Redefinir la soberanía alimentaria

La Jornada de México, diciembre 2011. Gustavo Duch

Quince años después de la primera definición de Soberanía Alimentaria («La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias y de tierra que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades») el concepto ha ganado en amplitud y propagación. De hecho, creo que ha sido su uso y defensa, principalmente en manos de la población campesina, lo que -como algo vivo- le ha dado y dará nuevas dimensiones.

 

Cuando se vocifera en las marchas campesinas, es un grito de la lucha a cara descubierta frente a la sociedad capitalista y su gobernanza, convirtiéndoseen una propuesta política para reorganizar el sistema alimentario global que se va imponiendo por todo el planeta. Por eso cuando se le pregunta a La Vía Campesina sobre su concepto reivindicativo lo dicen rotundo y sin ánimo de despistar: «no queremos más políticas agroalimentarias, para nada, lo que queremos es hacer y participar en las políticas agroalimentarias». Una demanda clara de soberanía –para decir y decidir- que ―no queremos políticas agroalimentarias enfocadas como siempre en cómo y cuánto se pueden aumentar las producciones de alimentos, sino políticas para aumentar, producir y reproducir más y más campesinas y  campesinos. En la Soberanía Alimentaria, el campesinado es el centro y el objetivo; la agricultura y la productividad son los medios.

También la propuesta de la Soberanía Alimentaria como construcción de otra forma de producir y consumir, es un ejemplo para otras propuestas pensadas para la creación de un mundo fuera del capitalismo. Hoy Soberanía Alimentaria camina de la mano del Decrecimiento, la Soberanía Energética, la monetaria  o el Buen Vivir.

Quienes defienden la Soberanía Alimentaria  exigen  que las reglas de juego se han de cambiar y el pueblo soberanamente retomar el mando. ―Nos han robado el poder, el poder está en otras manos –dicen desde el campo― vamos a recuperar el poder: poder hacer nuestros huertos, poder cultivar comida, poder cuidar la tierra, para poder vivir del campo. Con la contundencia de quienes saben que la Soberanía Alimentaria es también una respuesta que da esperanza a injusticias que no pueden esperar: hambre, crisis ecológica, pobreza rural, economías en crisis…

A su vez, la Soberanía Alimentaria ha mostrado que en un Planeta globalizado, también las luchas son globales, hermanando en este caso campesinas y campesinos del Norte y del Sur (rompiendo esquemas) que se han reconocido como iguales frente a las consecuencias de una superagricultura intensiva en manos de pocas corporaciones. De igual manera, su lucha ha generado una estrecha alianza entre la sociedad campesina y otros sectores de la sociedad civil, como los grupos de consumo responsable, las organizaciones ecologistas o algunas organizaciones de cooperación internacional implicadas en la defensa de un mundo rural vivo.  Es la Soberanía Alimentaria un espacio físico de encuentro del pueblo militante y así lo dicen sus voces, «que no se atrevan a salvar nuestro mundo rural, ni a impedir que lo defendamos».

Hacer Soberanía Alimentaria es finalmente una práctica de resistencia ―ni un campesino o campesina debe desaparecer― mientras se espera el cambio de modelo. Y por qué no, Soberanía Alimentaria es para muchas y muchos una utopía necesaria, que será realidad.

¿Y cómo hacemos para explicar tanto? Pues miren, volviendo a la definición que le dio vida. En realidad la soberanía alimentaria no es más –ni menos- que «el derecho de los pueblos a la tierra de la cual vivir, y el deber de los pueblos de cuidar la tierra de la que vivir».

 

Gustavo Duch Guillot. Autor de ‘ALIMENTOS BAJO SOSPECHA’ y ‘SIN LAVARSE LAS MANOS’

 

COMUNICADO DE PRENSA

Trabajadores del Sistema Financiero asociados a la Confederación Bancaria de Chile denunciaron las millonarias pérdidas

 de los Fondos de Pensiones y las escandalosas utilidades de los dueños de las AFPs.

 y exigen FIN DEL LUCRO con los ahorros previsionales.

Desde el comienzo de la crisis económica financiera y la recesión global de 2008,  las pérdidas de los fondos de pensiones han sido gigantescas. Sólo el 2008 se perdieron más de US$28.000. Nuestros fondos continúan expuestos a  inversiones  riesgosas, con lo cual se profundiza el deterioro de las futuras pensiones de los trabajadores, sin que a la fecha ninguna autoridad escuche las demandas de los verdaderos dueños de estos ahorros, para poner fin a la especulación y reformar, de una vez por todas, este sistema espurio que sólo genera utilidades a los dueños de las AFPS.

Las AFP no responden por las pérdidas, y siguen cobrando comisiones altísimas y gastos por administrar mal el dinero de los trabajadores. Esta exclusiva y abusiva práctica del sistema de pensiones chileno, que permite ganar a los mandantes (propietarios de la AFPs) mientras los mandatarios (trabajadores) pierden, es lo que convierte a las AFP en instituciones inmorales, ya que su enriquecimiento es totalmente ilegítimo. 

El aumento de las cotizaciones y el aumento de la edad para pensionarse

La propuesta de los dueños de las AFP que cuenta con el respaldo del Gobierno, y el apoyo silencioso de la mayor parte de la Concertación, es la prueba más concreta de que este sistema es y ha sido desde sus orígenes una estafa para los trabajadores. La verdad, es que buscan aumentar los recursos gravando a los imponentes, no para pagar mejores pensiones, sino para lucrar con ellos en los mercados financieros.     

El sistema “hace aguas”  por todas partes, de los 7 millones de afiliados, sólo 4,5 millones está cotizando. Es decir, a 2,5 millones de trabajadores se les retienen sus cotizaciones y no se les entera en sus cuentas individuales. De los 4,5 millones de trabajadores que cotizan mensualmente a las AFPs. una parte considerable de ellos (60%) recibirá pensiones inferiores a los 200 mil. El otro 40%, entre los que se ubican los profesores, los bancarios, los mineros y los funcionarios del sector público, llamados también, la “clase media chilena” alcanzarían pensiones cercanas a los $350 mil, siempre y cuando  hayan cotizado sagradamente todos los meses, sin fallar ningún mes y por el tope imponible, o sea por sobre $1,5 millones.

 

La gran mentira del sistema: Tendríamos pensiones cercanas al 75% de los ingresos que percibíamos siendo activos.

1. Las pensiones que entrega el sistema actual son inferiores al 30% de la última remuneración que se recibía siendo trabajadores activos.

2. De las 900 mil pensiones que se pagan actualmente, el promedio es de $176.456 mensuales. 500 mil promedian $126.416 y 400 mil, promedian $217.000 mensuales.

3. Un Uniformado que permaneció en el antiguo sistema, recibe pensiones casi diez veces superiores a las de un pensionado de las AFP, y un jubilado del INP obtiene una pensión  4 veces superior.

“Ej: Una médico que ha cotizado durante toda su vida por el máximo, obtiene como pensión de la AFP $465.000”  si hubiera permanecido en el antiguo sistema público, percibiría $1.100.000.

Basta de Lucro con nuestros Fondos de Pensiones

La Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines ha comenzado una campaña, para acabar con el lucro con nuestros fondos de pensiones, y las pérdidas billonarias que arroja este sistema fracasado. Hay que poner fin a las AFP e instaurar un sistema de seguridad social solidario y de reparto que garantice pensiones dignas para todos los trabajadores una vez que se pensionen.

Los trabajadores chilenos debemos impedir, tal como hacen los estudiantes contra el lucro en la educación, que este sistema que administra millonarios recursos continúe en manos de especuladores que se enriquecen con nuestros ahorros.

La intención de aumentar las cotizaciones en un tres por ciento y la edad para pensionarse en dos años es una clara provocación a los trabajadores chilenos y debe convertirse en el detonante para que de una vez por todas, los verdaderos dueños de esos cuantiosos recursos tomen en sus manos la administración de esos recursos y decidan los destinos que esos fondos tendrán para garantizar pensiones justas y dignas e impedir al mismo tiempo, que el abuso continúe impunemente.

Rechazamos la incorporación de los trabajadores a Honorarios a un sistema fracasado, que no garantiza jubilaciones dignas y que sólo servirá para aumentar los dineros para la especulación.

 

¡¡¡FIN AL SISTEMA PRIVADO DE AHORRO FORZOSO!!!

¡¡¡POR UN NUEVO SISTEMA DE PENSIONES SIN LUCRO!!!

¡¡¡ SOLIDARIO, DE REPARTO Y  ADMINISTRADO POR SUS DUEÑOS, DE LOS TRABAJADORES!!!

 

CONFEDERACIÓN BANCARIA

Agustinas 814 oficina 606 · Santiago, Chile

Teléfono: 56-2-481 61 22  ·  Fax: [phone]

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Buenos Aires: “Contra el ‘tarifazo’ estamos todos menos Macri”

· Entrevista con el Secretario General de los trabajadores del transporte colectivo subterráneo de la capital argentina, Roberto Pianelli.  

Por Andrés Figueroa Cornejo

 

 

 

A Roberto Pianelli, Secretario General de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y  Premetro (AGTS y P), se le ubica reuniendo firmas contra el aumento repentino del pasaje de ese medio de transporte en la estación Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con una sensación térmica que raya los 40º, Pianelli, luego de beberse del gollete media botella de agua, explica que su organización “existe de manera independiente desde hace dos años. Tenemos mil 500 asociados, logramos terminar con la subcontratación, laborar 6 horas al día, y nos fuimos de la Unión Tranvía y Automotor porque siempre colaboró con la empresa concesionaria del Subte”.

 

En 1994, el transporte subterráneo, siendo propiedad del Estado, fue concesionado hasta la hora actual a Metrovías S.A., perteneciente  al  Grupo Roggio que tiene inversiones en la construcción, servicios sanitarios, turismo, informática, inmobiliarias y un largo etcétera.

 

El dirigente sindical cuenta que “luego de las elecciones nacionales recién pasadas se entregó la administración del Subte al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, cuyo jefe es uno de los precandidatos a las próximas presidenciales, el empresario ultraliberal Mauricio Macri, y añade que “el primer gobernador de la Ciudad que pidió la concesión del Subte fue Fernando de la Rúa y el presidente Carlos Menem se lo pasó sin subsidios. Entonces de la Rúa lo abandonó en la legislatura de Buenos Aires y nunca se hizo efectivo el traspaso”. Sólo ahora se realiza, pero con un 50 % de subsidio del gobierno nacional por un año y nada más.

 

El Subterráneo de Buenos Aires es el cuarto inaugurado en el mundo y el primero en Iberoamérica. Nació en 1913. Sin embargo, tiene menos longitud que el de Chile, construido muchas décadas después. Se nacionalizó a mediados del siglo pasado y hoy viaja un millón y medio de personas al día.

 

La transferencia administrativa del Subte se anunció  el martes 2 de enero. En la tarde, Macri manifestó que se tomaría 90 días para estudiar el asunto y luego se resolvería qué hacer. Sin embargo, a las 24 horas, el presidente bonaerense informó que el pasaje  aumentaría un 127 % (de US$ 0,26 a US$ 0,6) desde el viernes 6 de enero, “vulnerando la Constitución de la Ciudad que lo obliga  a llamar a Audiencia Pública con 45 días de anticipación para revisar el contrato de concesión, ver los números reales de la empresa y el propio estado del material rodante, etc. Es decir, el acuerdo era que el Estado subsidiaba con 460 millones de pesos (US$ 107 millones anuales) y el gobierno porteño con otra cifra similar. Hasta entonces el subsidio fiscal era de 800 millones de pesos  (US$ 186 millones al año). Con los nuevos números, el remanente de 2012 se emplearía para invertir en mejoramientos. Pero Macri se ahorró su parte del subsidio cargándoselo a los usuarios”, indica Pianelli, mientras suda y permite el ingreso gratuito de los usuarios a la estación.

 

 

MÁS ALLÁ DEL CORPORATIVISMO SECTORIAL

 

 

-Algunos consideran que el traspaso de la administración del Subte a Mauricio Macri con sólo la mitad del subsidio por 12 meses, es una forma en que el gobierno nacional le endilga a uno de sus principales competidores políticos  un servicio problemático con el fin de dañar su gestión… ¿Por qué Macri acepta?

 

“Macri siempre quiso tener la administración del Subte. Es un servicio estratégico a través del cual se puede prestigiar y realizar una campaña electoral que puede reportarle grandes dividendos en la provincia clave de Argentina, por su densidad y naturaleza política.”

 

-¿Qué pensaron antes de realizar la acción de liberar los molinetes en la tarde del viernes 6 de enero?

 

“Por un lado, que se estaba castigando a quienes ocupan el Subte que son, en su inmensa mayoría, trabajadores y pueblo. Por eso se llenan los carros en las horas de ingreso y salida de los empleos. Como trabajadores del Subte, no pagamos pasaje, pero tenemos familias y un entorno social que lo usa y cancela diariamente. No seremos cómplices del empeoramiento de la vida de la gente más sencilla. Y por otra parte, pensamos que debíamos ofrecer una señal fuerte para marzo, cuando llegue la hora de que el gremio negocie  sus condiciones laborales con el Ejecutivo citadino.”

 

 

TODOS MENOS UNO

 

 

-Hubiera quedado como una protesta importante, pero simbólica. ¿Qué hicieron luego?  

 

“Ese viernes por la noche convocamos por los medios de comunicación  a todas las organizaciones sociales, de consumidores, culturales, sindicales, políticas de la Ciudad, que estuvieran contra el ‘tarifazo’.”

 

-¿Y cómo les fue?

 

“Llegó el más amplio espectro social y político que había visto reunido en mi vida. Estaban desde las organizaciones anticapitalistas más radicales hasta el partido del gobierno nacional, y todas las centrales sindicales. Nosotros les dijimos que sabíamos que en la reunión se encontraba representado un sinfín de diferencias, pero que a nosotros sólo nos interesaba que se cumplieran dos cosas: que se frenara el ‘tarifazo’ y que se realizara la Audiencia Pública como indica la Constitución de Buenos Aires. Así se creó la Multisectorial. Entonces se convino recolectar las firmas durante esta semana, manteniendo la liberación de molinetes en las horas punta de las estaciones más concurridas. Serán más de 100 mil firmas  cuando las hayamos entregado a la Defensoría Popular y a la Justicia.”

 

-¿Qué ha hecho la empresa?

 

“Nos mandó un centenar de telegramas diciéndonos que la protesta estaba entorpeciendo las labores habituales del servicio. Pero nosotros efectuamos la actividad fuera de nuestro horario de trabajo.”

 

 

CONTRA LA INCERTIDUMBRE, LUCHA

 

 

-¿Cómo opera la Audiencia Pública?

 

“Allí participan los legisladores y todas las fuerzas sociales a quienes les afecta el asunto. Es el espacio más democrático que existe en la legislación de la Ciudad. Por lo mismo, es un lugar altamente expuesto a la opinión pública. Nos podríamos preguntar socialmente qué Subte necesitamos, y responder de manera fundada, con conocimiento de causa, y colectivamente  esa pregunta.”

 

-¿Qué pasa si la Justicia, que debe dirimir muy pronto, aprueba el ‘tarifazo’?

 

“La lucha sigue con más fuerza, especialmente en marzo.”

 

 

LA INDEPENDENCIA POLÍTICA POR DELANTE

 

 

-¿Esto no es un espaldarazo político al gobierno central?

 

“No. Definitivamente. Es cosa de ver la composición de la multisectorial que se formó. Además nuestro gremio ha tenido conflictos con todos los gobiernos de turno desde hace 15 años. Asimismo, por ejemplo, estamos en contra de la Ley Antiterrorista que promueve la Casa Rosada.”

 

-¿Y si la mentada ‘quita’ gradual de los subsidios a los servicios básicos de agua, electricidad y  gas llegara a afectar la economía de los asalariados y los empobrecidos, qué haría el gremio que diriges?

 

“Lo mismo que ahora.”

  

 

Enero 12 de 2012

Las pastillas que NO nos alimentarán

Revista Pueblos. Carles Soler y Gustavo Duch. Diciembre 2100 (*)

Una comida de colores

Contarlo era como relatar una película de ciencia ficción a un público infantil. -Llegará un día –decíamos abriendo bien los ojos- que los coches volarán por los cielos, y no habrán problemas de aparcamiento. Todas las casas, con forma de cohete tendrán su propio robot doméstico, que lavará, aspirará y planchará siempre atento a nuestros deseos. Y comeremos pastillas de colores con una satisfacción nutritiva perfectamente calculada. Las pastillas verdes será la dosis justa de verduras –y las niñas y niños oyentes ponían cara de asco-; las rojas serán los bistecs; las blancas los lácteos; y las azules serán salmones o sardinas, qué más da.

Pero parece que por esta vez, acertaremos en nuestras predicciones, al menos en el capítulo alimentario donde ya casi que casi podemos enumerar a una única empresa global mandataria de uno de los colores del cuento y hacedora de las pastillas en cuestión.

Pastillas y sus amos

Fíjense, en el caso del grano: trigo, maíz, avena, soja, etc. – las pastillas amarillas- hay fuentes que hablan de tres multinacionales que controlan el 90% de su comercialización mundial, otras hablan de cuatro multinacionales con el control del 70%. Pero no hay dudas en asegurar quien es de estos mamuts el más poderoso: Cargill,  que con una facturación superior a 107.000 millones de dólares[1] (y unos beneficios  de 2.690 millones, suficientes para garantizar la educación de todas las niñas y niños del mundo) alcanza casi la mitad del negocio de alimentar al mundo. Si una sóla empresa tiene este control: compra, almacena (acapara) y vende grano por todo el mundo, cuando veamos los vaivenes en los precios de los alimentos, sabremos a quién señalar  y entenderemos el porqué de las crisis alimentarias que dejan a millones de personas sin capacidad para comprar alimentos. Porque Cargill, además de amos del pastel, aprendieron hace ya unos años que había otra forma de ganar dinero con la comida, sin construir ni un solo silo, ni comprar barcazas o molinos. Dos divisiones de Cargill se dedican al afanoso negocio de especular con las pastillas amarillas antes de que lleguen a nuestras bocas. Se contratan  cosechas que ni tan siquiera se sembrarán y –hagan juego señores y señoras-  empieza la especulación con el hambre de los demás. Por cierto, gracias a la avidez de Goldmann Sachs, que también aquí menea su cola de tiburón, desaparecieron en los años 90 las prohibiciones, y así la especulación alimentaria ganó en ‘participación democrática’. Desde entonces, fondos de inversión y fondos de pensiones (como el suyo o el mío) también participan de este negocio. Y la burbuja es cada vez más grande, y sus ventosidades más peligrosas.

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Y si de ventosidades hablemos quizás las más apestosas nos lleguen de las pastillas rojas, de carne, donde casi todo está bajo el control de una megagranja,  Smithfield (Campofrio en España), de capital estadounidense pero presente en medio mundo; y en el otro también. Hamburguesas preelaboradas, salchichas precocinadas y beneficios preestablecidos. Aunque su especialización y receta más reconocida ha sido el ‘cerdo deslocalizado’. Sus granjas de cientos de miles de cerdos confinados son complicadas de manejar sanitaria y ecológicamente, y más sencillo resulta llevarlas a países terceros donde las condiciones exigidas suelen pasar desapercibidas, como en México, donde se inició el brote de la gripe porcina que derivó en Gripe A, contra las que las ilusionistas corporaciones farmacéuticas nos vendieron, por cierto, pastillas de color farsante.

El pastel de las pastillas azules ya casi  está del todo repartido. En España, gracias a muchas aportaciones públicas  tenemos uno de los gigantes, el capitán Pescanova, con pocos reparos para hacerse con la pesca de ajenos y de nuestros descendientes. Un planeta con el mar vacio; y los mares rellenos de jaulas con la pesca engordada, troceada y lista para la exportación –del Sur al Norte- es el bocadito con el que sueña esta empresa. Merluzas de Namibia, panga criado en Mozambique, salmones en Chile son finalmente miles de expescadores, con la soberanía alimentaria saqueada, en cayucos buscando otro lugar donde sobrevivir.

Y hablemos también de las pastillas blancas y de quién controla el volante en el monopolio de los productos lácteos. Como dice la canción, «se repite la historia, sólo cambia el actor».Lactalis  actualmente es el líder europeo en el sector lácteo y tiene gran afán en acaparar  todo lo relacionado con el sector. Sin saberlo es casi seguro  que estemos consumiendo sus productos (la lista es muy larga: President, Flor de Esgueva, El Ventero, PULEVA, Chufi, Nesquik, La Lechera o Helados Nestlé). Y lo grave de esto es que no tan sólo nos está limitando nuestra libertad de consumir otro tipo de productos lácteos sino que, además, es quien peor paga y trata a los ganaderos y ganaderas cosa que, como se sabe, conlleva a la desaparición de las y los más pequeños y con granjas más sostenibles. Sólo resisten los holding lecheros donde la leche no se considera un alimento sino un bien para negociar, especular e invertir el capital.

Y siguiendo con el cuento [que no es mentira pues es verdad] aparecen nuevos personajes que, también, son grandes depredadores: los que proveen de recursos para producir las pastillitas  de una manera determinada y dirigida, y los que tienen el poder de distribuirlas en el mercado.

El gran proveedor de productos para la agricultura es Monsanto. Una multinacional norteamericana que se dedica sin escrúpulos a forrarse principalmente con  la producción de herbicidas y de semillas genéticamente modificadas. Tan sólo en el año 2010 obtuvo unos beneficios de 1.109 millones de dólares (795 millones de euros)[2]. Sabemos de su saciedad sin límites para tener la propiedad de las semillas, para usar todo su poder económico y político para inundar y contaminar los campos con sus semillas transgénicas. Sabemos de sus productos altamente tóxicos que están provocando auténticos desastres medioambientales y humanos (su agente naranja usado en la guerra de Vietnam como arma de destrucción masiva o su producto herbicida estrella Roundup, son un ejemplo). Pero no imaginamos su sed de poder, que disfrazan de buena voluntad con el mensaje de empresa comprometida en erradicar el hambre en el mundo.

Recientemente  y para que no se le escape el control de ninguna pastilla verde  ha comprado la empresa SEMINIS (líder mundial en el desarrollo, producción y comercialización de semillas de hortalizas  híbridas en el mundo). Incluso se atreve a vestirse de defensor de la biodiversidad financiando (junto con Fundaciones como la Rockefeller, Bill Gates o Syngenta) la construcción, en el Ártico Noruego, de una bóveda con muestras de semillas para proteger las cosechas de una posible extinción causada por contaminación, los desastres naturales o el cambio climático. ¿Será otra estrategia de estas oscuras empresas para hacerse con todo el poder de las semillas tradicionales? Será que sí.

Este tridente Monsanto-Fundación Rockefeller-Fundación Melinda-Bill Gates,mira por donde, es el  mismo que están promoviendo y financiando una nueva revolución verde en África (AGRA) donde machacones repiten que para erradicar el hambre es necesario producir más alimentos. Pero eso sí, para que esta gente tan filantrópica financie estos programas se deben de usar las semillas y pesticidas de Monsanto. Pura hipocresía para hacer negocio a costa de la miseria de los otros.

Y decíamos, ¿cómo nos llegan estas pastillas de colores a casa? De eso se encargan las grandes superficies como Carrefour, Alcampo, Eroski o  Mercadona que, en los últimos años, se ha convertido en la empresa líder en supermercados en España y una de las más valoradas porque, según anuncian, compra directamente en origen. Para ello disponen de una red de Interproveedores (que también fabrican sus marcas blancas). Para cumplir con las condiciones impuestas por Mercadona, estos Interproveedores, muchas veces deben hacer frente a grandes inversiones que se cubren con sociedades de capital de riesgo, creadas por la familia Roig –propietario de Mercadona- como Angels Capital y Atitlán Alpha. Los volúmenes y costos que exige Mercadona obligan a modelos de producción insostenible. Como el caso de la conservera Jealsa (Rianxeira) que le abastece de más de 33 millones de latas de sardinas[3] procedentes del Sahara Occidental ocupado, para  colmar las estanterías con su marca blanca Hacendado.

Es  el momento de exigir a Mercadona que no se lucre a partir de los recursos pesqueros que Marruecos está robando al pueblo saharaui. Vender robado es robar, es decir, otra manera de vulnerar la soberanía alimentaria de un pueblo: esquilmar sus recursos sin dejar beneficio alguno. Recientemente hemos visto publicado el cuestionamiento grave que informes solicitados por el Parlamento Europeo hacen del  Acuerdo Pesquero de la UE con Marruecos (por ello las flotas pesqueras españolas pueden operar en territorios  ocupados por el reino halauita). En ellos se advierte que de toda esta negociación comercial no  hay ninguna garantía de beneficios para  pueblo saharaui.

Vender robado es robar, es decir, otra manera de vulnerar la soberanía alimentaria de un pueblo: esquilmar sus recursos sin dejar beneficio alguno.

¿Y si las pastillas alimenticias no se consumen en casa? Una gran parte de las empresas que monopolizan la producción y distribución de los sectores alimentarios han sido muy ágiles para hacerse con este sector en expansión: el mercado de la alimentación fuera del hogar que moviliza unos 30.000 millones[4] de euros anuales, abarcando a tanto la restauración comercial (restaurantes, take-away, restaurantes en ruta,..) como la restauración colectiva (comida en hospitales, escuelas, servicios públicos, comedores de empresas,…). Sin prejuicios ni manías,  han creado un club de élite, al que han puesto el nombre de Grupo Greco, formado por 19 empresas líderes en el mercado de alimentación: Bel Foodservice, Bonduelle Food Service, Calvo Distribución, Campofrío, Corporación Alimentaria Peñasanta, Findus Food Service, Florette, Gallina Blanca, Kellogg, Kraft, La Masía, Leche Pascual, Maheso, McCain, Nestlé Professional, Nutrexpa, Pescanova, Sara Lee y Unilever Foodsolutions.  ¿O acaso creíamos que el hecho de que sólo exista café Marcilla o Nescafé o zumos Pascual en la mayoría de restaurante de carretera o de hospitales es  casualidad?

Y un campo descolorido.

Si esto nos asusta por lo que significa de control para nuestra alimentación y nuestra salud, para las gentes campesinas significa la desaparición (o en el mejor de los casos la servidumbre extrema a estas corporaciones). El hambre, la pobreza en el campo, la comida insana son  resultados de este patrón neoliberal que en la alimentación es muy sencillo de desvelar. Ya se cantaba en las trincheras durante la guerra civil, y está más vigente que nunca:

«Qué culpa tiene el tomate

que está colgado en la mata,

si luego viene un hijo de puta

y lo mete en una lata

y lo manda pa Caracas»»

Porque también es histórica la lucha por una justicia rural, que hoy se abandera con el paradigma de la Soberanía Alimentaria, aglutinando a millones de campesinas y campesinos que saben de carrerilla como acaba la tonada.

«Cuándo llegará el día

en que la tortilla se vuelva,

donde los pobres coman pan

y los ricos mierda, mierda»

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1-Según el Informe Fiscal 2010 de Cargill. http://www.cargill.com/news/releases/2010/NA3032488.jsp

2-Según el Informe Anual 2010 de Monsanto http://www.monsanto.es/noticias-y-recursos/publicaciones-monsanto

3-Según datos del Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara Occidental (WSRW). Público 20 febrero 2011 http://www.publico.es/internacional/362234/sin-querer-contribuimos-al-expolio

4-Según Club Greco – www.clubgreco.com

(*) Por Carles Soler y Gustavo Duch . Revista SOBERANÍA ALIMENTARIA, BIODIVERSIDAD Y CULTURAS

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Líder mapuche en prisión denuncia montaje contra su pueblo

PL

 

El líder mapuche Héctor Llaitul denunció que las acusaciones que sindican a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) como responsable de los incendios en Chile responden a un montaje para justificar el uso de la ley antiterrorista contra los pueblos originarios.

Llaitul, condenado por la justicia chilena a larga prisión tras un cuestionado proceso en el que se aplicó la referida legislación, rechazó tajantemente las insinuaciones que apuntan a la CAM como autora del siniestro de la comuna de Carahue, en la región de la Araucanía, donde murieron siete bomberos.

Estamos ante un montaje para justificar la aplicación de la ley antiterrorista a las comunidades mapuche en conflicto, al movimiento mapuche autónomo y en particular a la CAM, enfatizó Llaitul, principal dirigente de esa agrupación que vindica los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y en particular la recuperación de sus tierras.

Tal estrategia, añadió en un comunicado dado a conocer por Radio Bío Bío de Chile, "busca consolidar dicha ley como una herramienta válida para enfrentar también a los movimientos estudiantiles y sociales chilenos, anticipándose a un año en el que se vislumbran mayores movilizaciones y luchas".

Llaitul lamentó la muerte de los bomberos y comentó que se trata de personas pobres, obligadas a trabajar en condiciones deplorables, con salarios miserables, sin las mínimas medidas de seguridad y que fueron enviadas en definitiva a defender los intereses de una de las familias más ricas de Chile.

Consideró, en consecuencia, que los empresarios forestales de la zona donde fallecieron esos jóvenes trabajadores son los responsables de su muerte, el mismo empresariado que, acotó, usurpa el territorio ancestral mapuche.

Las declaraciones de Llaitul tuvieron lugar luego que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter y referentes de la derecha dejaron entrever que detrás de la tragedia de Carahue podía estar la CAM.

Aunque el gobierno se desmarcó posteriormente de una acusación directa contra los mapuche, mantuvo la presentación de una querella criminal bajo la cuestionada ley antiterrorista en alusión al incendio de Carahue.

En el escenario doméstico llovieron las críticas contra esa determinación.

"Claramente no se dan los elementos y requisitos para aplicar la ley antiterrorista y lo que se está haciendo es generar mayores tensiones en la Araucanía", opinó el senador del opositor Partido por la Democracia Jaime Quintana.

La "Comuna de París" asoma en China

Por Lucas Poy (PRENSA OBRERA)

 

En los últimos meses, China volvió a ocupar las primeras planas de la prensa internacional. En el marco de una desaceleración industrial, un conjunto de huelgas obreras y levantamientos campesinos ha vuelto a poner de manifiesto un cuadro de ascenso de masas, que plantea al rojo vivo todas las contradicciones del proceso de restauración capitalista en el país.

Huelgas en el "taller del mundo"

Entre los llamados "incidentes de masas", que llegaron a 180 mil el año pasado (The New York Times, 14/12), sobresalen los protagonizados por la clase obrera. Según un reciente cable de Ansa, más de 200 empresas fueron cerradas el mes pasado solamente en la provincia de Zhejiang, en el este de China, "afectadas, en su gran mayoría, por la caída de las exportaciones y el aumento de los costos laborales". El proceso que había estallado el año pasado, con una serie de huelgas en las plantas automotrices de propiedad japonesa, se ha visto profundizado en los últimos meses de 2011. Las empresas están recortando horas extras y, como ocurre en el distrito de Guangdong (el principal polo industrial de China), las autoridades anuncian la suspensión del aumento del 20% en el salario mínimo. El gobierno central, a través del responsable máximo de la seguridad interna, hizo saber a las autoridades locales que deben "prepararse para los efectos negativos (¡!) de la economía de mercado" (Financial Times, 4/11).

La agitación y las huelgas se reproducen a lo largo y a lo ancho del país, "desde las fábricas de zapatos y textiles de la provincia de Guangdong, conocida como el ‘taller del mundo', hasta el núcleo de plantas de electrónica y productos deportivos del sudoeste, cientos y hasta miles de trabajadores han paralizado la producción de las principales marcas occidentales" (Reuters, 25/11). Más de 10 mil trabajadores fueron a la huelga en noviembre en los centros industriales de Shenzhen y Dongguan, en el sur del país, destacándose la huelga de los más de cuatro mil trabajadores (en su mayoría mujeres) de la empresa Hailiang, que produce componentes para la japonesa Hitachi, en conflicto desde comienzos de diciembre. También en noviembre fueron a la huelga unos siete mil trabajadores de la planta de zapatos Yue Cheng, en la provincia de Guangdong, contra la intención de la patronal de mudar la fábrica a una zona rural del interior del país, donde la mano de obra es más barata. La semana pasada, se declararon en huelga unos ocho mil trabajadores de una fábrica de productos electrónicos, subsidiaria de LG, ubicada en la ciudad de Nanjing, también en el sur de China, de propietarios surcoreanos. Los trabajadores denuncian que el bono de fin de año de los empleados de la firma en Corea del Sur es seis veces superior al de la filial en China. También en reclamo de un adicional de fin de año, en este caso recortado por una patronal japonesa, fueron a la huelga hace pocos días unos 1.500 trabajadores de la fábrica Aries en Guangzhou, la cual produce autopartes para Nissan, Honda y Toyota.

"Una Comuna de París en China"

El conflicto que recorrió los titulares de todo el mundo durante las últimas semanas fue, sin embargo, el protagonizado en un pueblo de pescadores de unos 15.000 habitantes llamado Wukan, el que fue virtualmente tomado por sus pobladores durante casi todo diciembre. El conflicto se inició en septiembre, a partir de una movilización contra maniobras ilegales y fraudulentas en operaciones de venta de la tierra rural: según diversas fuentes, la ira popular estalló cuando se vendió una granja usufructuada por toda la comunidad local para la construcción de un complejo habitacional de lujo, a cambio de 156 millones de dólares que quedaron en manos de las autoridades. El conflicto se mantuvo durante varios meses y cuando uno de los dirigentes de la población apareció muerto y con signos de tortura mientras estaba en manos de la policía, se produjo una pueblada que expulsó a las autoridades del PC local y a la policía, lo que dejó al pueblo bajo el control de sus habitantes movilizados y armados. Los pobladores dejaron ingresar a la prensa extranjera, lo cual permitió dar una enorme resonancia internacional a la protesta y obligó a las autoridades a negociar. Un corresponsal extranjero lo caracterizó como "una Comuna de París en China", porque -al igual que la de 1871, en Francia- "el primer gobierno obrero de la historia" organizó la totalidad de la vida social de la ciudad al margen del Estado. Finalmente se llegó a un acuerdo durante la última semana, cuando el gobierno aceptó liberar a los detenidos y no tomar represalias, además de iniciar una investigación sobre la muerte del dirigente local.

El conflicto de Wukan toca la línea de flotación de todo el proceso de restauración capitalista: la cuestión de la privatización de la tierra. Es la sustentación de la gigantesca especulación inmobiliaria que atraviesa el país. En la China ultracapitalista no hay propiedad privada de la tierra: como propiedad del Estado, los gobiernos están autorizados a expulsar a los campesinos que la usufructúan a cambio de una indemnización. Este es el núcleo de la caracterización de China como un régimen capitalista en transición, que pone en conflicto sus dos polos fundamentales: el capital internacional, por un lado, y la masa agraria no capitalista, por el otro. El aparato burocrático, surgido de la revolución de 1949, funciona ahora con toda su potencia al servicio de la expropiación de los medios de trabajo del campesinado. La presión de la urbanización capitalista -resultado gigantesco de la rápida proletarización del país- choca con el trabajo de la masa campesina; el Estado intermedia esta confiscación a cambio de enormes beneficios monetarios en forma de coimas. A lo largo y ancho del país, las poblaciones rurales denuncian ventas clandestinas e ilegales de esas tierras, o sea sin autorización ni pago de la indemnización legal por parte de las autoridades locales: "Los residentes de Wukan afirman que oficiales corruptos han requisado cientos de hectáreas, en connivencia con los promotores, y las han vendido sin su consentimiento" (ídem). Las autoridades locales y regionales calculan el precio de la tierra de acuerdo con su rendimiento agrícola, pero lo venden de acuerdo al rendimiento inmobiliario potencial. Algunos especialistas han calculado que los pobladores obtienen solamente un 5% del total del valor al cual las autoridades terminan vendiendo la tierra. Se calcula que las ventas de tierra suman aproximadamente un tercio de los ingresos totales de los gobiernos locales, que "dependen de estas ventas para sostener los gastos cotidianos" (New York Times, 14/12). "En los últimos cinco años se han producido más de 200 mil conflictos con campesinos cuya tierra fue expropiada por municipios invasores en el proceso de urbanización más acelerado de la historia" (World Policy, 23/10).

El problema de la tierra y la sucesión en el PCCh

Para el año 2012 está prevista la selección de la "quinta generación" -una rotación quinquenal establecida por Deng Xiaoping- y se renovarán siete de nueve lugares del politburó del Partido Comunista Chino. Una de las figuras en ascenso es precisamente Wang Yang, visto como ‘liberal', el secretario de la región de Guangdong, donde está ubicada la aldea de Wukan y buena parte de las industrias exportadoras (se trata de la provincia más rica del país). Wang aparece enfrentado a Bo Xilai, de la provincia de Chongqing, considerado un ‘conservador' y, al mismo tiempo, el máximo exponente de la política de privatización de tierras rurales para impulsar grandes emprendimientos inmobiliarios. Wang intervino en las huelgas que atravesaron Guangdong en 2010 para imponer a las empresas la negociación con los trabajadores en conflicto. Los ‘liberales' y los ‘conservadores' defienden la expropiación de los campesinos, que está inscripta en la ley. Los gobiernos locales, sin embargo, no la aplican, para evadir la autorización legal y el monto de las indemnizaciones. "Más allá de lo que diga la ley, pierden terreno aquellos dirigentes que titubean en cuanto a las expropiaciones de tierra y son promovidos aquellos que generan riqueza más rápidamente, por lo general transformando las tierras campesinas en propiedad municipal con altos precios", dice sin rodeos un editor del Wall Street Journal(28/12). La tregua negociada con los pobladores rebeldes de Wukan será temporaria: "las ocupaciones de tierras se incrementarán a medida que las autoridades locales busquen ingresos para promover el desarrollo de proyectos que les aseguren su promoción política" (ídem, 28/12).

Los que pretendieron que la restauración del capital en China sería la vía de escape para la economía mundial suelen olvidar que esa restauración se procesa en los mismos términos de las leyes que llevan al capital a la crisis y al colapso. Prensa Obrera ha caracterizado en numerosas ocasiones, desde hace años, que la pieza decisiva de ese proceso de restauración giraba en torno de la expropiación de millones de campesinos. El futuro de la restauración capitalista en China es inseparable del futuro del capitalismo: las contradicciones mortales del capital adquieren una explosividad sin precedentes cuando se desarrollan en un marco de una transición histórica que supone liquidar un desarrollo no capitalista, impuesto por un movimiento revolucionario que atravesó diferentes etapas históricas.

Foto: Debemos mantener el liderazgo del Partido Comunista (cartel de 1984)

La Historia de los Autoatentados Incendiarios de Forestal Mininco en 1999.

Por: Hanzinho

Vía: Jorge Sepúlveda Retamal

 

 

En general somos un país con pésima memoria, media responsabilidad de nosotros, media responsabilidad de la prensa oficialista y su entrega de información completamente manipulada. Ahora con tantos incendios en el sur donde está involucrada la Forestal Minenco, empresa propiedad de la familia Matte, basta con mirar hacia el año 1999 para ver que esta empresa estuvo implicada en sendos autoatentados incendiarios, donde se culpó de todo a los Mapuche y el gobierno de esos años aplicó la Ley Anti-Terrorista. ¿Les suena conocida la historia?

 

Durante los años 1999 al 2001 debido a una escalada de incendios en el sur de Chile, el Gobierno “socialista” del Ricardo Lagos apoyando a los empresarios madereros, inició un operativo de inteligencia para reprimir, neutralizar, controlar y perseguir a los Mapuche. A continuación algunos casos señalados:

 

El senador Alejandro Navarro al interponer una denuncia ante el tribunal militar por la muerte de una anciano Mapuche a manos de carabineros en la comuna de Nueva Imperial. Ahí expresó ante algunos medios de comunicación que poseía antecedentes de que hay empresas forestales que en el marco del conflicto mapuche se provocaban auto-atentados:

 

 

“Voy a entregar los informes elaborados por la Sección Forestal y Ecológica de Concepción, donde queda establecido tanto por peritajes de la Sección Forestal Ecológica de Carabineros, como por peritajes realizados por privados, de que los incendios son autoatentados, hechos por los guardias forestales”

 

 

 

Si bien causó algo de revuelo la información, esta nunca fue dada a conocer en detalle, sin embargo por información recabada por otras fuentes, esta denuncia habría apuntado a piezas de la causa rol 38.774-L del Juzgado de Yumbel, por los delitos de incendio forestal del Año 2001, donde incluiría un Informe pericial (67-2001) de fecha 19 de marzo de 2001.

 

Dicho informe acreditaría que 4 personas pertenecientes a la Empresa Forestal Santa Ana Ltda. Dedicada al rubro de la vigilancia privada de predios forestales, obligaron y amenazaron a un tercero para provocar diversos incendios forestales, presumiblemente con el objeto de justificar los contratos entre las forestales y la misma empresa de vigilancia. Un relato textual de este informe suscrito por Roberto Muñoz Sandoval, Sargento 2º, César Muñoz Astudillo, Cabo 2º, de la sección Forestal y Ecológica de Concepción señaló:

 

 

“Se determinó que la Empresa Forestal Santa Ana Ltda. Que cumple funciones de vigilancia predial, en los diferentes predios de las empresas forestales, tales como MININCO, CELCO, BOSQUES ARAUCO Y BIO BIO, no se encontraría autorizada para ejercer labores de vigilancia, infringiendo con ello el art. 5 bis del D.L. 3607. Ley de Vigilantes Privados, demostrando con esto por parte de la mencionada empresa la que es representada por José Roberto Escanden Pérez, una absoluta irresponsabilidad en su actuar, realizando su trabajo en forma fraudulenta, lucrándose económicamente de manera indiscriminada y maliciosamente de las empresas forestales, causando enormes daños económicos irreparables y a su vez una grave destrucción al medio ambiente, provocando confusión y alarma dentro de las empresas forestales.”

 

 

“Por lo que además se determinó que la empresa Forestal Santa Ana Ltda. cumple funciones de vigilancia privada en forma ilegal, actuando algunos de ellos en contravención a la Ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y explosivos, por el porte ilegal de arma de fuego que es utilizado por algunos de ellos, presumiéndose además que dicha empresa es la única responsable de la totalidad de los siniestros forestales en calidad de autor, infringiendo con ello los artículo 476 inciso 3 y 482 del Código Penal (delito de incendio)” 

 

A similares conclusiones habría llegado el perito judicial Aldo Gherardelli Maurer, en el “Peritaje de Incendios Forestales antiguos y ya extintos”, a requerimiento del Juzgado de Letras de Yumbel, en la misma causa (rol 38.774-L). Con estos antecedentes, según fuentes extra oficiales, algunos parlamentarios habrían estado dispuesto a solicitar un Ministro en visita para que se investigara estos antecedentes, entre ellos Navarro, sin embargo algo pasó que detuvo toda gestión al respecto. 

 

 

El Desmantelamiento de los Entes Reguladores.

 

 

Más allá del cierre de la Sección Forestal y Ecológica de Concepción la cual dejó de existir en octubre de 2001, a nivel País existían 12 secciones forestales (La Serena a Coihayque). Pero el Alto Mando suprimió todas. Coincidentemente con esto, la Corporación de la madera (CORMA) cambió de presidente, saliendo José Ignacio Letamendi e ingresando el empresario latifundista con predios en conflicto con comunidades y ex Ministro de la dictadura de Pinochet Fernando Leniz. Por cierto, como dato anecdótico y para que vean la clase de gente de la que hablamos, el año 2006, su hijo Francisco Leniz estafó al banco Security vendiendo un bosque talado por 400 millones de pesos(!) 

 

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El Caso de Leonardo Espinoza y el Incendio de Rucañanco.

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Tras el suicido en la ciudad de Santiago de un ex brigadista forestal Leonardo Espinoza, joven que tenía 20 años, aparecieron reveladores antecedentes quedesenmascararon el rol de las brigadas de seguridad de empresas forestales ante los conflictos Mapuches.

 

El joven, antes de quitarse la vida, dejó unas cartas en las que narra graves episodios que le tocó vivir como brigadista forestal. Ante esto, su madre Leticia Fonseca entregó estos antecedentes a la justicia, en los que se revelaba que los propios brigadistas forestales incendiaron la casa patronal del Fundo Rucañanco de la Empresa Mininco para inculpar a los Mapuches, entre otros actos vandálicos. Jerson Espinoza, hermano del joven suicida, quien también se desempeñó como brigadista forestal, relató a la prensa lo siguiente (Diario Austral de Temuco, 06 de enero del 2000)

 

“Después que provocamos a los Mapuches, para nosotros la situación era incontrolable porque los habíamos hostigado demasiado. Teníamos que hostigar a las Comunidades para que se produjeran enfrentamientos y la opinión pública se enterara de las -atrocidades que cometían los Mapuches”

 

 

“Los guardias de la empresa de seguridad que trabajaban como brigadistas para las empresas forestales, provocaban la mayoría de los conflictos. En algunas oportunidades provocamos incendios forestales, bloqueábamos los caminos; llenábamos sacos con arena para luego lanzarlos a los canales cercanos a las comunidades para que el agua desbordara e inundara sus siembras”

 

 

“En las noches, cuando las comunidades Mapuches realizaban sus Ngüillatunes (Ceremonias religiosas), brigadistas cortaban los Rehues (símbolo religioso), hecho que desataba la ira y colocaba la situación más tensa”

 

 

Estos actos según se afirmó, eran comportamientos para mantener y justificar sus puestos de trabajo de seguridad. Es importante recordar, que ante la quema de la casa patronal del Fundo Rucañanco de Forestal Mininco ocurrida el 01 de agosto de 1999, el Gerente de Relaciones Públicas de la propia empresa Rodrigo Hermosilla, acusó directamente a personas mapuches, responsabilizando incluso al dirigente y ex vocero de la Coordinadora de Comunidades en conflicto Arauco-Malleco, Víctor Ancalaf. Dicho “atentado”, fue uno de los principales motivos para que el Gobierno Regional aplicara la Ley de Seguridad del Estado en agosto de dicho año.

 

 

Todas estas diligencias acarrearon como consecuencia la militarización policial en el territorio mapuche; la constante persecución y las injustas detenciones de diversos dirigentes y comuneros Mapuches. Las denuncias por autoatentados nunca fueron investigadas, por el contrario, siempre se acallaron. El diputado PPD Eugenio Tuma fue uno de los que promovió estas denuncias, pero siempre teniendo el cuidado de no involucrar a las empresas sino a sus “grupos de seguridad”, señalando al mismo medio el 6 de enero del 2000:

 

 

“No me cabe duda que las empresas de seguridad, por el hecho de estar vinculadas a ex agentes de seguridad, han sido cómplices de los actos vandálicos ocurridos en la zona con el fin de culpar a comunidades mapuches. Además las empresas de seguridad no cumplen con la ley laboral”

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El Caso Pedro Cifuentes y Forestal Mininco.

 

 

En las denuncias realizadas por el obrero Pedro Cifuente, el 26 de agosto de 1999 a la prensa y el recurso judicial que se presentó para su protección ante el temor de represalias en su contra. Cifuentes involucró de manera directa a funcionarios de la empresa Forestal Mininco en los atentados.

 

 

“La forestal me presionó, me dio dinero para culpar a los hermanos Ancalaf de las quemas y destrozos en la empresa. Me amenazaron con que me iban a encarcelar y las pruebas que tenían era un montaje de fotos. Es decir, me inculparían. Me entregaron la suma de 500 mil pesos y más 10 mil pesos semanales”

 

 

“Me amenazó que tenía que trabajar para ellos y meterme dentro de las comunidades, darle información de todo lo que pasaba dentro de la comunidad. Ellos, en muchas otras partes, han pagado a gente para que se infiltre en las comunidades mapuches”.

 

 

Cifuentes no pudo sostener las mentiras en medio de un careo con los propios Ancalaf ante el Ministro en visita Julio César Grandón, señalando al mismo medio.

 

 

“Fue tanta la presión que tuve por mucho tiempo, cada paso que daba o donde iba me vigilaban. Declaré delante de ministro y fue ahí cuando me di cuenta que lo que estaba cometiendo era un error bastante grave, que estaba perjudicando a personas inocentes y me estaba perjudicando. Yo recibí el dinero que me ofrecieron.”

 

 

 

Pedro Cifuentes habría sido contactado para este plan por un tal Alex de Ruiz, sindicado en aquel tiempo como funcionario de la empresa forestal Mininco. De Ruíz habría convencido a Cifuentes para que acusara a los hermanos Ancalaf en los hechos de violencia, entre ellos, apedreamiento de vehículos, quema de casas, plantaciones, puentes, entre otros.

 

 

 

Otros Casos.

 

También hubo relatos en anonimato de guardias forestales reconociendo la existencia de autoatentados a la prensa radial de Temuco, la cual investigó y recopiló antecedentes durante el año 2000 y que fuese replicado como denuncia por algunos parlamentarios, entre ellos Guido Girardi (hoy senador) y el diputado por la novena región (distrito 51) Eugenio Tuma, son otros hechos que quedaron sin investigar.

 

Durante el año 2008 y hasta el 2010, el Senador RN Alberto Espina apoyado por Carlos Larraín manifestaron una y otra vez que había conexiones entre los Mapuche y la FARC Colombiana. Al final, en noviembre del año pasado Espina tuvo que desdecirse ya que simplemente no habían pruebas.

 

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Imputaciones a Mapuches y Aplicaciones de Leyes Especiales y Represivas.

 

Es necesario tener en cuenta que por declaraciones del Ex Subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil para el gobierno de Ricardo Lagos, el año 2004 sería el año de culminación de la larga operación denominada “Paciencia”, iniciada el 2001 para contener al movimiento Mapuche. (El Mercurio, 22/08/2004).

 

Al respecto, como se ha venido denunciando, existen Mapuches condenados incluso a más de 10 años de cárcel por delitos menores con penas absolutamente desproporcionadas, y con denuncias locales e internacionales de vicios procesales por los atentados incendiarios a los que se les ha dado la categoría de “terrorismo”, en tiempos donde a la vez, las mismas empresas han sido acusadas por autoatentados.

 

Una vez más, ¿No les parece conocida la historia?

 

 

A continuación un recopilado de los diarios de la epoca, cualquier parecido con lo de ahora es solo coincidencia… (?)

 

 

 

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Fuante:Gamba . CL

José Ancalao, vocero de la Femae, detenido y golpeado por Carabineros

José Ancalao, portavoz de la Femae y miembro de la Mesa Ejecutiva de Confech, resultó con la nariz fracturada tras ser golpeado por Carabineros, denunciaron familiares y compañeros. Es uno de los 16 detenidos tras la violenta represión a marcha conmemorativa del crimen de Matias Catrileo.

POR AZKINTUWE -  TEMUKO, WALLMAPU 

Golpeado y detenido por Carabineros resultó el portavoz de la Federación Mapuche de Estudiantes (Femae), José Ancalao, quien participaba junto a miembros de su agrupación en la marcha convocada hoy en Temuco por los familiares y amigos de Matías Catrileo, ello en el 4º aniversario de su muerte. Ancalao fue detenido junto a la madre y la hermana de Matías Catrileo, siendo severamente agredido por funcionarios policiales, según denunciaron familiares y amigos.

El propio Ancalao, a través de su cuenta en twitter, denunció lo sucedido. “Golpeado y detenido después de marcha, sangrando junto a dos personas terrible violencia policial”, escribió en la red social mientras era trasladado al cuartel policial ubicado en calle Varas. La detención se llevó a cabo después que parte de los manifestantes ingresaran y subieran hasta la azotea del edificio, donde desplegaron un lienzo denunciando la impunidad tras el asesinato del joven estudiante mapuche.

"A José lo detienen cuando intercede por otro compañero, Diego Zaldivia Mankilef, quien fue violentamente detenido por alrededor de 10 policías. José intentó dialogar y pedir explicación por la excesiva violencia, siendo detenido y violentado de una manera similar a nuestro peñi Diego. Todos repudiábamos el accionar policial ante detenciones de la madre y la hermana de Matías Catrileo", señaló Pablo Millalen, portavoz de la Femae, al periódico Azkintuwe.

"Le rompieron la nariz. Sangraba mucho cuando era trasladado. Cuando lo vi en la Comisaría estaba con la nariz hinchada de sobremanera y según me comentó fue golpeado en diversas partes del cuerpo, al igual que Diego Zaldivia y los otros detenidos, quienes también fueron agredidos brutalmente", denunció Millalen. Para el dirigente, tras lo sucedido con Ancalao habrían claras motivaciones políticas. 

"A José lo persiguen por el rol que tiene dentro del movimiento estudiantil y eso incomoda a las personas que toman las decisiones. Hemos reivindicado los derechos del Pueblo Mapuche y alzado la voz como estudiantes. Hablamos de una Universidad Mapuche, exigimos educación con pertinencia, reivindicamos los hogares estudiantiles que ha sido catalogados por gobiernos anteriores como 'nidos de terroristas', todo ello molesta", denunció.

Según señaló Millalen y la propia Femae a través de un comunicado, la detención de Ancalao estuvo acompañada de diversos epítetos racistas por parte de los funcionarios de Carabineros. "Le decían 'no te gusta hablar indio tal por cual' o 'habla ahora cabro de mierda´ y otros garabatos que no vale la pena reproducir", subraya Millalen, quien anunció que acompañarán a los 16 detenidos en el control de detención de mañana miércoles en el Centro de Justicia de La Araucanía.

"De la justicia chilena esperamos muy poco. Esta marcha era precisamente para repudiar el accionar de la justicia en el caso de Matías y tantos otros que no han conocido de justicia, como Alex Lemun y últimamente Manuel Gutiérrez. Esto se suma a la realidad de los niños en las comunidades y la vulneración de derechos básicos permanentemente por el Estado a través de los diversos gobiernos de turnos. Leía recién en la red social que la familia de Matías ha pasado más veces detenidas que el asesino de su hijo y eso es impresentable", concluyó Millalen.