México: Trágica emboscada a una caravana humanitaria en Oaxaca
SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa
"En la medida que ellos sigan apostando por la muerte
nosotros seguiremos apostando por la vida".
Betty Cariño, el 3 de diciembre de 2009
Al menos dos de los componentes de la caravana humanitaria que pretendía llevar ayuda a indígenas Triqui, resultaron muertos por los disparos efectuados con armas automáticas por un grupo paramilitar que al parecer responde al gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz. El grupo integrado por un medio centenar de cooperantes, entre ellos miembros de organizaciones internacionales y periodistas, intentaba repartir ropa y alimentos entre los pobladores de San Juan de Copala municipio autónomo que se encuentra hostigado y cercado por elementos armados.
Los partes oficiales constatan que en el lugar denominado La Sabana, fueron recogidos los cuerpos sin vida de Beatriz Cariño, directora de la ONG Cactus e integrante del Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el del observador de Derechos Humanos finlandés Tyri Antero Jaakkola. Ambos fueron alcanzados por los disparos de los paramilitares. Resultó herida por arma de fuego Mónica Citlali Santiago Ortiz, que fue trasladada por una ambulancia de la Cruz Roja al hospital rural de Santiago Juxtlahuaca. La ambulancia también fue baleada por los mismos paramilitares. Entre los desaparecidos figuran Erika Ramírez y David Cilia, reportera y fotógrafo de la revista Contralínea.
La Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (Amap) denunció que la una organización vinculada con el PRI denominada Unidad por el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT ) es la responsable del ataque. David Castillo, miembro de la ONG Cactus y sobreviviente de la emboscada, indicó que la caravana viajaba por malas carreteras, a través de montañas y que llegaron a un lugar donde una barricada con rocas obligaba a los vehículos a salirse de la calzada, momento en el cual se produjeron los disparos desde zonas elevadas del lugar. Ana Lilia Pérez, periodista de la revista "Contralínea" indicó que dos de sus colegas que acompañaban la caravana humanitaria permanecen desaparecidos desde el momento del ataque. Esa caravana estaba formada por miembros del colectivo Vocal, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos ( CACTUS ), de la Red de Radios y Comunicadores Indígenas del Sudeste Mexicano, por maestros y por concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca ( APPO ). Acompañaba a un grupo de observadores internacionales de los derechos humanos de Italia, Bélgica, Finlandia y Alemania que pretendía constatar las violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena Triquis.
La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) indica que la caravana había partido de la ciudad de Huajuapán de León en varios vehículos formada por miembros de diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos ( mexicanas e internacionales ) con el propósito de romper el cerco que sufre el municipio autónomo de San Juan Copala en la zona triqui del estado de Oaxaca. Este municipio, añaden, se encuentra cercado por un retén paramilitar armado desde el mes de enero por parte de elementos de la UBISORT. Este grupo ha sido denunciado como responsable de numerosas agresiones y asesinatos en la zona. El cerco paramilitar impide la realización de las actividades escolares y ha cortado el suministro de agua y la llegada de mercancías al municipio en el intento de impedir el autogobierno ejercido por el municipio autónomo declarado por los pobladores indígenas de la zona.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México exigió que el gobierno federal informe sobre los hechos, garantice la atención a los heridos y encuentre a los desaparecidos. También solicita una intervención concreta e inmediata para hacer frente a la situación en San Juan Copala y se garantice la protección a los defensores de los derechos humanos.
"Denunciamos al gobierno del Estado de Oaxaca por su nula intervención para garantizar la seguridad de las personas y defensores de los derechos humanos que fueron en la caravana de observación de derechos humanos en la Agencia de San Juan Copala y a las instituciones estatales de la Fiscalía de Justicia por su negligencia y aplicación de la justicia ante los acontecimientos violentos vividos por la comunidad indígena Triqui", indica el texto del Alto Comisionado. Los organismos de DD.HH denuncian que la violencia en la zona triqui, ha provocado en estos años un sinfin de asesinatos, nunca investigados ni sancionados que ha permitido la acción de los grupos paramilitares con total impunidad. Este hecho tan grave es una muestra más de que esta violencia, dirigida contra las organizaciones opositoras, se hace con la connivencia del poder en el estado de Oaxaca monopolizado por el PRI, impidiendo una solución dialogada a los conflictos."
Por su parte la FRENADESO ( Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales ) condenó "el asesinato de Bety Cariño, gran luchadora social de Oaxaca que participó activamente en el congreso constitutivo de esa entidad realizado en Panamá en el año 2007". Y añade: "recordamos las palabras que dirigió en nuestro Congreso, motivándonos a la lucha y expresando con claridad la situación de impunidad, de injusticia, intolerancia y de violencia institucional que sufre el pueblo de Oaxaca y de la que hoy ella ha sido víctima."
Militarización e impunidad
Este nuevo acontecimiento de violencia, es intencionalmente mimetizado desde el gobierno y por medios de comunicación con las acciones de lo que denominan "crimen organizado", o la brutal ingerencia de los sicarios ligados con el narcotráfico en Ciudad Juárez y en otros estados del país. Pero en realidad, estos hechos forman parte de las operaciones represivas que intentan anular las acciones legales y pacíficas organizadas por entidades de la sociedad civil. Sin excepción, los conflictos sociales no encuentran cauces de negociación y suelen ser tratados como "asuntos de orden público". Chiapas, Atenco y Oaxaca son ejemplos de como el poder criminaliza a los opositores y les reprime con violencia desmedida con la intención de paralizar por el miedo cualquier tipo de protesta social.
El gobierno federal ha iniciado un proceso gradual de militarización del país, pero no solo donde ha perdido prácticamente el control, como ocurre en Ciudad Juárez, sino también en regiones donde existen movimientos indígenas, campesinos o urbanos que demandan diversas reivindicaciones, mejoras sociales o derechos políticos. El mismo dia del violento ataque contra la caravana humanitaria en Oaxaca, el Senado de la República aprobaba una "Ley de Seguridad Nacional " que permite a Ulises Ruiz ( Oaxaca ) o a cualquier otro gobernador a solicitar la presencia del ejército en su estado. Y además, otorga al Consejo de Seguridad Nacional la responsabilidad de determinar el área geográfica de actuación y el tiempo de permanencia de esas fuerzas militares en el lugar asignado. El presidente de ese Consejo es Genaro García Luna, imputado por la represión y de los crímenes en San Salvador Atenco. La justicia mexicana nunca encontró reponsables de los homicidios, secuestros, detenciones ilegales y abusos sexuales cometidos por las fuerzas de seguridad en aquellos hechos represivos. Y ahora este "experto" en Seguridad es quien preside el Consejo Nacional del gobierno federal que preside Felipe Calderón.
Ultimos datos conocidos
Al cierre de esta crónica, habían sido identificados como desaparecidos, además de la reportera y el fotógrafo de la revista "Contralínea", Noé Bautista Jiménez y David Venegas Reyes, miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca ( APPO ) y Martín Sautan, un observador de nacionalidad alemana. Los vehículos de la caravana fueron recuperados por la policía estatal. El Dodge en el que viajaban los periodistas tiene 25 impactos de bala. Otros vehículos presentan también daños y decenas de impactos de armas automáticas. El gobierno estatal informó que el fiscal de Santiago Juxtlahuaca, apoyado por peritos y policías, encontraron los cuerpos sin vida de dos personas en una camioneta con la leyenda "Frente Nacional Indígena y Campesino" que presentaban heridas de bala. Fueron identificados como Beatriz Cariño Trujillo y Tyri Antero Jaakkola, finlandés integrante de la organización Uusi Tuuli Ry. La estudiante Mónica Citlalli, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, continúa ingresada en el Hospital de Santiago Juxtlahuaca y se encuentra estable. El gobernador Ulises Ruiz afirmó que no tiene ningún vínculo con la emboscada y asesinatos, afrontando con esa frase las múltiples denuncias que lo señalan como responsable del ataque.
Alberto Quezadas Jiménez, comisionado de Seguridad Pública del estado de Oaxaca, dijo a la prensa que la policía no había entrado en la zona "a restablecer el orden porque no hay condiciones favorables." "No puedo entrar y enfrentarlos, porque habría muchos muertos", añadió refiriéndose a los paramilitares que perpetraron la emboscada.
Carlos Beas Torres coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, dijo que Noé, conductor de la camioneta donde murieron Betty Cariño y el observador finlandés llegó a Santiago Juxtlahuaca y aseguró haber visto los cadáveres de otros activistas. Su relato coincidió con el de otros sobrevivientes y existe el temor de que los paramilitares se hayan llevado los cuerpos de otras víctimas del ataque.
En Oaxaca y en diversos lugares de México se han levantado voces de protesta por el ataque paramilitar contra la caravana humanitaria. Frente a la Secretaria de gobierno del estado, manifestantes exigieron la intervención federal y reclamaron justicia. Uno de los oradores, Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación afirmó que la emboscada "fue un acto premeditado orquestado por los grupos paramilitares que tiene bajo su tutela el gobierno de Ulises Ruiz". "No queremos que nuestra queja de justicia termine en un acto de militarización, cuando es evidente que los responsables de la violencia son aquellos grupos que auspician y permiten la impunidad a favor de los cacicazgos regionales."
Beatriz Cariño, luchadora asesinada.
Las balas de los paramilitares, terminaron con la vida de Beatriz Cariño, una luchadora social que desde hace años se presentaba incansable en las distintas actividades en favor de los pueblos indígenas, de los campesinos, en defensa de los derechos humanos. También formaba parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería y en tal carácter había participado el 3 de diciembre del año pasado en un acto realizado frente a la embajada de Canadá en México. Era un acto de homenaje a Mariano Abarca, líder opositor contra la empresa minera canadiense Blackfire, asesinado días antes por sicarios en el estado de Chiapas. En aquel entonces, en un vibrante discurso Betty Cariño ratificó su compromiso afirmando: "en la medida que ellos sigan apostando por la muerte, nosotros seguiremos apostando por la vida".
Dijo ese día esta valiente mujer: "estamos aquí para decirles a estas grandes empresas transnacionales, para decirles a estos malos gobiernos que están mal representando a sus pueblos, que no vamos a permitir que esto siga pasando. Que no vamos a permitir que la vida de nuestras hermanas y nuestros hermanos siga en juego. Es necesario como bien decía Mariano (Mariano Abarca, el activista asesinado en Chiapas ) que vayamos trabajando juntos desde diferentes grupos, desde diferentes frentes, desde diferentes organizaciones, desde diferentes ideas para poder construír esta gran articulación que detenga a este gran monstruo transnacional que viene avanzando sobre nuestros pueblos indígenas, que viene avanzando sobre nuestra cultura, que viene avanzando sobre nuestra identidad. Es necesario hermanos y hermanas que demos fin a toda esta situación. Que levantemos la voz y que sepan estos malos gobiernos que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, que siempre hemos estado parados frente a ellos, con la cara en alto, porque somos gente que trabaja, gente que lucha todos los dias para llevar el pan a la boca. Somos gente sencilla, somos gente pobre y somos gente campesina".
El video que muestra a la luchadora asesinada en su intervención de hace 4 meses frente a la embajada canadiense:
Contra el silencio
Es previsible que este gravísimo suceso ocurrido en Oaxaca, pase desapercibido para muchos medios de comunicación.
Es nuestro compromiso difundirlo, no silenciar el crimen y el atropello contra nuestros pueblos.
Que sea esa nuestra forma de expresar solidaridad a esas luchas y asumir que "en la medida que ellos sigan apostando por la muerte, nosotros seguiremos apostando por la vida."
29 de abril de 2010
Enviado por SERPAL
Servicio de Prensa Alternativa www.serpal.info
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Información complementaria
Muere Beatriz Alberta Cariño, de la Red de Radios Comunitarias del Sureste mexicano, directora de Cactus
Oaxaca, México. /// Beatriz Alberta Cariño Trujillo, de la Red de Radios Comunitarias del Sureste mexicano, cayó muerta en la tarde del 27 de abril, en una emboscada perpetrada por un grupo de encapuchados en las inmediaciones de la región triqui de San Juan Copala, en el paraje conocido como Los Pinos, La Sabana.
La celada, tomó por sorpresa a los integrantes de la Caravana Humanitaria Internacional que se dirigía a manifestar su apoyo y a entregar alimentos al municipio autónomo de San Juan Copala. Ante el ataque no alcanzaron a protegerse de las balas. En la agresión, también murió Tyri Antero Jaakkola, observador internacional finlandés
Se reportaron además la desaparición en un primer momento de seis integrantes de la caravana, entre ellos, Érika Ramírez y David Cilia periodistas de la revista Contralínea.
Los reporteros lograron ser rescatados casi a la media noche del 29 de abril, cerca del río Hierba Santa, de la población de San Juan Copala, en gran medida por el aviso de David Venegas y Noé Bautista quienes dieron parte de su ubicación.
Érika Ramírez y David Cilia, se dirigían a la comunidad autónoma a documentar el asesinato de las locutoras triquis de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, ocurrido el 7 de abril de 2008.
El atentado, perpetrado por la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), grupo paramilitar ligado al PRI y al gobernador del Estado Ulises Ruiz, ha recibido muestras de repudio de organismos civiles, sociales, políticos, académicos y de manera específica de dirigencias indígenas.
Beatriz Cariño, también directora del grupo Cactus, con sede en Huajuapan de León, formaba parte de la caravana humanitaria que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala en la mixteca oaxaqueña. Cariño, era esposa de Omar Esparza, fundador de la Red de Radios Comunitarias del Sureste.
San Juan Copala, se encuentra sitiado desde hace meses por grupos paramilitares que según denuncian autoridades autónomas y organizaciones sociales, actúan con la complacencia del gobierno de Oaxaca.
A esta comunidad pertenecían las locutoras, Teresa y Felicitas, asesinadas el 7 de abril del 2008, que el mes de diciembre del 2009 sumaban 18 crímenes de indígenas del municipio autónomo.
Según el recuento hecho por los sobrevivientes, la caravana fue cobardemente emboscada por unos 20 hombres armados.
Bety Cariño por más de 15 años, realizó un trabajo de acompañamiento comunitario en la región de la mixteca.
La también directora de Cactus, capacitaba a indígenas de la región y daba asesoría a las mujeres de la zona para la defensa de sus derechos.
Beatriz impulsó la creación de redes de economía solidaria en varias comunidades y logró junto con otras organizaciones crear la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano.
Ni el gobierno federal en manos del conservador Partido Acción Nacional (PAN), ni el gobierno estatal bajo la batuta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mostraban interés por los hechos.
Tuvieron que pasar más de dos días, para que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruis, diera señales de asomo.
Por su parte, el gobierno federal, tiene otras prioridades por lo que el Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, parece ajeno al conflicto. El silencio de la autoridad responsable de la seguridad interna del país hace al gobierno mexicano cómplice de estos crímenes.
Y no se diga del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien en un acto de insolencia y de falta de sensibilidad social, culpó a la caravana por la agresión y puso en tela de juicio el acompañamiento de extranjeros.
El periódico La Jornada, informó, que para Ruiz Ortiz, de lo que se trató fue de un enfrentamiento con el grupo de activistas, cuyos integrantes no sabemos quiénes son realmente; sabemos que hay extranjeros (pero) no sé si sean turistas, si vengan de paseo o si vengan a hacer un trabajo de activismo.
El mandatario agregó que las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) seguramente van a arrojar como resultado qué tipo de calidad migratoria tienen estos extranjeros que están participando de forma muy rara en un evento donde se registró un enfrentamiento.
Ruiz Ortiz negó que su gobierno hubiera tenido conocimiento previo de que la caravana viajaría a San Juan Copala, al tiempo que informó que la procuraduría estatal tiene la indicación de detener a quien tenga que detener y de ir a fondo en las investigaciones para saber qué sucedió realmente.
Las declaraciones del gobernante oaxaqueño, son refutadas por al menos un centenar de organizaciones indígenas y sociales de la entidad, quienes rectifican a Ulises Ruiz en el sentido de que el problema no se reduce a un enfrentamiento entre dos pueblos, sino a una problemática histórica que se ha dado en la región y que desafortunadamente existe una responsabilidad directa del Estado y su aparato gubernamental.
Los oaxaqueños acusan de que el gobernador de Oaxaca, no solo ha omitido instrumentar políticas tendientes a resolver el grave rezago social, sino ha soslayado a la posición que ha mantenido un cacicazgo y control, en donde lo recién vivido, es un reflejo de la absoluta impunidad con la que este grupo se desenvuelve, portando incluso armas de alto poder y de uso exclusivo del ejército.
El Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, CAMPO, Ojo de Agua Comunicación, Diversidades, Comité de Liberación 25 de Noviembre, Centro de Derechos Humanos Flor y Canto, Colectivo Huaxyacac, Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos AC, Grupo Mesófilo, Servicios del Pueblo Mixe SER MIXE, EDUCA, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO, Enlace Comunicación y Capacitación (Enlace) Tlaxiaco, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, Fundación Comunalidad, Fundación Rigoberta Menchú, Oaxaca Libre, Tianguis Indígena Multicultural, A.C., Lucero Mendizábal, NDACUKO AC, PROCA, firmaron el comunicado y demandaron al gobernador Ulises Ruiz, garantías para los caravanistas.
En el mismo sentido, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, destaca que a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos el Estado mexicano tiene el deber de prevenir cualquier tipo de violaciones y proteger los derechos a la vida y a la integridad personal frente a terceros.
Esta obligación, dice la, ONU se torna particularmente relevante en una zona cuyo clima de violencia había sido previamente denunciada por diversas organizaciones de la sociedad civil.
Naciones Unidas pide una investigación imparcial, expedita y efectiva de los hechos que tenga como objetivo el procesamiento y, en su caso, la sanción de las personas responsables.
El organismo internacional, solicita a México, adoptar las medidas necesarias para disminuir la tensión y la violencia en la zona Triqui, mediante el desarme de los grupos civiles y el establecimiento de mesas de mediación y diálogo entre las partes involucradas plenamente respetuosas de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre ellos su derecho a la libre determinación en los términos que señala la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La comunidad autónoma de San Juan Copala se ubica en el municipio de Juxtlahuaca, a más de 200 kilómetro de la ciudad de Oaxaca.
Conformada por más de 700 habitantes, enfrenta un cerco paramilitar derivado de la disputa de tierras entre organizaciones como la Ubisort de filiación priista, identificada con el gobierno de Ulises Ruiz, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, éste último, impulsor del municipio autónomo.
Fuente de estos datos: AIPIN ( Agencia Internacional de Prensa Indígena )
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"En la medida que ellos sigan apostando por la muerte
nosotros seguiremos apostando por la vida".
Betty Cariño, el 3 de diciembre de 2009
Al menos dos de los componentes de la caravana humanitaria que pretendía llevar ayuda a indígenas Triqui, resultaron muertos por los disparos efectuados con armas automáticas por un grupo paramilitar que al parecer responde al gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz. El grupo integrado por un medio centenar de cooperantes, entre ellos miembros de organizaciones internacionales y periodistas, intentaba repartir ropa y alimentos entre los pobladores de San Juan de Copala municipio autónomo que se encuentra hostigado y cercado por elementos armados.
Los partes oficiales constatan que en el lugar denominado La Sabana, fueron recogidos los cuerpos sin vida de Beatriz Cariño, directora de la ONG Cactus e integrante del Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el del observador de Derechos Humanos finlandés Tyri Antero Jaakkola. Ambos fueron alcanzados por los disparos de los paramilitares. Resultó herida por arma de fuego Mónica Citlali Santiago Ortiz, que fue trasladada por una ambulancia de la Cruz Roja al hospital rural de Santiago Juxtlahuaca. La ambulancia también fue baleada por los mismos paramilitares. Entre los desaparecidos figuran Erika Ramírez y David Cilia, reportera y fotógrafo de la revista Contralínea.
La Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (Amap) denunció que la una organización vinculada con el PRI denominada Unidad por el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT ) es la responsable del ataque. David Castillo, miembro de la ONG Cactus y sobreviviente de la emboscada, indicó que la caravana viajaba por malas carreteras, a través de montañas y que llegaron a un lugar donde una barricada con rocas obligaba a los vehículos a salirse de la calzada, momento en el cual se produjeron los disparos desde zonas elevadas del lugar. Ana Lilia Pérez, periodista de la revista "Contralínea" indicó que dos de sus colegas que acompañaban la caravana humanitaria permanecen desaparecidos desde el momento del ataque. Esa caravana estaba formada por miembros del colectivo Vocal, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos ( CACTUS ), de la Red de Radios y Comunicadores Indígenas del Sudeste Mexicano, por maestros y por concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca ( APPO ). Acompañaba a un grupo de observadores internacionales de los derechos humanos de Italia, Bélgica, Finlandia y Alemania que pretendía constatar las violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena Triquis.
La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) indica que la caravana había partido de la ciudad de Huajuapán de León en varios vehículos formada por miembros de diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos ( mexicanas e internacionales ) con el propósito de romper el cerco que sufre el municipio autónomo de San Juan Copala en la zona triqui del estado de Oaxaca. Este municipio, añaden, se encuentra cercado por un retén paramilitar armado desde el mes de enero por parte de elementos de la UBISORT. Este grupo ha sido denunciado como responsable de numerosas agresiones y asesinatos en la zona. El cerco paramilitar impide la realización de las actividades escolares y ha cortado el suministro de agua y la llegada de mercancías al municipio en el intento de impedir el autogobierno ejercido por el municipio autónomo declarado por los pobladores indígenas de la zona.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México exigió que el gobierno federal informe sobre los hechos, garantice la atención a los heridos y encuentre a los desaparecidos. También solicita una intervención concreta e inmediata para hacer frente a la situación en San Juan Copala y se garantice la protección a los defensores de los derechos humanos.
"Denunciamos al gobierno del Estado de Oaxaca por su nula intervención para garantizar la seguridad de las personas y defensores de los derechos humanos que fueron en la caravana de observación de derechos humanos en la Agencia de San Juan Copala y a las instituciones estatales de la Fiscalía de Justicia por su negligencia y aplicación de la justicia ante los acontecimientos violentos vividos por la comunidad indígena Triqui", indica el texto del Alto Comisionado. Los organismos de DD.HH denuncian que la violencia en la zona triqui, ha provocado en estos años un sinfin de asesinatos, nunca investigados ni sancionados que ha permitido la acción de los grupos paramilitares con total impunidad. Este hecho tan grave es una muestra más de que esta violencia, dirigida contra las organizaciones opositoras, se hace con la connivencia del poder en el estado de Oaxaca monopolizado por el PRI, impidiendo una solución dialogada a los conflictos."
Por su parte la FRENADESO ( Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales ) condenó "el asesinato de Bety Cariño, gran luchadora social de Oaxaca que participó activamente en el congreso constitutivo de esa entidad realizado en Panamá en el año 2007". Y añade: "recordamos las palabras que dirigió en nuestro Congreso, motivándonos a la lucha y expresando con claridad la situación de impunidad, de injusticia, intolerancia y de violencia institucional que sufre el pueblo de Oaxaca y de la que hoy ella ha sido víctima."
Militarización e impunidad
Este nuevo acontecimiento de violencia, es intencionalmente mimetizado desde el gobierno y por medios de comunicación con las acciones de lo que denominan "crimen organizado", o la brutal ingerencia de los sicarios ligados con el narcotráfico en Ciudad Juárez y en otros estados del país. Pero en realidad, estos hechos forman parte de las operaciones represivas que intentan anular las acciones legales y pacíficas organizadas por entidades de la sociedad civil. Sin excepción, los conflictos sociales no encuentran cauces de negociación y suelen ser tratados como "asuntos de orden público". Chiapas, Atenco y Oaxaca son ejemplos de como el poder criminaliza a los opositores y les reprime con violencia desmedida con la intención de paralizar por el miedo cualquier tipo de protesta social.
El gobierno federal ha iniciado un proceso gradual de militarización del país, pero no solo donde ha perdido prácticamente el control, como ocurre en Ciudad Juárez, sino también en regiones donde existen movimientos indígenas, campesinos o urbanos que demandan diversas reivindicaciones, mejoras sociales o derechos políticos. El mismo dia del violento ataque contra la caravana humanitaria en Oaxaca, el Senado de la República aprobaba una "Ley de Seguridad Nacional " que permite a Ulises Ruiz ( Oaxaca ) o a cualquier otro gobernador a solicitar la presencia del ejército en su estado. Y además, otorga al Consejo de Seguridad Nacional la responsabilidad de determinar el área geográfica de actuación y el tiempo de permanencia de esas fuerzas militares en el lugar asignado. El presidente de ese Consejo es Genaro García Luna, imputado por la represión y de los crímenes en San Salvador Atenco. La justicia mexicana nunca encontró reponsables de los homicidios, secuestros, detenciones ilegales y abusos sexuales cometidos por las fuerzas de seguridad en aquellos hechos represivos. Y ahora este "experto" en Seguridad es quien preside el Consejo Nacional del gobierno federal que preside Felipe Calderón.
Ultimos datos conocidos
Al cierre de esta crónica, habían sido identificados como desaparecidos, además de la reportera y el fotógrafo de la revista "Contralínea", Noé Bautista Jiménez y David Venegas Reyes, miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca ( APPO ) y Martín Sautan, un observador de nacionalidad alemana. Los vehículos de la caravana fueron recuperados por la policía estatal. El Dodge en el que viajaban los periodistas tiene 25 impactos de bala. Otros vehículos presentan también daños y decenas de impactos de armas automáticas. El gobierno estatal informó que el fiscal de Santiago Juxtlahuaca, apoyado por peritos y policías, encontraron los cuerpos sin vida de dos personas en una camioneta con la leyenda "Frente Nacional Indígena y Campesino" que presentaban heridas de bala. Fueron identificados como Beatriz Cariño Trujillo y Tyri Antero Jaakkola, finlandés integrante de la organización Uusi Tuuli Ry. La estudiante Mónica Citlalli, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, continúa ingresada en el Hospital de Santiago Juxtlahuaca y se encuentra estable. El gobernador Ulises Ruiz afirmó que no tiene ningún vínculo con la emboscada y asesinatos, afrontando con esa frase las múltiples denuncias que lo señalan como responsable del ataque.
Alberto Quezadas Jiménez, comisionado de Seguridad Pública del estado de Oaxaca, dijo a la prensa que la policía no había entrado en la zona "a restablecer el orden porque no hay condiciones favorables." "No puedo entrar y enfrentarlos, porque habría muchos muertos", añadió refiriéndose a los paramilitares que perpetraron la emboscada.
Carlos Beas Torres coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, dijo que Noé, conductor de la camioneta donde murieron Betty Cariño y el observador finlandés llegó a Santiago Juxtlahuaca y aseguró haber visto los cadáveres de otros activistas. Su relato coincidió con el de otros sobrevivientes y existe el temor de que los paramilitares se hayan llevado los cuerpos de otras víctimas del ataque.
En Oaxaca y en diversos lugares de México se han levantado voces de protesta por el ataque paramilitar contra la caravana humanitaria. Frente a la Secretaria de gobierno del estado, manifestantes exigieron la intervención federal y reclamaron justicia. Uno de los oradores, Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación afirmó que la emboscada "fue un acto premeditado orquestado por los grupos paramilitares que tiene bajo su tutela el gobierno de Ulises Ruiz". "No queremos que nuestra queja de justicia termine en un acto de militarización, cuando es evidente que los responsables de la violencia son aquellos grupos que auspician y permiten la impunidad a favor de los cacicazgos regionales."
Beatriz Cariño, luchadora asesinada.
Las balas de los paramilitares, terminaron con la vida de Beatriz Cariño, una luchadora social que desde hace años se presentaba incansable en las distintas actividades en favor de los pueblos indígenas, de los campesinos, en defensa de los derechos humanos. También formaba parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería y en tal carácter había participado el 3 de diciembre del año pasado en un acto realizado frente a la embajada de Canadá en México. Era un acto de homenaje a Mariano Abarca, líder opositor contra la empresa minera canadiense Blackfire, asesinado días antes por sicarios en el estado de Chiapas. En aquel entonces, en un vibrante discurso Betty Cariño ratificó su compromiso afirmando: "en la medida que ellos sigan apostando por la muerte, nosotros seguiremos apostando por la vida".
Dijo ese día esta valiente mujer: "estamos aquí para decirles a estas grandes empresas transnacionales, para decirles a estos malos gobiernos que están mal representando a sus pueblos, que no vamos a permitir que esto siga pasando. Que no vamos a permitir que la vida de nuestras hermanas y nuestros hermanos siga en juego. Es necesario como bien decía Mariano (Mariano Abarca, el activista asesinado en Chiapas ) que vayamos trabajando juntos desde diferentes grupos, desde diferentes frentes, desde diferentes organizaciones, desde diferentes ideas para poder construír esta gran articulación que detenga a este gran monstruo transnacional que viene avanzando sobre nuestros pueblos indígenas, que viene avanzando sobre nuestra cultura, que viene avanzando sobre nuestra identidad. Es necesario hermanos y hermanas que demos fin a toda esta situación. Que levantemos la voz y que sepan estos malos gobiernos que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, que siempre hemos estado parados frente a ellos, con la cara en alto, porque somos gente que trabaja, gente que lucha todos los dias para llevar el pan a la boca. Somos gente sencilla, somos gente pobre y somos gente campesina".
El video que muestra a la luchadora asesinada en su intervención de hace 4 meses frente a la embajada canadiense:
Contra el silencio
Es previsible que este gravísimo suceso ocurrido en Oaxaca, pase desapercibido para muchos medios de comunicación.
Es nuestro compromiso difundirlo, no silenciar el crimen y el atropello contra nuestros pueblos.
Que sea esa nuestra forma de expresar solidaridad a esas luchas y asumir que "en la medida que ellos sigan apostando por la muerte, nosotros seguiremos apostando por la vida."
29 de abril de 2010
Enviado por SERPAL
Servicio de Prensa Alternativa www.serpal.info
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Información complementaria
Muere Beatriz Alberta Cariño, de la Red de Radios Comunitarias del Sureste mexicano, directora de Cactus
Oaxaca, México. /// Beatriz Alberta Cariño Trujillo, de la Red de Radios Comunitarias del Sureste mexicano, cayó muerta en la tarde del 27 de abril, en una emboscada perpetrada por un grupo de encapuchados en las inmediaciones de la región triqui de San Juan Copala, en el paraje conocido como Los Pinos, La Sabana.
La celada, tomó por sorpresa a los integrantes de la Caravana Humanitaria Internacional que se dirigía a manifestar su apoyo y a entregar alimentos al municipio autónomo de San Juan Copala. Ante el ataque no alcanzaron a protegerse de las balas. En la agresión, también murió Tyri Antero Jaakkola, observador internacional finlandés
Se reportaron además la desaparición en un primer momento de seis integrantes de la caravana, entre ellos, Érika Ramírez y David Cilia periodistas de la revista Contralínea.
Los reporteros lograron ser rescatados casi a la media noche del 29 de abril, cerca del río Hierba Santa, de la población de San Juan Copala, en gran medida por el aviso de David Venegas y Noé Bautista quienes dieron parte de su ubicación.
Érika Ramírez y David Cilia, se dirigían a la comunidad autónoma a documentar el asesinato de las locutoras triquis de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, ocurrido el 7 de abril de 2008.
El atentado, perpetrado por la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), grupo paramilitar ligado al PRI y al gobernador del Estado Ulises Ruiz, ha recibido muestras de repudio de organismos civiles, sociales, políticos, académicos y de manera específica de dirigencias indígenas.
Beatriz Cariño, también directora del grupo Cactus, con sede en Huajuapan de León, formaba parte de la caravana humanitaria que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala en la mixteca oaxaqueña. Cariño, era esposa de Omar Esparza, fundador de la Red de Radios Comunitarias del Sureste.
San Juan Copala, se encuentra sitiado desde hace meses por grupos paramilitares que según denuncian autoridades autónomas y organizaciones sociales, actúan con la complacencia del gobierno de Oaxaca.
A esta comunidad pertenecían las locutoras, Teresa y Felicitas, asesinadas el 7 de abril del 2008, que el mes de diciembre del 2009 sumaban 18 crímenes de indígenas del municipio autónomo.
Según el recuento hecho por los sobrevivientes, la caravana fue cobardemente emboscada por unos 20 hombres armados.
Bety Cariño por más de 15 años, realizó un trabajo de acompañamiento comunitario en la región de la mixteca.
La también directora de Cactus, capacitaba a indígenas de la región y daba asesoría a las mujeres de la zona para la defensa de sus derechos.
Beatriz impulsó la creación de redes de economía solidaria en varias comunidades y logró junto con otras organizaciones crear la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano.
Ni el gobierno federal en manos del conservador Partido Acción Nacional (PAN), ni el gobierno estatal bajo la batuta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mostraban interés por los hechos.
Tuvieron que pasar más de dos días, para que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruis, diera señales de asomo.
Por su parte, el gobierno federal, tiene otras prioridades por lo que el Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, parece ajeno al conflicto. El silencio de la autoridad responsable de la seguridad interna del país hace al gobierno mexicano cómplice de estos crímenes.
Y no se diga del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien en un acto de insolencia y de falta de sensibilidad social, culpó a la caravana por la agresión y puso en tela de juicio el acompañamiento de extranjeros.
El periódico La Jornada, informó, que para Ruiz Ortiz, de lo que se trató fue de un enfrentamiento con el grupo de activistas, cuyos integrantes no sabemos quiénes son realmente; sabemos que hay extranjeros (pero) no sé si sean turistas, si vengan de paseo o si vengan a hacer un trabajo de activismo.
El mandatario agregó que las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) seguramente van a arrojar como resultado qué tipo de calidad migratoria tienen estos extranjeros que están participando de forma muy rara en un evento donde se registró un enfrentamiento.
Ruiz Ortiz negó que su gobierno hubiera tenido conocimiento previo de que la caravana viajaría a San Juan Copala, al tiempo que informó que la procuraduría estatal tiene la indicación de detener a quien tenga que detener y de ir a fondo en las investigaciones para saber qué sucedió realmente.
Las declaraciones del gobernante oaxaqueño, son refutadas por al menos un centenar de organizaciones indígenas y sociales de la entidad, quienes rectifican a Ulises Ruiz en el sentido de que el problema no se reduce a un enfrentamiento entre dos pueblos, sino a una problemática histórica que se ha dado en la región y que desafortunadamente existe una responsabilidad directa del Estado y su aparato gubernamental.
Los oaxaqueños acusan de que el gobernador de Oaxaca, no solo ha omitido instrumentar políticas tendientes a resolver el grave rezago social, sino ha soslayado a la posición que ha mantenido un cacicazgo y control, en donde lo recién vivido, es un reflejo de la absoluta impunidad con la que este grupo se desenvuelve, portando incluso armas de alto poder y de uso exclusivo del ejército.
El Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, CAMPO, Ojo de Agua Comunicación, Diversidades, Comité de Liberación 25 de Noviembre, Centro de Derechos Humanos Flor y Canto, Colectivo Huaxyacac, Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos AC, Grupo Mesófilo, Servicios del Pueblo Mixe SER MIXE, EDUCA, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO, Enlace Comunicación y Capacitación (Enlace) Tlaxiaco, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, Fundación Comunalidad, Fundación Rigoberta Menchú, Oaxaca Libre, Tianguis Indígena Multicultural, A.C., Lucero Mendizábal, NDACUKO AC, PROCA, firmaron el comunicado y demandaron al gobernador Ulises Ruiz, garantías para los caravanistas.
En el mismo sentido, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, destaca que a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos el Estado mexicano tiene el deber de prevenir cualquier tipo de violaciones y proteger los derechos a la vida y a la integridad personal frente a terceros.
Esta obligación, dice la, ONU se torna particularmente relevante en una zona cuyo clima de violencia había sido previamente denunciada por diversas organizaciones de la sociedad civil.
Naciones Unidas pide una investigación imparcial, expedita y efectiva de los hechos que tenga como objetivo el procesamiento y, en su caso, la sanción de las personas responsables.
El organismo internacional, solicita a México, adoptar las medidas necesarias para disminuir la tensión y la violencia en la zona Triqui, mediante el desarme de los grupos civiles y el establecimiento de mesas de mediación y diálogo entre las partes involucradas plenamente respetuosas de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre ellos su derecho a la libre determinación en los términos que señala la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La comunidad autónoma de San Juan Copala se ubica en el municipio de Juxtlahuaca, a más de 200 kilómetro de la ciudad de Oaxaca.
Conformada por más de 700 habitantes, enfrenta un cerco paramilitar derivado de la disputa de tierras entre organizaciones como la Ubisort de filiación priista, identificada con el gobierno de Ulises Ruiz, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, éste último, impulsor del municipio autónomo.
Fuente de estos datos: AIPIN ( Agencia Internacional de Prensa Indígena )
* Circulado por :
SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa
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