El paso necesario del proyecto neoliberal

por  David Cufré (Argentina)

La restauración conservadora que encarna el macrismo no hubiera estado completa sin la vuelta del FMI. Una relación activa con el organismo es el pasaporte que utilizará el Gobierno para regresar al mundo donde gobiernan las finanzas, un lugar donde las calificadoras de riesgo, los bancos de inversión y los gurúes de la ortodoxia marcan las líneas y los límites de la política económica. El Fondo Monetario Internacional concentra la representación institucional de ese poder. Es el vehículo a través del cual se manifiestan los intereses económicos de los países centrales, sus multinacionales y financistas –con Estados Unidos a la cabeza–, estableciendo alianzas al interior de los países con otros sectores concentrados del capital para imponer condiciones al resto de la sociedad. Las principales cámaras empresarias nacionales han sido muy hábiles en el pasado para escudarse detrás de los técnicos del Fondo y dejar que fueran ellos los que presionaran por políticas que los tenían como beneficiarios, especialmente en el campo laboral.

La Argentina se liberó de esa subordinación a los mandatos del FMI en enero de 2006, cuando Néstor Kirchner canceló de una vez los casi 10.000 millones de dólares adeudados a la institución. Fue una bisagra, un quiebre para todo lo que vino después. Sin esa recuperación de soberanía en el manejo de la política económica no hubieran sido posibles la estatización de las AFJP, YPF o Aerolíneas Argentinas; ni la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para mandatarlo a cuidar el crecimiento económico y el empleo; ni planes como el Repro para pagar una porción de los salarios a los trabajadores de empresas en crisis; ni la ampliación del déficit fiscal para que el Estado saliera en rescate del sector privado frente a shocks externos; ni Precios Cuidados; ni las barreras a los capitales golondrina; ni obligar a bancos y compañías de seguros a financiar a las pymes y la economía real; ni la protección a la industria nacional frente a los productos importados; ni el desendeudamiento del Estado; ni las más de 70 leyes para restablecer derechos a los trabajadores. La enumeración de medidas es mucho más extensa y abarca prácticamente todos los campos, porque un proyecto de desarrollo nacional basado en su aparato productivo, el avance tecnológico y el consumo popular involucra una agenda que va en sentido opuesto a lo que representa el FMI.

El modelo de Cambiemos es el de la valorización financiera y para ello retomar el vínculo con el Fondo Monetario es un paso necesario. Cuando Alfonso Prat-Gay dice que el Gobierno acepta el retorno de las auditorías a la política económica porque no tiene nada que ocultar confirma que la estrategia es profundizar la doctrina neoliberal que el FMI avala. Por ahora el restablecimiento del vínculo aparece limitado a las revisiones anuales de la economía, en el marco del Artículo IV del estatuto del organismo. Sin embargo, el ministro y otros funcionarios anticiparon que se buscará afianzar la relación con el Fondo y el Banco Mundial, por lo cual las negociaciones para un acuerdo de financiamiento del propio FMI no tardarían en llegar.

El argumento para conseguir dólares del Fondo seguramente será que sus créditos son más baratos que los de mercado, por lo que no tiene sentido desaprovechar la oportunidad. El esfuerzo de la última década para liberar al país de la presión de los acreedores será reemplazado por una renovada carga de intereses. Y si el FMI se convierte otra vez en prestamista, a las auditorías anuales del Artículo IV se agregarán las revisiones trimestrales del acuerdo de financiamiento. La contaminación de la agenda económica nacional con esas visitas es conocida por los argentinos por la experiencia de los ‘90, cuando tecnócratas de la India, Chile o Italia se paseaban por la ciudad seguidos por móviles de televisión y radio como si fueran estrellas de cine. El Fondo no cambió entre aquellos años y el presente, de lo cual pueden dar testimonio los griegos, forzados hasta a desprenderse de edificios históricos para pagar a los acreedores. La orientación del gobierno argentino también es la misma que entonces, una combinación que constituye una amenaza cierta para el bienestar de las mayorías.

*Fuente: Página 12

Ante la pérdida de los Fondos de Pensión

por Coordinadora Nacional No Mas AFP (Chile)

DECLARACIÓN PÚBLICA

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Frente a las enormes pérdidas que han registrados los fondos de pensiones durante las dos primeras semanas de 2016, y que alcanzan a todas las ganancias obtenidas durante el 2015, Luis Mesina, vocero nacional de la COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES NO+AFP, señala lo siguiente:

“Nos preocupa que la ciudadanía no esté enterada de las consecuencias gravísimas que tiene la pérdida de los fondos de pensiones, porque no solamente los Fondos A y B se vieron fuertemente afectados por las caídas de las bolsas internacionales, sino que todos los fondos perdieron.

Sostenemos que es una irresponsabilidad el llamado a la calma de algunos economistas oficialistas y empresariales. Nosotros creemos que hay que preocuparse y mucho.

Llamamos a estar en estado de alerta a todos los trabajadores: este año puede ser el derrumbe de nuestros ahorros previsionales. Analistas serios señalan que esta caídas de las bolsas se van a repetir, constantemente, durante el presente año y nuestros fondos previsionales podrían estar expuestos a consecuencias similares e incluso peores, que en la crisis de Lehman Brothers del 2008.

Hay información fidedigna que señala que el banco más grande Europa, el Deutsch Bank, se encuentra en una situación crítica. Si este banco quiebra, los efectos serían 2,5 veces más grandes que la crisis del 2008, que significó una pérdida, en términos reales, de un cuarto del total de los fondos previsionales de los chilenos.

Las y los trabajadores chilenos nos encontramos enfrentados a observar como nuestros fondos de pensiones se esfuman en las bolsas del mundo, ante la total indiferencia de un Estado que, en vez de proteger nuestros recursos, se los entrega en bandeja de plata a los grupos económicos, para su uso y abuso en los mercados internacionales.

Este hecho, que afecta al conjunto de la sociedad chilena, debería tener a la jefa de Estado interviniendo, para evitar el daño a los millones de trabajadoras y trabajadores afectados; pero, por el contrario, todas las medidas que ha propuesto van orientadas a perpetuar y fortalecer el sistema de las AFP, único responsable de las pérdidas de los fondos y de las bajas pensiones.

El llamado que hacemos a los afiliados al sistema de ahorro forzoso es a cobijarse, rápidamente, en el Fondo E, para que la crisis no nos impacte de manera tan brutal como nos impactó el 2008, y el paso siguiente, debe ser, necesariamente, el organizarse y avanzar hacia el término de las AFP, y reemplazarlas por un sistema de seguridad social, cuyo único objetivo sea pagar pensiones dignas a la población trabajadora”.

[e-mail]

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Contacto: Ana Muga (908 591 33)

Convocatoria al Décimotercer Encuentro Nacional e Internacional de la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile

por Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile

CONVOCATORIA AL DÉCIMOTERCER ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA UNIÓN DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS DE CHILE (UNExPP)

NACIMIENTO – REGIÓN DEL BÍO BÍO

12, 13 Y 14 DE FEBRERO-2016 

Estimados compañeros y compañeras:

El 2015 fue un año importante en nuestra lucha, un año que pasará a la historia, con momentos gloriosos y amargos, de encuentros y desencuentros. Todo esto como consecuencia de la tenacidad con que se dan las luchas sociales y las distintas visiones y estrategias para enfrentar a quienes hasta hoy nos han negado nuestros derechos.

A pesar de todo lo negativo surgido en medio de las luchas del 2015 debemos valorar lo que se logró, por poco que haya sido. Lo más importante es que al calor de la lucha se reactivó un sector importante de los ex presos/as políticos en Chile y en el extranjero. Los antiguos combatientes por el cambio social, volvimos a levantar la voz en defensa de nuestros derechos conculcados por tantos años, frente a un estado indolente y dominado por políticos, incluida la presidente Bachelet, que quisieran que no existiésemos.

Estamos a escasas semanas de encontrarnos una vez más con motivo de nuestro Decimotercer Encuentro Nacional en la ciudad de Nacimiento. Allí analizaremos y evaluaremos lo realizado el año 2015 y planificaremos las tareas que serán necesarias realizar durante el año 2016, que nos permitan acercarnos al logro de nuestros objetivos.

Queridos compañeros, desde nuestro nacimiento como organización hemos perseguido nuestros objetivos con claridad, con tenacidad y perseverancia, porque no decirlo, hasta con obstinación, sin detenernos ante nada que pudiera amenazar los intereses de la causa de los Ex Prisioneros Políticos. No obstante este es momento de volver la mirada hacia atrás y hacer un balance en el cual reconoceremos el camino seguido, en que recordaremos las dificultades que hemos tenido que enfrentar y superar; los errores cometidos y la lección para no repetirlos.

También recordaremos y nos sentiremos orgullosos de la forma en que hemos ido venciendo cada una de esas dificultades. Esto nos debe llenar de optimismo. Pero, también debemos estar concientes de la distancia que todavía nos separa de la meta. Ello nos obliga a renovar estrategias, a buscar nuevas sendas y así acortar la distancia que nos llevara a la meta. Estamos conscientes que a esta altura el tiempo corre en contra de nosotros y nuestras reservas son escasas por lo tanto el llamado es a optimizar nuestros recursos tanto humanos, políticos y jurídicos.

Queridos compañeros y compañeras, con alegría y entusiasmo, convencidos de tener la RAZÓN de nuestro lado, enfrentamos este nuevo evento. Este es el espíritu con el cual convocamos a nuestras orgánicas a enviar sus delegados a nuestro Décimo Tercer Encuentro Nacional a realizarse los días 12, 13 y 14 de febrero de 2016, en calle Prieto 880, en el internado del Liceo de Nacimiento.

 

               Nelly Cárcamo Vargas                    Víctor Rosas Vergara 

                   Presidenta Nacional             Vicepresidente Nacional

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Saludo de Chomsky a los ex PPs de Chile y su XIII Encuentro en Nacimiento organizado por la UNExPP

From: Noam Chomsky <[e-mail]>

Date: January 23, 2016 at 12:09:36 PM
Subject: A los Ex Prisioneros Políticos de Chile

Sabiendo de vuestra dura y difícil lucha por una reparación justa y adecuada que sea consistente con las obligaciones adquiridas por el Estado de Chile como signatario de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, me permito expresarles mi solidaridad con ella y mis mejores deseos de éxito en el XIII Encuentro de la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile (UNExPP) a realizarse en la ciudad de Nacimiento entre el 12 y 14 de febrero próximo

Noam Chomsky

A no engañarse: Bachelet descartó la Asamblea Constituyente

por Foro por la Asamblea Constituyente (Chile

Finalmente, después de varias postergaciones, la Presidenta de la República anunció el inicio de un proceso destinado a dotar de una nueva Constitución a Chile, argumentando correctamente que “la actual Constitución tuvo su origen en dictadura, no responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Ella fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría. Por eso -agregó- nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía”.

No obstante estas primeras afirmaciones que están en sintonía con el sentimiento mayoritario de la población, el contenido preciso de su mensaje contradice su declarado propósito de dotar al país de una Constitución “nacida en democracia y que exprese la voluntad popular”.

Bachelet fija quorom imposibles de alcanzar y entrega la llave del proceso a los parlamentarios

El camino y método propuestos por la Jefa de Estado, en lugar de permitir el pleno ejercicio de la soberanía popular, constituyen un nuevo intento por evitar que esta se exprese, entregando la conducción y el rol decisivo a las mismas fuerzas sociales y políticas que durante un cuarto de siglo de postdictadura han administrado y se han beneficiado del modelo neoliberal y del sistema de democracia restringida, tutelada y de baja intensidad, tal como demostraremos a continuación.

La fundamentación teórica e histórica de su anuncio es errada. “Debemos basarnos –afirmó- en la solidez de nuestras tradiciones jurídicas y, al mismo tiempo, dar curso a nuestra capacidad de avanzar hacia una sociedad más abierta y moderna”. ¿A cuáles tradiciones jurídicas se refiere Michelle Bachelet? Si se trata de la manera de hacer constituciones, cualquier analista objetivo y de buena fe concluirá que esta deja mucho que desear puesto que ninguna de las constituciones chilenas ha sido elaborada de un modo verdaderamente democrático. Todas las cartas fundamentales que han regido la vida política nacional han sido producidas, aprobadas e impuestas en contextos de ciudadanía restringida, con ausencia de libertades políticas y, lo que es peor, frecuentemente, mediante la presión abierta de la fuerza militar como ocurrió en los casos de las tres constituciones más duraderas (1833, 1925 y 1980).

No se trata de un error meramente historiográfico o académico, políticamente anodino, sino de una base conceptual profundamente viciada sobre la que se sostiene toda la arquitectura del itinerario constituyente diseñado por Bachelet junto a su círculo de confianza y asesores. Porque si el proceso constituyente se basa “en la solidez de nuestras tradiciones jurídicas”, ello quiere decir que, en lo más esencial, este será -al igual que todos los anteriores- elitista, antidemocrático, no participativo y con la ciudadanía jugando un rol meramente decorativo o de comparsa.

Los principales pasos de este proceso definidos por la Jefa de Estado ratifican esta impresión.

Entre fines de octubre de 2015 y marzo de 2016 se iniciará una “etapa de educación cívica y constitucional”, enseguida se realizará “un proceso ordenado de diálogos ciudadanos, donde todos puedan participar”, partiendo por las comunas, luego las provincias y regiones, para terminar con una síntesis a nivel nacional. El resultado de estos diálogos serán las “Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución”, que serán entregadas a la Presidenta en octubre de 2016. Para que el proceso sea efectivamente participativo, libre, transparente, sin distorsiones ni presiones de ningún tipo, la Primera Mandataria anunció que nombrará un Consejo Ciudadano de Observadores compuesto por personas “de reconocido prestigio que acompañe el proceso y dé garantías de transparencia y equidad”.

Cabe subrayar que este Consejo tendrá el mismo origen que todas las comisiones asesoras gubernamentales a las que nos han acostumbrado los gobiernos de las últimas décadas; a saber, la simple voluntad y criterio de la persona que ocupa el sillón presidencial y de sus asesores. La “dedocracia”, sin consulta ni participación ciudadana, definirá una vez más los integrantes de este cuerpo, del mismo modo como lo fueron las comisiones constituyentes de 1925, de 1980 y otros tantos organismos de triste recuerdo, por ejemplo, el Consejo Asesor Presidencial para la Educación designado por Bachelet durante su primer gobierno (el de “las manitas levantadas”), que transmutó la Ley Orgánica Constitucional de la Educación (LOCE) del dictador en Ley General de la Educación (LGE), perpetuando hasta el día de hoy el sistema de educación de mercado basado en el lucro.

También hay que destacar que la presidenta no precisó en qué consistirán los “diálogos ciudadanos”, quienes lo convocarán ni quienes serán convocados, tampoco quienes harán la síntesis de tales diálogos, aunque todo permite suponer que serán los “operadores políticos” de la Nueva Mayoría (o del duopolio) los que tendrán el poder de decidir entre las ideas emanadas de tales coloquios, cuales serán rescatadas y cuales desechadas. Serán estos mismos operadores los que darán la forma que mejor les parezca a las demandas, anhelos y propuestas expresados por la población. Cabe, entonces, preguntarnos, ¿enseñarán que es el pueblo el único soberano y que solo en él radica el poder constituyente?, ¿enseñarán que no existe representante que esté por sobre la decisión del pueblo?

Luego de esa primera etapa, dice Bachelet, “transformaremos las Bases Ciudadanas en un proyecto de nueva Constitución, que recoja lo mejor de la tradición constitucional chilena y que esté acorde con las obligaciones jurídicas que Chile ha contraído con el mundo”. Ya sabemos a quienes se refiere la primera persona del plural (“transformaremos”) de la mandataria (ella y sus asesores). Del mismo modo, sabemos a qué está haciendo alusión al evocar “lo mejor de la tradición constitucional chilena” (constituciones elaboradas por pequeñísimos grupos de expertos, a espaldas de la ciudadanía, mediante maniobras politiqueras y con golpes de fuerza). Por último, ¿se refiere la Presidenta a aquellos tratados internacionales que benefician y dan plenas garantías a las corporaciones transnacionales? o ¿a aquellos que Chile no respeta, como son los referidos a Derechos Humanos, pueblos originarios (convenio internacional N°169 de la OIT)?, etc.

No obstante, lo determinante es lo que viene a continuación, esto es, los sujetos que tomarán las decisiones fundamentales.

Según lo anunciado, a fines de 2016 Bachelet enviará al Congreso Nacional un proyecto de reforma de la actual Constitución para que, por dos tercios de sus miembros en ejercicio, establezca los procedimientos que hagan posible dictar una nueva Carta Fundamental. En esta reforma, se le propondrá al actual Congreso, elegido en base al sistema electoral binominal, que habilite al próximo Parlamento para que sea este quien decida, de entre cuatro alternativas, el mecanismo de discusión del proyecto enviado por el Gobierno y las formas de aprobación de la nueva Constitución: una Comisión Bicameral de senadores y diputados; una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos; la convocatoria a una Asamblea Constituyente; o en defecto de las anteriores, que el Congreso pueda convocar a un plebiscito, para que sea la ciudadanía la que decida entre las anteriores alternativas. La decisión del mecanismo recaerá en el nuevo Parlamento elegido en el 2017, que gozará, supuestamente, de mayor legitimidad que el actual gracias al nuevo sistema electoral, una nueva ley de partidos y una ley de financiamiento electoral. Asimismo, Bachelet promete entregar al Congreso Nacional, a inicios del segundo semestre del 2017, el proyecto de nueva Constitución para que, una vez sancionado por esta instancia, sea sometido a un plebiscito vinculante para su ratificación por parte de la ciudadanía.

Estas promesas -formuladas tan solo un par de horas antes de un partido de fútbol que, se sabía, concitaba gran interés en la población- deben ser analizadas detalladamente para descifrar su trasfondo.

Lo primero que llama la atención son los sujetos protagónicos. Está claro: serán los parlamentarios, los del actual Congreso Nacional (binominal) y luego los que serán elegidos en 2017. En ellos depositará Bachelet la toma de decisiones sobre las cuatro alternativas propuestas.

Es necesario preguntarse: ¿Por qué deben ser los parlamentarios quienes adopten tal decisión? ¿Son ellos los detentores del poder constituyente? La respuesta es evidente: desde una perspectiva democrática, dicha decisión le corresponde a la ciudadanía, única titular del poder constituyente. No a diputados ni a senadores. Nos están tratando de birlar la soberanía.

Además, ¿por qué razones la presidenta se autoimpone quorom supramayoritarios que su coalición (la Nueva Mayoría), más algunos aliados circunstanciales, no podrá alcanzar? Tenemos todo el derecho a sospechar que el fijar estos quorom imposibles de lograr tiene que ver con una voluntad no declarada de entregarle a la Derecha clásica una porción importante del poder de decisión para que no se produzcan cambios constitucionales de fondo, a fin de seguir preservando el modelo de economía y sociedad coadministrado por ambos bandos del duopolio. De tal modo, los sectores hegemónicos de la Nueva Mayoría (o el nombre que adopte en el futuro la vieja y persistente Concertación) tendrán como pretexto para no hacer los cambios tan esperados por la población, el antiguo y conocido argumento de “no contar con las mayorías parlamentarias necesarias”. Esta situación les servirá, de paso, para llamar por enésima vez a los electores a votar por sus candidatos para conseguir una mayoría parlamentaria proclive a las reformas, enarbolando incluso la alternativa de la Asamblea Constituyente como argumento para conseguir los sufragios de incautos ciudadanos ante esta astuta maniobra.

Sobran razones para suponer que todos estos anuncios no constituyen sino una cortina de humo tendiente a evitar un proceso constituyente efectivamente democrático y participativo. Las cuatro alternativas propuestas por la Presidenta no son tales puesto que la Asamblea Constituyente ha sido, en realidad, descartada. La inclusión puramente figurativa de la Asamblea Constituyente, además de ayudar a administrar las tensiones en el seno de la Nueva Mayoría (con las cuatro alternativas todos quedan más o menos conformes), aparece como un elemento meramente ornamental destinado a seducir a ingenuos y permitir que el ala “izquierda” de la coalición gobernante pueda seguir manteniendo cierta legitimidad ante sus seguidores.

Diversas son las reacciones en el “universo constituyente”. La bancada AC se apresuró en “valorar” el ambiguo y alambicado itinerario propuesto por la Presidenta aunque poco después manifestó su inquietud por los altos quorom que saben, por más maniobras parlamentarias que hagan, no pueden alcanzar. La diputada comunista Karol Cariola expresó con un candor digno de mejor causa: “La esperanza está puesta en sectores de la derecha que realmente creen en la democracia. Estoy convencida que dentro de RN hay votos disponibles”. Su camarada Camila Vallejo, algo más desconfiada, preguntó: “Quienes participen en los cabildos, ¿cómo se sabrá que su opinión fue realmente recogida?”. Otro diputado joven, Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, también deslizó un  comentario un tanto suspicaz al afirmar: “Me genera dudas la presentación de un proyecto de Constitución, que se va a discutir en paralelo a los mecanismos”[1]. Por su parte, desde el espectro del variopinto movimiento pro Asamblea Constituyente, Genaro Cuadros, líder del Movimiento Marca AC, expresó su “valoración” por el hecho de que la propuesta presidencial “considere la Asamblea Constituyente como un mecanismo plenamente institucional, democrático y participativo”, “un logro de la movilización ciudadana”, sin llegar a develar la verdadera motivación de tal decisión gubernamental[2]. Mucho más perspicaz, sincero y brutal en su decir fue el senador Alejandro Navarro (MAS)  quien sentenció: “Hay una gran ingenuidad política en pensar que entrará un proyecto de ley que superará un quórom de 2/3. No hay votos para eso. Es no entender el mandato de los guardianes de la obra de Jaime Guzmán, la UDI”. Agregó a continuación: “No va a haber proceso constituyente, va a haber un debate y un acuerdo político”[3]. Más sabe el zorro por viejo que  por zorro…

Sintetizando lo expuesto, podemos afirmar con gran seguridad que el centro de gravedad del proceso constituyente propuesto por Bachelet reside en el Congreso Nacional. Solo por concesión graciosa de este desprestigiado cuerpo podría llegarse directamente -según la propuesta de Bachelet- a la Asamblea Constituyente o dejar que la ciudadanía decida mediante plebiscito alguna de las alternativas propuestas. Nada permite suponer que la casta política que tiene en el Parlamento uno de sus principales bastiones, se arriesgue a perder sus privilegiadas posiciones en un impulso de fervor democrático profundamente ajeno a su comportamiento tradicional. Todo lo contrario. La experiencia histórica demuestra que los grupos privilegiados siempre se aferran a sus posiciones de poder. A menos que una correlación de fuerzas muy desfavorable los obligue a ceder…

Por un proceso constituyente verdaderamente ciudadano y popular

Los sectores populares, los movimientos sociales y la ciudadanía democrática no pueden esperar nada del itinerario constituyente propuesto por Bachelet. Como bien han señalado numerosos observadores –incluso algunos de su propia coalición de gobierno- el mentado “proceso constituyente” oficialista no tiene más objetivos que el de ganar tiempo para que la mandataria termine su período presidencial sin demasiados sobresaltos, administrar las contradicciones y peleas al interior de la Nueva Mayoría y, si las fuerzas y voluntad política alcanzan, llegar a un “buen acuerdo” con la derecha tradicional para realizar nuevos remiendos al desgastado traje constitucional confeccionado en dictadura. Nada más. Rápidamente el fervor constituyente de los operadores políticos del oficialismo se irá trocando en “realismo” y en negociaciones con los herederos del pinochetismo. Por su parte, un sector del universo constituyente (aquel cuyos estrechos vínculos con la Nueva Mayoría son apenas un secreto a voces) y también algunos “alternativos” siempre prestos a medrar cuando se presentan buenas oportunidades (el presupuesto destinado a la “operación constituyente” del gobierno será jugosísimo), irán acomodando sus banderas en aras del “realismo”. Seguirán llamando a “hacer presión para que la alternativa de la Asamblea Constituyente se imponga” sobre las otras porque, claro está, eso es parte del negocio. Así, por ejemplo, llamarán a conquistar una mayoría parlamentaria favorable a la Asamblea Constituyente para que ¡ahora sí! se hagan los cambios tan esperados y tantas veces postergados. Pero lo harán a sabiendas de que la Asamblea Constituyente en el itinerario bacheletista es como la línea del horizonte: mientras más caminas y pareces acercarte, más se aleja.

Definitivamente el sendero es otro, es el que decenas de miles de personas han empezado a recorrer desde hace varios años, aquel que sin despreciar los necesarios mecanismos de legitimación institucional, se realiza esencialmente desde la base social para desarrollar una fuerza constituyente ciudadana y popular.

Reiteramos lo que hemos venido sosteniendo desde nuestro nacimiento como Foro por la Asamblea Constituyente: hay que desechar ilusiones y estar dispuestos a dar una lucha prolongada apoyándonos principalmente en nuestras propias fuerzas. La emancipación de los oprimidos nunca ha sido una dádiva de los opresores, tampoco un “bono” de los administradores de su sistema. Los pueblos de Chile no pueden esperar su emancipación de los juegos palaciegos, componendas parlamentarias ni acuerdos partidarios a espaldas de la ciudadanía, tampoco pueden alentar esperanzas en que la casta política se haga un hara-kiri y decida, en un instante de inexplicable pulsión democrática, que el futuro constitucional del país se decida en una Asamblea Constituyente efectivamente democrática, libre y soberana.

Solo una poderosa fuerza constituyente de raigambre esencialmente popular podrá provocar una ruptura democrática con el actual orden de cosas, una superación de la institucionalidad heredada de la dictadura que obligue a la casta política parlamentaria a ceder y entregar –así sea de mala gana- la cuota de legitimidad institucional para la convocatoria a elecciones de una Asamblea Constituyente. Para alcanzar este objetivo es preciso desarrollar numerosas acciones, siendo las más importantes en esta coyuntura las que permitan que los “ciudadanos de a pie” establezcan el vínculo entre sus necesidades, anhelos y demandas con la cuestión constitucional y deduzcan de ello la necesidad de la Asamblea Constituyente. Es preciso sacar esta reivindicación de los círculos aún estrechos, de los grupos especializados en el tema, para hacer que la demanda por la Asamblea Constituyente sea adoptada con decisión por los movimientos y las organizaciones sociales. En paralelo, debemos redoblar los esfuerzos de educación política de los sectores populares y de la ciudadanía en general mediante el impulso de escuelas, talleres y jornadas de formación constituyentes como los que se han venido desarrollando recientemente en numerosos puntos del país. Nuestro Foro por la Asamblea Constituyente ha estado presente y lo seguirá estando en todas estas iniciativas para aportar, junto a otros, al desarrollo de la fuerza constituyente ciudadana y popular.

El proceso constituyente democrático lo iniciamos, hace años, varios miles de personas sin esperar promesas ni anuncios provenientes de las desacreditadas elites políticas. Lo continuaremos aunque dichas elites y los poderes fácticos intenten llevarlo a un callejón sin salida.

FORO POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Santiago, 18 de octubre de 2015.

Correo: [e-mail]

Twitter: @foroporlaAC

Facebook: https://www.facebook.com/convergenciaconstituyente

 

Notas:

[1] “Bancada AC se reúne y manifiesta inquietud por factibilidad del proceso constituyente”, La Tercera, Santiago, 15 de octubre de 2015: http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/10/674-651422-9-bancada-ac-se-reune-y-manifiesta-inquietud-por-factibilidad-del-proceso.shtml

[2] Genaro Cuadros, “La asamblea constituyente sigue en juego”, La Tercera, Santiago, 15 de octubre de 2015: http://diario.latercera.com/2015/10/15/01/contenido/pais/31-200221-9-la-asamblea-constituyente-sigue-en-juego.shtml

[3] “Bancada AC se reúne y manifiesta inquietud…”, op.cit.

Panorama sindical A Milagro Sala la detuvieron por ser colla, “cabeza” y mujer

 

Mario Hernandez

Rebelión

Por una denuncia del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en contra de una manifestación de organizaciones sociales sostenida durante más de un mes frente al edificio donde funciona el Poder Ejecutivo de esa provincia, fue detenida el sábado la dirigente social Milagro Sala.

La orden provino del Juez de feria Raúl Gutiérrez, quien imputó a Sala por “instigación al delito y tumulto en concurso real”. El abogado del estado provincial, Mariano Miranda, afirmó: “Alzamiento en contra de leyes gubernamentales”. Y añadió: “Mientras se mantenga la comisión del delito, es decir el acampe, se mantendrá la detención”.

La líder de la Túpac Amaru, que es diputada del Parlasur, inició una huelga de hambre seca en la Comisaría de la Mujer a la que fue llevada y recibió muestras de solidaridad de dirigentes políticos, organismos de Derechos Humanos y del Bloque Progresista del Parlasur.

Hace 35 días, las organizaciones sociales integradas en la Red de Organizaciones Sociales jujeñas, decidieron en asamblea establecerse frente a la Casa de Gobierno para reclamarle a Morales que los reciba, luego de la falta de respuesta institucional a dos pedidos de audiencia escritos presentados el 24 y el 30 de noviembre del año pasado. La intención del diálogo gira en torno de los planes sociales y la continuidad de las cooperativas de vivienda que funcionan a través de esas organizaciones.

El lunes fue convocado un multitudinario acto en Plaza de Mayo, invisibilizado por los medios, y en varias ciudades del interior para exigir la liberación de la dirigente detenida.

Un ejercicio de buena memoria

“Milagro Sala está en la plaza porque quiere cogobernar Jujuy. Nosotros obtuvimos cerca del 60% de los votos y mientras yo sea gobernador va a haber un solo gobierno”, señaló Gerardo Morales, al mismo tiempo que destacó la decisión de una jueza de menores provincial que intimó a retirar a los niños del acampe.

El radicalismo ya tiene antecedentes de brutales represiones. No hace falta retroceder casi 100 años y recordar La Semana Trágica o los sucesos de La Patagonia. El 17 de diciembre de 1999, a una semana de haber asumido el gobierno de la Alianza, fuerzas de seguridad reprimieron ferozmente al pueblo que se movilizó en las cercanías del Puente General Belgrano que une la ciudad de Corrientes con la provincia del Chaco.

En aquella jornada hubo dos muertos, Mauro César Ojeda y Francisco Escobar, y veintiocho heridos de bala entre la población civil.

Los funcionarios que actuaron durante la intervención federal en Corrientes y que ordenaron la represión en diciembre de 1999, fueron: el ministro del Interior, Federico Storani; el interventor federal en Corrientes, Ramón Mestre; el secretario de Seguridad, Enrique Mathov y el intendente interventor de la ciudad capital, Oscar Aguad (actual Ministro de Comunicaciones). Todos pertenecientes al radicalismo.

El triste experimento de La Alianza iba a concluir durante las Jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 con 38 manifestantes muertos y centenares de heridos.

La nueva Alianza Cambiemos ya cuenta en su haber con las represiones a los trabajadores de Cresta Roja y a los municipales de La Plata. Al respecto, la semana pasada el ex Juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, había advertido: “En cuanto a la represión, es una torpeza política peligrosísima. Van a matar a alguien, no sean brutos. Están generando una masa de gente con bronca. ¿O acaso es una provocación? ¿Quieren que alguien se descontrole para justificar un homicidio?”.

Es evidente que el gobernador radical de Jujuy levanta la apuesta porque no puede soportar que los movimientos sociales jujeños hagan casas, fábricas, escuelas, den becas para educación terciaria, construyan plazas, clubes, piletas de natación, etc.

El mismo trato recibió Emerenciano Sena durante los gobiernos del radical Angel Rozas en Chaco y José “Pepino” Fernández de la UTD de General Mosconi (Salta) con más de 100 causas abiertas por distintos gobiernos provinciales.

No obstante, advierte prudentemente Eduardo Paladini en la edición dominical de Clarín: “La fórmula de las plazas del aguante más las previsibles pataletas en Twiter resultan por el momento inocuas. Pero la sedimentación de heridos por la baja de contratos en el Estado, más los choques con grupos de poder de calle como la Túpac y los conflictos gremiales que pueden sumarse si la situación económica flaquea pondrán al nuevo gobierno ante un nuevo escenario social. Sensible y caliente”.

Los despidos llegaron a los privados

La empresa Cerámica San Lorenzo despidió en su planta de Azul a 120 de sus 370 trabajadores, esto se suma a la política que venía llevando adelante de ofrecer retiros voluntarios, con la cual se fueron 30 operarios.

Desde el pasado jueves 7 de enero los 220 trabajadores que aún quedan en la fábrica se encuentran realizando una huelga con la paralización total de la producción por tiempo indeterminado.

Esta firma opera con cuatro fábricas en el país y pertenece al grupo económico belga Etex. En 2014 obtuvo unos beneficios de 231 millones de Euros solo en Argentina, sus ganancias globales obtenidas de las 102 empresas y 148 fábricas con las que cuentan alrededor del mundo, llegaron a 2.987 millones de la misma moneda.

En Azul, se suman a los despedidos de la cerámica, los 100 despidos de municipales y los 82 cesanteados de Fanazul.

El sindicalismo petrolero advirtió el viernes que habrá problemas de abastecimiento de gas, si no hay una respuesta por parte del Gobierno respecto de la crisis por la cual atraviesa, mientras ratificó que el 20 de enero próximo es la fecha límite para garantizar la "paz social".

Adelantó, además, que el lunes 18 habrá una nueva movilización para reclamar porque Tecpetrol dio vacaciones anticipadas a 450 empleados y frenó el funcionamiento de tres máquinas.

“A partir del lunes tienen 72 horas de plazo para resolver el problema, caso contrario el jueves la asamblea multitudinaria de petroleros convencionales definirá un plan de lucha que va a ser acompañado por los jerárquicos", planteó Carlos Gómez el sábado al término del plenario del gremio en el que se ratificaron las panfleteadas que demorarán desde el lunes el ingreso a yacimientos, y la convocatoria a asamblea el jueves 21 de no llegar las respuestas esperadas.

Entre YPF y PAE suman cerca de 3.000 los trabajadores que se mantienen en período de vacaciones debido a un acuerdo firmado entre las compañías y los gremios a fines del 2015. Pero la mayoría de los operadores debería retomar sus actividades antes del 20 de este mes. Según indicó la agencia Bloomberg, YPF extendería las vacaciones hasta nuevo aviso. Hoy hay en YPF 20 equipos parados que afectan la actividad de 1.200 operarios. Unos 300 pertenecen a Chubut y el resto se reparten entre Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Mendoza.

Por su parte, PAE, la principal productora de Chubut, tiene en stand by 15 equipos de perforación y 26 de workover, que representan unos 1.400 trabajadores.

El viernes, la empresa Sol Líneas Áreas anunciaba el fin de la prestación de servicios y dejaba 300 trabajadores en la calle.

Tras la noticia del fin de la prestación de servicios, los trabajadores realizaron asambleas para discutir los pasos a seguir. APTA se declaró en estado de alerta, aunque los gremios del sector confirmaron que no habrá “paro general en líneas aéreas por el conflicto de Sol”.

Por la tarde, los trabajadores tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo donde la patronal ofreció indemnizaciones al 50 %, lo que fue rechazado por los trabajadores. Con esa decisión la negociación pasó a cuarto intermedio hasta el lunes.

Los trabajadores de Falcon votaron en asamblea acercar la solidaridad a las 300 familias de Sol que luchan por su fuente de trabajo. También dieron su apoyo trabajadores petroleros y delegados de la Administración Nacional de la Aviación Civil.

El ex presidente de la empresa, Mariano Recalde, afirmó que "el acuerdo (con Aerolíneas Argentinas) era un excelente negocio" y que “las únicas que se benefician (con la quiebra de Sol) son las líneas privadas que vuelan en el país, por ejemplo Lan”.

Al respecto, la conciliación obligatoria acatada por los sindicatos aeronáuticos, salvó “sobre la línea” del fin de semana y el cambio de quincena, el primer paro de un gremio de transportes de la era Macri, en las prestaciones de la empresa LAN, tanto desde el Aeroparque Metropolitano como el Aeropuerto de Ezeiza.

El eje de la huelga se justificó ante el fracaso de la negociación paritaria de 2015 y “la legitimidad de la protesta ante la intransigencia patronal‘.

La cuestión central para la Federación Argentina del Personal Aeronáutico (FAPA) fue que seguir negociando un acuerdo salarial “a año vencido”, con porcentajes “que quedaron sepultados por la devaluación que todos los trabajadores padecen”, no tenía razón de ser.

Siguiendo con los despidos en el sector privado, la minera china MCC, que opera en el yacimiento de hierro de Sierra Grande, Río Negro, inició un drástico plan de reducción de personal que afectará a 275 operarios, más de la mitad de su personal, con el argumento de la baja del precio internacional. Abrieron la posibilidad de retiros voluntarios hasta el lunes 18 de enero. Reconocerán hasta el 75/100% de la indemnización si el pago es en una sola vez o en cuotas.

Para el gobierno local buscan algún tipo de ayuda financiera estatal a pesar que la reciente devaluación actúa licuando los costos en pesos, especialmente los salariales. Sierra Grandes es una localidad de 7.500 habitantes, donde el trabajo no abunda.

El jueves 14 el Sitraic se movilizó por la calles del microcentro porteño con el reclamo de la defensa de los puestos de trabajo de los 1.800 trabajadores de la construcción cuyos empleos peligran ante la quiebra de la empresa Austral Construcciones, propiedad del empresario Lázaro Báez.

La marcha fue acompañada por delegaciones sindicales de la Coordinadora Sindical Clasista y por una nutrida columna del Polo Obrero con trabajadores precarizados del Argentina Trabaja, que acompañaron el reclamo de los obreros de la construcción y cuyos salarios se encuentran congelados hace más de 15 meses y no han recibido aguinaldo con el fin de año, sumando sus reivindicaciones a una jornada de lucha que también se dio cita en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social.

Al término de la concentración frente a las oficinas de Desarrollo Social, la columna encabezada por cientos de trabajadores de la construcción, se dirigió a Vialidad Nacional para llevar el reclamo por la continuidad de las obras de vialidad en el Provincia de Santa Cruz y la expropiación del capital industrial de la empresa Austral Construcciones para ponerlo a trabajar bajo control de los obreros. En las puertas de Vialidad Nacional se obtuvo una reunión para el próximo martes con las autoridades y con la participación del Ministerio de Trabajo para buscar una salida para los obreros de la construcción.

Los 5.000 trabajadores de Cresta Roja solicitaron con carácter urgente una audiencia con la gobernadora María Eugenia Vidal. En los últimos 45 días, han cobrado apenas 6.000 pesos y se les adeudan varias quincenas, aguinaldo y vacaciones. El único compromiso que ha asumido el Estado nacional y provincial se circunscribe a pagar una suma de $ 4.000 en carácter de Repro, aunque han incumplido con su compromiso original, postergando el pago arbitrariamente, para el día 18 del corriente.

En este lapso, la jueza ha decretado la quiebra y la empresa ha sido adjudicada a un consorcio de 3 empresas. El nuevo grupo tienen el mes de enero para decidir si se hará cargo de la empresa y ponerla nuevamente a funcionar.

A través de la gerente de Recursos Humanos del Grupo Veintitrés, María Perrone, se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires una reunión donde los trabajadores de los diarios zonales de El Argentino fueron informados que ya no iban a ser distribuidos y la empresa no tenía una propuesta de pago para los salarios adeudados (noviembre, diciembre y el aguinaldo) como tampoco de retiros voluntarios. Aseguraron que no se iban a mandar telegramas de despido porque la empresa tampoco podía hacerse cargo de las indemnizaciones.

Estos hechos se traducen en 23 trabajadores en la calle, entre ellos una mujer embarazada, en el marco de la irregularidad más absoluta, ya que la empresa no garantiza que se vayan a respetar los derechos laborales que corresponden.

El martes 12 de enero los trabajadores de Tiempo Argentino resolvieron por unanimidad implementar un paro de 24 horas que concretaron el miércoles, para rechazar las constantes postergaciones de los pagos del salario de diciembre y el aguinaldo del segundo semestre de 2015. El jueves 14, el diario no estuvo en la calle por una deliberada decisión de la patronal, en una incontrastable muestra de su estrategia de vaciamiento y castigo a los trabajadores.

Los trabajadores de Tiempo Argentino y del Grupo 23 habían protagonizado el miércoles una jornada de lucha histórica. Por la mañana radicaron la denuncia del conflicto ante el Ministerio de Trabajo, cuyos funcionarios recibieron a su Comisión Interna, luego de un acto masivo realizado en la sede de las revistas Siete Días y Cielos Argentinos. Por la tarde, marcharon hasta la puerta de Tiempo Argentino y Radio América, donde la Asamblea de Trabajadores de Radio América decidió continuar con la retención de tareas en los puestos de trabajo por tiempo indeterminado. Allí la situación se agrava después de las dos audiencias realizadas en el Ministerio de Trabajo donde la empresa de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel se negó a efectivizar los sueldos y los aguinaldos adeudados y ni siquiera se presentó con un cronograma de pago.

El legislador porteño Patricio del Corro presentó un proyecto de declaración solidaria con los trabajadores del Grupo 23. La misma fue acompañada por legisladores de la Coalición Cívica, Socialismo Auténtico, Autodeterminación y Libertad y PO-FIT. El documento insta a la Legislatura de la Ciudad a manifestarse a favor del "pago inmediato de todo lo adeudado y el fin de la inestabilidad laboral".

Son más de 30 obreros gráficos los que aseguran haber sido echados de la planta que el matutino La Nación tiene en el barrio porteño de Barracas. El documento dado a conocer por la empresa tiene fecha del 11 de enero de 2016 y asegura que "a partir de la fecha queda extinguido el vínculo laboral".

Los trabajadores se concentraron en la puerta de la planta para reclamar y pedir explicaciones sobre la situación.
Tras un mes de gobierno de Mauricio Macri, la cantidad de despedidos aumentó en forma significativa. Es que, a los más de 18.000 casos de empleados públicos despedidos en el sector público, se le sumaron otros 10.000 del sector privado, según publicó en su informe de seguimiento el Observatorio de Derecho Social de la CTA.

“No parecen haber sido los reclamos salariales de los trabajadores el origen de estos despidos. Más bien parece ser todo lo contrario. Han sido los empleadores quienes han dado inicio a la ronda de negociación salarial a través del incremento de los despidos, en tanto herramienta para infundir temor y, de esta manera, debilitar la posición negociadora de los trabajadores y las organizaciones sindicales, no solo en términos generales, sino también en cada lugar de trabajo”, destacaron los especialistas.

Respecto a los despidos estatales, el miércoles el Ministro de Hacienda fue más que elocuente, en su intento por justificarlos: “Los ñoquis son parte de la herencia. Encontramos un Estado lleno de militantes. Queremos que al Estado no le sobre la grasa de los militantes”, dijo Alfonso Prat-Gay.

Siguen los despidos de trabajadores estatales

Los trabajadores de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) denunciaron que se desalojó el edificio y se decretó “asueto administrativo”, para evitar que las anteriores autoridades del organismo se reinstalaran de acuerdo a lo dispuesto en dos fallos judiciales.

Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional Rosario denunció que el jueves los trabajadores del AFSCA de esa ciudad no pudieron ingresar a su lugar de trabajo porque se le cambió la cerradura al edificio, sin previo aviso.

Los despidos en el Estado llegaron al Ministerio de Justicia, donde trabajadores del área que brinda apoyo a los juicios contra los crímenes de la dictadura -el Programa Verdad y Justicia- se enteraron de la mala noticia al no poder loguearse en la red de computadoras: sus usuarios habían sido bloqueados. Tras una serie de consultas sobre lo que estaba pasando llegaron a la oficina de Recursos Humanos, donde les informaron que el Ministerio había prescindido de sus servicios. Horas más tarde también fueron dejados cesantes empleados del Registro Nacional de Reincidencias.

“En la primer reunión que hubo con los funcionarios, ellos hablaron sólo de los contratos de los últimos seis meses, pero después del decreto lo extendieron a los últimos tres años. En ese marco, hablaron de que tenían a 500 personas identificadas y que iban a hacer una revisión minuciosa convocándolos para hacerles una entrevista y ver en qué trabajaban”, detalló Luis Bañagasta, delegado de prensa de la Junta Interna. Al igual que lo sucedido en otras reparticiones del Estado, para las rescisiones de en Justicia no hubo entrevista previa ni explicaciones.
El jueves se realizó una concentración en la puerta de Arsat, a raíz de los despidos producidos por la nueva administración.

“El denominador común de todos los despedidos es que nos posicionamos a favor de la candidatura de Scioli o expresamos un cierto apoyo a la gestión anterior”, definió Martín Serra, ingeniero electrónico y uno de los responsables de la elaboración del Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035.

Tal vez no recuerde que Mauricio Macri hace dos años dijo que la inversión del Estado en satélites era “un despilfarro”.
El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich echó a 420 trabajadores y según denunció el titular de ATE-Capital, Daniel Catalano, a varios de ellos se los dejará sin empleo "por su militancia política".

A su vez, el titular de ATE-Capital afirmó que los trabajadores afectados fueron informados por Recursos Humanos que "entre el viernes el lunes" comenzarán a recibir los telegramas de despido, por lo que pidieron una reunión urgente con la ministra de Seguridad. "No se sabe a quién se despide en el Estado, porque se despide indiscriminadamente, pero están haciendo eje en donde encuentran lo que ellos llaman militancia estatal", aseguró.

En el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dependiente del Ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich, también comenzó su gestión con 35 despidos.

En Quilmes, el cocinero intendente Martiniano Molina nombró asesor de la Secretaría legal y Técnica al titular del sindicato de municipales, Raúl Méndez, mientras los 100 trabajadores reincorporados por apenas dos meses a la Subsecretaría de Infancia y del área de Inclusión Social del municipio, denuncian que “hay una persecución por parte de funcionarios que no tienen idoneidad profesional para encabezar los equipos ni tienen experiencia en el cargo”.

En sintonía con los despidos masivos de trabajadores estatales que desde su asunción vienen llevando adelante María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, desde la intendencia de Morón, gestionada por su esposo, Ramiro Tagliaferro, se impuso el despido de 27 trabajadores de la salud.

Los despedidos cumplían funciones en el plan SUMAR, bajo la modalidad de contrato, que trabaja con población materno-infantil, adolescentes y mujeres y hombres de hasta 64 años, también llevaban a cabo la inscripción para la Asignación Universal por Hijo, para mujeres embarazadas, y para el programa Remediar en lo que refiere al aprovisionamiento de medicación.

También hubo 400 despidos en el partido de Hurlingham y 70 en el partido de Merlo donde gobierna el Frente para la Victoria.

El sindicato de trabajadores municipales de la ciudad de Neuquén (SITRAMUNE) denunció que el intendente Horacio Quiroga dispuso el despido de 60 trabajadores contratados cuyo pase a planta estaba comprometido desde el año pasado por un acuerdo entre el gobierno y el sindicato.

Referentes de la CTA Autónoma de Misiones se solidarizaron con los enfermeros despedidos y encadenados en el Hospital Madariaga. Exigen un canal de diálogo que garantice las fuentes laborales de los trabajadores precarizados en el sistema de salud, además de atención de las múltiples demandas que motivaron diversos reclamos.

Algunas conquistas de la lucha

Luego de las masivas movilizaciones de lunes y martes, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires convocó a la ATE luego del rechazo al Decreto 26/15 que suspendía la Ley Nº 14656 de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva en los municipios.

El encuentro se realizó en la sede principal del Ministerio con la presencia del titular de esa cartera, Marcelo Villegas y el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell y por la ATE lo hicieron el Secretario adjunto, Carlos Díaz, y el Secretario de finanzas, Germán Mogilner, responsable del área Municipal. También hubo representantes de otras organizaciones sindicales, como el Fesimubo, y el legislador Hernán Doval impulsor de la Ley de Paritarias, y los intendentes de San Miguel, Joaquín De la Torre; de Merlo, Gustavo Menéndez; de Bolívar, Eduardo Bucca; de Quilmes, Martiniano Molina; y funcionarios que representaron a los municipios de San Cayetano y San Isidro.

El Ministerio de Trabajo propuso conformar el Consejo del Empleo Municipal en el transcurso de los próximos 45 días y prorrogar la entrada en vigencia de la Sección Tercera (parte supletoria) por 180 días, que significa la vigencia del Marco para el Empleo Municipal y la Negociación.

Asimismo, el Consejo Directivo Provincial de Ate tuvo una reunión con el Intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, a quien planteó la necesidad de la reincorporación inmediata de los trabajadores cesanteados e iniciar un proceso de pase a planta permanente, así como también la necesidad de que se inicie la negociación colectiva en el marco de la Ley 14.656 de paritarias municipales.

Ante las demandas planteadas, el intendente Julio Garro, informó que ya se había firmado la reincorporación de 2.500 trabajadores y que era inminente la reincorporación de 500 más, en listados que se habían enviado desde los gremios y que se había corroborado que trabajaban y se comprometió a habilitar un espacio que en estos días permita seguir reincorporando compañeros, en base a listados que se vayan enviando donde fehacientemente se constate la relación laboral concreta.

Tras varios días de asambleas, en conjunto con los delegados del sector y la Junta Interna, se logró revertir los despidos de un centenar de trabajadores de Presidencia y Jefatura de Gabinete.

Los 25 trabajadores que se quedaban sin lugar de trabajo por los cambios estructurales que el nuevo gobierno está realizando en los ministerios, más los 80 compañeros que estaban con los contratos ya rescindidos mantuvieron sus puestos de trabajo.

Además de la prórroga de los contratos y la reincorporación de los despedidos, se avanzó en el estado de los procesos concursales, la reestructuración de la grilla salarial y la realización y pago de horas extras.

El mediodía del jueves, convocado por estatales del Ministerio de Trabajo de la Nación, se realizó una concentración en las puertas de dicha cartera para exigir la reincorporación de 30 despedidos. Durante el acto, distintos oradores se expresaron en defensa del empleo público y de la necesidad de unidad para enfrentar las cesantías. El acto contó con mucha solidaridad de distintas organizaciones sociales, sindicales, de partidos políticos y, sobre todo y lo más importante, la de ATE Nación y ATE Capital.

También en Rosario, se reunieron en la Sede de COAD representantes de entidades sindicales de la región. La iniciativa, impulsada por la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios, tuvo el propósito de generar un marco unitario para la defensa del salario, el empleo, la negociación colectiva y las libertades democráticas.

El conjunto de los representantes gremiales presentes destacó la importancia de construir acuerdos y acciones unitarias ante el ajuste que instrumenta el Gobierno Nacional de Mauricio Macri.

Los presentes se comprometieron a ampliar la convocatoria al conjunto de los sindicatos de la ciudad y la región. Se fijó un segundo encuentro para el jueves 4 de febrero.

Estuvieron presentes AMSAFE Rosario, Empleados de Comercio Rosario, ATE Rosario, COAD, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, Federación de Trabajadores del Complejo Oleaginoso, Federación Gráfica Argentina Rosario, Sindicato Ceramista, Sindicato de Jaboneros Unilever, Sindicato de Prensa Rosario, Sindicato de Trabajadores Aceiteros, SIPRUS, UOM Villa Constitución y UTN-SIDUT.

Con Macri en Davos y la dirigencia sindical de vacaciones

Por el momento quedó postergada la convocatoria al pacto social prevista para mediados de enero. El Gobierno volverá a la carga en febrero. El plan tiene como aliciente para el sector sindical la garantía de que habrá modificaciones en Ganancias y suba de las asignaciones familiares, como mejoras indirectas para los asalariados, y más fondos para las obras sociales gremiales.

El jefe de la cartera laboral dedicó las primeras semanas de 2016 a reuniones de bajo perfil con cada uno de los sectores en los que está dividida la CGT, así mantuvo charlas con los "gordos" de los grandes gremios de servicios -sus principales impulsores para hacerse del cargo- y los "independientes" de la CGT reconocida, con dirigentes afines a Moyano, con el gastronómico Luis Barrionuevo, y con referentes de la Confederación de sindicatos del transporte (CATT).

El acuerdo social estuvo desde la campaña al tope de los planes del equipo de Macri. De hecho, el primer intento por darle un marco concreto fue en diciembre, con una cumbre pautada entre varios ministros y una quincena de dirigentes de las tres versiones de la CGT. El encuentro fue dinamitado por Hugo Moyano. El argumento expuesto fue una supuesta desorganización, el real, la negativa a ceder protagonismo frente a Antonio Caló, y de paso marcarle la cancha al Gobierno al dar la señal de que sólo aceptará reunirse con Macri, no con subordinados.

Desde el Ejecutivo reconocen que Moyano desconfía de Macri y que cada vez que hace declaraciones avisa que su piso en paritarias será del 30%, cuando el Ministro Prat Gay especula entre un 20/25%.

En un documento titulado "Emergencia Estadística y Pacto Social", el titular de la CGT señaló el jueves pasado que: "La CGT quiere saber además cómo será nuestra participación en las ganancias empresariales, para que el concepto de productividad tenga sentido".

Los despidos, bien, gracias.

Fuentes: Clarín, Página 12, La Izquierda Diario, Anred, Resumen Latinoamericano, APU, Red Eco Alternativo, www.elpatagonico.com, Diario BAE, www.sitraic.org, infogremiales.com.ar, eltrabajadordelestado.org, ACTA y www.ambito.com

Diputado Gabriel Boric: “Al parlamento no hay que defenderlo, ¡hay que sacarle la cresta!”

 

El Dínamo

Rebelión

El diputado por Magallanes realizó un duro análisis contra el Congreso asegurando que "no representa a la sociedad chilena, sino la burocracia de los partidos y a una elite santiaguina, machista y millonaria".

El diputado por Magallanes, en el último tiempo, se ha perfilado como el parlamentario con mejor evaluación ciudadana en las distintas encuestas. Pese a esto, Gabriel Boric ni se inmuta y cree que esto es el mero reflejo del descontento ciudadano con las fuerzas políticas tradicionales.

En conversación con revista Caras, el ex dirigente estudiantil asegura que él llegó al Congreso a “combatir las malas prácticas”.

Por ejemplo, consultado por los polémicos créditos del BanCongreso a los parlamentarios hasta en 28 cuotas, sin intereses ni reajuste, indicó que “da cuenta una vez más de los privilegios de esta elite y del abismo entre las instituciones que deben ser de representación popular y la gente”.

“Algunos políticos se defienden con que no ha habido enriquecimiento personal, pero si pides un crédito sin interés ni reajuste, ni siquiera el IPC, ¡claro que lo hay! Lo que me sorprende es la reacción de éstos cuando se evidencian estas situaciones“, agrega.

El diputado cree que sus colegas “se mueven corporativamente y hacen una evaluación negativa posterior al hecho (…) Hay un divorcio tan profundo con la sociedad, que en efecto no se dan cuenta de que están mal”.

En cuanto a las diferencias que separan a la ciudadanía de los diputados, Boric asegura que son varios factores: los sueldos son desproporcionados, los viajes, las vacaciones en período laboral, los dobles viáticos, el estatus de sentirse por sobre la ley.

“Tiene que ver más con una actitud existencial; hay muchos diputados y senadores que se creen dioses y sin motivos, porque las discusiones en el Parlamento son mediocres. Estamos en uno de los peores momentos de la calidad de la discusión política, por el cortoplacismo, egocentrismo, de carreras personales donde cada quien busca su propio negocio”, dice.

Respecto a cómo lo miran los demás parlamentarios, cree que él les genera “una mezcla de incomprensión e incomodidad. Me miran como diciendo tú también eres parte de nosotros, también estás en la elite. Pertenezco, claro, pero no por eso voy a asumir sus prácticas. Llegué para combatirlas, en eso no me pierdo. No entraré en una defensa corporativa; al Parlamento no hay que defenderlo, ¡hay que sacarle la cresta!“.

En declaraciones anteriores, Boric aseguró que las leyes llegaban patrocinadas al Congreso por el vínculo entre diputados y empresarios. Tras esto, indicó que “la esperanza no está en el Congreso tal como está constituido; hay que transformar su carácter social. Este no representa a la sociedad chilena, sino la burocracia de los partidos y a una elite santiaguina, machista y millonaria“.

Es por eso que, según declaró, “debe reorganizarse el poder popular para recomponer el tejido social destruido en la dictadura y que deliberadamente lo han mantenido así. Son procesos que requieren tiempo y se dan a través de luchas sociales concretas, como la estudiantil o las que están dando los sectores de clase media-baja por el derecho a la vivienda, que deben tener una expresión política y no quedarse sólo en las reivindicaciones“.

“A la elite gobernante —compuesta además por empresarios—, no les conviene que las cosas cambien, por eso la defensa del estatus quo que sólo reacciona a los excesos del modelo”, añadió.

http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/01/16/gabriel-boric-congreso-duro-analisis/

Entrevista con Luis Manzano, vocero de la Asamblea Popular de la comuna de Putaendo "La lucha del pueblo por la recuperación del agua es de vida o muerte”

 

Andrés Figueroa Cornejo

Rebelión

“…arriba en la cordillera no nos vio pasar ni el viento. ¡Con qué orgullo me querría (mi padre) si ahora llegara a saberlo! Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo, con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho”

De ‘Arriba en la cordillera’ de Patricio Manns

 

Por ahí pasaron los incas. Por ahí pasó el invasor español Diego de Almagro. Pero también por ahí pasó una de las columnas principales del Ejército Libertador de José de San Martín, encabezada por el baqueano Justo Estay, cuando Argentina y Chile eran uno y lo mismo, y apenas amanecían hacia la primera independencia.

“Putaendo es la primera comuna independiente de la Corona española de Chile”, dice el arriero cordillerano y vocero de la actual Asamblea Popular de Putaendo, Luis Manzano. “El ejército patriota libertó al pueblo en 1817”.

Hoy Putaendo (voz mapudungún, Putraintú o Puthrayghentú, que significa ‘manantiales que brotan de pantanos’) es una comuna perteneciente a la Provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso, anclada a 150 kilómetros de Santiago de Chile. Allí viven alrededor de 15 mil personas. Es una comunidad campesina que trabaja en la pequeña agricultura, minería y ganadería. No existen grandes industrias.

-¿Cuáles son los antecedentes de la Asamblea Popular de Putaendo?

“En 1990 se reunieron todas las agrupaciones sociales de la comuna (alrededor de una por cada 100 habitantes). Ese fue el primer intento de la Asamblea de Putaendo que entonces se llamó Unión Comunal de Organizaciones Sociales. Y surgió porque durante la dictadura cívico-militar, al pueblo se le arrebató el hospital y hasta la posta, entre tantas cosas. La tiranía centralizó todo en la ciudad de San Felipe, capital provincial, a 15 kilómetros nuestro. Por eso, hasta hoy, los bebés nacen y quedan inscritos en San Felipe. Así Putaendo aumenta su población real, pero permanece estancada para las estadísticas oficiales.”

-¿Y qué efectos tuvo la Unión Comunal?

“Teníamos tanta fuerza que las ‘autoridades’ nos debieron escuchar. Sin embargo, con el tiempo y a eso del año 2000, la Unión Comunal fue cooptada y clientelizada electoralmente por la alcaldía y en la actualidad no reúne más que a un puñado de juntas de vecinos.”

-¿Y después del 2000?

“Un conjunto de representantes de distintas organizaciones independientes y autónomas de los poderes de turno, comenzamos a desplazarnos para solidarizarnos con otros pueblos en lucha. Estuvimos en el conflicto del pueblo de Freirina con la empresa Agrosuper (1); y apoyando a las y los compañeros en Caimanes contra la minera Los Pelambres del poderoso grupo Luksic (2). Esas experiencias originaron la Asamblea Popular de Putaendo (APP).”

“Los populares de Putaendo vamos por una comuna digna, feliz, solidaria. Esa es nuestra práctica y sentido de vida.”

-¿Cuál es el objetivo principal de la APP?

“En lo inmediato, recuperar el agua y los cerros que nos saquean a diario para devolverlos al uso y usufructo de nuestra comunidad, y lograr nuestra soberanía alimentaria. Y nuestra batalla larga, que va necesariamente amarrada a la lucha por el agua, es la conquista de una vida distinta y mejor, con todos/as y para todos/as. La APP tomó una decisión definitiva: los populares de Putaendo vamos por una comuna digna, feliz, solidaria. Esa es nuestra práctica y sentido de vida. Lo que queremos es traer el futuro para acá, entrándole a las necesidades de ahora y resolviéndolas entre todos/as nosotros/as para hacernos de relaciones firmes, solidarias y útiles.”

-¿Qué es lo que ocurre específicamente con el agua?

“En Putaendo existe una organización que administra arbitrariamente tanto el agua de riego, coma la potable. Se llama Junta de Vigilancia del Río Putaendo, el cual proviene del cordillerano Río Rocín, y la dirige el concejal Miguel Vega del Partido Socialista de la Nueva Mayoría. Aquí están los Agua Potable Rural (APR). Entonces, por ejemplo, la Junta de Vigilancia le vende agua de todos nosotros a la compañía privada Esval a 60 pesos el metro cúbico (USD 0,08), y después Esval nos la vende a nosotros mucho más cara. Es un negocio redondo para unos pocos.”

-¿Y quién elige a la Junta de Vigilancia?

“En Putaendo existen 37 de comunidades de regantes y canaleros. En consecuencia, hay un presidente por cada canal de regadío que es elegido por los regantes de cada uno de los sectores. Y, a su vez, el presidente de la Junta de Vigilancia es elegido por los presidentes de cada uno de los 37 canales. Pero aquí está el problema: hay un reglamento que dice que cada uno de los regantes vota por acción y no de manera igualitaria. Una acción depende de la magnitud de agua y de hectáreas de cada regante. En concreto, la Junta de Vigilancia y el agua están controladas por los señores Carter, Jarufe, de Blasi y Cabrini. Carter, por sí solo, junta de mil a mil quinientas acciones. De hecho, Carter es el presidente de los canales y siempre vota por él mismo. Ellos, por las extensiones de terreno que poseen, son los dueños de la tierra y el agua. Ellos cuatro concentran el 90% de las acciones y producen para la exportación frutícola, cuando en Putaendo hay más de 6 mil regantes.”

-¿Cuál es la posición de la inmensa mayoría de los que precisan el agua de regadío?

“Simple y democrática: un regante, un voto. Independientemente de que uno riegue cinco minutos y Carter 50 horas.”

-¿Qué medidas concretas ha adoptado la APP para la recuperación del agua saqueada?

“En una oportunidad tuvimos un problema porque la Junta de Vigilancia trabaja con un señor que es el que regula los 37 canales y que su cargo es de Juez de Río de la Junta de Vigilancia. Ese señor vendía a los regueros más poderosos el agua que les robaba a algunos agricultores. Nosotros lo descubrimos y lo denunciamos a través de una pega de carteles en todo el pueblo. Junto a otro campesino, partimos a declarar a la Junta de Vigilancia porque la cosa no puede seguir así. Logramos que echaran al juez de riego ladrón.

Hemos estado luchando juntos con los APR de Casablanca y Los Patos (hacia el norte de Putaendo), porque el Municipio debe comprarle agua a la empresa Esval para enviarles camiones aljibe y que logren llenar sus estanques. Esos campesinos y compañeros de lucha están a menos de 50 metros del Río Putaendo ¡y no tienen agua! De sed no nos podemos morir.”

“Hoy estamos en el momento de la articulación, la acumulación de fuerzas, la organización y la propaganda de nuestra causa común”

-En Putaendo se está construyendo un embalse actualmente…

“Se trata de un embalse de 37 millones de metros cúbicos de agua, bajo la cuota de su cortina. Por eso también estamos batallando para que a la gente se le asegure el agua de consumo humano. La administración del embalse la tendrá la Junta de Vigilancia, ‘para variar’, y entonces el riego tendrá un costo. Es decir, el que tenga plata podrá regar y aquel que no tenga, no. Es un monopolio. Los cuatro ricos de aquí serán los ganadores.”

-¿Quién paga la construcción del embalse?

“El Estado lo costea en un 75% y el otro 25% directamente nosotros. En realidad, el embalse lo pagamos todos/as. De nuevo el Estado, con los recursos de todos los chilenos/as, subsidia a los capitalistas.”

-Ustedes han denunciado la eventual instalación de una gran minera en el pueblo…

“Es la Andes Copper, (‘compañía canadiense de exploración y desarrollo enfocada en la adquisición, exploración y desarrollo de depósitos de cobre en etapa avanzada en Latinoamérica’), donde el ex ministro de la Concertación, Enrique Correa (3), hace de lobbista de esa empresa. Según el Boletín Minero, cuando se establezca la cuprífera tendría la capacidad de extraer 65 mil toneladas diarias de material bruto. Para hacer una comparación, en la minera Los Pelambres del pueblo de Caimanes, trabajaban 50 mil toneladas diarias, y a la comunidad de Caimanes la hicieron mierda. En consecuencia, en cuanto a la producción agrícola de subsistencia, Putaendo moriría. Sin contar el envenenamiento de las aguas y la contaminación ambiental provocada por el tipo de trasporte y vías que usa la gran minería. Debido a lo anterior, la APP considera que el embalse que están haciendo, en verdad no es para regadío, sino que para la minera. De acuerdo a lo que ha declarado la Andes Copper, la explotación minera estaría en pleno funcionamiento el 2019-2020.

Por otra parte, mientras se hace el embalse, un equipo de ingenieros, una vez terminada su cortina, descubrieron que el embalse y el cerro tienen filtraciones a causa de las grietas. Por lo tanto, la Andes Copper contrató a la empresa externa española OHL (4), cuya investigación arrojó, ¡qué coincidencia!, que el embalse se terminaría el 2019-2020. Ello confirma definitivamente que el embalse es para la gran minera con la que nos destruirían.”

-Todo resulta evidente…

“Además, en la comuna vecina de Llay Llay está prácticamente lista la construcción de una hidroeléctrica, arriba en la cordillera, muy cerca de donde estará la minera.”

-¿Cómo lo averiguaron?

“Por la Dirección General de Aguas de Chile. Hoy existe una escritura en el Conservador de Bienes Raíces de la comuna de Putaendo que afirma que toda el agua de nuestro río se la venden a la hidroeléctrica en la miseria de 500 mil pesos (USD680) para alimentar a la minera. Eso, mediante la figura legal de derechos no consultivos. ¿Qué quiere decir derechos no consultivos? Que la hidroeléctrica ocupa el agua del Río Putaendo y luego lo retorna al mismo río, haciendo lucro al 100%. Hasta ahora sabemos que la hidroeléctrica abastecería de luz a Putaendo, San Felipe y Los Andes. Ahora bien, aquí es donde surgen las contradicciones entre capitalistas, porque la Junta de Vigilancia tiene su propio proyecto hidroeléctrico para hacer el negocio ella, ubicando la hidroeléctrica bajo el embalse; mientras que la minera tiene otro proyecto similar, pero para su objetivo de ganancia privada, situando la hidroeléctrica mucho más arriba del embalse. Por eso hoy, de manera oportunista y según sus intereses, la Junta de Vigilancia, engañosamente, dice que está en contra de la minera.

Después de todo, independientemente de las disputas intercapitalistas, la lucha del pueblo de Putaendo por la recuperación del agua es de vida o muerte. Por eso estamos condenados colectivamente a expulsar a la minera y a construir coordinaciones estratégicas con otras comunidades de la zona que abrevan de las napas subterráneas que nos permiten vivir. Hoy estamos en el momento de la articulación, la acumulación de fuerzas, la organización y la propaganda de nuestra causa común. Mañana, cuando corresponda, ya sabremos enfrentar un momento superior de la lucha por el agua.”

Notas

(1) http://www.proceso.com.mx/?p=328551

(2) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=158574

(3) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207641

(4) https://es.wikipedia.org/wiki/Obrasc%C3%B3n_Huarte_Lain

La urgente necesidad del Banco del Sur

por Andrés Arauz (Ecuador)

ALAI AMLATINA, 18/01/2016.-  América Latina tiene depositados $1,034,005 millones líquidos en el resto del mundo. Es decir, más de un millón de millones de dólares estadounidenses.

Y por otro lado, la Región está sedienta de dólares, sea como préstamos de organismos multilaterales (de los países hegemónicos) o como inversión extranjera directa de las transnacionales de los mismos países hegemónicos. Estas cifras representan la más grande paradoja de la vieja arquitectura financiera.

Estamos ante una coyuntura que hace cada vez más necesaria la nueva arquitectura financiera. Si los países miembros del Banco del Sur lo hubiesen implementado hace años, incluso hace un año, no tuvieran que enfrentar las complicadas coyunturas macroeconómicas con implicaciones geopolíticas que enfrentan hoy.

Los países de la región han tenido que ceder ante presiones del Banco Mundial (y de quien está detrás del Banco Mundial) para pagar indemnizaciones ilegítimas por arbitrajes de inversión, temen sentencias judiciales de EEUU respecto a más arbitrajes de inversión y a fondos buitre. La voz del FMI empieza a soñar con arcaica altisonancia nuevamente en la Región.

Nuestros países, que impulsaron fuertes políticas de inversión pública y desarrollo endógeno, ahora enfrentan presiones a sus reservas internacionales y han tenido que acudir a políticas de restricción de importaciones y al movimiento de capitales. Es previsible el impacto en la economía real de nuestros pueblos.

El resto de los países de la Región se ha escudado en la triste carrera devaluatoria por el fin del ciclo de los precios altos de los commodities. Con el aumento en el nivel de poder adquisitivo y propensión al consumo importado de la población suramericana, la salida de divisas aumentará, ejerciendo presión sobre las reservas de los países de la Región. Esta presión no será aliviada dada la reprimarización de la exportación (soya, hidrocarburos, minerales) de nuestros países y la disminución de precios.

Estas coyunturas y la crítica situación global en los próximos días, hace cada vez más urgente que los países sudamericanos retomen la agenda de la Nueva Arquitectura Financiera Regional. En lo inmediato, no es necesaria la construcción jurídica de todos los pilares, pues con acciones específicas y pragmáticas, se pueden lograr avances absolutamente tangibles.

Mientras el mundo abandonó posiciones ortodoxas y está viviendo transformaciones radicales, en Suramérica todavía nos creemos el cuento de la vieja arquitectura financiera a pesar de que llevamos nueve años desde el acta fundacional del Banco del Sur. El FMI promueve el control de capitales, el perdón de la deuda, la inclusión del Renmibi en la canasta del DEG. La Unión Europea formalmente declara al CIADI y sus árbitros como ilegítimos y propone transformar los arbitrajes de inversión a una corte designada por Estados. Los BRICS lanzaron la nueva arquitectura financiera global y comenzarán a prestarse en monedas nacionales. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura está en pie y se plantea proyectos magníficos que cambiarán el mundo. Los swaps bilaterales de monedas son la práctica común entre bancos centrales por fuera de su obsesión AAA. Todas estas transformaciones se han dado además en el marco de revoluciones como bitcoin, disruptores como fintech, revelaciones como los offshore leaks, manipulaciones groseras como la tasa Libor, auditorías a la Reserva Federal como la impulsada por Sanders, sanciones económicas como la exclusión de Irán del Swift, estafas como las de las agencias calificadoras de riesgo y el rescate al mainstream de teorías económicas minskyanas.

Los países miembros del Banco del Sur deben estar a la altura de la historia, inmediatamente superar posiciones erráticas de mandos medios y resolver la operativización del Banco con el nombramiento de las respectivas autoridades y con los aportes de capital (apenas $200 millones colectivamente en el primer año). Esto puede resolverse en días. Inmediatamente, deben transitoriamente subcontratar el proceso de colocación a un banco de desarrollo regional o a un banco de desarrollo nacional. Esto puede ejecutarse en dos meses.

Este alivio fiscal/externo debe ser absolutamente consciente en términos geopolíticos y brindar mayor margen de acción a los gobiernos de nuestros países. Los créditos intra-regionales dinamizarán el comercio y la inversión, como bien lo conocen las empresas brasileñas y argentinas. Proyectos regionales hay suficientes y hay muchos estudios aún por contratarse que parten del portafolio del COSIPLAN de Unasur.

El Fondo del Sur es otra urgencia y se puede establecer ágilmente mediante un fideicomiso internacional administrado por el Banco del Sur, como lo establece su Convenio Constitutivo (artículo 3.1.6). El fideicomiso internacional no requiere un esquema jurídico complicado y puede tener reglas hechas a la medida según las necesidades y políticas de los bancos centrales de los países (calificación de riesgo, etc.). El Banco del Sur deberá poder debitar automáticamente los pagos de los préstamos, de las cuentas en el fideicomiso. Considerando que apenas 5% de los recursos que América Latina tiene invertido en el resto del mundo se depositen en el Fondo del Sur, estamos hablando de un activo de 50 mil millones de dólares.

Estos fideicomisos no son nada raros para organismos financieros supra-nacionales. El Banco Europeo de Inversiones (banco público de desarrollo regional) administra una variedad de fideicomisos (Nota Z de su informe), por mandato de la Unión Europea, incluyendo a la Facilidad de Estabilidad Financiera Europea. También el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) administra fideicomisos con mandatos específicos (artículo 8 del Convenio Constitutivo). Este fideicomiso puede establecerse en dos meses luego de la designación de las autoridades del Banco del Sur.

Parte (20% por ejemplo) de los recursos del fideicomiso internacional “Fondo del Sur” debe ser invertida a plazo en el propio Banco del Sur. Otra parte de los recursos (20% adicional) puede, y debe, depositarse en instituciones supra-nacionales (FLAR, BCIE, CAF, FONPLATA, Banco del ALBA) o en instituciones nacionales de la Región (bancos centrales, bancos públicos, bancos comerciales de propiedad estatal y certificados de tesorería de los fiscos). Todas estas inversiones serán sin condicionalidad alguna, son de libre disponibilidad pues se manejan como tesorería del fondo, no como colocación crediticia. Con estos recursos, se puede potenciar el reciclaje de la liquidez de la región en la misma región. Serían $10 mil millones frescos para el Banco del Sur y otros $10 mil millones para la Región. Los $30 mil millones restantes podrían todavía seguir criterios “ortodoxos, conservadores y prudentes”, mientras se desarrollen los mercados secundarios regionales. Esto demoraría cuatro meses desde la creación del Fondo.

Inmediatamente después de la apertura de las cuentas de los bancos centrales en el Fondo del Sur, se debe reducir la salida de divisas para transacciones comerciales intra-regionales. Actualmente, ya existe un mecanismo similar al SUCRE que permite ahorrar divisas entre bancos centrales. Dicho sistema se denomina Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración. El banco central peruano lleva la contabilidad de este sistema y, actualmente, la Reserva Federal de Nueva York liquida los pagos. Los países miembros del Banco del Sur deben solicitar al Banco Central de Reserva del Perú (“banco agente”) que la liquidación cuatrimestral de los pagos se ejecute en el Fondo del Sur como corresponsal común (de conformidad con el artículo 7 del Reglamento).

Finalmente, el Fondo del Sur puede ser actualizado para definir una nueva unidad de cuenta (no física): que puede ser existente como el sucre, el peso andino, el derecho especial de giro o uno nuevo, como el peso del sur.

Los elementos técnicos están resueltos. Lo que necesitamos es la voluntad política de los gobiernos de los países miembros del Banco del Sur, que, afortunadamente, la van a tener que encontrar en un periodo crítico de la economía global cuando los Jefes de Estado compartan experiencias comunes el 27 y 28 de enero en la Cumbre de CELAC, en Quito, que será una vez más Luz de América.

–El autor,  Andrés Arauz, es economista ecuatoriano, es Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano.

*Fuente: Agencia Latinoamericana de Información

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