El caso Clarín (Chile) y el CIADI: Si los tribunales españoles ejecutan el fallo del CIADI, se habrá creado un importante precedente

Por Walker San Miguel Rodríguez 
 

 

Me referiré al singular caso Clarín, que no tiene nada que ver con el conocido diario argentino, sino con la empresa editora del periódico izquierdista Clarín de Chile, que fue confiscada por el gobierno de facto de Augusto Pinochet en 1973. A la sazón el propietario de la empresa es un ciudadano español, Victor Pey, quien llegó a Chile como refugiado a bordo del barco Winnipeg, que financió el laureado poeta Pablo Neruda al concluir la guerra civil española (1939).

Pey, republicano español, decidió dejar su patria ante la arremetida franquista, y cuando el presidente socialista Salvador Allende llegó democráticamente al poder se convirtió en uno de sus asesores. Pey adquirió la editorial que publicaba Clarín en 1972 de su anterior propietario, Darío Sainte-Marie, también próximo a Allende y quien había fundado el diario en 1953. Luego del golpe militar, Pey retornó a España, pero recuperada la democracia y el Estado de derecho en Chile, volvió a ese país para reactivar su reclamo y ser indemnizado por el Estado chileno por la arbitraria confiscación.

Desde 1995, el español reclamó directamente al gobierno del entonces presidente Eduardo Frei. Ante la negativa, optó por acogerse a las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y presentó una demanda arbitral contra Chile y adujo además la denegación de Justicia. Luego de un larguísimo proceso arbitral, en 2008 el Tribunal Internacional del CIADI, que depende del Banco Mundial, condenó a Chile a compensar los daños y perjuicios ocasionados al inversionista español a lo largo del proceso, aunque no reconoció propiamente una indemnización por la confiscación.

El caso tiene ribetes polémicos, pues el Estado Chileno batalló ante el CIADI negándole competencia, y a fin de salir triunfante gastó más de 15 millones de dólares, entre una indemnización a supuestos herederos de los accionistas (9 millones) y el pago a bufetes que litigan ante ese tribunal arbitral internacional (7 millones). La estrategia de la defensa era probar que Pey no era legítimo propietario de la editorial, al existir supuestas dudas y contradicciones en su adquisición.

No han faltado las críticas de tono político dentro de este controvertido asunto, y se han vertido acusaciones a los gobiernos de la Concertación por haber asumido defensa de una causa injusta, provocada por un acto ilegal de la dictadura militar y por haber preferido pagar a terceros y no al demandante. Victor Pey, ahora de 96 años, espera el pago de la indemnización (aproximadamente 3,5 millones de dólares) y afirma que con ese dinero pondrá nuevamente a Clarín en las calles.

Hace sólo dos semanas, empresarios españoles se reunieron con el presidente Sebastián Piñera para hacerle conocer su preocupación por este caso, en el que el afectado es un empresario español, pidiendo al Gobierno que cumpla el laudo. Como quiera que Chile no lo ha cumplido aún, el demandante español anunció que acudirá a tribunales españoles para lograr la ejecución forzosa y pedirá el embargo de bienes del Estado chileno. Como dato adicional, los bienes inmuebles que la antigua editorial poseía en Santiago, Valparaíso y Viña del Mar siguen ocupados hasta la fecha por el Ejército.

Si los tribunales españoles otorgan protección y ejecutan el fallo del CIADI, se habrá creado un precedente a favor de las inversiones españolas. Se espera que al final Chile cumplirá el laudo, pues es signatario del Convenio de Washington del 18 de marzo de 1965 sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros Estados (CIADI).

Fuente: La Razon