“El ejército colombiano iba preparado para realizar la ejecución extrajudicial. Llevaban armas extras, llevaban munición extra, llevaban uniformes extras.”
AUTOR: Luis MONTILLA
Agustín Jiménez es un jurista colombiano que lleva muchos años luchando por los derechos humanos en su país. Es miembro de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) y representante de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), organización que hizo público hace pocas semanas un informe en el que se denunciaban los asesinatos extrajudiciales de las fuerzas de seguridad colombianas y que ha provocado la destitución de 27 oficiales y suboficiales del ejército.
Durante estos días se encuentra en una gira europea. El 5 de diciembre se celebra en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la revisión periódica sobre la situación de los DDHH en Colombia. Su objetivo es que los gobiernos europeos exijan mayores responsabilidades al gobierno colombiano y que los mecanismos de seguimiento sean anuales, ya que Colombia no tendrá una nueva inspección del Consejo de DDHH de la ONU hasta dentro de 4 años.
Usted pertenece a la FCSPP y también es representante de la CCEEU. ¿Cuántos presos políticos existen en la actualidad, según los datos de su organización, en Colombia?
Según la Fundación, alrededor de unas 6.000 personas se encuentran detenidas en Colombia por delitos políticos o conexiones con esos delitos políticos. Alrededor de 3.000 de estas personas han sido detenidas en medio del conflicto armado, es decir, que tienen cierta condición de actividad en los grupos guerrilleros. Unos 1.800 detenidos son personas que viven en zonas de influencia de la guerrilla y son acusados por el Gobierno de pertenecer a la misma por el hecho de vivir en estas regiones. La mayoría de ellos son campesinos o pobladores de pequeñas ciudades, que de una u otra forma se ven obligados a tener una relación con la guerrilla. Y el Gobierno considera que esta relación significa una pertenencia al grupo guerrillero. Y más de 1.000 personas, que son dirigentes sociales, que tienen alguna actividad social de importancia en esas mismas regiones o también en las ciudades. A causa de su actividad y de su posición están acusados de pertenecer a la guerrilla, de hacer esa actividad a favor de la guerrilla.
¿Puedes explicar un poco como son las condiciones de los presos políticos en las cárceles de Colombia? ¿Están garantizados los derechos de esas personas?
La situación general de las cárceles colombianas es una situación grave. Gravísima. Todos los presos en Colombia están, en términos generales, sometidos a una situación complicada. El preso político está sometido a esa misma situación pero con el agravante de que la guardia penitenciaria, las direcciones de las cárceles y el Gobierno, toman medidas que terminan agravando su situación. Por ejemplo, si el acceso a un médico o a un trabajo dentro de la cárcel es un problema para todos los presos, para el preso político es algo casi imposible. Pero hay algunas cosas que tienen que ver ya directamente con la situación de los presos políticos, que son evidentemente violaciones que el Estado colombiano comete permanentemente contra ellos. Una de ellas sería el apartarlo del vínculo familiar. Si el preso político, por ejemplo, es de una zona como Buenaventura, el Gobierno lo envía a la costa atlántica, para que su familia no lo pueda visitar. O lo manda a zonas de control paramilitar, adonde la familia muy difícilmente puede irlo a visitar.
Y lo otro que aplica el Estado colombiano y que es una infracción clara del Derecho Internacional Humanitario, es colocar a los presos políticos en los sitios donde los paramilitares tienen control dentro de la cárcel. Hay presos del paramilitarismo que controlan la vida de los patios y el Gobierno pone allí a los presos políticos argumentando que lo hace para evitar que los presos se puedan organizar y escaparse de las cárceles. Y esa situación es una situación complicada que ha producido la muerte de varios presos políticos.
La CCEEU ha publicado un informe (http://www.ddhhcolombia.org.co/) que señala que entre enero de 2007 y julio de 2008 perdieron la vida 535 personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas públicas. A raíz de este escándalo, el presidente Uribe ha anunciado la retirada de 27 oficiales y suboficiales del ejército por el asunto de los “falsos positivos” ¿Qué es lo que está pasando realmente en Colombia?
Lo que está pasando en Colombia es que lo que el Gobierno ha denominado Política de Seguridad Democrática, tiene como una de sus fases el exigirle a la fuerza pública una operatividad mucho más fuerte. Esto ha provocado que el ejército y la policía hayan tomado regiones del país y hayan obligado a un repliegue táctico de las fuerzas de la guerrilla, por lo que los contactos militares entre la guerrilla y el ejército han disminuido y no son tantos como se muestran a veces a la opinión pública. Lo que el ejército hace es mostrar resultados sin que haya ese contacto con la guerrilla.
A pesar de este repliegue táctico, el ejército muestra una situación en la que más de 13.600 personas han sido dadas de baja por pertenecer a la guerrilla. Este número tan alto nos llamó la atención porque, de ser cierto, significaría prácticamente la desaparición de la guerrilla. Al hacer averiguaciones de lo que estaba pasando, empezamos a recibir una cantidad alarmante de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. Personas que decían que sus familiares habían sido presentados como muertos en combate cuando lo que realmente había ocurrido, era que habían sido detenidos, o habían sido llamados por la policía o el ejército para dar algún dato y luego aparecía muerto y dado de baja en combate. Con estas primeras versiones realizamos un primer informe en el cual nos encontramos con una realidad de 955 denuncias por ejecuciones extrajudiciales de las cuales en ese momento ya llevábamos alrededor de unas 134 documentadas judicialmente. Presentamos el informe a la Comisión Interamericana y el gobierno nos acusó de apoyar el terrorismo, de que queríamos contar las bajas de la guerrilla como violaciones de los derechos humanos.
Ahora nos hemos enterado de una cifra bastante preocupante y es que en el último año y medio el ejército reportó que había dado de baja 819 personas que no tenían identificación, NN (No Nombre), como se conocen dentro del sistema judicial colombiano. En ese sentido esas personas son un universo a investigar, porque es muy raro que en un año y medio se topen con 819 personas que no tenían identificación.
Todo esto, ¿es consecuencia directa de la aplicación de la Política de Seguridad Democrática?
Nosotros dijimos en su momento que la Política de Seguridad Democrática era un peligro para la seguridad del país, dijimos que el estímulo a presentar cadáveres como muestra de resultados en combates con la guerrilla era una cuestión, primero, inhumana, y segundo, que rompía todos los pactos internacionales. Pero el Estado mantuvo estos estímulos.
Lo otro que denunciamos era que propiciar una red de ciudadanos que entregaba información para que las autoridades actuaran en contra de los grupos armados, tenía unos riesgos bastante altos. Por un lado la involucración de estas personas en el conflicto armado lo cual los podría hacer también víctimas del actuar de los grupos alzados en armas, y por otro lado que estas personas podrían utilizar el hecho de ser informadores para sacar ventajas personales, económicas, profesionales.
Toda esta política ha dado como resultado que se aumentaran las detenciones arbitrarias, como los hechos ocurridos en Saravena, ha provocado torturas a mucha gente para sacar más información, siempre con el objetivo de mostrar más resultados.
Porque el ejército no va a tener tanta disposición como el presidente cree para ir a atacar a la guerrilla a la selva. Porque el ejército sabe que en la selva puede perder la batalla. Entonces es más fácil para el ejército seguir mostrando resultados con ciudadanos inermes de las ciudades y en los centros poblados.
¿Considera esta estrategia una estrategia orquestada por el propio Estado o es la consecuencia de una ley mal planteada?
Yo creo que encontrar una prueba como quiere el Gobierno que encontremos para demostrar que hubo o que hay una política del Estado para impulsar este tipo de crímenes, es imposible. Lo que si es claro, es que hubo una política de estímulos y esa política de estímulos estuvo acompañada de una política de exigencia de resultados a cualquier costo. Eso hace responsable al Estado, no necesitamos una orden. Hay una política de estímulo y por tanto lo que haya pasado como resultado de esa política es responsabilidad del Estado.
Existen otras pruebas. Por ejemplo, el hecho de que nosotros denunciáramos los asesinatos en un departamento, produjo que en ese departamento disminuyeran las ejecuciones extrajudiciales, pero que apareciera el fenómeno en el departamento vecino, y así se fuera corriendo el mapa de la violación cubriendo todo el territorio del país. O cuando dijimos, “son los campesinos de la zona dónde la guerrilla tiene presencia los que están siendo asesinados para mostrarlos como un acto contra la guerrilla”, aparecieron en los centros urbanos también este tipo de asesinatos. Luego dijimos qué tipo de gente estaba muriendo en las ciudades y el fenómeno cambió para escoger a drogadictos e indigentes, que según los victimarios no iban a ser buscados por sus familias. Todo esto indica que hay alguien pensando detrás del fenómeno. O sea, hay un cerebro pensando detrás del mecanismo, una sistematicidad.
Pero también el ejército es responsable como institución por el hecho de que en varios de los procesos hemos encontrado que el ejército iba preparado para realizar la ejecución extrajudicial. Llevaban armas extras, llevaban munición extra, llevaban uniformes extras. No se les ocurrió en un momento, sino que se preparan para ejecutar extrajudicialmente a la gente. Entonces si no hay una orden, que no la tenemos, si hubo una política concreta, una política de estímulo, hay un sentido de cuerpo dentro del ejército para cometer estos hechos y hay sistematicidad en esas acciones, lo cual hace evidentemente responsable a todo el Estado colombiano por todo lo que ha pasado.
¿Puedes describirnos alguno de los casos con los que os habéis encontrado?
Tenemos una caso que lleva la Fundación, en el que un muchacho mendigo de la plaza de ventas de la ciudad de Tunja, muy conocido de todos los vendedores porque pedía alimentos allí, fue presentado como un comandante económico de las FARC caído en combate. Supuestamente era la persona que manejaba los dineros de las FARC. Y hoy tenemos muchos testigos que están dispuestos a decir lo que realmente hacía este señor. Pero cuando cogimos ese caso y empezamos a profundizarlo, aparecieron más de 8 familias buscando a sus familiares mendigos de esa ciudad que también fueron presentados en las mismas circunstancias.
Tenemos también el caso de un joven de 16 años que fue testigo de como mataron a su amigo. Nosotros le llevamos a Bogotá, testimonió en muchas partes y el Gobierno se comprometió a protegerlo, por lo que permitimos que volviera a su región. A los tres meses de volver, lo matan junto a su padre y el ejército lo muestra como muerto en combate.
Hay casos que pretenden borrar testigos, hay casos que es por casualidad que a la persona lo mataron, hay casos que tratan de quitarle la base social a la guerrilla y hay casos de castigo a alguien que se le considera que está en contra del ejército.
El general Mario Montoya ha dimitido por este asunto y en su lugar Uribe ha colocado al general Oscar Peña González ¿Va a cambiar la situación en Colombia con ese mandamiento? ¿Existe intención por parte del Gobierno de cambiar la política que está llevando a cabo?
No, no existe ninguna intención por parte del Gobierno de cambiar su política. Eso hay que dejarlo claro. El Gobierno no ha tomado una decisión de cambiar su Política de Seguridad Democrática. La ha reafirmado públicamente como la mejor forma de cumplir los derechos humanos.
Yo creo además hay que analizar muy bien ese mandamiento. Con el nombramiento del general Montoya, ya denunciamos que existía un antecedente bastante grave, con el caso de la “operación Orión”, además de numerosas vinculaciones con los paramilitares y el narcotráfico. Y respecto a Oscar Peña, estamos recogiendo toda la información. Las organizaciones de Antioquia empezaron un trabajo muy importante. Creemos que este señor no cumple con sus antecedentes de derechos humanos para ser el reemplazo de Montoya. Pero queremos preparar muy bien esa parte para no decir cosas más allá de lo que podamos demostrar. Muy pronto tendremos un dossier bien preparado sobre este personaje.
Dentro de toda esta política que estás describiendo, ¿que parte tiene el Plan Colombia?
Nosotros dijimos en su momento al Congreso de Estados Unidos que entregar recursos de esa dimensión al ejército colombiano era un peligro altísimo, porque se trata de un ejército violador de derechos humanos. Y lo que hemos visto es que las zonas de operación del Plan Colombia se han convertido en zonas de aumento de la violación de los derechos humanos. Ya lo han demostrado varias decisiones del Departamento de Estado al quitar recursos a diferentes batallones militares, porque evidentemente, estos batallones que reciben recursos están en mayor capacidad de violar los derechos humanos. Muchas de las personas ejecutadas extrajudicialmente en Colombia fueron ejecutadas con dinero que dona el contribuyente norteamericano a través de su gobierno para las fuerzas militares colombianas. Esto es gravísimo y esperamos que la nueva administración ponga coto a esos recursos para la guerra y aspiramos que más bien salga un plan para la paz en Colombia, para la solución política negociada del conflicto.
Con la llegada de Obama, ¿qué esperanzas hay en Colombia?
Sabemos una cosa: la política en Colombia depende de EE.UU. Y depende porque lastimosamente, la elite colombiana se amarró desde hace mucho tiempo al querer de Washington. Y el querer, hasta ahora, ha sido totalmente negativo.
No sabemos cual va ser la política de Obama, pero para nosotros es muy esperanzador que haya tenido en cuenta la muerte de los sindicalistas y la violencia contra los defensores de derechos humanos en el país. Eso ya indica un cambio de mentalidad y de mirada. Pero también sabemos que para que de eso se llegue a una política concreta hay mucho trabajo que hacer. Los senadores en Estados Unidos tienen que comprender que llevan más de 8 años donando una plata que lo único que ha hecho es aumentar el conflicto armado en Colombia. Y ojala que Obama pueda entender que no se hace ningún favor a la humanidad manteniendo vivo el único conflicto de esta dimensión del hemisferio, y que el aporte a la humanidad es buscarle solución a ese conflicto.
Si EE.UU. toma eso, yo creo que a la elite colombiana le queda difícil no optar por una salida política. Y ojala que la guerrilla también escuche eso y se ponga a aprovechar un escenario de diálogo de los problemas colombianos.
Un gobierno como el de Uribe, que tiene tras de sí tantos escándalos, entre otros espionaje a la oposición, tener 45 senadores en la cárcel por relaciones con los paramilitares o los casos de los “falsos positivos”, ¿cómo se mantiene en el poder y por qué tiene tanto apoyo en Europa?
Hay varios elementos. Uno es que la población está cansada del conflicto armado. Eso es una realidad y en ese sentido los primeros años de Uribe significaron la mejoría de algunos temas que a la gente le complicaban la vida del conflicto. Por ejemplo la guerrilla se ha visto forzada a abandonar un cierto control que tenía, sobre todo en las poblaciones intermedias de mediana población. En la vida cotidiana es muy difícil de soportar una presión de grupos armados a tu alrededor, pero también, por ejemplo, el control que perdió la guerrilla de las vías de comunicación, sobre todo las terrestres, hace que la gente sienta un cierto nivel de movilidad mayor, que pueda ir a un lado, que pueda ir a otro, así aun no se tenga mucha economía para ir. Pero para la gente, el poder ir a visitar a su papá o mamá a un sitio lejano dónde antes no podía ir sin pasar por un retén, le da una sensación de libertad que ocasiona cierto nivel de tranquilidad.
Además Uribe y su combo de amigos, ha generado unos hechos económicos que posibilitan cierto bienestar económico a alguna gente. Por un lado, el narcotráfico ha tenido vía libre para meter su dinero a Colombia. El paramilitarismo también. Hay ahora lo que se conocen las famosas pirámides, tu metes 5 millones de pesos en un sitio de estos, a los seis meses te devuelven el doble, entonces la gente siente unos beneficios, la gente se siente boyante.
Otro asunto es que Uribe ha tomado los dineros del Estado, que estaban para transformar la realidad social, y los ha dedicado, como digo yo, a prepagar el voto de la mejor forma. Porque ya no te pagan el voto el día de las elecciones sino que te pagan 80.000 pesos mensuales durante todo el Gobierno. Es muy fácil luego decir, si no es el mismo Gobierno, no vendrán más los 80.000 pesos.
Además existe un juego mediático muy bien orquestado. Uribe ha sido genial en eso, cada vez que hay una noticia de esta que a ustedes les queda muy impresionada en la mente, al día siguiente Uribe genera otra noticia que la diluya en el subconsciente colectivo y logra con eso disminuir la presión.
Y otro juego hábil del uribismo es mostrar los avances que se tienen contra la guerrilla en el campo militar como avances en el respeto de los derechos humanos. Entonces por ejemplo, capturar a un miembro de las FARC, matar a Raúl Reyes o capturar a Karina se presentan como actos de mejora de los derechos humanos en Colombia. Pero eso es matar a un combatiente, son hechos militares del conflicto armado, no avances en la defensa de los derechos humanos.
Artículo original publicado el 1/12/2008
Sobre el autor
Luis Montilla es miembro de Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. Este artículo se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor y la fuente.
