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T r i b u n a c h i l e n a

Nanas y chefs peruanos abren ventana para negocios en Chile

Nanas y chefs peruanos abren ventana para negocios en Chile

No resulta extraño hoy que en la mesa de las familias chilenas se prepare con cierta continuidad un plato peruano. Unas de las explicaciones que encuentran los vecinos del país del sur es la presencia de un gran número de empleadas del hogar, conocidas como las nanas. Si bien la cifra de compatriotas en este país alcanzaría los 80.000, resulta difícil determinar --incluso para la embajada peruana-- el número exacto de mujeres que trabajan en las tareas domésticas y que aportan todo su bagaje culinario. "La broma más común aquí es que las nanas son un producto con valor agregado", resalta medio en broma y medio en serio el agregado comercial de la embajada peruana en Chile, Francisco Morales Bermúdez. Con ellas, la papa a la huancaína, el lomo saltado y el ají de gallina se han convertido en el mejor aporte peruano.

"En los últimos cinco años ha habido una presencia muy fuerte de este servicio en las casas de Santiago. Como tenemos arraigada nuestra cultura y siempre queremos mostrar lo nuestro, han hecho conocida nuestra comida. El chileno ya está haciendo suya la comida peruana, la come en su casa, cuando va al restaurante. Va al mercado y también la encuentra", señala el chef peruano Emilio Peschiera, que tiene cuatro restaurantes de mantel largo en Santiago.

Además del aporte desinteresado de las nanas peruanas hay una fuerte presencia de restaurantes peruanos. Durante los últimos 10 años han crecido en número y variedad. Solo en Santiago debe haber unos 50 restaurantes peruanos, comenta Peschiera, quien tiene establecido tres locales de nombre El Otro Sitio y un cuarto llamado Emilio, que abrió hace seis meses y ofrece una culinaria más personal sin perder el toque peruano.

"Hay todo tipo de cocina, desde pollos a la brasa y cebicherías hasta restaurantes de mantel largo", resalta. Su último local esta en Vitacura, que es el equivalente a San Isidro en Lima. La respuesta por este interés en la comida peruana --explica Peschiera-- es su variedad y elaboración. "No están acostumbrados al grado de preparación, con bastante más sazón. Aquí la comida es más básica", señala.

PRODUCTO PERUANO
La misión empresarial peruana que llegó a Chile, encabezada por la ministra Mercedes Aráoz, se dio con la sorpresa de que en el Mercado central La Vega de Santiago se puede encontrar maíz morado, yuca, camote, cebolla roja y productos que antes no se veían en este país.

Aquí, por condiciones climáticas, es difícil el cultivo de estos vegetales. Hubo algunos resultados exitosos, como en el norte de Chile donde se empezó a cultivar el rocoto, pero no es lo común. Se hicieron intentos por sembrar choclo, camote anaranjado y yuca, pero el terreno no lo permitió. Es decir que deben venir del Perú.

Este escenario abre una gran ventana de oportunidades para nuestros productos. La buena noticia es que los grandes supermercados chilenos, que facturarán este año US$7.800 millones, esperan ofrecer en sus anaqueles antes de un año hortalizas y otros vegetales de procedencia peruana, comida criolla enlatada y otros productos procesados. Así lo informó el presidente de la Asociación Gremial de Supermercados de Chile (Asach), Fernando Alvear, quien ya tuvo una primera reunión en Lima con empresarios que elaboran condimentos, bebidas, dulces, vegetales embolsados, saborizantes, galletas, cereales, harina de maca, alimentos procesados, entre otros.

El 60% de la población chilena compra sus víveres en los supermercados. Y existen más de 700 en todo el país. El 11% de lo que venden es importado, es decir unos US$900 millones al año. La participación de los productos peruanos sería mínima, pero Alvear considera que eso puede revertirse en el mediano plazo. "La comida peruana se ha ido convirtiendo en una costumbre", comenta. La cadena Líder, que tiene el 35% de la torta de participación, sería uno de los interesados en traer nuestros productos.

Además de los alimentos que no se pueden cultivar en el país, otro inconveniente es la estacionalidad. "Tenemos paltas, pero el Perú produce todo el año. Aquí solo hay de agosto a diciembre. Lo mismo ocurre con el espárrago", señala Alvear. Los chilenos también carecen del limón pequeño y muy ácido del norte del Perú, el más indicado para hacer cebiche y pisco sour.

No cabe duda de que los empresarios peruanos que ingresen a este mercado tendrán mucho que agradecer a nuestros migrantes y a los chefs que decidieron salir a explorar nuevas oportunidades. La mesa está servida.

SEPA MÁS
Alimentos enlatados
- Las comidas enlatadas peruanas tienen muchas posibilidades de ingresar con éxito en los supermercados chilenos, afirmó el empresario sureño Fernando Alvear.

- La marca Appetit, de Redondos, con su comida criolla enlatada ya ingresa a Japón y eso la convierte en candidata favorita para comenzar a vender ahora mismo en Chile.

- Faltaría realizar las gestiones ante los ministerios de Agricultura de ambos países para los permisos sanitarios.

Sindicatos internacionales se unen para encarar la globalización

Sindicatos internacionales se unen para encarar la globalización

La Nación

Más de 300 centrales sindicales de todo el mundo se integrarán mañana en Viena, Austria, a una nueva organización internacional: la Confederación Sindical Internacional (CSI), con el objetivo central de “luchar” contra los desafíos de la globalización empleando “una sola voz”.

Así lo anunció en esa ciudad europea el designado secretario general de la CSI, Guy Ryder, otrora líder de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), que se disolvió ayer junto a la antigua Confederación Mundial del Trabajo (CMT), en pos de esta nueva agrupación.

“Esta es una semana histórica”, dijo Ryder, tras precisar que no se trata de una mera fusión de confederaciones ya existentes, sino de la fundación de una “organización completamente nueva”, que aglutinará a 309 centrales sindicalistas de 156 países, con un total de 166 millones de afiliados.

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, señaló que una delegación de la multisindical chilena ya se encuentra en Viena participando de la constitución de la nueva asociación. “Es un esfuerzo de muchos años que valida al mundo sindical. Se disuelven las dos centrales más importantes para constituir una unidad sindical, lo que es relevante tomando en cuenta que la globalización nos exige actuar en conjunto. A todas luces es un hecho histórico”, sostuvo Martínez.

La fundación de la CSI contará con la participación de 1.600 altos representantes. La sede central estará en Bruselas, mientras que el congreso elegirá dónde se situarán las diversas sedes regionales.

“Ya podemos saber que será la más representativa y más unida confederación de sindicatos de la historia,” añadió el británico Ryder, tras insistir en la necesidad de crear esta nueva institución a pesar de que en el movimiento sindicalista a nivel mundial existe ya “una larga tradición de activismo internacional”.

Historia

La actividad internacional ha estado dividida en diversas tradiciones, como la democristiana, la comunista, la socialdemócrata, pero “en los últimos diez años hemos visto que ya no hay razón para esas divisiones, por lo que el propósito es unir todas las centrales sindicales democráticas, en el compromiso común con el movimiento sindical independiente”, explicó Ryder.

La idea de crear este nuevo movimiento surgió en 2004, cuando Ryder y Willy This, secretario general de la CMT, definieron este proyecto en el Foro Sindical Mundial de Porto Alegre de 2005. En declaraciones a agencias el líder sindicalista precisó que la gran mayoría de las centrales nacionales democráticas están ya afiliadas a la nueva organización, sin embargo, “donde no existe sindicalismo democrático, como China o Cuba, que no están representados y también están fuera las centrales sindicalistas que no son independientes”.

En tanto, la vicepresidenta de la OeGb, Renate Csorgits, adelantó tres cuestiones esenciales que la CSI abordará: los derechos de la mujer, la defensa de los derechos humanos y el derecho al sindicalismo y la lucha contra el trabajo infantil. En este contexto, recordó que aún queda mucho por hacer ante la fuerte discriminación que sufren las mujeres en el trabajo y la sociedad de muchos países, “los cientos de sindicalistas asesinados cada año por su actividad en defensa de los derechos del trabajador y los 220 millones de niños que están hoy obligados a trabajar”.



DESEMPLEO JUVENIL

Los países de América Latina y el Caribe registran un desempleo juvenil de 16,6%, un problema agravado por las condiciones de pobreza de millones de trabajadores entre 15 y 24 años, reveló un documento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe “Tendencias mundiales del empleo juvenil” dice que los jóvenes desempleados aumentaron de 7,7 a 9,5 millones de personas durante la última década.

Tres alternativas para modificar la ley de amnistía

Tres alternativas para modificar la ley de amnistía

La Nación

Un documento que considera tres alternativas para terminar con la ley de amnistía entregaron al Gobierno los presidentes de partidos de la Concertación. La iniciativa fue elaborada por un equipo de abogados del oficialismo y de instituciones de derechos humanos que representan a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). La propuesta la recibieron los líderes partidarios de manos de la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, y de los profesionales Hiram Villagra y Hugo Gutiérrez.

El portavoz de los partidos, José Antonio Gómez, aclaró que el texto no es la conclusión final de las colectividades, sino que corresponde a un trabajo técnico del grupo de abogados. De este modo, las sugerencias partidarias se realizarán por separado. El senador Gómez admitió que la idea que está concitando mayor acuerdo es la interpretación legislativa del artículo 93 del Código Penal.

La primera alternativa de los abogados es anular la ley de amnistía, a través de un mecanismo que la declara incompatible con las normas vigentes. Una segunda opción es incorporar al Código Penal un recurso de revisión respecto de aquellos delitos que han sido amnistiados. La tercera es la norma interpretativa, que hace inaplicable la amnistía a delitos de lesa humanidad, que ya fue aprobada en la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados y que hoy debería aprobarse en el pleno.

La ministra de la Presidencia, Paulina Veloso, declinó decantarse por alguna alternativa y se limitó a comunicar que el Gobierno se encuentra en la etapa de recepción de propuestas. “Vamos a conversar detenidamente con los presidentes de partidos y, por cierto, la Concertación de una manera unida va a apoyar la propuesta del Gobierno, porque, además, éste es un tema de la esencia de la Concertación”, sostuvo Veloso. De este modo la ministra advirtió a los partidos sobre lo que espera el Ejecutivo, ya que se ha hecho público que bajo el paraguas de acabar con la amnistía del ’78 subyacen distintos modos de encarar la cuestión según los distintos puntos de vista de eficacia jurídica.

Mientras Gómez explicó que la idea de la Concertación es que la Presidenta Michelle Bachelet tenga “insumos” para decidir, el presidente del PS, Camilo Escalona, señaló que “le quisiera decir a la derecha que en este tema no estamos divididos, que no saque cuentas alegres, que en el tema de dejar sin efecto esta ley de impunidad, todos los partidos de la Concertación estamos absolutamente alineados. Así es que no se haga ilusiones de que en esta materia vamos a tener diferencias”.

Por primera vez, Pinochet quedó preso por delitos de secuestro, homicidio y tortura

Por primera vez, Pinochet quedó preso por delitos de secuestro, homicidio y tortura

Luego de notificarlo de su nuevo procesamiento, el primero en la causa Villa Grimaldi y también el primero por el delito de tortura de personas vivas, el ministro Alejandro Solís prepara la sentencia de primera instancia, aunque deberá antes enfrentar los requerimientos de la defensa.



Jorge Escalante
La Nación

Por primera vez desde que en enero de 1998 se presentó la primera querella en su contra, el ex dictador Augusto Pinochet quedó ayer con arresto domiciliario como autor de los delitos de homicidio, secuestro con desaparición y tortura, por crímenes cometidos durante su régimen en el centro de detención de la DINA, Villa Grimaldi.

Por estos ilícitos, Pinochet fue procesado el viernes por el ministro Alejandro Solís, quien previamente lo interrogó y consideró que se encontraba en condiciones físicas y mentales de enfrentar un juicio.

Hasta ahora Pinochet no había sido procesado ni arrestado por el delito de tortura.

Según lo manifestó ayer el ministro Alejandro Solís, su decisión de mantenerlo arrestado se debió a que “su libertad es un peligro para la sociedad, en atención al número de delitos que se le atribuyen”.

Procesado varias veces por el delito de secuestro con desaparición de personas, también lo fue antes por el ilícito de homicidio en la causa de la Caravana de la Muerte. En ese juicio fue encartado por el ex juez Juan Guzmán como autor de 57 homicidios y 18 secuestros con desaparición, aunque en 2001 una sala de verano de Corte de Apelaciones de Santiago, en una votación coyuntural, le cambió la calidad de autor por la de encubridor. De todas formas, Pinochet fue luego en 2002 sobreseído definitivamente por la Corte Suprema en ese caso, bajo el argumento de una “demencia progresiva e incurable”.

De esta manera, el arresto de Pinochet tiene esta vez una connotación diferente: es la primera vez que permanece en ese estado por delitos cometidos contra personas que están vivas y que se querellaron en su contra.

Salvavidas del “Mamo”

El viernes pasado el juez Solís lo procesó en la causa Villa Grimaldi por 26 casos de secuestro con desaparición, 23 casos de tortura, y el homicidio de Alejandro Ávalos Davidson, cuyo cuerpo fue encontrado posteriormente por lo que dejó de constituir la figura del secuestro, atendido éste como un ilícito de carácter permanente mientras no aparezca el cuerpo de la víctima.

Los antecedentes reunidos en el proceso no dejan lugar a dudas.

Según el dictamen del juez, la responsabilidad penal de Pinochet como el jefe superior de la DINA, dado que el general (R) Manuel Contreras era sólo el “director ejecutivo” de ese organismo.

En sus fundamentos, tanto para los casos de secuestro, homicidio y tortura, el magistrado Solís concluyó la responsabilidad de Pinochet no sólo por su propia investigación en la causa, sino que destacó uno de los últimos dichos de Manuel Contreras.

En una de sus declaraciones, el “Mamo” tiró por primera vez a Pinochet “a los leones”, manifestando que “Nunca tuve independencia y autonomía en mi actuar, lo que hizo la DINA fue conforme a las instrucciones impartidas por el general Augusto Pinochet, todo lo cual le era informado directamente y personalmente por mí al citado señor y también por escrito, ya sea en comunicaciones especiales o en el boletín informativo emitido por la DINA día a día. De las acciones desarrolladas por la DINA se comunicaba inmediatamente, esto es al día siguiente de lo ocurrido al general Augusto Pinochet, y lo hacía yo personalmente”.

Con la dictación del auto de procesamiento Del viernes, el juez Solís dio un paso relevante en el camino a convertirse en el primer magistrado que podría dictar una sentencia condenatoria -a comienzos del próximo año- en contra del ex dictador.

En todo caso, independientemente de la celeridad con que trabaja el ministro en esta causa, todo ello se verá retardado por las apelaciones de la defensa de Pinochet. Éstas se presentarán principalmente por la negativa del juez de sobreseerlo definitivamente en este juicio por su “delicado estado de salud general”, como lo pidió la defensa.

Estas apelaciones ante las cortes podrían demorar en un año más una sentencia del juez. LN

Resistencia TV. GRANDES HITOS DE LA TELEVISIÓN COMUNITARIA

Resistencia TV.  GRANDES HITOS DE LA TELEVISIÓN COMUNITARIA

Mientras el noticiario de Mega muestra la última redada policial en La Legua o un linchamiento en La Pintana, las antenas de TV locales inundan de identidad a las más pobres poblaciones de Santiago y le roban rating a las teleseries. Todo con programación de lujo y tecnología primermundista. Desde la clandestinidad hacia el mundo.



Carlos Salazar
La Nación

En el minúsculo patio de los estudios Señal 3 de La Victoria, existe una caja de cartón llena de apósitos junto al transmisor y un refrigerador en desuso sobre el que una luz roja indica que el noticiario de los viernes está al aire.

-“¿Una caja con vendas?”, le preguntamos a Cristiano, editor de noticias y parte del directorio del canal comunitario con más larga data en Chile.

-“Si, vendajes. Como en la guerra”, cuenta. Y abre uno de los paquetes con instrucciones en alemán. Explica que son testimonio de otra época, cuando las cosas eran más complicadas y la dictadura era la carta de ajuste permanente. Desde la primera emisión en octubre de 1998, el combate subversivo ha sufrido cambios y el enemigo también. “A la televisión de hoy, le aplicaría la Ley de Seguridad Interior del Estado y en general todas las Leyes Antiterroristas y las de asociación ilícita”, denuncia Luis “Polo” Lillo, del directorio de Señal 3 mientras come semillas de maravilla en la sala de edición del canal. “Los directores de los canales de hoy se creen los Mesías de la televisión y al final es pura basura. Son los más consumistas y les pagan para crear monstruos”.

El directorio del canal local se compone de 9 personas de las cuales una es gásfiter, otra albañil, otro repartidor de gas, un electricista y un operario de una embotelladora entre otros estudiantes y reparadores de PC. No hay tecnócratas ni ingenieros comerciales. “Y periodistas, ¡menos!”, exclama el Polo con alivio.

LA PARRILLA CATÓDICA

El paisaje de murales BRP, tendederos de ropa y tejados de lata con volantines varados encima, se recortan contra la imponente antena del barrio. Desde ahí se transmite programación local de calidad mundial. Es el caso de la Señal 3 de La Victoria, el Canal 3 de La Legua, RencaTV o el Canal municipal de La Pintana o de cerca de 90 experiencias del mismo tipo a lo largo del país que tienen más cosas en común que diferencias en el papel. Las concesiones para nuevas señales se encuentran congeladas a la espera de que se legisle sobre la llegada de la TV digital y sobre su hardware que puede ser norteamericano, japonés o europeo según más convenga. Mientras tanto, la TV comunitaria está en el aire.

Desencantados del estado actual de la TV, los gestores culturales de estos proyectos tienen lineamientos comunes en lo que a su misión se refieren. Jaime Álvarez, vocero del Canal 3 de La Legua tiene una postura de hierro: “Basta con mirar la visión del pobre para entender la idea de entretenimiento que entregan los canales. Un entretenimiento que va dirigido a una lógica ratingniana. Un fiasco, ¿qué enseña?, ¿qué entrega? Te idiotiza. El ‘Mekano’, trata de gente que no tiene idea de nada. Niñas que se vuelven anoréxicas, y ahí los cabros se complican porque no tienen músculos o calugas”, asegura.

Educación y creación de identidad son los principales motores en la creación de programas de factura propia. Se trata de ideas que ya quisiéramos ver en la TV abierta, como franjas de documentales en que vecinos y diputados debaten en torno a obras como “Actores secundarios”, “Salvador Allende” de Patricio Guzmán o la colosal trilogía “La batalla de Chile”.

Cada canal cuenta con su segmento de música y conversación juvenil con contenido: “Guataje” en La Pintana, “Crio Metal” en La Victoria o “La Galucha” en La Legua. Para los amantes del deporte también hay espacios donde se transmiten las mejores jugadas del club del barrio como los “Jotelácticos” de La Victoria. También tiene espacio la defensa del consumidor, donde se educa al poblador sobre sus derechos y deberes comerciales.

La Pintana en su señal 39 ofrece el misceláneo “La taxicleta”, una entrevista a bordo de un vehículo a pedales por las ciclovías de la comuna y programas infantiles ilustrados por dibujos de los párvulos de la comuna en el “Pintacuentos”..

Sobre esa presencia y permanente carencia, Gastón Muñoz responsable del Canal 39 de La Pintana cuenta que en el último seminario de televisión local realizado en Concepción en agosto, se informó que los televidentes del canal local de la Patagonia de Punta Arenas, prefieren su noticiario en un 45% sobre el 15% restante que prefiere la TV tradicional. “Está demostrado que en los lugares donde la gente ve tele prefiere los canales comunales locales. Esa búsqueda de identidad es una necesidad”, asegura.

La parrilla programática de estos canales es tan segmentada como variada y no tiene nada que envidiarle a la tevé de antaño. Un segmento infantil que regalonea a los más chicos con estrenos recién llegados del cine o a los papás fanáticos del cine mexicano con las películas de Antonio Aguilar. Luego, recitales de Juan Gabriel o Pink Floyd para los melómanos. En el caso de la señal 3 de La Victoria el people meter no existe y por eso los focus group y las encuestas de opinión se hacen en la calle, en la feria. Mientras el directorio y sus colaboradores tarrean para conseguir “fondos públicos” y parar a diario esta aventura que cuesta $ 250 mil pesos mensuales.



Serrucho y Mapudungún

Tal como el debate televisado entre Kennedy y Nixon marcaron un antes y un después en la forma de hacer TV, momentos como el Mago Oli escapando a duras penas de un estanque de agua, la TV local también cuenta con momentos inolvidables que sólo unos pocos pudieron ver.

“En La Legua comúnmente vivimos la violencia policial. Nos vienen a sacar la chucha a cada rato. La gente empezó a quejarse de eso y una vez invitamos a la gente a contarnos su experiencia. Fue tanto el impacto del espacio que el comandante de la comisaría pidió también tribuna para pedir disculpas por los abusos de algunos carabineros. Hoy los carabineros ven el canal y hasta escuchan la radio en el furgón”, relata Jaime, el vocera de Canal 3 de La Legua, que transmitió también por primera vez este año la versión local de Jesucristo Superestrella en la junta de vecinos numero 20.

La Señal 3 de La Victoria espera sacar adelante un canal en mapudungún en el sur de Chile. “Queremos saldar esa gran deuda que tenemos con el pueblo mapuche, un honor para nosotros poder seguir haciendo historia después de haber lanzado el primer canal comunitario en Chile”, cuenta Lillo. Actualmente el grupo trabaja en un reportaje acerca de La Oficina, desclasificando material de la agencia de inteligencia en la mejor tradición de “Informe Especial”.

La Pintana anota en su lista de logros haber transmitido íntegra la Copa Europea a través del canal 39. “Pudimos bajarla del satélite porque la estaban dando en Paraguay en un canal de libre recepción. Ahora transmitimos las 24 horas del día”, relatan. Otras de sus exclusividades son los recitales de la Casa Rosada en Argentina con artistas como León Gieco, o transmitir tocatas propias de Ángel Parra Trío, Inti illimani, Fiskales Ad Hok con porotada incluida y la única entrevista que dio en Chile Manu Chao.

RencaTV cuenta entre sus rarezas más freak con los inclasificables dotes de don José Silvestre Soto. Ciudadano benemérito de la comuna que interpreta el Himno Nacional con un serrucho.

La difícil búsqueda del fin de la amnistía

La difícil búsqueda del fin de la amnistía

Tratando de comprometer a la mayor cantidad de sectores en la tarea de borrar el “autoperdonazo” de la dictadura, el Gobierno moderó el acelerado ritmo con que inicialmente encaró el tema. La vía de la ley interpretativa, en lugar de derogar o anular, sería la llave para el consenso.



La Nación

Pedro Ramírez

La Moneda sacó el pie del acelerador en la nueva ofensiva para dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1978. Y el ritmo más pausado que esta semana adquirió el proceso inquietó profundamente a la Asamblea de los Derechos Humanos, entidad que acoge a las organizaciones que históricamente han luchado contra el “punto final” que intentó amarrar la dictadura. No obstante, dirigentes de los partidos de la Concertación y varios diputados, los mismos que han trabajado intensamente para demoler este escudo de protección que beneficia a los violadores de derechos humanos, pusieron paños fríos y explicaron a los familiares de las víctimas que esta pausa es necesaria para asegurar el éxito del nuevo esfuerzo.

Tras 16 años de fracasos en esta materia y con todas las condiciones para desactivar la ley sobre la mesa, la Concertación, por primera vez, tiene los quórums requeridos en ambas Cámaras del Congreso. Y, por lo tanto, el oficialismo no se puede dar el lujo de fallar por detalles. Más cuando todo indica que a fines del próximo año comenzarían a cerrarse la mayoría de los juicios por derechos humanos (ver recuadro), lo que torna urgente buscar una solución definitiva al tema de la amnistía. Mientras, el principal temor es que la materia caiga en manos del Tribunal Constitucional (TC) por algún error técnico en la elaboración de la propuesta.

Después de que la resolución dictada el pasado 14 de octubre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conminara al Estado de Chile a establecer una fórmula que bloquee la aplicación de la amnistía y de que la Presidenta Bachelet, en su simbólica visita a Villa Grimaldi, se comprometiera a acatar ese fallo, todo parecía alineado para derribar la norma en tiempo récord. La Mandataria encargó a su ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, que buscara las fórmulas legales propicias, y el proceso se puso en marcha con viento de cola.

Sin embargo, y pese al entusiasmo inicial del PS, tanto la DC como el PPD enviaron señales a La Moneda para moderar el apuro y escuchar propuestas de todos los sectores, a objeto de “blindar” el proyecto de ley que surja de estas tratativas e impedir que la oposición lo torpedee en el Congreso o lo someta al escrutinio del TC.

“La rapidez no es sinónimo de eficiencia y se deben escuchar primero las propuestas de todos los sectores interesados en llevar adelante este tema. Si no lo hacemos bien puede resultar más lento, porque si quedan detalles en el aire esto puede trabarse en el trámite legislativo. Se trata de un punto que ha sido capital para la Concertación desde sus orígenes y no podemos ponerlo en riesgo”, aseguró el presidente del PPD, Sergio Bitar. El dirigente confirmó que este lunes 30 se concretará un paso crucial para llevar a buen puerto la iniciativa, cuando los partidos oficialistas entreguen a La Moneda sus proposiciones: “No se trata de un planteamiento común de la Concertación, sino las reflexiones de cada partido”, dijo.

UNA FINTA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tres son las alternativas que se manejan para poner fin a la amnistía: derogación, anulación y ley interpretativa. Pero es esta última la que esta semana se abrió paso con más fuerza en los partidos oficialistas. Según comentan fuentes con buen tránsito en el despacho de la ministra Veloso, la balanza de La Moneda también se inclina por esta fórmula.

Uno de los que ha conversado con Veloso es el diputado y jurista Juan Bustos, la voz más escuchada en estos temas por la directiva del PS. “[En La Moneda] no lo han decidido aún, pero les parece buena la idea de la interpretación”, señala.

Bustos explica que “la derogación no es una buena iniciativa, porque le da validez al Decreto Ley de Autoamnistía, pues reconoce que estuvo vigente durante un tiempo y se seguiría aplicando para todos los casos que se produjeron mientras duró. La anulación es un buen camino, porque es como si nunca hubiese existido la ley, pero podría generarse una gran discusión jurídica sobre quién es competente respecto de la nulidad de derecho público. Yo estoy claro que es competente el Congreso, pero es posible que por esta vía se plantee la intervención del TC, y eso podría enredar el tema”.

El mismo temor recorre al PPD. “La anulación de una ley no tiene precedente histórico en Chile. Podría plantearse el debate sobre quién tiene las facultades para anular y desembocar en el TC”, dice Bitar. La preocupación se explica porque dicho tribunal, en sus últimas actuaciones, ha bloqueado iniciativas del Gobierno, acogiendo reclamos opositores. Así sucedió con el proyecto sobre subcontratación –por un tema de forma y no de fondo– y con la política para repartir la píldora del día después a menores que tengan sobre los 14 años de edad.

La ventaja de la ley interpretativa, según Bustos, es que requiere quórum simple y permite sortear el escollo del TC. El propio diputado PS, junto a los diputados Antonio Leal (PPD) y Sergio Aguiló (PS), presentó un proyecto de ley interpretativa de la amnistía que el miércoles 18 fue aprobado en comisión y que debe ser visto en la sala de la Cámara en los primeros días de noviembre: “Es una ley interpretativa del artículo 93 del Código Penal, que es el que contempla, como extinción de la responsabilidad penal, la amnistía, el indulto y la prescripción. Esta ley interpretativa establece que la amnistía, el indulto y la prescripción sólo deben regir respecto de delitos comunes y no para los delitos contra la humanidad, ya sean de lesa humanidad o crímenes de guerra”.

A juicio de los patrocinantes de esta iniciativa, se trata de una fórmula simple que compatibiliza el sistema jurídico penal chileno con la reciente resolución de la CIDH. “Es totalmente complementario con los esfuerzos que está haciendo La Moneda y es probable que desemboque en un mismo proyecto, con algunas modificaciones”, subraya Bustos.

A ojos de los partidos de la Concertación, la gran ventaja que ofrece esta vía es que fija el concepto de amnistía a partir de lo que en derecho se llama la “interpretación auténtica”, que es la interpretación que da el legislador. Esto, a diferencia de lo que ocurriría con la fórmula de la derogación, no da margen para que los jueces, bajo el argumento del principio “pro reo” que beneficia al encausado, insistan en usar la norma en casos de crímenes contra la humanidad.

EL CLAMOR DE LOS JUECES

En todo caso, son los magistrados los más interesados en que el Ejecutivo y el Legislativo despachen una ley que de una vez por todas zanje el problema de la aplicación de la amnistía. Hacia allá apuntaban los comentarios que hizo el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, tras el fallo de la CIDH, cuando sugirió que el Estado en su conjunto debe encargarse de este tema, porque con la actual legislación los jueces están obligados a resolver “caso a caso”.

De hecho, actualmente casi todos los magistrados que instruyen causas de derechos humanos se resisten a aplicar la amnistía bajo el argumento de que las desapariciones forzadas son secuestros permanentes, salvo el ministro Víctor Montiglio, que ha recaratulado como homicidios –paso previo a la amnistía o la prescripción– algunos episodios del proceso Caravana de la Muerte.

Dos de las más potentes señales de que la mayor parte de los magistrados vería con alivio una norma que unifique criterios para dejar sin efecto la amnistía, ocurrieron este mes. Ambos episodios están relacionados con la responsabilidad del ex dictador en los crímenes cometidos en la más siniestra de las cárceles secretas de la DINA: Villa Grimaldi. El primero ocurrió cuando la Corte Suprema discutía el desafuero de Augusto Pinochet en esta causa. Entonces, el ministro Sergio Muñoz desenfundó un documento de 19 páginas en el que citó una decena de tratados y resoluciones internacionales suscritas por Chile que, a su juicio, tornan inaplicables la amnistía y la prescripción.

El segundo episodio fue la resolución del ministro Alejandro Solís, adoptada este viernes 27, quien no sólo desestimó el sobreseimiento pedido por los abogados de Pinochet, sino que sometió a proceso al ex dictador por los crímenes de Villa Grimaldi. Aunque ya era investigado por enriquecimiento ilícito y por su responsabilidad en desapariciones y ejecuciones, esta es la primera vez que el general (R) es conminado a responder judicialmente por haber desatado el infierno de la tortura entre los chilenos.



LA HISTORIA MARCADA POR EL FANTASMA DEL “PUNTO FINAL”

La inédita situación en que se encuentra la Concertación, con mayoría en ambas Cámaras del Congreso, le permite por primera vez aspirar a dejar sin efecto la amnistía sin negociar con la oposición. Todos los intentos anteriores naufragaron por concesiones a ese sector que olían a “punto final”.

Después del “boinazo” de mayo de 1993, el Gobierno inició la tramitación de la “ley Aylwin” para acelerar los procesos contra militares. El proyecto, en lo medular, aseguraba el secreto de identidad para quienes entregaran información sobre los crímenes. La iniciativa fracasó por la oposición del PS, que la estimó un “punto final” encubierto, pues bastaba que un ex agente –amparado en el secreto– declarara que un desaparecido había sido asesinado para que se abriera la puerta a la amnistía.

En 1995, bajo el Gobierno de Eduardo Frei, el temor a un estallido por la condena de Manuel Contreras en el caso Letelier motivó una avalancha de propuestas. Mientras la derecha buscó que la amnistía se aplicara sin aclarar hechos, La Moneda tentó a la oposición ofreciendo acelerar los juicios a cambio de reformas para modificar el Tribunal Constitucional, terminar con los senadores designados y dotar al Presidente de la facultad de llamar a retiro a los jefes de las FFAA. Finalmente, la derecha no aceptó las reformas.

Ese mismo año surgió la propuesta Otero-Figueroa, que también aseguraba el secreto a los informantes y que apuntaba más bien a determinar las circunstancias en que se habría producido la muerte de los desaparecidos, sin establecer responsabilidades. El proyecto contó con el respaldo de la DC y, aunque fue aprobado en la Comisión de Legislación del Senado, el rechazo del PS lo tornó inviable.

El Presidente Lagos, en agosto de 2003, presentó su política “No hay mañana sin ayer”, la que apuntaba a nombrar jueces de dedicación exclusiva, acumular procesos, otorgar inmunidad penal a quienes –sin estar procesados o imputados– entregaran antecedentes, proteger la identidad de los informantes y rebajar o conmutar penas a los cómplices y encubridores que aportaran información.

Si bien los puntos referidos a la inmunidad penal no prosperaron, la designación de jueces especiales significó que los procesos avanzaran en los últimos tres años más que en todo el período anterior. El cúmulo de antecedentes investigados por estos magistrados permite estimar que entre fines de 2007 y mediados de 2008 se cerrará la mayor parte de estos juicios, lo que precisamente hace más urgente que nunca zanjar el tema de la amnistía.

Washington pretende rescribir la historia de los atentados de Buenos Aires

Washington pretende rescribir la historia de los atentados de Buenos Aires

por Thierry Meyssan*

En el marco de sus intentos por dar peso a sus acusaciones contra los musulmanes chiítas, Estados Unidos pretende explotar el recuerdo de los atentados cometidos en 1992 y 1994 en la ciudad de Buenos Aires. En efecto, la mayoría de las enciclopedias siguen atribuyendo esos crímenes al Hezbollah o a Irán. A pesar de ello, nadie cree ya en esas acusaciones y la propia justicia argentina se orienta hoy hacia una pista israelí. Como consecuencia, Washington hace presión para que se ponga fin a una investigación que se está haciendo mole

Con el fin de dar peso a sus acusaciones contra el «la media luna chiíta» (Irán, Siria, Hezbollah libanés), Washington ha decido incluir en ellas los atentados cometidos en Buenos Aires a principios de los años 90. En los países atlantistas [1] se da generalmente por sentado que aquellos atentados fueron obra de terroristas musulmanes.

Esa versión de los hechos fue sin embargo desmentida desde entonces por la Corte Suprema argentina que se orientó, por el contrario, hacia una pista israelí. Los neoconservadores han reaccionado con el montaje de toda una operación para invertir las cosas. Luego de una reunión que tuvo lugar en Washington, en mayo de 2006, con la participación de dos altos magistrados de Buenos Aires, el gobierno y la justicia han sido objeto de fuertes presiones. En respuesta, un grupo de ciudadanos argentinos dirigido por el doctor Oscar Abdura Bini [2] acaba de presentar ante un Tribunal de Gran Instancia de Buenos Aires una querella por obstrucción a la justicia contra el American Jewish Committee [3] y los fiscales Nissman y Martínez Burgos.

Para entender las implicaciones de esta polémica es necesario recordar los atentados.

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El 17 de marzo de 1992 una violenta explosión destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires y ocasionó graves daños a una iglesia católica y una escuela adyacentes. 29 personas murieron y 242 resultaron heridas.

Al principio, la investigación se orientó hacia la pista islámica. Se pensaba que el atentado había sido cometido por un suicida palestino que conducía una camioneta llena de explosivos, que el autor era miembro de la Jihad Islámica y que quería vengar el asesinato cometido por Israel contra el jeque Abbas al-Musawi, jefe del Hezbollah libanés, y su familia. Según aquella versión, la operación de Buenos Aires había sido preparada por un grupo de pakistaníes y coordinada por Moshen Rabbani, el encargado cultural de la embajada de Irán. Este último fue incluso arrestado, años más tarde, en Alemania y liberado posteriormente por falta de pruebas.

El 18 de julio de 1994, otra explosión devastó en Buenos Aires el edificio de la Asociación Mutual Israelita (AMIA) con saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.

La investigación sobre este nuevo atentado también se orientó hacia la pista islámica. El atentado se atribuyó a un kamikaze de 29 años, llamado Ibrahim Husein Berro, al volante de un vehículo lleno de explosivos. Años después, se emitió una orden de arresto contra Imad Mugniyah, miembro del Hezbollah libanés. Más tarde, el ex embajador de Irán en Argentina, Hade Soleimanpur, fue arrestado en el Reino Unido pero tuvo que ser liberado por falta de pruebas.

Todos estos elementos, que parecen ser conclusiones definitivas, aparecen reflejados desde hace años en todo tipo de enciclopedias, aunque nada los confirma. Lo más interesante es que con el paso del tiempo los propios investigadores argentinos han echado abajo las versiones que israelíes y estadounidenses les sugirieron y han construido una hipótesis totalmente contraria: los dos atentados fueron cometidos por agentes israelíes para contrarrestar el antisionismo de la comunidad judía argentina.

Es necesario situar las vacilaciones de los investigadores argentinos en el agitado contexto político de su propio país, constantemente estremecido por cambios de gobiernos e insurrecciones. Hasta la fecha no se ha presentado ningún juicio definitivo sobre ninguno de los dos atentados, lo cual permite que cada cual saque las conclusiones que más le convienen en base a momentos contradictorios de todo el proceso.
Como quiera que sea, lo menos que se puede decir al respecto es que la pista del terrorismo musulmán resulta ya inconsistente y que los neoconservadores están haciendo todo lo posible para enterrar definitivamente la investigación.

El 5 de marzo de 2002, el juez de instrucción Alfredo Horacio Bisordio compareció a puertas cerradas ante una comisión investigadora parlamentaria para declarar como testigo sobre el primer atentado. La Red Voltaire obtuvo la transcripción de esa audiencia.

Según el juez Bisordi, el comisario Meni Battaglia dirigió la investigación sobre el atentado contra la embajada. En ella era secundado, aunque de manera no oficial, por un boina verde (no identificado) de la embajada de Estados Unidos y por el jefe de la seguridad de la embajada de Israel, Ronie Gornie. Supuestamente, ambos tenían gran experiencia sobre la realización de ese tipo de atentados en el Medio Oriente. Siguiendo los consejos de ambos «expertos», el comisario adoptó inmediatamente la hipótesis del vehículo lleno de explosivos y reportó que había encontrado fragmentos del motor de una camioneta Ford 100.

Resultó imposible establecer una lista exacta de víctimas ya que resultó que la lista de diplomáticos israelíes acreditados en Argentina no correspondía con el personal real de la embajada, diferencia que nunca se explicó. El juez Bisordi quería que se realizaran autopsias de las víctimas pero el comisario Battaglia se opuso afirmando que las autopsias no aportarían nuevos elementos. Ante la insistencia del juez, el gran rabino de Argentina también se opuso a las autopsias porque, en el caso de las víctimas judías, se trataría de una profanación. En definitiva, no se realizó ninguna autopsia.

El juez planteaba dos interrogantes: ¿Por qué los autores esperaron que la embajada estuviera vacía para realizar el atentado si un centenar de personalidades judías habían sido recibidas horas antes con bombo y platillo en ese mismo recinto? ¿Por qué recurrieron a un kamikaze para lanzar la camioneta contra la embajada siendo esto absolutamente innecesario?
Al hacerse cada vez más manifiesto su escepticismo sobre la versión que trataban de imponerle, el juez recibió una visita del director adjunto de los servicios secretos argentinos (SIDE), el doctor Gerardo Conte Grand. La misión de este último era hacerlo entrar en razones.

Al ir en aumento sus sospechas, el juez se presento de improviso en la comisaría durante el interrogatorio de un testigo clave, un chofer de taxi que testimonió haber acompañado al aeropuerto, justo antes del atentado, a un grupo de musulmanes que le dijeron que había que salir rápidamente del lugar antes que se transformara en un infierno. El juez Bisordi interrogó personalmente al testigo. Creyendo que se encontraba ante alguien tan complaciente como los policías, el chofer de taxi se negó a identificarse y se presentó como «el hombre de Israel». Llegó incluso a decir que era coronel del ejército israelí y que había participado en la Guerra de los Seis Días.

Los elementos relacionados con la segunda investigación son tan reveladores como los ya citados e incluyen hasta un verdadero falso policía israelí que se pasea como Pedro por su casa por las comisarías y prisiones argentinas, realizando interrogatorios fuera de todo procedimiento y presionando a los testigos. Este individuo desapareció cuando la justicia argentina le pidió explicaciones sobre su proceder. El gobierno israelí, que empezó por negar la existencia de este individuo, acabó reconociendo que lo había empleado y se negó a que prestara declaración.

La Corte Suprema de Argentina se reunió a puertas cerradas para examinar diferentes elementos del caso de los atentados. Este órgano validó investigaciones científicas que establecen formalmente que, contrariamente a lo que se admitió al principio, no hubo ningún coche-bomba conducido por kamikazes sino que los explosivos habían sido instalados dentro de los edificios volados, tanto dentro de la embajada de Israel como en la sede de la AMIA.
Por consiguiente, se invalidó todo lo que se había dicho al principio sobre el origen de los vehículos.
Al día siguiente de esa audiencia, el vocero de la embajada de Israel en Buenos Aires deploró esas conclusiones y acusó a los jueces de la Corte Suprema de antisemitismo.

Para aclarar estos atentados la justicia argentina necesitará aún mucha independencia y perseverancia, lo cual suscita ciertos comentarios.

Resulta extraño que se necesite una decena de años para comprobar que un atentado se realizó poniendo el explosivo dentro de un edificio y no mediante la utilización de un coche-bomba conducido por un kamikaze. Se hace necesario señalar de paso que en la actual investigación sobre el asesinato del primer ministro libanés Rafia Hariri la tesis del coche-bomba, considerada como cierta por el enviado especial de la ONU Detlev Mehlis, no constituye actualmente más que una hipótesis de trabajo para el sucesor de este último.

Durante 14 años, numerosos expertos occidentales han redactado obras sobre el terrorismo basándose en una interpretación errónea de los atentados de Buenos Aires. Los autores de estas obras ignoran o fingen ignorar los progresos de la investigación argentina, lo cual es síntoma de incompetencia o de mala fe. Se aferran así a las conclusiones de sus razonamientos aunque sus premisas sean falsas.

Resultar doloroso comprobar que aunque las investigaciones judiciales sobre los grandes atentados terroristas imputados a musulmanes, ya sea en Buenos Aires, New York, Bali, Casablanca, Madrid o en Londres, siguen sin ofrecer resultados concretos ello no impide en lo más mínimo a los gobiernos neoconservadores y sus «expertos» seguir imponiéndonos sus conclusiones generales.

Estados Unidos acostumbra a modificar con carácter retrospectivo la identidad de aquellos a quienes atribuye la autoría los atentados realizados en ese país, con lo que busca siempre acusar a su adversario real o inventado del momento. Y ahora pretende rescribir la historia incluso fuera de su propio territorio.

También es importante mantener la vigilancia con respecto a los guerreristas que explotan descaradamente los atentados de Buenos Aires a favor de sus propios intentos de calificar tal o mas cual partido o gobierno de «terroristas» y que llaman a destruirlos.

 Thierry Meyssan
Periodista y escritor, presidente de la Red Voltaire con sede en París, Francia. Es el autor de La gran impostura y del Pentagate

Militante de la Surda es nuevo presidente de la FECH

Militante de la Surda es nuevo presidente de la FECH

Próxima directiva de la Federación estará integrada por candidatos de cuatro de las listas que participaron en los comicios. Juventudes Comunistas ocuparon el 6º lugar entre ocho nóminas en competencia.



lanacion.cl

El estudiante de sociología y militante del Movimiento Surda, Giorgio Boccardo, fue elegido nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) por el período 2006-2007. La lista ganadora (C, "Nuestra elección es Construir") es continuista de la tendencia que se ha impuesto en los dos últimos años entre los alumnos del plantel.

Dado el sistema de elecciones de la FECH, la próxima directiva estará integrada por candidatos de cuatro de las ocho listas que compitieron en los comicios.

Junto a Boccardo, de su lista fue elegido Eduardo Arancibia, del movimiento Nueva Izquierda, quien ocupará la secretaría de Comunicaciones.

En tanto, el vicepresidente de la federación será Felipe Hazbún, candidato del movimiento de izquierda “U Social” (Lista B); en la secretaría general fue elegido José Rodríguez, de la Juventud Socialista (Lista G); en tanto, la secretaría ejecutiva quedó en manos de Claudio Pérez, perteneciente a la Democracia Cristiana Universitaria (Lista D).

El recuento final indica que la lista ganadora, conformada además por el Movimiento Autonomista Libertario (MAL), el Colectivo Estudiantes de Izquierda (EEII), Estudiantes Autónomos, obtuvo un 30,71 por ciento (2.351 votos); la lista B consiguió un 25,76% (1.972 sufragios); la lista G de los socialistas y el PPD alcanzó un 12,38% (948 votos); mientras la lista D, de la Falange, llegó a un 8,91 por ciento.

Más atrás, la Lista E, de los radicales, obtuvo un 8,16 por ciento (625 votos), superando incluso a la Lista F, de las Juventudes Comunistas, que apenas sacó un 8,15% (624 sufragios).

Finalmente, la lista A, de la Juventud Rebelde Miguel Enríquez JRME, junto a independientes de izquierda, sumó un 3,57% (273 votos), y la lista H del colectivo Armas de la Crítica sacó 2,36% (181 sufragios).

Boccardo reemplazará en el cargo a Nicolás Grau, hijo de la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, e integrante del Consejo Asesor Presidencial para la calidad de la Educación.
Giorgio Boccardo (en la foto) reemplazará en el cargo a Nicolás Grau.