La derecha al gobierno, el pueblo a las barricadas

Escrito por Angel Guerra Cabrera

Mauricio Macri no ha hecho más que realizar su largamente anhelado arribo a la Casa Rosada y ya reconfirmó sus credenciales como hombre del partido del dinero y el orden, que no se anda con chiquitas ni remilgos cuando de imponer las políticas neoliberales se trata. Cero impuestos a los terratenientes y subida de los precios de los servicios públicos a partir de enero. Cualquier parecido con las políticas económicas de la dictadura militar de Videla, que lo enriqueció, y con los gobiernos de Menem, que lo siguieron enriqueciendo, no es pura coincidencia. A partir de ahora, los de abajo a joderse y los de arriba a recuperar la mayor o menor tajada que se vieron forzados a ceder, pareciera ser el mensaje, se mire a Argentina o a Venezuela.

 

 

Por supuesto, no podía faltar el decretazo del flamante mandatario para llevarse de encuentro a la vapuleada Ley de Medios puesto que su imagen y candidatura se gestaron en los laboratorios de publicidad y las redacciones del conglomerado mediático Clarín y del diario La Nación, ambos también cómplices y privilegiados beneficiarios de la dictadura y del menemismo.

Los decretos suscritos por el flamante mandatario carecen de legitimidad al no corresponder con las luchas e intereses del pueblo argentino, cuando no de ilegalidad, como es el caso del nombramiento, pasando sobre la soberanía del Senado, de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia. Para colmo, ligado uno al Banco Mundial y el otro, integrante del Opus Dei.

Tan palmariamente inconstitucionales han sido esos nombramientos, que varios miembros de la coalición que llevó a Macri al gobierno se han deslindado de ellos. Pero es muy chistoso que los mismos medios que antes golpeaban tanto a Cristina Fernández, arguyendo –entre otras mentiras–, su no apego a la institucionalidad, hoy callen estruendosamente ante los enormes atropellos a la misma del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En el caso venezolano vemos una contrarrevolución que está actuando y amenazando desde una subestimación de la fuerza del pueblo y una sobrestimación de su propia fuerza. Con solo que hagan la mitad de lo que han declarado, o se sabe que proyectan hacer aprovechando sus escaños parlamentarios, no tardarían en provocar una furiosa reacción popular en su contra.

Por no mencionar las amenazas de sacar a Chávez del Cuartel de la Montaña, donde reposan sus restos, que podría muy bien convertirse en la chispa que desencadenara un derramamiento de sangre de pronóstico reservado, con todo y el enorme patriotismo, aplomo, disciplina y contención que ha mostrado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante crispantes situaciones que la han puesto a prueba. El último caso han sido los alocados insultos a líderes militares por personeros del campo enemigo del proceso bolivariano, al percatarse de su inmutabilidad ante lisonjas y guiños.

En resumen, la contrarrevolución se propone desmantelar los gigantescos logros sociales de la revolución bolivariana, entre ellos la independencia del país y entregar a Estados Unidos los primeros recursos del mundo en hidrocarburos.

Ante este panorama amenazador de conquistas sociales y civilizatorias en los dos países mencionados, parece necesaria la vuelta al combate en las calles de ese sujeto revolucionario creado por los movimientos populares y los nuevos gobiernos independientes latino-caribeños. Chavismo es su nombre en Venezuela pero está distribuido del río Bravo a la Patagonia.

Ese sujeto equivale hoy en América Latina y el Caribe (ALC) al proletariado. Aquel al que Marx consideró en la Europa occidental y central del siglo XIX el encargado de encabezar la revolución socialista. Hoy su tarea inmediata es impedir la restauración conservadora, preservar las conquistas sociales y la nueva cultura política conseguidas a partir del levantamiento indígena de Chiapas (1994) y la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, continuar demoliendo el neoliberalismo en nuestra región hasta las últimas consecuencias.

Afirmar que ahora sí termina el ciclo progresista, como lo han bautizado, porque haya sido electo por la mínima un presidente de derecha en Argentina, por la amenaza de desafuero contra la presidenta Dilma Rousseff o por la muy sensible conquista del parlamento a manos de la contrarrevolución en Venezuela es no conocer la historia de ALC. Entramos en una fase más difícil y compleja de la lucha por la segunda independencia de nuestra América.

Twitter: @aguerraguerra

Miles rechazan en Argentina intenciones de Macri de modificar la ley de medios

Escrito por Stella Calloni (La Jornada)

Miles de personas se reunieron este jueves en la Plaza de los Dos Congresos de esta capital en rechazo a la intención del gobierno del presidente derechista, Mauricio Macri, de modificar la ley de medios, con la presencia de diputados del opositor Frente para la Victoria (FpV) que rechazaron el decreto que designó a dos jueces para la Suprema Corte de Justicia, sin pasar por el Senado, calificándolo de anticonstitucional e ilegal.

 

 

Los anuncios del gobierno de la alianza Cambiemos contra la ley de medios y el nombramiento por decreto de los nuevos jueces acercaron a los sectores peronistas que tenían diferencias con el bloque del FpV en la Cámara de Diputados.

La ley de medios no se toca, fue el lema de la segunda protesta contra el gobierno que asumió hace una semana y que ha emitido más de 30 decretos de necesidad y urgencia considerados por diversos sectores un mensaje totalitario como nunca antes había sucedido, salvo en las dictaduras militares.

Antes de la marcha, varios artistas realizaron una actividad cultural en apoyo a la ley de medios promulgada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Estuvieron presentes la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; el jefe de bloque de diputados del FpV, Héctor Recalde, y el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella. Además, sindicalistas como Hugo Yasky, de la Central de Trabajadores Argentinos.

Otra preocupación en estas horas es la declaración de la emergencia en seguridad anunciada por la ministra del ramo, Patricia Bullrich, en momentos en que existen fuertes críticas, al conocer que el autobús accidentado esta semana cuando transportaba a 51 gendarmes, con saldo de 43 muertos, era parte de un convoy de 150 uniformados solicitados por el nuevo gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de Cambiemos.

Morales argumentó ante la ministra Bullrich que sectores sociales podrían resistir las medidas que pensaba anunciar y pidió el apoyo de la gendarmería. Pensaban reprimirnos, denunciaron dirigentes sociales de esa provincia que se declararon en estado de alerta.

Bullrich, acompañada del secretario de Seguridad Interior, Gerardo Millman, explicó que en la medida en que el delito se modifica con rapidez, las fuerzas se tienen que adaptar, y sostuvo que con la emergencia se reforzará la presencia del Estado en los lugares más peligrosos. Se habla de radarización de las fronteras para derrotar el narcotráfico y la inseguridad ciudadana. Pero también se mencionó que se está preparado para enfrentar conflictos internos, aunque no se esperan por ahora, dijo Bulrich.

Esta medida de emergencia de seguridad a nivel nacional durará un año con el objetivo de resguardar la integridad física y los bienes de las personas.

También se conoció que la juez penal Fabiana Palmaghini (declaradamente macrista) decidió hacerse cargo de la instrucción de la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, desplazando a la fiscal Viviana Fein, quien encabezó hasta ahora la investigación. Este era un proyecto que intentaron imponer todos los sectores derechistas de la justicia. Palmaghini ordenó la ampliación de la declaración del ex agente de inteligencia Antonio Jaime Stiuso, entre otras nuevas medidas de prueba, y se hizo cargo de la causa. Esta sorpresiva decisión, que significa que desde ahora la juez dirigirá la investigación, llama a la sospecha de analistas sobre la muerte de Nisman, suceso rodeado de novelescas actuaciones y que intentó ser utilizado para dar un golpe al gobierno de Fernández de Kirchner.

Esta situación y la demanda de varios ministros, que exigen los currículums de trabajadores, incluidos los de los centros clandestinos de detención, y su pertenencia política, mientras se anuncian despidos, ha subido notablemente la tensión en las últimas horas.

A sólo siete días de que arrancó el gobierno de Macri, comienzan a partirse las alianzas que rodearon al presidente y esto se advierte especialmente en la Unión Cívica Radical, el partido sin el cual la ultraderechista Propuesta Republicana, que dirige el actual mandatario, no hubiera podido tener presencia a nivel nacional.

Se desploma el peso argentino tras el libre cambio

Escrito por Agencia Reuters

El peso mayorista de Argentina se desplomó este jueves más de un 26 por ciento, en línea con lo esperado por el mercado, luego de que el nuevo gobierno eliminó las restricciones que desde hace años mantenían sobrevaluada a la moneda local en la plaza oficial de cambios y alejados a muchos inversionistas.

 

 

La moneda de la tercera mayor economía de América Latina cerró a 13.38 unidades por dólar, desde las 9.8275 de la víspera, tras moverse al ritmo de las fuerzas del mercado por primera vez en cuatro años.

El desplome del peso acelerará aún más la inflación -que hoy supera el 20 por ciento anual-, golpeará al consumo y hará que la economía argentina termine el año próximo estancada o con una leve recesión, pero la devaluación sería un impulso crucial para que la actividad vuelva a crecer en el 2017.

Un día después de que el gabinete del presidente Mauricio Macri anunció el fin de los límites para acceder a divisas impuestos por la gestión anterior, el peso abrió la sesión en 14 por dólar para luego reducir su debilidad cuando exportadores liquidaron divisas en una operación acordada con el gobierno, según operadores.

"Creo que este país ha vuelto a transitar los carriles normales. La economía libre va a determinar el valor que tiene que tener la moneda", dijo Patricio Carli, un empleado administrativo en el centro financiero de la capital argentina.

Las restricciones para la compra de dólares para empresas y personas fueron instauradas en el 2011 por la ex presidenta de centroizquierda Cristina Fernández, que tuvo que aplicarlas para evitar fugas de capitales en una economía estancada por la falta de divisas.

Pero el sistema generó una enorme brecha en la cotización del dólar en la plaza oficial y en el mercado negro, en un país donde es costumbre refugiarse de las turbulencias económicas en la moneda estadounidense.

En el reducido mercado informal, el peso registró una apreciación del 1.18 por ciento al cotizar a 14.35/14.40 unidades por dólar.

La bolsa caía un 0.97 por ciento, al absorber las utilidades de apertura. En las cinco sesiones anteriores, había acumulado un retroceso del 9.52 por ciento.

Los bonos subían moderadamente, porque ya descontaban la devaluación.

Día ajetreado

Los argentinos tienen experiencia en devaluaciones fuertes.

La última vez que habían sufrido una fue durante la crisis del 2001-2002, cuando el país cayó en un default por 100 mil millones de dólares y el dólar pasó en apenas unos meses a cotizar al triple.

"Hacía rato que no teníamos un día tan ajetreado, esto me hace acordar a la crisis con la salida de (el presidente Fernando) De la Rúa y la llegada de (Eduardo) Duhalde por la salida de la convertibilidad", dijo otro operador del mercado.

Los operadores también comparaban la situación con el final del Gobierno de Raúl Alfonsín, que debió dejar la presidencia en 1989, cuando el país vivió meses de hiperinflación.

Pero la situación macroeconómica actual no es tan crítica como en esos períodos.

El presidente Macri, un empresario bien visto por el sector financiero, llegó al poder con la promesa de eliminar políticas intervencionistas como las restricciones a la importación y a la exportación que espantaron a las inversiones y en muchos casos generaron una contracción de la actividad económica.

Productores agrícolas de Argentina esperaban la devaluación y la oficialización de la baja de impuestos a la exportación de granos para desprenderse de millones de toneladas guardadas desde hace semanas, lo que inyectaría en el corto plazo miles de millones de dólares a las alicaídas reservas del Banco Central.

Fausto Spotorno, economista de Orlando Ferreres y Asociados, estimó que con las políticas del nuevo Gobierno la actividad del país podría crecer alrededor del 3 por ciento en el 2017.

"Lo que uno espera es que estas medidas permitan reordenar la economía para empezar a crecer", dijo Spotorno a Reuters.

Farmacias populares: Un remedio contra la colusión

 

Ruben Andino M.

Punto Final

El pequeño espacio en que se emplaza la farmacia popular de Recoleta es un hervidero de personas entregando antecedentes para validarse como usuarios, de ejecutivos de laboratorios que ofrecen sus productos a precios módicos o de funcionarios de otros municipios en peregrinación para conocer la experiencia de Recoleta y replicarla en sus comunas. Cuando PF concurrió al lugar, una pareja de carabineros se presentó para investigar una amenaza anónima de bomba que resultó falsa, y una vecina se retiró frustrada al saber que no es una farmacia comercial y que debía obtener previamente su ficha de protección social. Es el precio de la celebridad para una iniciativa que no termina todavía de ser comprendida en todos sus alcances.

La farmacia popular de Recoleta -atiende lunes, miércoles y viernes de 12 a 16 horas- se ha convertido en un fenómeno que no deja indiferente a nadie. Se origina en un compromiso de campaña del alcalde de la comuna, el arquitecto comunista Daniel Jadue, para enfrentar la sangría que significan para el municipio y sus habitantes los precios elevados de los medicamentos de dolencias crónicas tan comunes como hipertensión, colesterol, alergias o artritis.

UN PUNTO A FAVOR DEL DERECHO A LA SALUD

El alcalde de Recoleta ha dicho que el principal objetivo del proyecto es consagrar el derecho a la salud y al acceso a medicamentos a precios justos, sin importar el nivel socioeconómico de los usuarios; destaca que los principales beneficiarios serán los adultos mayores más pobres. En promedio los chilenos y chilenas más vulnerables gastan hasta el 55% de sus ingresos en fármacos y este gasto, globalmente, representa alrededor del 1% del PIB del país.

Luego que Daniel Jadue diera a conocer la apertura de este dispensario de medicamentos, municipios de todos los colores políticos han manifestado interés en replicar esa iniciativa en sus territorios. El motivo de esta masificación “viral” de la experiencia de Recoleta radica en que las municipalidades emplean un alto porcentaje de sus fondos en entregar subsidios a la compra de medicinas para pacientes crónicos. Dada la estructura oligopólica del sector farmacias, esos recursos terminan engordando a las cadenas farmacéuticas que controlan el 95% del mercado en Chile.

El interés que ha despertado la farmacia popular de Recoleta es el primer paso para una política pública de medicamentos a precios razonables, en momentos en que el gobierno tiene serias dificultades para cumplir sus compromisos en materia de salud.

UNA FARMACIA CON MEMORIA

La farmacia popular de Recoleta adoptó el nombre Ricardo Silva Soto, joven estudiante de química y farmacia de la Universidad de Chile, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), asesinado en 1987 por agentes de la CNI en la calle Pedro Donoso, distante tres cuadras del lugar en que hoy se emplaza la farmacia.

La farmacia depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Recoleta y claramente sus objetivos están vinculados a la red de desarrollo social de la comuna. Su gerente es el administrador público Marco Fernández Neira (35), quien dice que la experiencia surgió inicialmente como intento de crear una cooperativa de consumo para adquirir medicamentos, usando las atribuciones del artículo 94 del Código Sanitario que autoriza la importación directa de esos productos para uso personal. “Comenzamos a organizar a un grupo de vecinos, en su mayoría dirigentes de clubes de adultos mayores, centros de madres o juntas de vecinos, con los cuales conformamos la Agrupación Salud Solidaria en la idea de transformarla en la futura cooperativa”, dice Fernández.

En paralelo, y con la orientación del Instituto de Salud Pública (ISP), el alcalde Daniel Jadue y sus colaboradores comenzaron a explorar la alternativa relacionada con la creación de una farmacia municipal. Compararon ambas posibilidades y luego de constatar que la vía de la importación directa tenía algunas limitantes asociadas con el uso de medicamentos controlados o dificultades para relacionarse con los proveedores, por no ser una farmacia con resolución sanitaria, decidieron instalar la farmacia bajo las orientaciones del ISP.

Dice Fernández: “Ha sido una vivencia intensa, en el sentido que los vecinos y vecinas se sienten parte de una experiencia ejemplar para Chile, que abre una posibilidad cierta de mejorar la calidad de vida de millones de personas. Para los vecinos y funcionarios municipales, el hecho que Recoleta haya sido la prima en impulsarla, es motivo de orgullo. No pensamos que los municipios reaccionarían tan rápido como lo han hecho. Es una verdadera marea de alcaldes, concejales y funcionarios la que está viniendo a Recoleta para conocer esta experiencia, con el propósito de replicarla. Hay más de ciento cuarenta municipios hasta ahora trabajando en la implementación de sus propias farmacias”.

AHORRO Y RACIONALIZACION DE RECURSOS

Antes de la experiencia de la farmacia popular, el municipio empleaba el 60 por ciento del gasto social en la adquisición de medicamentos en el mercado de las cadenas comerciales. “Me refiero a recursos a los que podríamos dar otros usos, como adquisición de mercaderías, compra de mediaguas, equipamiento de emergencia u otras ayudas sociales. Esta es para nosotros no solo parte de una política de salud, sino también de una política de economía comunal. Ahora buena parte de los fondos que antes destinábamos a medicamentos comprados a grandes cadenas, podemos redirigirlos a multiplicar la ayuda a vecinos”.

Marco Fernández señala que el protocolo de administración de la farmacia municipal establece que los remedios se entregan una vez que el usuario o usuaria se inscribe en el programa de desarrollo social de la comuna, entregue un comprobante de sus ingresos permanentes, y reciba la ficha de protección social que lo habilita para obtener el beneficio, sin puntaje de corte. Para adquirir los medicamentos basta con presentar una receta médica. “Es una política transversal, que no está restringida exclusivamente a los sectores más vulnerables. Con esos antecedentes nos aseguramos que la persona beneficiaria sea residente de la comuna de Recoleta. Una vez recibida la solicitud, vamos comprando los fármacos según los requerimientos derivados de los tratamientos. Como no somos una farmacia comercial, no tenemos stock y los productos se solicitan según las necesidades de los usuarios”, argumenta.

El gerente de la farmacia popular considera crucial para esta iniciativa el apoyo de la comunidad de Recoleta y destaca el rol en el éxito del proyecto que ha cumplido la organización comunitaria Salud Solidaria. “Esperamos que nuestros vecinos se transformen en fiscalizadores para detectar cualquier situación irregular en sitios en que se suelen vender medicamentos de manera ilegal, como sucede frecuentemente en las ferias libres. Ellos nos ayudarán a que estos medicamentos no terminen revendiéndose”.

CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE

SE ADQUIEREN LOS MEDICAMENTOS

La farmacia municipal realiza sus compras a través de la Central Nacional de Abastecimiento del Estado (Cenabast), institución a través de la cual han podido disminuir hasta en mil quinientos por ciento el valor de los remedios para los usuarios. La cantidad de almacenamiento que maneja Cenabast es limitada, por lo que necesariamente deben buscar en el mercado opciones de compra para productos que no están disponibles en la Central de Abastecimiento público. Dice Fernández que los laboratorios están interesados y ofrecen precios atractivos. “Ahora estamos en proceso de cotización y esperamos que el interés inicial de estas empresas proveedoras no se diluya y podamos concretar buenas compras sin que haya presiones externas”.

Fernández destaca que el Ministerio de Salud ha apoyado la iniciativa a través de su encargada de políticas farmacéuticas, Tatiana Tobar, y que la propia ministra Carmen Castillo visitó la farmacia. También han recibido la visita del director de Cenabast.

EXPERIENCIA REPLICABLE

El proyecto de la Municipalidad de Recoleta se inspira en experiencias parecidas, como la desarrollada por el gobierno del presidente Lula Da Silva en Brasil con las farmacias populares, y en las “farmapatrias” creadas por el gobierno bolivariano de Venezuela. “Desde el primer día nuestra intención ha sido que esta iniciativa se multiplique y hemos trabajado para que eso suceda recibiendo a gran cantidad de alcaldes, concejales, equipos municipales, directores de salud, directores de desarrollo comunitario o jefes jurídicos de otros municipios; con ellos hemos compartido toda la información disponible. Nuestro apoyo se refiere tanto a aspectos técnicos como administrativos y legales”, expresa Fernández.

El efecto puede ser muy positivo porque hay 93 comunas en el país que no tienen una farmacia en su territorio, comenzando por María Pinto, en la Región Metropolitana. “Esperamos que este esfuerzo permita a muchas municipalidades instalar este servicio de acceso expedito a medicamentos a precios módicos. Los más golpeados con el mercado oligopólico en el sector farmacéutico son justamente los habitantes de las comunas más pobres y apartadas. A los precios coludidos se agregan costos adicionales en transporte y en tiempos de espera. Conversé con un alcalde del sur que me contó que para adquirir los remedios que necesita su comuna, tiene que viajar en lancha dos días”, dice Marco Fernández.

Piensa que el impacto que ha tenido esta iniciativa está relacionado con lo desprotegidos que estamos los chilenos en el acceso a medicamentos. “Basta con cruzar la cordillera hacia Mendoza, y uno aprecia diferencias brutales en los precios. Constituyen una demostración práctica de que en Chile este mercado no está funcionando correctamente y que unos pocos lucran con la salud de millones de personas, y en última instancia con la vida o muerte de muchos”.

POLITICA PUBLICA IMPUESTA DESDE LO LOCAL

“Es importante destacar que no vendemos medicamentos. Somos un canal de intermediación para la compra y dispensa de éstos a los vecinos de la comuna. Ellos no pagan por el producto, sino por el derecho a usar este canal municipal. Ese valor de uso es siempre equivalente al costo de su medicamento, que se deposita en la Tesorería Municipal, no en la farmacia: tal como se pagan los derechos de basura o cualquier otro. No hacemos actividad comercial o lucrativa alguna. Prestamos un servicio y para realizar nuestra labor ocupamos la fuerza negociadora del Estado para obtener precios bajos”, precisa Marco Fernández.

La primera consecuencia que las autoridades de Recoleta esperan de la masificación de las farmacias populares es que los precios bajen de manera considerable. “Ya estamos viendo el efecto en las farmacias de la comuna, que se han llenado de ofertas de un día para otro. Esta iniciativa se proyecta hacia todo el país convirtiéndola en una de las pocas políticas públicas nacidas desde lo local”, dice el gerente.

Fernández agrega que la justicia ya determinó la colusión de los tres principales actores de las cadenas farmacéuticas. Hubo investigación, sanciones y sin embargo, todavía no bajan los precios y la tendencia sigue siendo al alza. “La simple comparación de los precios de los medicamentos que Recoleta entrega a su comunidad con los más elevados y concertados que ofrecen las cadenas que operan en el mercado, permiten sospechar que estas prácticas de colusión siguen realizándose, porque estamos en presencia de un mercado desregulado y sin competencia real”.

Marco Fernández concluye con manifiesta satisfacción que en Recoleta “desde el alcalde hasta el más subalterno funcionario sentimos una responsabilidad con el pueblo chileno para cambiar esta realidad. Tenemos conciencia de que somos un ejemplo de cómo el derecho de las personas debe estar por sobre los negocios”.

 

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 842, 3 de diciembre, 2015

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Escasos compromisos para financiar una ambiciosa transición climática

 

Luna Gámez

La Marea

La falta de consenso en materia de finanzas climáticas desafió las negociaciones hasta el último momento. Aunque el acuerdo fue alcanzado después de una larga madrugada que se saldó con decisiones salomónicas, según François Hollande, los países desarrollados se van a casa sin haber conseguido que las potencias emergentes también entrasen a formar parte del grupo de donadores y deben conformarse con la invitación a la cooperación voluntaria Sur-Sur. Mientras tanto, los denominados países en vías de desarrollo tampoco han conseguido salir de París con un acuerdo bajo el brazo que especifique cuáles serán las contribuciones financieras para el clima después de 2020, cifra que solo se definirá en 2025.

Leer también: París, un acuerdo decepcionante que desoye a la ciudadanía (Ecologistas en Acción)

 La COP21 de París y la propuesta del “Anexo 0” (Joan Martínez Alier)

Si bien todos los países miembros se mostraron inicialmente de acuerdo en el supuesto de que “quien contamina paga”, una vez sentados en torno a la mesa de negociación todos intentaron evitar el momento de pagar la cuenta. Las diferencias partían del principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas según sus respectivas capacidades”, que recoge que cada país aporta según lo que contamina y dependiendo de sus posibilidades. Sin embargo, y a pesar de la insistencia del grupo de los desarrollados liderado por Estados Unidos, ninguna de las potencias emergentes, entre ellas Brasil, India o China se verán obligadas a contribuir al objetivo financiero de 100.000 millones de dólares anuales hasta 2020 para medidas de mitigación del cambio climático.

Como resultado, el artículo 9 del Acuerdo reitera que el compromiso de alcanzar la meta de los 100.000 millones de dólares, establecido en 2009 en Cophenague, es de los países desarrollados y solo menciona a los países emergentes invitándoles a participar en un financiamiento voluntario Sur-Sur para ayudar a otros países más vulnerables.

El 10% de los países más ricos del planeta producen el 50% de emisiones globales, motivo por el que los fondos climáticos fueron concebidos con la finalidad de que los países desarrollados, más emisores y por tanto más responsables, fuesen los responsables del financiamiento para la transición climática. Sin embargo, algunos países de América Latina, como México, Perú o Colombia ya han contribuido voluntariamente a este fondo, “aunque son cantidades pequeñas tiene un alto valor político (…) y Brasil podría y debería contribuir ya que figura entre los diez mayores emisores”, afirma Carlos García Paret, economista especializado en finanzas climáticas.

El apartado de compensación por “daños y pérdidas” fue otra fuente de polémica que acabó en la exclusión de cualquier mecanismo de compensación financiera directa a los países más vulnerables frente al cambio climático. En lo que respecta a las medidas de adaptación al cambio climático, “los compromisos no llegan a la altura”, afirma Carlos García, ya que en el Acuerdo no especifica qué cantidades aportarán los países desarrollados ni cómo serán transferidas.

¿Cómo se financia la transición climática?

Una participación importante de la recaudación de los 100.000 millones de dólares anuales hasta 2020 proviene del Fondo Verde para el Clima (FVC), principal mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La movilización de dinero para el FVC solo comenzó en 2014 y hasta ahora ya se han obtenido compromisos en valor de 16.000 millones de dólares, de los cuales poco más de 50% ya han sido depositados en el Banco Mundial, su depositario provisional.

El FVC entró en pleno funcionamiento este mes de noviembre a través de la adjudicación de 168 millones de dólares a los primeros ocho proyectos. 37 países ya anunciaron sus donaciones, entre las que destacan las contribuciones de Estados Unidos (3.000 millones de dólares), Japón (1.500) o Reino Unido (1.211), mientras que España figura entre los donadores modestos (160). Otros como Brasil, uno de los países más contaminantes, o Marruecos, que acogerá la siguiente Cumbre del Clima COP-22, aún no han participado.

El amplio pero incierto abanico de las finanzas climáticas

En 2014, los países desarrollados aportaron el 62% del objetivo de los 100.000 millones de dólares anuales para finanzas climáticas, según un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). No obstante, el Comité de Finanzas de Naciones Unidas estima que la cantidad transferida se situaba entre los 40.000 y los 175.000 millones de dólares, lo que presenta un margen de error bastante amplio. Arun Jaitley, Ministro de Finanzas de la India, cuestiona dicha evaluación y alude a una investigación de su gobierno que demostró que solo 2.200 millones de los compromisos de los distintos fondos climáticos fueron realmente transferidos.

“Estamos al tanto de los intentos de falsificación de estos datos (…) necesitamos transparencia en el tema de finanzas”, afirmó Tasneem Essop, antigua Ministra Regional de Medio Ambiente y de Economía en Sudáfrica y actual miembro de la ONG ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF.

Según la declaración oficial sobre finanzas climáticas de Naciones Unidas, estos fondos deben ser administrados con transparencia y con rendición de cuentas, lo que conlleva además la garantía de la representación administrativa de las partes interesadas, como comunidades rurales o pueblos indígenas.

Tseredzaro Xavante es uno de los pocos indígenas que forma parte del comité gestor de un fondo climático. “Para nosotros este proyecto es muy importante, no siempre tenemos esta oportunidad porque normalmente el dinero no nos llegaba a los indígenas”, afirma Tseredzaro que por primera vez en París cuenta con entusiasmo como finalmente ellos van a poder financiar las propias iniciativas de su comunidad.

A pesar de los avances, varias organizaciones de la sociedad civil reclaman además de transparencia, una responsabilidad financiera que bloquee los subsidios a las energías fósiles. En 2014 el sector de las energías fósiles recibió 1,1 billón de dólares, de los cuales un 20% provenían de subsidios públicos a este tipo de energías.

“El dinero para la transición climática existe, está en los paraísos fiscales”, afirma Gabriel Mazzolini, responsable de movilización social de la ONG Amigos de la Tierra en París, quienes durante los últimos meses requisaron pacíficamente 195 sillas de oficinas bancarias -el mismo número de estados miembros de la COP21- que serán devueltas cuando los bancos reinviertan ese dinero desviado.

Anualmente, 10% de la recaudación fiscal es evadida lo que representa entre 100.000 y 240.000 millones de dólares, cantidad que podría ser suficiente para pagar las cuentas de la transición climática. Entre los financiamientos complementarios, cada vez se dejan ver más contribuciones privadas, por lo que el economista García insiste en que más allá del Acuerdo oficial es necesario que haya un radar fuerte de vigilancia y regulación de las finanzas privadas.

Después del acuerdo, Carlos García considera que “estamos en un mínimo pero ya es un punto de partida, mejor tener un mínimo positivo que no tener nada”.

Fuente: http://www.lamarea.com/2015/12/13/escasos-compromisos-para-financiar-una-ambiciosa-transicion-climatica/

Con la llegada de Macri al gobierno argentino, emergen amenazas de recortes salariales

Con la llegada del nuevo gobierno en Argentina el Grupo Techint, la mayor corporación del país, anunció su intención de imponer una rebaja de salarios a cientos de trabajadores de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM).

El diario Página 12 informa este domingo que la amenaza de recortar 20 por ciento de los sueldos recae sobre trabajadores hoy suspendidos o la otra variante es despedirlos, lo cual se convierte en una clave para la administración de Mauricio Macri.

En la UOM evalúan que esta drástica medida regresiva en términos laborales y sociales de Techint, que abre las puertas para la imitación a otros conglomerados económicos, aparece en el debut de un nuevo ciclo político en Argentina con el mandato macrista, señala el periódico.

Empresarios y sindicalistas admiten que durante el kirchnerismo la reducción salarial o los despidos eran frenados. Ahora Techint se propone enviar la señal al resto del sector privado de que con Macri comienza una nueva etapa en la relación con los trabajadores y gremios, alertan desde el importante gremio.

Página 12 recuerda que algo similar ocurrió en los primeros años del gobierno de Carlos Menem, cuando la empresa Aluar cortó 20 por ciento su plantilla administrativa y aplicó un régimen de flexibilización laboral.

En esos primeros años de 1990, el tío de Macri, Jorge Blanco Villegas, era el presidente de la Unión Industrial de Argentina y ante el conflicto desatado en Aluar respaldaba ese ajuste, e incluso sugería que había que reducir 25 por ciento los salarios nominales, rememora el diario.

Ahora, la megadevaluación adelantada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, facilitará la reducción de los salarios en dólares así como la disminución del valor de los ahorros. "Pero la política laboral esbozada por el grupo empresario quiere avanzar aún más", advierten desde la UOM.

La conformación por Macri de su equipo ejecutivo al que incorporó jefes de grandes empresas argentinas y transnacionales puede implicar un retroceso en los avances laborales, salariales y sindicales, comienzan a temer referentes gremiales.

Desde otro ángulo, el anuncio de Techint choca contra la realidad de que la economía argentina no está mal como pintaban durante la campaña electoral el propio Macri y sus asesores ahora convertidos en ministros e importantes funcionarios.

Después de prometer unificar la tasa de cambio lo cual implica una megadevaluación, liberar el cepo a la compra de divisas y levantar los impuestos a los productores agrícolas el mismo 11 de diciembre, Prat-Gay se retractó y dijo que no era el momento oportuno.

Ahora desde el gobierno se habla de un "colchón de divisas" y se admite que "la situación no es crítica", y que cualquier medida económica se adoptará para marzo después de las vacaciones del verano austral que acaba de comenzar.

La ultraderecha fracasa en Francia en los comicios regionales

Escrito por Agencias

El ultraderechista Frente Nacional ha sido derrotado en las elecciones regionales a pesar de haber dominado la primera ronda, según proyecciones de tres agencias encuestadoras. La dirigente de ese partido antiinmigrante, Marine Le Pen y su sobrina perdieron en elecciones de dos provincias francesas el domingo que eran consideradas una prueba para el Frente Nacional.

 

 

Las agencias encuestadoras Ipsos, Ifop y TNS-Sofres proyectaron que los conservadores o los socialistas ganaron las elecciones en las 13 provincias de Francia.

Según las proyecciones, Le Pen ganó alrededor del 42 por ciento en la región Nord-Pas de Calais, y el conservador Xavier Bertrand ganó 57 por ciento.

Se proyecta que la sobrina de Le Pen, Marion Marechal-Le Pen, obtendrá 45 por ciento en Provence-Alpes-Cote d'Azur, en el sur. El alcalde de Niza, el alcalde de Christian Estrosi, obtendría un 55 por ciento según los cálculos.

El Frente Nacional era favorito en la segunda y decisiva ronda.

Se estimaba que Le Pen podría tener un buen momento de popularidad tras los ataques extremistas de París y la crisis migratoria que enfrenta Europa, y el partido quedó primero en seis de las 13 reconfiguradas regiones galas en la primera vuelta de hace una semana.

Pero las encuestas ya antes sugerían que podría fracasar en su intento de convertir estos apoyos en una victoria definitiva en el balotaje.

Según los primeros datos oficiales, la participación era casi un 1% mayor que en las últimas elecciones regionales. Un 19.59 por ciento del electorado había depositado su voto hasta mediodía, según cifras del Ministerio del Interior. Por otra parte, la participación en esta segunda ronda era la misma que la registrada hace cinco años, el 18.57 por ciento.

El una vez poderoso Partido Socialista, que actualmente controla todas las regiones menos una, quedó tercero en la primera ronda y se retiró de comicios clave con la esperanza de evitar que el Frente Nacional alcance el poder. La formación del ex presidente Nicolas Sarkozy logró una fuerte segunda posición, y parece que obtendrá importantes triunfos en la elección definitiva del domingo.

Lograr el control de alguna región hubiera sido un logro sin precedentes y una gran impulso para el Frente Nacional -y especialmente para las aspiraciones presidenciales de Le Pen para 2017-.

Le Pen votó en la ciudad de Hennin-Beaumont, en el norte el país, el domingo, mientras que el presidente socialista, François Hollande, depositó su papeleta en un centro de votación en Tulle, un bastión de su partido en el centro de Francia.

Le Pen y su sobrina participaban en las carreras que disputan en el norte de Francia y en la región que incluye la Provenza y la Riviera francesa, respectivamente.

Pero Le Pen se enfrentó a una dura competencia en la segunda ronda frente al ex ministro de Trabajo conservador Xavier Bertrand en Nord-Pas de Calais-Picardie, en el norte del país. Su sobrina Marion Marechal-Le Pen tuvo ante sí una situación similar en Provence-Alpes-Cote d'Azur, en el sur, frente al alcalde de Niza, Claude Estrosi, también conservador.

La campaña electoral ha sido especialmente dura. Le Pen dijo de Bertrand que era "el ministro del desempleo". El respondió diciendo que ella era "la candidata de la confrontación permanente".

En la primera ronda del pasado 6 de diciembre, casi el 50 por ciento del electorado se abstuvo y esta podría ser la clave para el resultado del balotaje. Todas las formaciones han intentado animar a los votantes a acudir a las urnas.

El primer ministro del país, el socialista Manuel Valls, utilizó tácticas de miedo. En una entrevista con la radio France Inter, calificó al Frente Nacional de "fraude" que "engaña a los franceses".

El resultado en la región de París, ahora controlada por la izquierda, sigue sin estar claro. Valerie Pecresse, ministra durante el mandato del conservador Sarkozy libra una ajustada batalla con el presidente del parlamento, el socialista Claude Bartolone.

 

TPP (firmado por Bachelet): el gran negocio de las grandes farmacéuticas

por Joyce Nelson (Canadá)

Traducción:Marta Estévez Pequeño

Todavía no conocemos todos los detalles del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), cerrado provisionalmente el 5 de octubre por doce países de la costa del Pacífico. Sin embargo los críticos lo condenan por muchas razones, entre otras, sus generosas concesiones a la industria farmacéutica.

Médicos Sin Fronteras se queja de que el TPP pasará a la historia como el peor acuerdo comercial para que los países en vías de desarrollo puedan acceder a los medicamentos. [1] Esto se debe a que el TPP ampliará la protección de las patentes para los medicamentos de marca, lo que impedirá que los genéricos similares, que cuestan mucho menos, entren en el mercado y, en consecuencia, hará que los precios aumenten.

Judit Rius Sanjuan, asesora de política legal de Médicos Sin Fronteras, ha declarado en vox.com que el TPP crea obligaciones relativas a las patentes en países que antes no las tenían. La población de «Perú, Vietnam, Malasia y México» se verá especialmente afectada, afirmó, y «tendrán que enfrentarse a precios más elevados durante más tiempo». [2]

Ruth Lopert, profesora en la Universidad de George Washington, comunicó en Bloomberg News que las directrices del acuerdo TPP afectarán a los presupuestos de atención sanitaria y al acceso a medicamentos en todos los países que lo firmen, pero especialmente en los más pobres. «Unas 40.000 personas en Vietnam, el país más pobre del acuerdo, podrían dejar de tener acceso a los medicamentos para combatir el VIH debido a que las directrices aumentarán el precio de la terapia [farmacéutica]», afirmó. [3]

Otros países, como Canadá, también se verán afectados por la subida de precios. El Consejo Canadiense dice que si se ratifica el TPP, se prolongarán las «patentes [farmacéuticas], lo que retrasará el lanzamiento al mercado de medicamentos genéricos más asequibles y hará que nuestro gasto público anual en atención sanitaria aumente dos mil millones de dólares». [4] En EE. UU. mucha gente ya no puede permitirse pagar los medicamentos más caros que podrían salvarles la vida e intentan recurrir a los genéricos disponibles en algún otro lugar.

La ampliación de los derechos de patentes para aquellos medicamentos que pueden salvar vidas es, obviamente, un regalo para las grandes farmacéuticas. Conor J. Lynch, en opendemocracy.net, lo ha calificado como «una evidente dádiva corporativa que afectaría mucho al acceso internacional y causaría, sin duda, muertes que podrían haberse evitado. Claramente el objetivo aquí es aumentar los beneficios de la industria, así de simple. Esto no es nada nuevo, pues es lo que hace la industria privada, sin embargo, constituye un gran dilema moral». [5] Algunos resultados obtenidos recientemente han hecho aún más evidente este dilema moral.

Trampas fiscales

En una irónica coincidencia, se llegó al TPP el mismo día en que Citizens for Tax Justice y el US Public-Interest Research Group Education Fund publicaron un informe condenatorio sobre la evasión fiscal corporativa – Offshore Shell Games 2015. Este informe revela el grado al cual las principales compañías de EE. UU. usan paraísos fiscales, como las Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán y los Países Bajos, para instalar «filiales» que, generalmente, no son más que un simple apartado de correos.

De las treinta primeras compañías de la lista Fortune 500 con la mayor parte del dinero en paraísos fiscales extranjeros, nueve son compañías farmacéuticas: Pfizer (74 mil millones de dólares en el extranjero), Merck (60 mil millones de dólares), Johnson & Johnson (53,4 mil millones de dólares), Proctor & Gamble (45 mil millones de dólares), Amgen (29,3 mil millones de dólares), Eli Lilly (25,7 mil millones de dólares), Bristol Myers Squibb (24 mil millones de dólares), AbbeVie Inc. (23 mil millones de dólares) y Abbott Laboratories (23 mil millones de dólares). [6]

En relación a Pfizer, el mayor fabricante de medicamentos del mundo, con unos beneficios declarados de 22 mil millones de dólares en 2013, el informe indica que: «La compañía realizó más del 41 % de sus ventas en los EE. UU. entre 2008 y 2014 pero consiguió no declarar ningún ingreso imponible federal durante siete años consecutivos». Esto se debe a que Pfizer utiliza técnicas de contabilidad para deslocalizar en el extranjero sus beneficios imponibles. Por ejemplo, la compañía puede transferir las patentes de sus medicamentos a una filial en un país con impuestos bajos o libre de impuestos. De esta manera, cuando la sede estadounidense de Pfizer vende el medicamento en los EE. UU. paga a su filial en el extranjero unas tasas de licencia altas que convierten los beneficios nacionales en pérdidas y trasfiere los beneficios al extranjero».

En general, el estudio descubrió que las 500 compañías más grandes de los EE. UU. obtienen más de 2,1 trillones de dólares en beneficios acumulados en el extranjero. «Para muchas compañías, el aumento de los beneficios en el extranjero no significa construir fábricas allí, vender más productos a los clientes extranjeros o hacer alguna actividad económica adicional en otros países», sino simplemente contar con un apartado de correos.

Algunas compañías utilizan el dinero supuestamente «atrapado» en el extranjero como «garantía» para obtener un préstamo a tasas insignificantes con el fin de invertir en activos en los EE. UU., pagar dividendos a los accionistas o volver a comprar acciones.

Por supuesto, como el informe aclara: «el Congreso, sin poder tomar medidas para acabar con la evasión de impuestos, fuerza al estadounidense común a que compense la diferencia. Cada dólar que las compañías evaden en impuestos a través de los paraísos fiscales debe compensarse aumentando los impuestos a las personas, recortando las inversiones y los servicios públicos o aumentando la deuda federal».

El informe muestra que, a través de diversas medidas de evasión de impuestos, las 500 mayores compañías con sede en EE. UU. deben, en conjunto, unos 620 mil millones de dólares en impuestos en ese país.

Golpe corporativo

Ahora el TPP –que se denomina «NAFTA con esteroides»– concedería a las grandes farmacéuticas y a otras multinacionales incluso más «derechos» corporativos en más países, incluido el polémico mecanismo de arbitraje de diferencias estado-inversor (ISDS, por sus siglas en inglés),  por el cual pueden demandar a los gobiernos signatarios por los cambios en las normativas que afectan a sus beneficios.

Como señala el sitio web canadiense rabble.ca: «A través del NAFTA, la compañía farmacéutica estadounidense Eli Lilly acaba de demandar al Gobierno canadiense por invalidar la ampliación de la patente de dos medicamentos para la salud mental que tiene la compañía. Un tribunal federal canadiense concluyó en 2010 que la ampliación de la patente no había generado los beneficios prometidos y que, por tanto, el medicamento debía abrirse a la competencia genérica. Los medicamentos genéricos reducen de manera significativa el coste para el usuario final pero Eli Lilly puso el grito en el cielo e interpuso una demanda a través del ISDS contra el gobierno en la que exigía 500 millones de dólares en compensación por los beneficios perdidos. El caso todavía sigue abierto pero, independientemente del resultado, podemos esperar que el TPP conduzca a conflictos parecidos a los del ISDS. Las poderosas compañías farmacéuticas multinacionales utilizarán cualquier medio disponible para aferrarse a los carísimos monopolios de los medicamentos. Una mayor protección de la propiedad intelectual en el TPP dará a estas compañías de forma casi legal aún más fuerza para demandar a los gobiernos y dejar fuera a la competencia de los medicamentos genéricos». [7]

El texto final del TPP no estará disponible durante, al menos, un mes o unas semanas después de la elecciones federales canadienses del 19 de octubre. Los detalles revelarán, sin duda, aún más concesiones a las multinacionales. De los legisladores elegidos en los doce países dependerá que se apruebe o se rechace el TPP. En Canadá, el líder del NDP, Tom Mulcair, ha prometido rechazar el acuerdo si sale elegido primer ministro, basándose en que el gobierno de Stephen Harper no tenía mandato para firmarlo durante una campaña lectoral cuando se trataba, simplemente, de un gobierno provisional.

El sitio web estadounidense zerohedge.com llama al TTP «un caballo de Troya» y «un golpe de las compañías multinacionales que desean un sometimiento global a sus planes». Y de manera muy clara, agrega: «Consumidor, cuidado. Ciudadanos, cuidados». [8]

– El autor , Joyce Nelson, es periodista e investigador independiente canadiense.

Fuente original:

http://www.counterpunch.org/2015/10/07/tpp-big-pharmas-big-deal/