Como parte del debate para una nueva Constitución Marinos antigolpistas proponen democratización de las FFAA
Esta iniciativa surge de su experiencia en la Armada, y de una inquietud. Pese a los sucesos de Antuco, a la instalación de una sucursal de la Escuela de las Américas en el Fuerte Aguayo en Con Con para adiestrar militares chilenos en “antidisturbios”, a la instrucción de los infantes de Marina que enseña “argentinos mataré, bolivianos mutilaré, peruanos degollaré”, y a la evidencia de que militares mantienen pactos de silencio de protección a los represores, las reacciones de la sociedad y de los parlamentarios son muy escasas, casi inexistentes.
Como lo establece la reciente investigación de la periodista Catalina Gaete, las FFAA siguen siendo un mundo aparte. Disponen de un código, de tribunales, de un sistema de previsión, de un clero, de hospitales, poblaciones y clubes sociales propios. Sus mandos, casi sin control de las autoridades, organizan las escuelas militares, escogen docentes y contenidos. Y, con poco disimulo, siguen exaltando el golpe de 1973 a través del monumento a Toribio Merino en Valparaíso, de la biblioteca Augusto Pinochet en la Escuela Militar y del nombre Fabriciano González, dado a la Escuela de Suboficiales de Carabineros. Símbolos que desafían la democracia.
Rol social de las FFAA El fin de su aislamiento y la integración fructífera de las FFAA a la sociedad, –acota el documento de los marinos– permitirá utilizar los considerables recursos materiales e intelectuales que la nación les otorga, en el desarrollo del país. La preparación militar puede y debe complementarse con tareas productivas como el “abastecimiento y provisión de servicios a zonas remotas del país, trabajos voluntarios en zonas rurales y urbanas, etc.” Y la noción de defensa debe incorporar “nuestros recursos naturales patrimonios de la humanidad, incluidos la documentación, el arte, la cultura, la protección de las personas y la vida humana. La protección del medio ambiente, los recursos hídricos, glaciares, humedales”.
¿La orden superior o la Ley? En 1973, los marinos constitucionalistas observan cómo parte de la oficialidad prepara el amotinamiento, tipificado como delito de alta traición. Con la Ley de su parte intentan defender al gobierno legítimo denunciando la conjura. Sin embargo, fueron acusados de “sedición y motín” en agosto de 1973, y sufrieron torturas y años de prisión. En cambio hasta hoy ningún militar –ni civil– ha sido juzgado por haber organizado el golpe.
Tal aberración se apoya en la “verticalidad del mando” entendida como la obligación de un subordinado de obedecer siempre cualquier orden, ya que el superior es responsable. Aquella “verticalidad” ha permitido impartir numerosas y gravísimas órdenes ilegales, situación que plantea una interrogación de primera importancia: ¿Debe un subordinado ejecutar ciegamente una orden ilegal? La conclusión es evidente: la Ley tiene preeminencia. Nadie puede ser forzado a ejecutar órdenes que transgredan la Ley, que violen los derechos humanos o que constituyan delito. Puesto que la historia registra, de forma recurrente, situaciones en que órdenes ilegales fueron impartidas masivamente, “se deben tener los instrumentos necesarios que aseguren e identifiquen la depuración de responsabilidades y ejerzan las medidas tendientes a erradicar las órdenes ilegales, independiente de la cadena de mando”.
Militares subordinados a las autoridades republicanas En la memoria de los marinos constitucionalistas resuenan aún las numerosas arengas golpistas que escucharon a partir de 1972, cuando oficiales clamaban impunemente que tenían “el derecho y el deber de deponer al gobierno marxista”. Tal “derecho” –totalmente ilegal– se sustenta en ideologías extremistas que otorgan a los mandos militares el “deber” de organizar la sociedad para enfrentar el enemigo (definido por ellos) y para la guerra (diseñada por ellos). En los años 1930 toma el nombre de “guerra total” y en los años 1960 de “seguridad nacional”. Y hasta hoy subsisten doctrinas que pretenden que cuando es preciso “salvar la patria”, los salvapatrias auto designados pueden infringir sus leyes.
Le corresponde a la ciudadanía a través de sus representantes –continúan los marinos–, y no sólo a los altos mandos, definir “las políticas militares, como la planificación estratégica y la identificación de las amenazas”, lo que debe ser precisado en una nueva Ley Orgánica de las FFAA, igual que la prerrogativa presidencial de intervenir en la designación de los mandos.
El documento rescata un mecanismo que la Constitución de 1925 otorgaba al Senado: “todo ascenso a grados que impliquen el mando de una unidad militar de cierta importancia (cuartel, buque, bandada…), sea en última instancia decidido por la Cámara de Diputados por una mayoría especial”. Así se establecería una forma de control ciudadano sobre los currículos de los que comandan las instituciones armadas.
Los militares son ciudadanos Porque recuerdan la norma que la “gente de mar” (la tropa) requiere autorización para inscribirse en cualquier asociación o para proseguir estudios, y recuerdan cómo sus lecturas y opiniones eran vigiladas, como menores desprovistos de derechos, los marinos reclaman derechos explícitos para los militares. “Ningún reglamento –afirman– puede negarles sus Derechos Constitucionales garantizados a todo ciudadano, de asociación, reunión, sindicalización, proseguir estudios superiores”. El único límite a la libre expresión es que “no se ponga en riesgo la ejecución de sus misiones operativas legalmente emprendidas”.
Incluyendo el derecho a dar su opinión. Una cosa es, en efecto, la jerarquía y la obediencia necesaria en operaciones militares, y otra es el derecho de todas las mujeres y hombres que trabajan en las tareas de defensa, de participar en las reflexiones que atañen a las instituciones armadas. En temas como su funcionamiento, sus remuneraciones, sus adaptaciones al mundo actual, y la mejor manera de contribuir al desarrollo del país.
No corresponde consagrar las instituciones a divinidades con las que se identifica sólo una parte de la ciudadanía. Es necesario que las instituciones armadas acaten “la separación entre la Iglesia y el Estado, vigente en Chile desde 1925”, y “como todo ciudadano, los militares son libres de practicar la religión que deseen, pero fuera del lugar de trabajo”. Por lo tanto, los obispados castrenses y los capellanes, por lo general ultraderechistas, están de más.
Escuela Matriz única y escalafón único ¿Qué justifica la persistencia de escuelas diferenciadas para oficiales y para la tropa, con fuerte contenido clasista? Los marinos reactivan la reivindicación, ya presente en 1973, de que exista una sola Escuela Matriz por rama, ya que no existen motivos válidos para determinar a los que mandarán y los que obedecerán desde el momento de la inscripción en una u otra escuela.
En la Escuela Matriz se impartirá “una formación militar integral, asociada y relacionada con la defensa de nuestras riquezas naturales, sobre todo la protección de las personas”. Sus programas de estudios incluirán “la educación cívica, los derechos humanos y el medio ambiente”. Sus docentes serán “profesores universitarios cuya competencia e idoneidad asegure una enseñanza que promueva la democracia y el humanismo a sus alumnos”.
Será gratuita; el ingreso se hará según “un examen de admisión común”. Luego, en función de “una evaluación objetiva, profesional, méritos y capacidades”, se establecerá el cuadro de oficiales y de suboficiales.
Degradar los criminales y erradicar el golpismo Es un insulto a la sociedad que los militares que perpetraron los crímenes más graves que conoce el país, sigan ostentando honores, ventajas y caudalosas jubilaciones. Los marinos reclaman “degradación inmediata y pérdida de beneficios de sueldos para todos aquellos militares que hayan violado los Derechos Humanos o cometido crímenes de Lesa Humanidad u otro crimen que envuelva presidio perpetuo”.
Por el mismo motivo, piden suprimir “monumentos, actos, nombre de calles, reparticiones, buques o cualquier recinto público” que involucre civiles y militares que hayan perpetrado tales violaciones.
Nada justifica documentos ocultos. Después de un plazo prudente, “los archivos de las instituciones armadas deben ser fácilmente accesibles a la ciudadanía, especialmente a los investigadores”. Como todo servicio público.
También es necesario actualizar el Código de Justicia Militar, retirando todos los delitos que no sean específicamente militares.
Por último –reflexionan los marinos– conviene terminar con el concepto engañoso de “familia naval/militar/aérea” porque desliga a las instituciones armadas del resto de la ciudadanía. Para destacar que las Fuerzas Armadas son y representan a todas y todos los chilenos, proponen legalizar el nombre “FFAA de Chile”.
1. Un carabinero que obedeciendo al amotinado general Mendoza murió el 11 de septiembre de 1973. Recordemos que el general director de Carabineros, José María Sepúlveda dio órdenes para que la institución se mantuviera en la legalidad y se opusiera al golpe. Y los cinco generales siguientes en la jerarquía (Jorge Urrutia, Rubén Álvarez, Orestes Salinas, Alfonso Yáñez y Martín Cádiz) se negaron a sumarse al golpe. Sin embargo, este gesto no ha sido destacado como ejemplar por los actuales jefes de Carabineros.
*Historiador.
http://www.lemondediplomatique.cl/Marinos-antigolpistas-proponen.html
