NOTAS NEGRAS SOBRE LA EXPLOTACIÓN MINERA EN CHILE

Eduardo Ampuero Cárdenas

Director de LaCélula

Se ha conocido en las últimas semanas de hechos públicos significativos que merecen nuestro comentario. La aprobación de la Ley de Reconstrucción y, sobre todo, de la implantación de un curioso “Royalty” a la extracción del cobre que realizan las mineras privadas, por ejemplo, o la condena de los asesinos del General Carlos Prats y de María Coutbert (¡36 años después!), han pasado a primer plano. Pero es necesario comentar su significado y abrir un debate que llegue al fondo de ellos.

Bajo las discusiones legislativas sobre la necesaria reconstrucción pos terremoto, el gobierno ha hecho andar una ofensiva de envergadura para librar a las empresas trasnacionales extractoras del cobre de sus reducidos pagos al Estado de Chile. El truco era evidente y tendría que llegar tarde o temprano. La oposición concertacionista ha pretendido mostrarse como defensora de la riqueza nacional, aduciendo moderaciones a las mismas políticas, como cuando el Senador Lagos Weber plantea (con una dureza mal imitada) que la propuesta alternativa es reducir el periodo de invariabilidad tributaria para las mineras, que el gobierno propuso en 8 años, a 4 años. Es decir, la gran discusión gira entorno a la extensión de una invariabilidad que el 2005 fue fijada por el gobierno de Lagos en 12 años con tasa del 4%. Jamás bajo los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos o Bachelet se intentó lo elemental, lo que dignificaría a la autoridad de cualquier país en materia de recursos estratégicos, lo que hizo Allende: nacionalizar el mineral.

 

Hablamos del cobre, en el primer país productor, es decir, de una fuerza económica extraordinaria. Un recurso finito (se calcula no más de 50 años) que podría hacer de esta sociedad una nación capaz de resolver sus mayores dolores y de lanzarlo hacia el mentado desarrollo económico.

 

La nacionalización del cobre es la única política justa y patriótica que podemos exigir. Pero su reivindicación parece ser ajena a las mediocres discusiones del Senado.

 

Por otra parte, las declaraciones del Ejército y sus tardías vergüenzas respecto del asesinato de su General y señora, pretenden descomprometer al alto mando y a la institución de la responsabilidad política. A todas luces queda expuesta no solamente la connivencia del mando, de los partidos de la derecha (incluyendo a dirigentes del llamado centro), del Poder Judicial, del Estado entero, sino que de su determinación conjunta para barrer con cualquier resistencia y acabar con las posibilidades democráticas de Chile. Y esto no ocurre en función de meras odiosidades personales ni de intereses de fracciones políticas. Todos sabemos de los planes continentales, programados de la mano del imperialismo yanqui, para imponer en definitiva un modelo económico de extrema explotación en Chile, piloto mundial del Neoliberalismo.

 

Indudablemente, es un acto de justicia –aunque más  simbólica que real-, el que finalmente la Corte Suprema condene a los criminales directos, y que lo tipifique con la figura de “asociación ilícita”, poniéndolo en la categoría de acto terrorista. Sin embargo, vemos que en esta sentencia no se alcanza la verdad total, sino que, por el contrario, se representa un nuevo intento de mentir al país, expiando culpas y borrando con gestos medrosos las huellas que conducen al fondo real.

 

La implantación del Neoliberalismo, el mismo con el que ahora se extreman las regalías a las empresas mineras trasnacionales, haciendo trapo de desecho a la soberanía nacional, es decir, ahora que estamos ante sus frutos, requirió para el capital de una política que cobrara con la sangre del pueblo (no importando el clásico discurso sobre los compañeros de armas y la fidelidad a los altos mandos). Estamos ante realización dictatorial de los planes del capital con la representación de toda esta “clase política” (que se muestra preocupada por la democracia en Venezuela de la misma manera que se preocupó por la democracia chilena el año 73), representante legítima de la gran burguesía. Una dictadura que planificadamente se prolonga en su Constitución y en su política económica, entre otras.

 

No debe ser sorpresa. Ya lo decía Marx: el capital, en la defensa de sus intereses, no conoce moral, religión ni ninguno de sus propios y sagrados principios. De esta manera, cuando un imberbe de la nueva camada UDI –hermano de otro que es gobernador de Concepción- comenta suelto de cuerpo que a los “upelientos” hay que sacarlos a balazos ¡apuntando su juguete a los funcionarios de la Concertación en la Intendencia del Bío Bío!, debemos entender que no nos habla desde un razonamiento serio, sino desde el balbuceo infantil con que se educan los cuadros más fascistas de la burguesía nacional. Por eso, vale cuestionarse al hablar de las verdades de fondo si acaso no estamos ante un juego de nuevas imágenes. ¿Acaso estas imágenes de reconstrucción y justicia no nos gritan que nada ha cambiado?