ya venía con una serie de elementos que ponían en duda el supuesto fortalecimiento sindical al que aludía el Ejecutivo en sus promesas iniciales:

• La idea de Servicios Esenciales universales que deben prestar los sindicatos en caso de huelga. La definición de estos queda en la negociación previa de las partes y, en caso de desacuerdo, participa la DT y luego un Juez del Trabajo.
• La idea de los pactos de condiciones especiales de trabajo, un viejo anhelo empresarial para favorecer aún más la flexibilidad del trabajo en el país. A través de estos se permite que sindicatos y empleador pacten condiciones diferentes de las establecidas en el Código del Trabajo en materia de jornada y vacaciones.
• Más en general, el proyecto mantiene a la negociación colectiva no como un derecho garantizado de manera igualitaria para todos los sindicatos, sino que generando diferentes procedimientos (algunos con derecho a fuero y huelga y otros no) e hiperreglamentando cada paso.

En síntesis, el proyecto de reforma que está debatiéndose no se hace cargo de los derechos colectivos de los trabajadores. Los matices que han presentado algunos diputados no logran corregir una política que ha sido construida desde la desconfianza y el paternalismo hacia los sindicatos.

Por otra parte, es desalentador que, a pesar de las muchas columnas, cartas al director o noticias de la sección de economía este tema no salga de su nicho. Es preocupante ya que estamos hablando que se va a definir el marco legal que regirá las relaciones entre empleadores y organizaciones de trabajadores, lo que involucra a la sociedad en su conjunto. En concreto se esperan ligeras mejoras en ciertos aspectos (extensión de beneficios y limitación de grupos negociadores) pero también enormes retrocesos que dejarán a los sindicatos en Chile aún más debilitados.

Quizás puede ser un poco tarde, pero podría ser bueno que pudiera ampliarse efectivamente este debate para reflexionar sobre las relaciones en el trabajo y las necesidades de su transformación. Sin temer a las ideologías en conflicto y abriendo el panorama de las reformas al contexto político real en que se desenvuelven, en un Chile profundamente desigual económica y políticamente.

http://www.fundacionsol.cl/2016/03/reforma-laboral-el-debate-que-no-fue-sobre-los-derechos-de-los-trabajadores/

Impasse, antes del diluvio

 

Raúl Zibechi

Brecha

Tras dos semanas infartantes, las vacaciones de Semana Santa parecen haber traído cierta calma, un bálsamo para un gobierno sitiado. Hasta que alguien, muy probablemente el juez Sergio Moro, desenfunde nuevamente la espada y todo vuelva a encabritarse.

A falta de hechos concretos, abundan los rumores. Unos dicen que Lula desistiría de presidir el gabinete, acorralado por 13 acciones en su contra en el Supremo Tribunal Federal, que deberá pronunciarse al respecto la próxima semana. O sea que ya no es sólo el juez Sergio Moro el que tiene contra las cuerdas al ex presidente brasileño, sino la mayor instancia judicial del país, donde la mayor parte de los jueces fueron nombrados bajo los gobiernos del PT.

Otras versiones aseguran que en Brasilia se estaría llegando a tejer acuerdos entre la oposición socialdemócrata (Psdb) y el hasta ahora oficialista Pndb para un eventual gobierno que presidiría el actual vice, Michel Temer. Aunque se necesitan dos tercios de la Cámara para destituir a Dilma Rousseff, no son pocos los que estiman que se podría alcanzar esa cifra. En todo caso el proceso de impeachment es largo, aunque la comisión encargada de analizarlo ya fue nombrada.

En los hechos, la apuesta de Dilma y del PT de colocar a Lula en el gabinete como principal articulador para salir de la crisis se reveló un completo fracaso. Parece evidente, en contra de lo que sostienen los analistas de izquierda, que el ex presidente perdió su aureola. Pocos quieren aparecer de la mano de un futuro preso por corrupción. Hasta Frei Betto, amigo personal de Lula y ex integrante de su gobierno, dio un paso al costado y destacó que resulta sospechoso que el PT no haya expulsado a ninguno de los militantes procesados en la Operación Lava Jato.

OEA entra en disputa

Mientras la operación de la justicia lleva arrestadas a 133 personas y ha encarcelado a algunos de los más destacados y ricos empresarios del país, pertenecientes a 16 compañías (entre ellas Camargo Correa, Oas, Utc, Odebrecht, Mendes Junior, Engevix, Queiroz Galvão, Iesa y Galvão Engenharia), y a políticos de numerosos partidos oficialistas y opositores (entre ellos PP, PT, Pmdb, Psdb y Ptb), el país se encuentra en una cuesta abajo que parece imparable.

Una de las personas más criticadas y elogiadas en los últimos días fue el juez Moro. Los análisis más sensatos dicen que su gestión es la oportunidad para llevar decoro a la política al destripar los mecanismos de financiación de los partidos, cuyos fondos provienen del sector privado y de trasvases más que dudosos. En ese sentido, la Operación Lava Jato sería un avance republicano tan necesario como urgente. Sin embargo, la difusión de conversaciones telefónicas entre Lula y Dilma horas después de que el ex presidente fuera nombrado al frente del gabinete dio alas a quienes sostienen que en Brasil está en curso un golpe. Debe decirse que esta tesis resulta más que confusa y poco sustentada, toda vez que sus mentores no dijeron una sola palabra cuando eran procesados los empresarios y algunos dirigentes políticos, pero pusieron el grito en el cielo cuando llegó el turno de Lula.

En una situación de honda polarización, sorprendió la declaración del secretario general de la Oea, Luis Almagro, quien el viernes 18 se pronunció en contra de las actuaciones del juez Moro. “El Estado de derecho exige que todos seamos responsables e iguales ante la ley. Nadie, y quiero decir nadie, está por encima de la ley”, dijo Almagro. Por si quedaban dudas, agregó que “ningún juez está por encima de la ley que debe aplicar y de la Constitución que garantiza su trabajo. La democracia no puede ser víctima del oportunismo, sino que debe sostenerse con la fuerza de las ideas y de la ética”.

Aún es muy pronto para interpretar lo que está sucediendo en Brasil: si un proceso de limpieza de carácter republicano o una simple venganza anti PT, o ambas cosas a la vez, ya que es muy probable que algo que empezó como una operación legal esté siendo utilizado, y desviado, para derribar un gobierno.

Cuestión de clase

La situación brasileña cambia de día en día y, en ciertos momentos, de hora en hora. Esto quiere decir que es muy difícil pensar que haya una mano negra detrás del telón que esté orientando las jugadas con cálculos fríos. Así razona hoy la izquierda oficialista, aunque muchos datos desmienten estas apreciaciones.

En el lado opuesto, nadie puede creer en la sinceridad de dirigentes del Pmdb y del Psdb que están acusados de corrupción y que en los gobiernos de los estados utilizan mecanismos idénticos a los del PT en el gobierno. Todo indica que la Operación Lava Jato no va a terminar con la corrupción si bien lo más seguro es que liquide al PT y al gobierno. Esto avala la tesis de quienes afirman que estamos ante un golpe.

“Nos estamos hundiendo”, escribió hace algunas semanas el ex ministro de Hacienda Antonio Delfim Netto, ministro de la dictadura y ahora simpatizante de Dilma y Lula. Delfim Netto destaca la perplejidad que le produce la situación del país. Recuerda que “en los últimos cinco años crecimos 5 por ciento, mientras el mundo creció 18 por ciento y los emergentes 28 por ciento” (Valor, 15-XII-15). El país se hundirá si no recupera la gobernabilidad muy rápido, dice ahora el ex ministro.

Una legión de analistas compara la situación actual con la que llevó al suicidio de Getúlio Vargas en 1954. Aunque hay elementos comunes, apunta el historiador José Murilo de Carvalho, ya que Vargas era acusado “por sectores de la clase media de tolerar prácticas corruptas, hay una gran diferencia, que es la presencia activa de los militares en 1954 que forzaron la salida de Vargas”. “Hoy el conflicto es civil y nacional”, sostiene (BBC Brasil, lunes 21).

Para el historiador, como para tantos brasileños, uno de los principales problemas es la polarización y el triunfo de la irracionalidad. “La radicalización política y la intolerancia llegaron a un punto peligroso. No hay más debate, apenas griterío. En este escenario dominado por las pasiones todo puede suceder, incluso un serio conflicto social.”

Una encuesta realizada a los manifestantes de la avenida Paulista de San Pablo en los actos del domingo 13 revela algo de esto. El 77 por ciento eran titulados superiores y un porcentaje idéntico son blancos, 63 por ciento perciben ingresos equivalentes al menos a cinco salarios mínimos y tienen un promedio de 45 años, según Datafolha (Carta Capital, viernes 18).

Un estudio de la consultora Data Popular realizado en enero, con 3.500 entrevistados en 146 ciudades, reveló una de las mejores fotografías del Brasil actual: sólo el 3 por ciento de los consultados aceptan que son corruptos, pero el 70 por ciento admiten que realizan prácticas corruptas, como mentir en el impuesto a la renta o sobornar guardias.

La guinda del pastel la puso el juez federal Catta Preta Neto, quien derogó el nombramiento de Lula como ministro. En su perfil de Facebook el juez colocó sin empacho fotos suyas y de su familia participando en las manifestaciones contra el gobierno, el 7 de marzo, y escribió: “Ayude a derribar a Dilma y vuelva a viajar a Miami y Orlando. Si ella cae, el dólar bajará” (Carta Capital, viernes 18).

Como señala el sociólogo Jessé Souza, “la llamada clase media es la fuerza de choque de los adinerados”. Ciertamente. Si Dilma es derribada, lo que vendrá puede ser peor aún, en un país donde se evaporó la hegemonía y será difícil restablecer el consenso.

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