Reforma pro-empresaria de las ART pone contenta a la Unión Industrial

Por Emilio Marín 

Pese a las protestas de buena parte del espectro sindical y de abogados laboralistas, Diputados aprobaba ayer la reforma a los riesgos del Trabajo. La UIA de los grandes empresarios, motor de ese cambio que los favorece.

Interesante comparar la génesis y el perfil de dos leyes contrapuestas, impulsadas por el mismo gobierno: una la de medios y otra la de riesgos del trabajo. La ley de medios, 26522, surgió de una demanda de los sectores pluralistas de la comunicación, en base a los 21 puntos para una radiodifusión democrática, y fue debatida en innumerables foros. Afecta a intereses del monopolio.

La ley de reformas a las ART era votada ayer en Diputados y tenía media sanción del Senado, todo en un trámite exprés, sin debates amplios en la sociedad ni en lo sindical. Cristina Fernández hizo el primer anuncio el 1º de septiembre pasado a los popes de la Unión Industrial, en el día de la Industria y dos semanas después reunió a esos mismos personajes y a sindicalistas de la CGT Balcarce ("Gordos" y otros impresentables), donde dio detalles de la iniciativa, que el 19 de septiembre ya estaba en el Senado. El proyecto, ahora convertido en ley, es bien pro-empresario, con aspectos que lesionan los derechos de la parte trabajadora.

Antes de entrar en las cuestiones que trae aparejada la normativa, hay que decir que no cambia el mal de fondo. Las enfermedades laborales, los accidentes con miles de muertos e incapacitados, etc., vista la pobre performance de las ART desde su creación en 1995, ameritaban un giro copernicano.

Otro camino

Abogados laboralistas, diputados de origen laboral y magistrados del fuero, creen que debió encararse otro camino. Por ejemplo, anularse las ART, las mellizas de las funestas Administradores de Fondos y Jubilaciones Privadas (AFJP) con actuación en lo previsional.

El principio es el mismo: el afán de lucro empresarial donde está en juego el ahorro de un trabajador para su futura jubilación, o el cuidado de su vida y su salud mientras cumple su ciclo como asalariado activo. Las AFJP les cobraban a los empleados una alta comisión a cuenta de un futuro retiro, con pingüe ganancia. Y las ART venden un seguro a los empresarios para que éstos no se hagan cargo directamente de pagar indemnizaciones por accidentes y enfermedades laborales.

Este último negocio posibilita a las aseguradoras cobrar una prima o seguro lo más alta posible y en cambio limitar al máximo el número de enfermedades laborales. Y en todo caso pagarlas tarde, poco y en cómodas cuotas, en la llamada "renta", devorada por la inflación.

De avances en prevención de accidentes, poco y nada. Si total la vida de un obrero muerto en su puesto de trabajo está hasta hoy valuado en 180.000 pesos, según tasación del año 2010. Recién ahora será llevado a 383.000, que es uno de los "ganchos" de la reforma polémica. Se debió anular todo el sistema de ART y poner lo relativo al seguro de trabajo en la órbita de la seguridad social.

UIA coherente

El gobierno nacional eliminó las AFJP y pasó los fondos previsionales bajo control de la Anses, y en cambio impulsó la reforma a la ley de ART, preservando estas empresas privadas, incurriendo en una incoherencia.

En cambio la UIA presidida por José Ignacio de Mendiguren, como antes por Juan Carlos Lascurain y Héctor Méndez, ha sido coherente. Siempre defendió el régimen de las ART, hasta imponerlo en 1995 con la ley 24557, que entró en vigencia en julio de 1996 mediante los buenos oficios de Domingo Cavallo y Carlos Menem.

Dicha norma era parte del abaratamiento de costos y la flexibilización laboral del modelo neoliberal, y aquellos empresarios la avalaron porque de paso creaba un nuevo negocio y otra cámara adherida: la UART. En ese momento esta entidad agrupaba a 44 empresas, de las que 10 concentraban el 70 por ciento de los trabajadores cubiertos. Hoy hay 21 empresas y de éstas sólo 7 concentran el 70 por ciento del negocio (CTA, septiembre 2012). Esto evidencia la tendencia a la concentración monopólica en el rubro.

En la UART están pesos pesados como Mapfre, Berkley, La Caja, Galeno, Asociart y otras, que facturan anualmente 12.708 millones de pesos.

Esta cantidad de dinero reafirma la idea, expuesta más arriba, de que la seguridad social del Estado podría brindar perfectamente la cobertura de riesgos del trabajo sin ningún número en rojo para el fisco. Y con la ventaja de un criterio social y humanista en beneficio de los trabajadores que no caracteriza precisamente a esos grupos concentrados privados, varios multinacionales.

Doble vía

Cómo habrá sido de expoliador el régimen menemo-cavallista, continuado por gobiernos posteriores, que a partir de 2004 la Corte Suprema de Justicia comenzó a fallar en casos concretos en contra de un artículo clave de esa ley. Era el que impedía al trabajador accidentado o sus familias ir con una demanda a la justicia para obtener una reparación justa de los daños sufridos.

El alto tribunal autorizó entonces la llamada "doble vía" o "cúmulo", pese a la prohibición de ese artículo, declarado inconstitucional. El accidentado podía percibir la indemnización pagada por la ART pero también ir a Tribunales a solicitar un pago extra.

Esa posibilidad hizo que la UIA y la UART pusieran el grito en el cielo. Desde entonces siempre bloquearon la posibilidad de discutir con los gremios y el ministerio de Trabajo la ampliación de la lista de enfermedades laborales y otros asuntos relacionados con la seguridad y la higiene laboral. Este boicot hizo que en 2009 el ministro Carlos Tomada debiera firmar un decreto para modificar algunos puntos de la cuestionada ley, vía reglamentación.

Entre tanto la situación de injusticia fue morigerada por la Corte, cuyos fallos favorables a la "doble vía" fueron diez, más otros quince de tribunales inferiores. Así se llegó a una crisis que era también signo de "oportunidad" para una reforma positiva, pero en vez de eso el gobierno nacional cedió a la tentación de llegar a un arreglo con la UIA y la UART.

¿Prevención para cuándo?

En el acto del 19 de septiembre, cuando CFK anunció el envío del proyecto al Congreso estaban presentes De Mendiguren y otros popes empresarios, así como Antonio Caló, Gerardo Martínez y otros sindicalistas que avalaron la reforma pese al perjuicio que traerá a muchos de sus afiliados. Martínez es el jefe de la UOCRA, sector que lidera junto con el de los peones rurales el triste récord de siniestralidad y enfermedades laborales.

La presidenta, el ministro de Trabajo y el titular de la UIA aseguran que la nueva ley será fructífera porque terminará con "la industria del juicio". El último nombrado aseguró que el año 2012 terminará con 67.000 juicios en todo el país, aunque lo comprobable es que en 2011 fueron 57.634 (La Voz del Interior, 16/9).

Pero aún así hay que debatir si esos juicios se potencian por apetito de los asalariados y sus abogados, o si la causa de fondo lo determinan las indemnizaciones insuficientes en muchos casos y una lista corta de enfermedades laborales que dejan afuera a muchas otras.

Entre éstas, las lumbalgias, problemas óseos, cáncer, trastornos mentales y estrés.

Los defensores de la flamante ley alegan que las indemnizaciones serán aumentadas dos veces al año y que habrá un 20 por ciento de pago extra en concepto de reparación integral, un punto de vista presente en los pronunciamientos de la CSJN. También se acelerarán, supuestamente los tiempos de cobro, acortándose a sólo 15 días luego de comprobado el accidente.

Derecho vedado

Quienes critican la reforma -el cronista toma partido por esta postura- consideran que no se debió abolir la "doble vía" o "cúmulo", para que el trabajador pueda acudir a la justicia si está disconforme con la indemnización abonada por las ART. La reforma cristinista le veda ese derecho, que la Corte Suprema había autorizado.

Un segundo cuestionamiento es que en caso que el accidentado deseche el pago de la aseguradora y vaya a la justicia, su expediente se tramitará en la justicia civil y no en la laboral. El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, León Piasek, opinó que ese cambio es inconstitucional porque "no quedan dudas de que el juez natural, en casos de accidentes de trabajo, es el juez laboral" (Miradas al Sur, 21/10). También recordó que la justicia laboral es gratuita y la civil no.

La tercera objeción, de fondo, es que la reforma se centró en asuntos indemnizatorios, una vez producido el accidente laboral, y no en los criterios para asegurar una mayor prevención, que los disminuya a un mínimo de muertes e incapacidades.

¿Cuántas son esos fallecimientos? Según la consultora privada IDESA, fundada por Osvaldo Giordano, murieron 543 trabajadores en 2011. Para ATE Buenos Aires, los muertos son 1.400 en accidentes y otros 5.600 por enfermedades laborales. La polémica está servida, pero para aclararla hacen falta las comisiones tripartitas y los delegados de prevención del trabajo que, por ejemplo, planteaba el proyecto de ley del diputado Víctor de Gennaro.

La concesión del gobierno a la UIA, como los créditos del Bicentenario, parten de un supuesto errático: supuestamente alientan la producción en tiempos de crisis.
 Fuente: La Arena