Venezuela: Del pajarito al águila rapaz

por Emilio Cafassi (Uruguay)

El huracán electoral que derribó la hegemonía chavista en la Asamblea Nacional el pasado domingo 9 de diciembre, tomó más fuerza de la anemia oficialista que de los 28 partidos que convergieron unificando a la oposición en una derecha destructiva e indómita, alentada material e ideológicamente por el imperio más próximo. El “voto castigo”, esa suerte de ilusión sancionatoria sobre el poder de turno, se impuso ese día con dramática elocuencia. Sin embargo, resolver los múltiples problemas que enfrenta el país, reorganizar un capitalismo desquiciado y fallido, será más complejo aún en la actual correlación de fuerzas. Aquella que no sólo expresa intereses de clase contrapuestos con su consecuente conflictividad, sino que pasará a oponer diametralmente a los propios poderes del Estado. Con la máxima mayoría requerida para desplegar su completo potencial, la unicameral Asamblea dejará de ejercer su doble función: como representantes que dictan las leyes y como “parlamento” o lugar donde se discuten los asuntos públicos, en el que las demandas sociales puedan ser representadas, reconocidas y negociadas. Probablemente se erija en exclusivo contrapoder del Ejecutivo, en pura negatividad activa con consecuencias más devastadoras aún que la acuciante actualidad política y económica. Cuando se alcanzan esas proporciones, la minoría es prácticamente espectadora.

Las inocultables conquistas sociales que introdujo el chavismo en beneficio de una mayoría de excluidos en el plano económico, educativo, sanitario y cultural, contribuyen a la explicación parcial de sus 18 triunfos electorales sobre 20, tanto como la imposibilidad de sostenerlas, esta reciente debacle. Pero el balance de las causas no puede clausurarse con una correlación mecanicista. Si una inflación imprecisable aunque siempre del orden de los tres dígitos, el desabastecimiento de productos indispensables y el crecimiento del crimen tienden a licuar lo conquistado, el enriquecimiento de funcionarios y militantes y el doble discurso convierte el retroceso social en irritación ciudadana incontenida. La magnitud y extensión de la corrupción y el nepotismo, tanto como la burocratización con su ineficiencia y conservadurismo, juegan un papel tan relevante como la propia crisis económica y comprometen hasta el ejercicio del poder, como puede apreciarse también en varios de los progresismos sudamericanos. Si el capitalismo genera desigualdad y opacidades, cuántas más produce un capitalismo negro cuyo descontrolado enraizamiento se acrecienta día a día a pesar de que hasta la guerra económica ha sido militarizada, aspecto que excede a la economía para depender de la cultura y la política, hasta envolver a la retórica.

Menos de cuatro meses atrás, estando en Venezuela, me detuve a observar a una columna militar armada y uniformada, cuya “batalla” consistía en venderle a precio oficial, una cantidad acotada de pañales a las ciudadanas que formaban interminable cola para obtenerlos. Probablemente una proporción de esos pañales serán vendidos por las adquirentes en el mercado negro a valores muy superiores para a su vez obtener con lo recibido otras mercancías en el mismo mercado informal. Es difícil encontrar ciudadanos que no sean además cambistas informales de dólares cuya cotización está prácticamente regida por la página “dolartoday” editada en el exterior, que difiere de los varios tipos oficiales de cambio hasta llegar a brechas que pueden superar el 100 a 1. Lejos del socialismo del Siglo XXI que pregonaba Chávez, se desarrolla un capitalismo cada vez más oscuro, en sentido polisémico, sin control popular alguno, sino inversamente, con un masivo involucramiento popular en él. Combatir la especulación, el acaparamiento y el mercado negro apoyándose en una institución tan desacostumbrada a los controles y la transparencia, tan acorazadamente corporativa como las fuerzas armadas, mientras la mayoría de la sociedad se alimenta malamente de migajas especulativas, es echar la casi gratuita nafta bolivariana a la hoguera. De este modo, hasta las revolucionarias transformaciones democráticas de la reforma constitucional chavista que obligan al gobierno a someterse a elecciones frecuentes, incluyendo la posibilidad revocatoria, se degradan en un marasmo extenuante.

La herencia recibida por Chávez 17 años atrás no le facilitó las cosas. Se encontró con una economía rentística dependiente y concentrada que no pudo superar su carácter originario aunque logró ser mucho más libre y distributiva. Pero no ha logrado siquiera soberanía alimentaria ni desarrollado un tejido industrial mínimo con lo cual depende de la magnitud de la –hoy exangüe- renta petrolera para sus importaciones y para combatir la miseria. Pero mucho más importante aún es que no halló una sociedad civil con umbral mínimo de organización y politización, sino que tuvo que construir el poder popular, las “misiones”, asambleas populares, y hasta su propio partido, PSUV, de arriba hacia abajo apoyándose fuertemente en sus camaradas de cuartel.

Ya no será un pajarito sino el águila del norte, adicta compulsiva al petróleo del mundo entero, la que sobrevuele a Maduro cada vez que se hinque a rezar.

A 25 años del ataque a “Casa Verde” La perspectiva de un Acuerdo final y el miedo al pueblo

 

Jairo Estrada Álvarez

Revista Izquierda

El domingo 9 de diciembre de 1990 se produjeron de manera simultánea dos hechos que habrían de marcar la historia reciente de nuestro país. Al tiempo que se abrían las urnas para elegir los setenta constituyentes que conformarían la Asamblea Nacional Constituyente, se produjo en el marco de la llamada “Operación Colombia” el ataque a “Casa Verde” con el fin de liquidar al Secretariado de las FARC, a través de un inmenso operativo militar en el que participaron cerca de 1.600 hombres, que contaron con el apoyo de 46 aeronaves de la Fuerza Aérea.

Después del parte inicial de victoria del entonces Comandante del Ejército, General Manuel Alberto Murillo en horas de la tarde de ese mismo día y de su anuncio de que con esta acción se había “restablecido el orden y el imperio de la ley en esa zona”, se conoció al día siguiente un casete con la voz de Alfonso Cano, en el que el comandante guerrillero informaba que “él y sus demás compañeros se encontraban sanos y salvos”, según las informaciones de prensa de la época. La calculada operación de ejercicio de la “soberanía interna” había fracasado.

Lo que le siguió a esos hechos es conocido. Se cerró la puerta del diálogo y con ello la posibilidad de la participación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar - CGSB en la Asamblea Nacional Constituyente, la cual sesionó y promulgó la nueva Constitución en julio de 1991, que fue definida como un tratado de paz, incompleto e incluso -debe afirmarse- pues las principales fuerzas guerrilleras de la historia del país no hicieron parte de ella. Mientras la Asamblea sesionaba, se produjo una de las más intensas contraofensivas guerrilleras, que condujo a la reunión exploratoria entre el Gobierno de Gaviria y la CGSB en Cravo Norte (Arauca) en mayo de ese año y luego a los diálogos de Caracas entre junio y noviembre. Tales diálogos se reanudaron en Tlaxcala en marzo de 1992 y se rompieron definitivamente en junio. En julio, el entonces Ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda anunció la política de “Guerra integral”, que tenía como propósito principal derrotar a la guerrilla en 18 meses…

Valor histórico del proceso actual y persistencia del miedo al pueblo

No tiene sentido traer a la memoria estos hechos para hacer un ejercicio de historia contra-fáctica en los términos de “¿qué hubiera pasado si…?”. Con ello, busco más bien reafirmar una vez más la trascendencia de los diálogos de La Habana y, sobre todo, que el país se encuentra frente a la posibilidad real de la firma de un Acuerdo final entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno nacional, cuyo valor histórico sigue sin sopesarse con la fuerza debida [1] . La incorporación de la guerra en la vida cotidiana como una anomalía con la que se ha podido vivir, impide avizorar con suficiencia el significado del arco histórico en el que sea posible el trámite de la conflictividad social y de clase a través de los recursos que brinda la política, el cual se inaugurará con el muy posible acuerdo de paz. De los contenidos y la calidad del Acuerdo final, así como de su efectiva implementación dependerá en gran medida que la paz a construir, que no el fin del conflicto, sea en efecto estable y duradera y con justicia social.

Si se juzga por lo hasta ahora pactado, es indiscutible que estamos frente a una potencia transformadora que para desatarse a plenitud requerirá un cambio en la correlación actual de fuerzas, aunque los acuerdos en sí mismos señalan algunas de las rutas futuras que asumirá el conflicto social y de clase. Se trata del probable inicio de un ciclo reformista, de intensificación de la lucha política por la democracia profunda y avanzada en los diferentes ámbitos de la vida social. De ello dan cuenta los acuerdos parciales “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”, “Solución al problema de las drogas ilícitas”, y muy seguramente el esperado acuerdo sobre el “Sistema integral de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición”, incluida la “Jurisdicción especial para la paz”. En todos ellos, se encuentran reflejadas aspiraciones históricas aplazadas del campo popular, que son coincidentes y van en la misma dirección de sus pretensiones actuales.

El aporte histórico del actual proceso de paz, más allá de la superación de la guerra, se encuentra en el muy probable impacto democratizador sobre la sociedad colombiana, si le logra garantizar -con el correspondiente soporte popular- que lo acordado sea efectivamente implementado. No son previsibles aún otros efectos desencadenantes y sobrevinientes. Por lo pronto es evidente, sin haber terminado la negociación, que los escenarios de la implementación tendrán la impronta de la conflictividad.

En el imaginario de las clases dominantes se mantiene la idea del sometimiento guerrillero. Por ello, la expectativa de un acuerdo final ha estado fundada en una paz gratis fiscalmente y sin reformas, en el castigo penal de la rebelión armada y en el reduccionismo “desmovilización, desarme, reinserción, DDR”. En el proceso actual se reafirma el miedo al pueblo y a la reforma que ha acompañado la historia republicana y predomina la tesis que la paz es para aclimatar de mejor manera los negocios, sin afectación alguna del régimen de dominación y explotación.

Tres hechos recientes son un buen indicador de esta afirmación:

¿Un Acuerdo final para que todo siga igual?

Primero, la declaración del Consejo Gremial Nacional de pasado 5 de octubre, en la que se pone de manifiesto que su respaldo al proceso de La Habana (siendo desde luego importante) está condicionado a que los acuerdos alcanzados sean incorporados al orden social vigente, sin afectarlo de manera alguna. Su idea de negociación “por razones humanitarias” y “asimétrica en favor del Estado”, además de desconocer las razones por la cuales se llegó a la situación de la solución política, considera que el Estado lo hace “para acoger dentro de la legalidad a quienes se encuentran por fuera de ella y para fortalecer la capacidad de las instituciones y continuar avanzando en la conquista de una Colombia mejor”. Es decir, el proceso paz es de mero sometimiento y reinserción.

Ello explica, por ejemplo, por qué los acuerdos sobre una “reforma rural integral” son reinterpretados, no sólo para inscribirlos dentro de la lógica del modelo de empresarización capitalista del campo, sino para afianzar el existente régimen de concentración de la propiedad sobre la tierra e incluso demandar la revisión regulaciones ya preexistentes en la legislación colombiana. Señala el Consejo: “Instrumentos como la expropiación por motivos de interés social o de utilidad pública, y la extinción administrativa del dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, si bien preexisten en la legislación colombiana, deberán ser revisados y reglamentados en su aplicación, en un marco de garantía del debido proceso y la legítima defensa de los propietarios legales de la tierra”. La apelación a la legítima defensa es cuando menos preocupante cuando se contemplan los escenarios del posacuerdo. No sobra preguntarse si por “legítima defensa” se comprende la organización de grupos paramilitares, tal y como ha ocurrido a lo largo de la historia del conflicto.

En el mismo sentido, deben ser leídos otros pasajes de la declaración gremial. La “Jurisdicción especial para la paz” sería una concesión que se justifica si permite el sometimiento a la “justicia penal transicional o restaurativa”; pero no lo es cuando contempla responsabilidades indirectas (dígase, las que comprometen a sectores del empresariado) o si es definida como universal y “no reconoce inmunidades ni fueros”. La reparación a las víctimas no debe ser para superar las limitaciones de la ley estatal vigente, sino para comprometer a las FARC en sus dimensiones morales y económicas. La “Comisión de la verdad (sic)” no debe ser para promover “un debate retrospectivo sobre sus instituciones (las del Estado)” que “podría conducir a un injusto deterioro de su legitimidad”. Se persiste en la idea de que las economías ilegales serían las que hacen subsistir el fenómeno guerrillero y se llama a la atención sobre el no conocimiento de “compromisos para entregar bienes y rendimientos financieros asociados con el portafolio de negocios ilegales”, ignorando el propio de reconocimiento en los acuerdos pactados de la conexidad de estas economías con la rebelión y su propio carácter sistémico. A los acuerdos sobre la problemática de las drogas ilícitas se les admiten “ideas sensatas”, pero a renglón seguido se manifiesta preocupación porque la “erradicación se planee como un mecanismo voluntario que supone acuerdos previos con las comunidades”, indicándose que bajo esa metodología “la acción estatal podría quedar paralizada a término indefinido”.

¿Hacia la militarización de los centros urbanos?

Segundo, la petición del alcalde electo de Barranquilla, Alejandro Char, de militarización de la ciudad para enfrentar los problemas de seguridad. Aunque semejante (des)propósito contó con un rechazo importante y por lo pronto no prosperará, sí es una inquietante muestra de la forma como sectores de las clases dominantes conciben la seguridad urbana y la política para enfrentarla. La pretensión de Char se inscribe dentro de lo que el sociólogo Loïc Wacquant ha expuesto magistralmente en su libro “Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad social” [2] . Junto con las políticas sociales de corte higienista que a través del asistencialismo buscan limpiar el paisaje urbano de la obscenidad de la pobreza, y la medicalización de los pobres, es decir, considerarlos enfermos activos o potenciales (alcohólicos, drogadictos, depresivos o locos, etc.) y con tendencia a delinquir, se encuentra la tipificación penal de conductas consideradas propias de los pobres [3] . Y ahora, con la propuesta de Char se introduce la tesis de que los problemas de inseguridad urbana, pueden enfrentarse a través del tratamiento militar, ocultando de esa forma los problemas sociales no resueltos que se esconden tras de ella.

En el contexto colombiano, tal (des)propósito puede considerarse un anuncio de las nuevas tareas que se le pretenden adjudicar a las Fuerzas Militares a fin de evadir la necesaria redefinición de su doctrina, tamaño y estructura en el posacuerdo. Si antes esas fuerzas concentraban su accionar en la lucha contrainsurgente, ahora -reinventando el enemigo interno- deberán centrarse en la lucha contra la criminalidad común, que no es otra que la de los pobres. Y tras de ello, la persistencia de la militarización para enfrentar la protesta y el conflicto social, extendiendo una práctica ya existente en el país. El posacuerdo no puede ser el tránsito de militarización del campo a la militarización de los centros urbanos.

¿Repúblicas independientes o necesaria solución territorial?

Tercero, el rechazo tajante por parte de la Delegación del Gobierno en La Habana a la propuesta de las FARC-EP de constituir “Territorios especiales para la construcción de la paz – TERREPAZ” [4] . Una propuesta que a todas luces es juiciosa y sensata, y que la Revista Semana invita a discutir en profundidad “porque ahí está el meollo del posconflicto y de su futuro político (el de esa guerrilla)” [5], fue respondida por el Gobierno, en los siguientes términos: “No estamos en este proceso para dividir el país, ni para hacer entrega de territorios ingobernables. (…) Nunca hemos pensado en una Colombia fragmentada, no hace parte de nuestro imaginario. Los famosos TERREPAZ hacen parte únicamente del imaginario de las FARC” [6] .

Sin entrar a analizar la interpretación gubernamental, indiscutiblemente distorsionando en su interpretación el sentido y la letra del texto guerrillero, y considerando que el tema todavía no se ha abordado en la Mesa, lo que lo que se pone en evidencia son algunas de las dificultades que enfrentará la discusión del Punto 3 de la Agenda “Fin del conflicto”, en particular en lo que se refiere a la dimensión territorial del proceso de normalización de la guerrilla. Más aún si éste busca definirse de acuerdo con la lógica de la fórmula del DDR. Basta una mirada a la historia territorial del conflicto colombiano para comprender que no se estará -en el caso de las FARC-EP- frente a un proceso de desmovilización de guerrilleros que abandonarán las armas para trasladarse a los centros urbanos para reinsertarse en la vida civil.

Si la construcción de la paz es con enfoque territorial, como se afirma en forma reiterada, la solución política implica una solución territorial, con todo lo que ella contiene. No es la delimitación geográfica para revivir el fantasma de las “repúblicas independientes”. Es el territorio como relación social conflictiva que posibilite efectivamente el destierro de la violencia, genere condiciones de convivencia y garantías de no repetición, reconozca formas de gobierno y economía que se han dado las comunidades que lo han habitado con la realidad de la presencia guerrillera, cumpla funciones propias del ejercicio de la justicia restaurativa y prospectiva pactada por las partes. Y que permita materializar el cese bilateral y definitivo de fuegos y de hostilidades, así como la dejación de las armas.

Colofón

Las buenas noticias que llegan de La Habana acerca de la perspectiva de un muy probable Acuerdo final indican al mismo tiempo no solo la pesada carga de complejidad y dificultad que tienen los temas aún pendientes, sino sobre todo la fuerte conflictividad que se avecina en el período del posacuerdo. Los contornos, los momentos y los lugares de la implementación de lo acordado serán los propios de la intensificación de la lucha social, en el contexto de un régimen de dominación de clase que pese a estar afectado por las implicaciones de la solución política se resiste a la reforma. Las preguntas que siguen rondando son: ¿Cómo se va a encontrar el campo popular en esas nuevas condiciones? y ¿qué capacidad tendrá para consolidar un cambio en la correlación de fuerzas que permita avanzar hacia la necesaria democratización política, económica, social y cultural?

Jairo Estrada Álvarez es Profesor del Departamento de Ciencia Política - Universidad Nacional de Colombia

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[1] La perspectiva los diálogos del Gobierno con el ELN y la posibilidad de la negociación con esa guerrilla refuerzan este argumento.

[2] Loïc Wacquant (2010). Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad social, Barcelona: Gedisa .

[3] Véase, Bruno Lutz, “ Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad social”, en http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/espiral/espiralpdf/espiral57/7_bruno_lutz.pdf

[4] Ver propuesta completa en: Delegación de paz de las FARC-EP, Propuesta quinta sobre el “Fin del Conflicto”, referida a la definición de Territorios Especiales para la Construcción de la Paz (TERREPAZ) , en http://www.pazfarc-ep.org/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/3191-propuesta-quinta-sobre-el-%E2%80%9Cfin-del-conflicto%E2%80%9D-referida-a-la-definicion-de-territorios-especiales-para-la-construccion-de-la-paz-terrepaz y http://www.pazfarc-ep.org/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/3196-propuesta-quinta-sobre-el-fin-del-conflicto-referida-a-la-definici%C3%B3n-de-territorios-especiales-para-la-construccion-de-la-paz-terrepaz-segundo-bloque-de-iniciativas

[5] Ver, ¿Qué quieren las FARC con los Terrepaz?”, en Revista Semana, 05.12.2015. Consultar en: http://www.semana.com/nacion/articulo/las-farc-los-territorios-de-paz/452371-3

[6] “No vamos a entregar el país”: general (r) Mora Rangel, en Revista Semana, 01.12.2015. Consultar en: http://www.semana.com/nacion/articulo/jorge-enrique-mora-rangel-no-vamos-entregar-el-pais/451787-3

Publicado en la Revista Izquierda, No. 60, Bogotá, diciembre de 2015. Consultar en www.espaciocrítico.com

Entrevista exclusiva con el Comandante Antonio Garcia del ELN “No se puede negociar la resistencia popular por promesas de cambio”

 

Periodistas Internacionales

Rebelión

-1) Todo actor de una guerra se plantea el triunfo en la misma a través de someter a su contrario, y cuando acepta un escenario de negociación de ésta puede ser producto del reconocimiento de su prolongación injustificada, bien producto entre otros factores, de: a) la imposibilidad de derrotar a su enemigo y de ser derrotado por éste; b) la factibilidad de obtener parte de lo que pretendía a través de las armas en una mesa de negociación; c) el cambio de las condiciones estratégicas (tanto militares como políticas, nacionales e internacionales) que dieron origen al conflicto armado y, por tanto, su imposible prolongación; d) el desgaste en la población que sirve como soporte o base para sostenerla, lo que puede traducirse en una posible derrota política estratégica para quien pretenda continuarla ¿algunos de estos factores están en el trasfondo de la decisión tomada por Ustedes para abrir, una vez más, una mesa de negociación con un gobierno colombiano? ¿Cuál de estas, u otras razones, es la que más pesa?

-Antonio García: En el caso colombiano los cuatro factores están presentes, y pueden existir otras razones, pero el proceso de búsqueda de la paz apenas empieza. De otro lado siguen existiendo factores que impiden que un proceso de paz sea posible y exitoso. Aún estamos en una fase exploratoria con el objetivo de dilucidar estos impedimentos, y además construir soluciones a tales impedimentos.

Según los especialistas de procesos de paz en el mundo, señalan los siguientes factores: a) voluntad de las Partes para construir acuerdos, no imposiciones, b) que las Partes den muestras claras de no persistir en planes de guerra para aniquilar a la contraparte, y c) claridad por parte del Estado de respetar los acuerdos y hacerlos valer en el futuro. En estos tres puntos no hay claridad de parte del gobierno colombiano. Por estas razones, es el curso mismo del proceso el que permitirá esclarecerlos, por ahora seguimos explorando.

“Bueno sería que ellos cambiaran”

-2) En particular, y como parte de la explicación de la decisión tomada para instalar la mesa de negociación ya aludida, ¿cuál es la valoración que Ustedes hacen del teatro de guerra nacional?, pero también, ¿cuál es la valoración que tienen del conjunto del establecimiento o de los factores de poder tradicionales en Colombia?

AG: La razón de existencia de la guerrilla en Colombia es política, porque no hay condiciones para adelantar la lucha política por vías legales. El hecho que haya elecciones cada cierto tiempo no niega nuestro argumento, sino que lo confirma, pues el régimen tiene asegurada su reproducción, por medio de sus sistemas electoral, político, judicial, acusatorio, tributario y militar. No sólo por su sistema electoral, éste en mayor proporción trata de encubrir la realidad. En la actualidad, existen cerca de 3 mil presos vinculados a la lucha guerrillera y más de 7 mil por motivos de la lucha social y política; es un contraste real y mientras esta realidad se niegue -pero se mantenga-, la lucha armada se continuará reproduciendo. Con una lucha social y política reprimida y penalizada, la gente continuará la lucha por medio de las armas.

Sobre el estado de la guerra, entendemos que el gobierno llegó a la conclusión que la guerrilla estaba prácticamente derrotada y con muy pocas posibilidades, para ser considerada como amenaza estratégica para el Estado, y por tanto era más conveniente imponer una solución política muy condicionada, con muy pocos márgenes de maniobra política y por tanto les resultaba más económico que pretender un éxito total. Si bien la insurgencia recibió golpes militares, también es obvio que en una guerra irregular las guerrillas logramos adaptarnos y en ese proceso nacen otros principios que permiten hacer crecer la fuerza y reproducirse, no de la manera tradicional. Es lo que viene sucediendo en Colombia.

Estamos en una guerra de desgaste. Para el caso del ELN el desgaste que le produce a las fuerzas militares gubernamentales en los teatros de operaciones reales, el establecimiento direcciona su aparato mediático para invisibilizar este accionar, mientras que sobredimensiona lo que hace en nuestra contra. En los medios de información del ELN podrán encontrar los partes de combate, donde se registran centenares de acciones y operaciones militares exitosas cada mes.

Muy seguramente el gobierno ha estimado que había llegado la hora de un proceso de paz exprés, que ha vendido como algo serio; nosotros aceptamos la invitación, sabiendo que no era fácil, por lo anotado anteriormente, con la esperanza que pueda redireccionarse un verdadero camino de paz, que haga viable unos cambios que la sociedad necesita, y vamos a persistir por esa ruta de paz.

-3) Consideran Ustedes que los sectores que concentran mayormente la riqueza nacional están dispuestos a ceder parte de la misma y así facilitar, que la sociedad colombiana se adentre en un cambio fundamental de sus estructuras y de los factores, que han dado paso al conflicto armado, que ahora está en proceso de negociación?

AG: No somos ilusos, si eso fuese posible ya hubiera sucedido. Este proceso de solución política lo que se propone es generar una dinámica política de participación de la sociedad en un Diálogo Nacional que haga más evidente la realidad de desigualdad, injusticia, exclusión, uso de la violencia en la política; para que de esta gran reflexión de país, entre todos tomemos conciencia que se requiere cambiar, que no es un capricho que cuatro locos tienen metido en la cabeza. Si la reflexión es exitosa podrá salir una agenda de cambios para Colombia, donde los sectores de poder podrán participar. Bueno sería que ellos cambiaran, sería lo mejor, eso es lo que deseamos, pues sería unos cambios producidos por nuevos consensos sociales y no por la correlación de fuerzas, pero todos sabemos que los cambios dependen de la lucha y la movilización de la gente que lleva los dolores de la realidad en sus espaldas.

Democratización no significa dejar de luchar

-4) Llegan Ustedes a un nuevo escenario de negociación política del conflicto armado colombiano, luego de que otras insurgencias -sobre todo las caracterizadas como de origen urbano-, ya recorrieron ese camino, ¿qué valoración hicieron Ustedes de esas experiencias y cuáles de las decisiones tomadas por ellas, Ustedes no están dispuestos a asumir?

AG: El ELN también ha gravitado sobre experiencias y desarrollos de lucha urbana, desde su nacimiento hasta ahora. El campo se ha usado como retaguardia, como protección y preservación, en ese momento de las negociaciones de las fuerzas que se menciona, el ELN tenía iguales o superiores desarrollos, sólo que nuestra visión de la lucha no ha sido nunca unilateral, así como el uso de los tiempos y las formas de actuación. En todo se requiere un cálculo estratégico. Por fortuna para ese momento ya contábamos con una estructura de mando confiable y clara para este tipo de decisiones, la Dirección Nacional y el Comando Central que hoy tenemos es una continuidad en hombres, prácticas y visiones existentes desde ese entonces. Desde ese momento hasta la actualidad, lo esencial de Colombia no ha cambiado, sólo la ilusión de la participación electoral extendida a las alcaldías y gobernaciones, copia de un ADN del pasado.

No se puede negociar la desaparición de una forma de resistencia popular, como lo es la guerrilla, por promesas de cambio. O suponer que la democratización signifique que la organización política nacida de la desmovilización, se vincule a la estructura política del establecimiento.

-5) Aunque la agenda de la mesa de negociación que sostendrán con el gobierno colombiano aún no es conocida públicamente sí han circulado de manera extraoficial algunas de sus características, entre ellas llama la atención la preponderancia que le otorgan a la participación del conjunto social en la identificación de las problemáticas que vive el país y en la superación de las mismas, ¿cómo fue el debate con los delegados del Gobierno para que este llegara a aceptar tal énfasis en la agenda?

-AG: El gobierno sabía que nuestra visión de solución política del conflicto estaba muy articulada a las dinámicas de participación de la sociedad, sólo que el gobierno tiene su propia versión, como es lógico, de cómo tiene que ser, y en eso seguiremos teniendo diferencias. Pero es un asunto que tendremos que precisar en la fase pública. Para nosotros la participación de la sociedad tiene que ver con la posibilidad de generar dinámicas políticas en el país, que las ideas se muevan, que la política se dignifique, que deje de ser la compra y venta de votos, y se propicie la reflexión, el análisis de los problemas del país, como elemento sustancial que permita direccionar el futuro del país, con un sentido verdaderamente colectivo.

-6) Por ejemplo, como expresión nítida de lo anterior, en el punto 1 de la agenda acordada (“Participación de la sociedad en la construcción de la paz”) quedó establecido que esa participación llega incluso hasta presentar propuestas “sobre los temas de la agenda” o “propuestas en función de la paz”, puede entenderse esto como:

a) ¿que la agenda de la mesa de negociación que Ustedes han acordado con el gobierno, aún está por definirse en muchos de sus aspectos más notables?

 

b) ¿que Ustedes no negocian por la sociedad colombiana y, por tanto, le corresponde a la misma hacerlo de manera directa y de acuerdo a sus capacidades y potencialidades?

c) Que el modelo de negociación que Ustedes han acordado, es abierto al conjunto de la sociedad colombiana y ésta, al contrario de otras experiencias ya conocidas, estará al tanto de lo que se discuta y defina en esta Mesa de negociación.

 

-AG: No matemos la ilusión de una posible realidad por unas palabras que yo pueda colocar aquí. Las temáticas de la agenda con el gobierno están definidas. Los procesos de discusión y las dinámicas políticas que permitan establecer los acuerdos es lo que se realizará en la fase pública, las formas y procedimientos nacerán en esa nueva realidad, que estamos pendientes que se abra. Desde luego que el ELN no puede negociar por los campesinos, o por los obreros, ni por ningún sector social. Eso es potestad de ellos, ni menos interferir sus procesos políticos.

 

Democracia es atender los reclamos de la gente

-7) De ser así, el tiempo de la negociación política que Ustedes están a punto de abordar de manera pública, lo definirá el ritmo de la participación social, es decir, la agenda puede prolongarse indefinidamente, como también concretarse en un lapso de tiempo relativamente corto, todo ello dependiendo de las discusiones que el Gobierno instale con el conjunto social y las reformas que implemente o acepte implementar, en los aspectos que la misma sociedad demande, ¿la agenda puede enmarcarse en la ruta dibujada en esta reflexión?

 

-AG: En la política nada puede predefinirse, sólo la acción sobre y en la realidad es la que puede crear lo nuevo. El tiempo es una variable importante en los procesos políticos. Igual que en la naturaleza, los frutos maduran en un periodo de tiempo, no se dan en todos los tiempos, pero se requiere de buena semilla, abono, clima y buen cuidado de unas manos talentosas. La sociedad sueña con buenos frutos, no productos raquíticos. Lo que no se pueda ahora necesitará de mejores tiempos. Si este es el tiempo de la democracia, la paz florecerá.

 

-8) El punto 2 de la agenda alude a la democracia y la paz, en particular: a) ¿qué entienden ustedes cómo y por democracia?, b) ¿cuáles son las afinidades que su percepción sobre este aspecto constitutivo de las sociedades modernas guarda con la visión, que sobre la misma tienen los grupos de poder en Colombia y cuáles las diferencias fundamentales?

 

-AG: El punto dos es Democracia para la paz. La democracia es una sociedad de derechos, donde lo esencial radica en que el Estado da las condiciones a la gente para que los disfrute, y cuando existen amenazas que los pueden privar, revisa su incumplimiento para garantizarlos, y está solícito a los reclamos de la gente sin reprimir, excluir o castigar. Una democracia para que sea real siempre debe considerarse imperfecta, pero a la vez perfectible, o sea que existe la obligación de mejorarse, y no como sucede en Colombia, que el Estado está diseñado para que sus defectos se mantengan o acrecienten.

La democracia abarca todos los campos de los derechos: Naturales, políticos, sociales, económicos y culturales; incluidos los nuevos campos que se discuten y aplican en las sociedades modernas. Desde luego que para nosotros, y visto hacia futuro, el ascenso o saltos en la calidad de la democracia, vinculada a la participación de la sociedad en las definiciones políticas, en el bienestar y buen vivir de la gente, en la responsabilidad social del Estado y su sistema económico, es lo que denominamos socialismo.

 

-9) Sin esperar a las principales propuestas que puedan surgir desde los sectores más organizados de la sociedad colombiana, para darle cuerpo a una democracia dinámica en el país, ¿podrían adelantar las reformas fundamentales -y sus particularidades- que Ustedes esperarían, como mínimo, que llevara a cabo el actual gobierno, o el que le suceda en caso de estirarse la negociación, para que la democracia que de acuerdo a Ustedes requiere el país -para superar sus conflictos históricos-, tome forma?

 

-AG: Esa tarea se la dejamos mejor al proceso en su fase pública, pues sería adelantarnos a un debate que aún no ha iniciado.

 

Blog: http://www.eln-voces.com/index.php/voces-del-eln/comunicados-entrevistas/entrevistas/480-no-se-puede-negociar-la-resistencia-popular-por-promesas-de-cambio

 

El Frente Nacional neofascista encabeza la primera vuelta de las elecciones regionales en Francia

 

Kumara Ira

www.wsws.org

 

Traducido del francés para Rebelión por A. d P.

 

El Frente Nacional neofascista (FN) ha sacado unos beneficios considerables en, al menos, seis de las trece regiones francesas en la primera vuelta de las elecciones regionales del 6 de diciembre. Las elecciones se han desarrollado en una atmósfera emponzoñada de represión policial y de histeria antimusulmana, bajo el régimen del estado de excepción que decretó el gobierno socialista tras los ataques terroristas del 13 de noviembre. El gobierno había reforzado la seguridad en las mesas electorales. La policía y los soldados patrullaban por las calles de París y de otras grandes ciudades.

Aunque la abstención fue del cincuenta por ciento aproximadamente, el Frente Nacional ha obtenido el 27,96 % de los votos y aventaja a Los Republicanos (26,89 %) y al Partido Socialista, que ha sufrido un revés devastador y sólo obtiene el 23,33 % de los votos.

El FN llegó primero en seis regiones: Norte-Paso-de-Calais-Picardía, Provenza-Alpes-Costa-Azul, Languedoc-Rosellón-Mediodía-Pirineos, Centro-Loira, Borgoña-Franco-Condado y Alsacia-Lorena-Champaña-Ardenas. La coalición liderada por Los Republicanos (LR) llegó primera en cuatro regiones y el Partido Socialista (PS), en tres.

La presidenta del Frente Nacional, Marine Le Pen, obtuvo el 43% de los votos en la región de Norte-Paso-de-Calais, en donde el Partido Socialista y su aliado, el Partido Comunista Francés Estalinista (PCF), habían dominado durante décadas. El domingo sólo obtuvieron el 18% de los votos. Azotada por la desindustrialización y el cierre de las minas de carbón, la región tiene una tasa de paro del 12,5% y una de las tasas de pobreza más altas de Francia. De los seis millones de habitantes con los que cuenta la región, un millón vive en la pobreza.

Son las primeras elecciones regionales desde que el PS introdujera una reforma que reduce el número de regiones de 22 a 13 y que entrará en vigor el año que viene. Puesto que en la primera vuelta ningún partido obtuvo la mayoría absoluta en ninguna región, el 13 de diciembre tendrá lugar una segunda vuelta entre los partidos que han obtenido, al menos, el 10 por ciento de los votos.

El FN llegó primero en seis regiones y estará presente en todas las regiones en la segunda vuelta, lo que obliga a los responsables del PS y de LR a decidir qué estrategia van a adoptar respecto al FN la semana que viene.

El Primer Secretario del PS, Jean-Christhophe Cambadélis, anunció en la noche del domingo la retirada de las listas del PS en la segunda vuelta en Norte-Paso-de-Calais y en Provenza-Alpes-Costa-Azul. Dijo: “En las regiones en las que el Frente Nacional representa un peligro y en las que la izquierda no aventaja a la derecha, el Partido Socialista ha decidido crear una barrera republicana, principalmente en Norte-Paso-de-Calais y en Provenza-Alpes-Costa-Azul. Durante cinco años, los socialistas no estarán representados en estas regiones”.

Las encuestas indican, algo sin precedente, que el FN podría ganar en dos o hasta en tres regiones: Provenza-Alpes-Costa-Azul, donde se encuentra Marsella, Norte-Paso-de-Calais-Picardía, con Lille, y la región de Borgoña-Franco-Condado.

La subida del FN da fe del papel reaccionario del PS y de la profunda crisis del capitalismo francés. La política profundamente impopular de austeridad y de guerra del Presidente François Hollande (PS) ha desprestigiado a su partido. Ante la falta de oposición organizada en el ala izquierda del PS y mientras que sus aliados políticos y la burocracia sindical reprimen la oposición de la clase obrera, el FN resulta ser el principal beneficiario de las medidas del Estado Policial que ha impuesto el PS tras los atentados de París.

El PS ha manifestado su propósito de desembarazarse definitivamente de los derechos democráticos fundamentales. Ha impuesto un estado de excepción de tres meses que le permite prohibir y reprimir las manifestaciones, y poner bajo arresto domiciliario, sin juicio, a cualquier persona a la que la policía considere una amenaza en potencia para el orden público. Pretende modificar la Constitución para dar al Presidente el poder de prolongar el estado de excepción indefinidamente, convirtiendo Francia en un Estado Policial de hecho.

El resultado de las elecciones demuestra que la decisión del PS de alejarse fundamentalmente de las formas democráticas de gobierno ha debilitado los argumentos de aquellos que esperaban un rechazo del FN por parte de los electores a causa de su herencia antidemocrática: apoyo al régimen de Vichy de colaboración con los nazis, negación del holocausto y apoyo a la dominación colonial francesa en Argelia.

La política del PS ha hecho que el FN se integre en la política burguesa convencional. Aprovechándose de los atentados de París y de la crisis de los refugiados que llegan a Europa a causa de las guerras imperialistas de Siria y de África, el FN ha hecho campaña a favor de estrictas medidas de seguridad y de una política antinmigrantes. Tras las victorias electorales en las municipales y en las europeas del año pasado, el objetivo del FN es afianzar su progreso en la segunda vuelta y aumentar las posibilidades de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales de 2017.

Después de votar en Hénin-Beaumont, ciudad gobernada por el FN en Norte-Paso-de-Calais-Picardía, Marine Le Pen dijo que "es un momento importante, importante para el futuro de nuestras regiones, importante para el futuro de nuestro país, importante a la luz de los dramáticos y catastróficos acontecimientos que han sacudido Francia".

En un llamamiento a los electores decepcionados por el PS y LR, añadió que "Estamos cualificados para conseguir la unión nacional que necesita el país".

En vísperas de las elecciones, el PS y los medios de comunicación burgueses han lanzado un llamamiento desesperado y cínico para no votar al FN, afirmando que eso pondría en peligro la República. El 5 de diciembre, Le Monde publicaba un editorial titulado "El Frente Nacional, qué impostura".

Avisando a los electores de que "hay que tomar en serio al partido de extrema derecha", el editorialista escribía: "su ideología, sus propuestas están en contradicción con los valores republicanos, con el interés nacional y con la imagen de Francia en el mundo. ¿Dónde está la fraternidad cuando el FN propone el restablecimiento de la pena de muerte, despreciando la constitución? O cuando su presidenta utiliza el pretexto de los atentados terroristas del 13 de noviembre para reclamar la suspensión inmediata de las medidas de asilo a los refugiados, despreciando un derecho universal y una tradición que honra a Francia".

De la misma manera, Cambadélis ha pedido a los aliados políticos del PS, como el PCF y los pseudopartidos de izquierdas como el Nuevo Partido Anticapitalista, que se alíen con el PS. Ha dicho que "la izquierda es, pues, el último baluarte de la Francia republicana. El Partido Socialista hace un llamamiento a la unión de las fuerzas de izquierda en toda Francia para defender los logros de la izquierda y cortarle el paso al FN".

Los comentarios de Le Monde y de Cambadélis son cínicos y falsos. Cuando el PS propone dar al Presidente el poder de gobernar Francia en un estado de excepción permanente, ya ha repudiado los principios democráticos identificados históricamente con la república francesa. Principios que sólo podrán defenderse a partir de ahora con la lucha de la única base social que le queda a la democracia en la sociedad capitalista: la clase obrera.

El PS y sus aliados no son un obstáculo para el desarrollo de las formas dictatoriales de gobierno que defiende el FN. Son ellos los que imponen las medidas políticas impopulares de austeridad, de guerra, de construcción de un aparato de vigilancia y del marco jurídico de un Estado Policial. Hacen todo los que está en sus manos para crear las condiciones para el establecimiento de un Estado Policial dirigido por un fascista en Francia.

 

Fuente original: www.wsws.org

Sarkozy, BHL y la OTAN son responsables de los ataques terroristas en Túnez y Malí

Olivier Ndenkop

michelcollon.info

Traducido del francés para Rebelión por Caty R.

El martes 24 de noviembre de 2015 un ataque terrorista, el tercero de este tipo reivindicado por el Estado Islámico, reventó un autobús de la guardia presidencial causando 12 muertos en Túnez. 24 horas después del ataque kamikaze el Gobierno tunecino decidió cerrar su frontera con Libia. Según el presidente Béji Caïd Essebsi las cosas están claras: los autores de la barbarie, sea cual sea su nacionalidad, proceden de Libia, donde tras el asesinato de Gadafi hay miles de combatientes entrenados y equipados para sembrar la muerte por todo el norte de África y más allá. Cuando vivía Gadafi nadie podía aventurarse a instalar una base de entrenamiento de la yihad en ese Eldorado especialmente seguro y vigilado, tanto de día como de noche, por uno de los ejércitos mejor equipados del continente. Por lo tanto son los asesinos de Gadafi, de hecho, los responsables del auge de la yihad que asola el norte de África.

Como todas las guerras la de Libia se vendió a los pueblos como una guerra de liberación, una guerra «justa». Había que ayudar a los libios a desembarazarse de la dictadura de Gadafi, nos dijeron. El francés Bernard-Henri Levy posó con un rebelde en Bengasi para vender a los libios un futuro mejor. Nicolás Sarkozy, entonces presidente de Francia, subió a la palestra para decir que simplemente la paz en el mundo pasaba por la neutralización de Gadafi, presentado como la encarnación del diablo en la tierra. Los medios de comunicación de todo el mundo repitieron esa propaganda de guerra. Peor todavía, sin ninguna verificación los medios de comunicación contaron que Gadafi bombardeó a su población y que utilizó armas de guerra y otras bombas mortíferas contra un pueblo desarmado.

La ocasión hace al ladrón, un tal Ali Zeidan se autoproclamó portavoz de la Liga Libia de los Derechos Humanos. Para captar la atención del público Zeidan declaró que Gadafi había bombardeado a su pueblo causando 6.000 muertos. No existe ninguna prueba de esas acusaciones. Lo que no impidió que los medios difundieran ese balance mortal que solo estaba en la cabeza de Ali Zeidan.

Con el apoyo de cifras prefabricadas la Francia de Sarkozy instrumentalizó a la ONU con el fin de conseguir luz verde para matar a Gadafi. Así el 26 de febrero de 2011, a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores de Francia Alain Juppé, el Consejo de Seguridad de la ONU votó la resolución 1973 que creaba una zona de exclusión aérea sobre Libia. Amparados por ese escudo jurídico los países de la OTAN dirigidos por la Francia de Sarkozy sometieron a Libia a un bombardeo intensivo y mataron a su presidente.

Rechazando todas las manos tendidas por Gadafi y la vía de la negociación propuesta por el gabonés Jean Ping (1), presidente de la Comisión de la unión Africana, la OTAN dominada por los imperialistas occidentales mató a Gadafi.

El asesinato de Gadafi trajo terrorismo, no el desarrollo prometido

Después de la guerra de la OTAN contra Libia el país más próspero de África se convirtió en un cementerio gigante. Una tierra de nadie donde se degüella a los seres humanos como a los corderos de la fiesta de la Tabaski (2). El país se ha convertido en una madriguera de yihadistas. Las escuelas y los hospitales están destruidos. Las personas no pueden ir a la escuela ni cuidar su salud de forma gratuita y masiva como en la época de Gadafi. Los grupos rebeldes rivales se enfrentan por el control de los pozos de petróleo. El Gobierno de Trípoli cuestiona la legalidad y la legitimidad del de Tobruk y viceversa. La economía del país está paralizada. En Libia el desarrollo ha cedido el puesto a la miseria. He aquí cómo una guerra neocolonial disfrazada de «guerra humanitaria» (3) ha destrozado las esperanzas de todo un pueblo. Y las consecuencias de esta guerra neocolonial van más lejos y nadie está seguro en ningún sitio.

Es evidente que todos los países vecinos de Libia (Túnez, Argelia, Níger, Chad y Sudán) caen progresivamente en la inseguridad. Cada uno de estos cinco países ya ha sido víctima, por lo menos una vez, de ataques terroristas. El país de Gadafi ocupa un lugar importante en la internacional terrorista al menos por tres razones: 1) Libia es una gran proveedora de fondos para el terrorismo (dinero procedente de la venta de petróleo y otros tráficos en las zonas controladas por los barbudos), 2) Base de reclutamiento y entrenamiento y 3) Base de repliegue.

Y el círculo de los estados víctimas de la inseguridad en Libia es mucho más amplio. Para desestabilizar a la República Centroafricana en diciembre de 2013 la Seleka de Michel Djotodia aplicó un proyecto franco-chadiano con armas procedentes, entre otros lugares, de… Libia. Los especialistas en asuntos de seguridad explican que Boko Haram también debe su fuerza en gran medida al caos libio, que permite al grupo terrorista obtener financiación y armas sin gran vigilancia. Los islamistas que siembran el caos en Malí se aprovisionan a buen precio en los arsenales libios. Así en los ataques de Tombuctú, Gao o Bamako encontramos que Libia ha contribuido con adoctrinamiento, entrenamiento, financiación y/o armamento.

Para conseguir la destrucción de Libia Estados Unidos reconoce que lanzó más de 192 misiles BGM-109 tomahawk. Francia se jacta de haber efectuado 2.225 bombardeos aéreos con 11 misiles de crucero. Y todavía más, en lo más álgido de la guerra contra Gadafi Francia armó a los terroristas para combatir y matar a un presidente ejerciente. Como confirma Tony Cartalucci, la organización terrorista que combatió al régimen de Gadafi en 2011 se benefició del apoyo directo de la OTAN «que entrenó a sus miembros, les suministró armas, fuerzas especiales e incluso aviones para ayudarles a derrocar al Gobierno libio» (4). ¿Habrá un tribunal de Núremberg para esas personas algún día?

Curiosamente cuando los especialistas, a veces circunstanciales, nos explican el auge del terrorismo en África en el informativo de las 20h se cuidan de no decirnos por qué llegó con tanta facilidad y repetición. Como si la ley del azar según la cual nunca hay efecto sin causa de repente se hubiera vuelto inútil. Habrán observado que nadie de ese ejército de «especialistas en África» que desfila por su pantalla para «explicar» el ataque al hotel Radisson Blu de Bamako ha considerado necesario informarles de que el famoso Mokhtar Belmokhtar que reivindicó el ataque es un puro producto de la CIA que le reclutó, entrenó, armó y utilizó en varios «frentes».

La Libia de Gadafi, la verdad de las cifras  

Más allá de la propaganda de los imperialistas y sus medios con respecto a Libia es importante decir lo que hizo Gadafi por su país y por África, con las limitaciones inherentes a la naturaleza humana.

Libia accedió a la independencia el 24 de diciembre de 1951 tras una guerra contra los colonos italianos. Apoyado por los ingleses y los estadounidenses el rey Idriss, jefe de la cofradía religiosa de los Senussi se convirtió en el presidente de la joven república. En ese año 1951 todavía no se había descubierto el petróleo libio.

Pero Inglaterra y Estados Unidos instalaron bases militares en el país que les permitían controlar el mar Rojo y el Mediterráneo. En 1954 Nelson Bunker Hunt, un rico tejano, descubrió el petróleo en el país (5).

El potencial era enorme, 44.000 millones de barriles. Y de buena calidad. Durante un decenio el rey Idriss vendió el petróleo al 30% del precio mundial. El poco dinero obtenido servía esencialmente para el enriquecimiento personal del rey y sus allegados. El 1 de septiembre de 1969 un joven oficial militar menor de 30 años accedió al poder por medio de un golpe de Estado contra el rey Idriss. ¿Su nombre? Muammar Gadafi. La primera decisión de Gadafi fue cerrar las bases militares extranjeras de su país. Subió el precio del petróleo libio después de nacionalizarlo. Las importantes sumas de dinero generadas por la venta del petróleo se invertían en el desarrollo de Libia.

Con Gadafi la tasa de alfabetización pasó del 10 % en 1969 al 88 % en 2011. La esperanza de vida subió de 57 años en 1969 a 74 en 2010. Antes de su asesinato Gadafi llevó el PIB de Libia a 12.062 dólares estadounidenses por habitante. Los libios se beneficiaban de un crédito a 20 años sin intereses para construir su casa. Los recién casados recibían 64.000 dólares para comprar su hogar conyugal. El Estado concedía una ayuda financiera de 20.000 dólares a los libios que emprendían actividades privadas susceptibles de impactar positivamente en la economía del país…

En el plano africano Gadafi permitió al continente tener su primer satélite desembolsando la suma de 300 millones de dólares en 2006 para que África dispusiera de un satélite, necesario para la telefonía barata y la televisión de largo alcance. No paró ahí. Además constituyó una reserva de 30.000 millones de dólares para financiar al Banco Central Africano (Nigeria) al Banco Africano de Inversiones (Syrte) y al Fondo Monetario Africano (Yaundé).

¿Por qué mataron a este hombre a pesar de su balance ampliamente positivo?

La guerra desencadenada el 19 de marzo de 2011 contra Gadafi solo tenía un objetivo: detener el desarrollo de Libia y la liberación de África valientemente emprendida por «el Guía» libio.

Precisión importante: antes del primer satélite africano financiado en tres cuartas partes por Gadafi África desembolsaba todos los años la suma de 500 millones de dólares para alquilar los satélites occidentales. Lo que quiere decir que Gadafi privó a los capitalistas-imperialistas de una renta de 500 millones de dólares anuales.

Al dotar a África de instituciones financieras como el Banco Central Africano, el Fondo Monetario Africano y el Banco Africano de Inversiones, el capitalismo financiero internacional estaba amenazado de muerte. Porque esas instituciones puramente africanas acarrearían tres consecuencias fatales para los imperialistas: 1) Fin del servicio de la deuda que genera intereses astronómicos al FMI y al Banco Mundial. 2) El euro y el dólar perderían su hegemonía monetaria, en el comercio Norte-Sur y a veces en el de Sur-Sur, previa al desarrollo del continente.

Notas:

(1) Jean Ping publicó en 2014 un libro titulado Eclipse sur l’Afrique: fallait tuer Kadhafi? Lamentando que los estados imperialistas rechazasen cualquier solución negociada en la crisis libia mantiene que dichos estados son los responsables del caos que reina actualmente en el país.

(2) La imagen de los 20 egipcios coptos degollados en Libia por los terroristas dio la vuelta al mundo.

(3) Para entender mejor la guerra de la OTAN contra Libia léase el libro de Michel Collon titulado Libie, OTAN et Médiamensonges. Manuel de contrepropagande, Investig’Action-Couleurlivres, 2011.

(4) Rediseño de África: EEUU apoya a Al Qaida en malí. Francia viene al rescate

(5) Michel Collon, Grégoire Lalieu, La stratégie du chaos. Impérialisme et islam. Entretien avec Mohamed Hassan, Investig’Action-Couleur livres, Bruselas 2011, P.203.

Olivier Ndenkop es un periodista camerunés colaborador en Journal de l'Afrique

Fuente: http://www.investigaction.net/Sarkozy-BHL-et-l-OTAN-sont.html?lang=fr

 

Venenos a granel: Aplicación de pesticidas provoca masiva intoxicación en Melipilla

por Olga Larrazabal (Chile)

Aplicación de pesticidas provoca masiva intoxicación en comuna de María Pinto

31 personas presentan síntomas de intoxicación por la aplicación de pesticida en Melipilla

¿Hasta cuándo podrá el SAG, las autoridades de Salud y el Parlamento, hacerse los desentendidos con respecto a los plaguicidas que se están usando?

Hace 8 años, después de una noticia como esta, pero siendo el epicentro Pelarco, Talca, publicamos nuestra primera nota acerca del peligro de los plaguicidas.  A través del tiempo hemos seguido las vicisitudes de la creación de leyes para prohibir plaguicidas que hayan sido declarados mundialmente peligrosos, tales como el Lindano, el DDT, el Roundup o Glifosato, el 2,4-D….

Las leyes mueren en el Congreso, la Comisión de Agricultura no se hace cargo y culpa al SAG, por tener todos los atributos para fiscalizar y prohibir.  El Ministerio de Agricultura, de donde depende el SAG tampoco se hace cargo, el Ministerio de Salud se remite a lamentarse por la falta de especialistas y presupuestos para hospitales, cosa muy encomiable, pero ,¿ y los venenos que estamos tragando en la comida, en el agua y en la atmósfera?  ¿Qué hay de ellos?

La Organización Mundial de la Salud, categoriza los plaguicidas según grado de toxicidad, el Glifosato o Roundup  y el 2,4-D han sido declarados mundialmente “posibles cancerígenos” lo que es un eufemismo y significa que deben estar anegados de estudios demostrando que ciertamente producen cáncer, además de disrupción hormonal, daño a la membrana de las células, inhibidores de los estimulantes del sistema inmune, por lo tanto venenosos para el ser humano aún en pequeñas dosis que son las recibidas a diario por quienes consumimos frutas y verduras y tomamos agua, por los que comemos pollos o cerdos criados con alimentos llenos de plaguicidas, por los que respiramos el aire contaminado.

Y en Chile los venden a granel o primorosamente envasados en el Homecenter, ya que tienen el permiso del SAG, que es el que establece lo que se puede o no vender en ese ramo.

La frivolidad de nuestras autoridades es abismante, y creo que hemos pasado la barrera del asombro para caer en el estupor y del estupor estamos pasando a la desesperación y la indignación colectiva.

Olga Larrazabal

 

 

 

Caimanes: Desmienten que acuerdo propuesto por minera de los Luksic haya logrado mayoría de votos

por Daniel Labbé Yáñez (Chile)

Irregular proceso
Minera Los Pelambres habría coordinado votación parcial entre los habitantes de la comunidad para llegar a un acuerdo respecto al tranque de relaves El Mauro, la que igualmente no consiguió el quórum de 70% de participación que se había fijado. Detractores del acuerdo deslegitimaron el proceso y firmaron ante notario para revocar los mandatos a los abogados que los representan.

A través de un comunicado, el grupo Luksic dio a conocer un supuesto triunfo en la votación de un acuerdo que le propuso la Minera Los Pelambres a los habitantes de la comunidad de Caimanes, con el fin de resolver el conflicto surgido hace más de una década debido a la construcción del tranque de relaves El Mauro.

En la práctica, el acuerdo busca que la mayoría del pueblo se retracte de los juicios actuales y renuncie a otro futuros contra la compañía, así como que se le permita la continuidad de la ampliación del tranque, el que de acuerdo a una orden de marzo de 2015 del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos debe ser demolido por la empresa, en cumplimiento de una sentencia de octubre de 2014 de la Corte Suprema.

“Más de un 58% de los habitantes de Caimanes aprobó un acuerdo con Minera Los Pelambres” tituló el Diario Financiero, agregando en su bajada un antecedente tanto o más importante que aquello: que la votación no consiguió el quórum de 70% de participación que se había fijado.

Según informa el medio, votó el 63,6% de las personas habilitadas para hacerlo, de las cuales el 92,4% aprobó el acuerdo y sólo un 7,2% lo rechazó, lo que significaría que el 58% de los habitantes respaldó la propuesta de la minera.

“Minera seleccionó a 525 vecinos considerados ´aptos´ para votar”

Sin embargo, los detractores del acuerdo tienen una versión bastante distante a la de la minera. A través de un comunicado, el Comité de Defensa de Caimanes explica que “el 58% al que hace referencia el comunicado de Pelambres y que reproducen distintos medios, NO es sobre la población de Caimanes, sino sobre el universo de un padrón electoral que ellos mismos orquestaron y depuraron con un comisión promovida por la Minera, que seleccionó a 525 vecinos considerados ´aptos´ para votar”.

El texto continúa exponiendo que “sobre esos 525 vecinos elegidos (varios con domicilio legal fuera de Caimanes) es la cifra del 58% que difunde la Minera, sin decir que el otro 32% de los vecinos elegidos para votar ni siquiera se presentó, desestimándose la validez de la consulta según las normas fijadas por ellos mismos, puesto que el quórum debía ser el 70% de participación por lo que el proceso queda invalido”.

Los por qué del rechazo al acuerdo

La dirigente Irma Araya plantea que “lamentablemente aquí hay personas que están apoyando el acuerdo y no ven lo riesgoso y el peligro que nosotros tenemos. Aquí realmente se han arreglado con la minera Los Pelambres y hay otras personas que no han recibido ni un peso”.

El Comité de Defensa de Caimanes ha sostenido que el acuerdo propuesto por el grupo Luksic es “inaceptable” e “inmoral”, por las siguientes razones. Porque “en un país donde existe el Estado de Derecho, un fallo de la Corte Suprema no puede condicionarse a un acuerdo extrajudicial aunque sea millonario”. Porque “lo que se está proponiendo en este acuerdo contradice otros fallos judiciales de forma inaceptable e irrisoria”. Porque “Minera Pelambres solicita que la Comunidad baje los juicios que hoy están vigentes y que se firme un compromiso para no volver a hacer acciones legales en estos temas, a cambio de una especie de ´sueldo´ mensual que se daría a los vecinos durante 10 años, en un fondo total de 10 millones de dólares”. Porque “el acuerdo ofrece como ´beneficios´ asuntos que tiene que hacer por obligación judicial”; y porque “no contempla la erradicación de las personas que quieren irse por las deterioradas condiciones de vida” que la minera ha generado en Caimanes.

Por su parte, este sábado 5 de diciembre el Comité de Defensa de Caimanes realizó una acción de revocación de los mandatos de los abogados Ramón Ossa, Roberto Arrollo y Sandra Dagnino, “por falta de confianza y por tratar de imponer un acuerdo entre la minera y parte de la comunidad que no representa la voluntad de los demandantes”. Más de cien familias participaron y decidieron esa revocación, junto con dar mandato a nuevos abogados ante el notario de Los Vilos, quien de movilizó hasta Caimanes para tomar las firmas.

*Fuente: El Ciudadano

La traición de los abogados de Caimanes:  Lo que antes era negro, hoy es blanco
por Patricio Bustamante (Caimanes, Chile)

Cifras de octubre confirman malas expectativas para la economía chilena

El ritmo de expansión económica prosigue con su proceso de desaceleración, incluso por sobre las expectativas levantadas desde analistas del mercado y desde las propias instituciones económicas, tales como el Banco Central (BC). Esta mañana el instituto emisor publicó el Indice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de octubre, el que registró un crecimiento de 1,5 por ciento  comparado con el mismo mes del año pasado. La cifra sorprendió negativamente a los observadores, quienes esperaban un aumento del imacec de al menos 1,7 por ciento.

Según publicó el Banco Central, “en el resultado incidió, principalmente, el mayor valor agregado de los servicios, efecto que fue atenuado por la caída de la industria manufacturera y la actividad minera”.
En los primeros diez meses del año el indicador acumuló un incremento de 2,1 por ciento, en línea con las proyecciones para el año, en torno a este mismo guarismo.

El mayor problema que enfrenta la economía chilena está ratificado en el informe del BC: la caída de la minería está frenando toda la actividad económica. Se trata, sin embargo, de un proceso relacionado con la demanda global de minerales, la que ha venido descendiendo desde hace al menos un año incidiendo en la caída del precio de los commodities. En el caso nuestro, el cobre ha bajado desde el techo de casi cuatro dólares la libra hacia el 2011-2012 a escasos dos dólares en la actualidad.

Este proceso, desatado en China, el principal socio comercial de Chile, es también compartido por los otros países latinoamericanos que han venido basando sus planes de desarrollo en los altos precios que tuvieron los recursos naturales de exportación. Un problema económico que está derivando hacia trances políticos, como son los casos de Argentina, Brasil y ahora Venezuela. Chile no está ni estará ajeno a estos efectos, detonados por las políticas de austeridad y ajuste fiscal.

El impacto de la caída en la demanda del mineral y el precio ya es grande. Están los efectos acotados al sector y a los trabajadores, como son los despidos masivos efectuados durante todo este año, pero también las consecuencias hacia el resto de las actividades productivas, como son sectores manufactureros y proveedores de insumos para la minería, ambos detectados en el imacec de noviembre.

Este lunes el portal especializado en economía DF informa sobre varias faenas mineras que están en vías de cerrar. “Una de ellas es Cerro Negro, productora de cobre de Cabildo, Quinta Región, que emplea a 600 personas, pero que no ve viable su continuidad”. La empresa cerrará este año si no logra algún tipo de apoyo financiero de emergencia. Esta empresa tiene un costo de producción de la libra de cobre de 2,79 dólares, en circunstancias que el precio actual es de sólo dos dólares.

El mismo portal informa que de acuerdo a cifras entregadas en su momento por la Subsecretaría de Minería, en base a una muestra de 10 compañías calificadas como medianas mineras, el costo de extracción promedio es de 2,59 dólares la libra, lo que es superior al precio actual del metal rojo.

A este fenómeno debemos agregarle otro. El gran endeudamiento de la empresa privada chilena, una situación que ha sido advertida por la revista The Economist y también alertada en estas misma páginas por el cientista político Fernando Duque. El sector privado chileno es uno de los más endeudados del mundo. La caída de sus ingresos, como se ve en la minería, pone a la economía del país en un momento crítico.

INFLACIÓN EN CERO

De forma paralela, este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó la variación de Indice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, el que no tuvo movimiento. Con este dato, la inflación acumulada anual se ubica en un 4,4 por ciento y en doce meses de 3,9 por ciento. La cifra se ubicó bajo las expectativas de los analistas que habían estimado un alza de 0,1 puntos.

Con estos datos puede afirmarse que la economía sigue enfriándose. La nula inflación, si bien es una buena noticia para los bolsillos de los consumidores, es también una señal complementaria de una caída en el consumo y de la actividad económica en general.

*Fuente: El Clarin