El cerco de moralina contra las FARC (II)
Mario Rivera Ortiz (especial para ARGENPRESS.info)
En el cerco político que está siendo tendido alrededor de las FARC por cinco gobiernos de los países amazónicos: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, y Colombia se cierra, pero el grupo insurgentes colombiano, hasta ahora, se ha negado a beber el brebaje mortal marcado como el M-19+AD. Las FARC viven, luchan y se desarrollan. Por tal motivo otros Estados burgueses han agregado al cerco militar y político, uno más, con el fin de dañar la imagen moral del grupo insurgente frente a los pueblos de América y el Caribe. Es el cerco de moralina que maneja el asunto del narcotráfico a través de los medios de comunicación.
Pero los hechos son implacables. El inmenso narco-mercado que funciona en el interior de los EEUU y de los países de la Unión Europea es prueba parlante de la verdadera condición moral de los acusadores de las FARC, pues dicho mercado no es un ente incorpóreo e inasible, que se mueva automáticamente por sí mismo o por influjo divino, sino que existen personas físicas y morales dentro de él que lo mantiene vivo; que lo organizan, lo administran y lo promueven, y también, una Bolsa de valores que guarda celosamente las grandes sumas de dinero que produce la narco-industria.
O sea pues que, las mismas personas que a través de sus representantes castrenses, comerciales, literarios y políticos, promueven la campaña mediática contra las FARC, son las que usufructúan dicho mercado.
El antecedente remoto de esta doble política del imperio lo encontramos en la Guerra del Opio desatada por Gran Bretaña contra China, en el bienio 1840-1842, para imponerle el contrabando de opio y ocupar enclaves territoriales. Más recientemente el patético caso de Colombia, del cual la senadora colombiana Piedad Córdoba dijo recientemente: asesinaron a muchos de los jefes de la droga famosos, como Pablo Escobar y a otros los extraditaron, como los Rodríguez Orejuela, pero después de eso se puede decir que se democratizó el negocio de la droga. El narcotráfico se democratizó entre los paracos, los balandros y los políticos más cercanos a Álvaro Uribe.
He aquí pues una radiografía incompleta de quienes han creado el cerco moralista anti-FARC, con el fin de justificar todo contra el grupo insurgente y paralizar la solidaridad potencial de algunos sujetos sociales que, por su naturaleza de clase y su innata mojigatería, suelen aceptar de buena gana todo tipo de intrigas. Son pues, hipócritas contumaces de nacimiento, que tiemblan de pies a cabeza ante las acusaciones del imperio y voltean la cara hacia otro lado, cuando se les muestra donde están los grandes patrones de la droga.
Ahora bien, tampoco vamos a golpearnos el pecho, hay que aceptar que el uso y abuso de las drogas es un mal que afecta a la humanidad en su conjunto; prácticamente no hay sector social libre de este problema, incluyendo aquellos del movimiento revolucionario internacional considerados puros, no digamos dentro de las clases sociales parasitarias; por ello, este asunto reclama un análisis cuidadoso y desapasionado.
A este respecto hay que tener presente que los revolucionarios de carne y hueso no vienen del limbo. Algunos de ellos, a lo largo de su vida, han sido irremediablemente contaminados por las costumbres de la sociedad donde han vivido bajo la educación burguesa tradicional y no pueden cambiar en el preciso momento en que pasan al campo de la lucha revolucionaria. Estas mismas personas son capaces todavía, durante mucho tiempo, aun militando lealmente en favor de una causa justa, de cometer errores y aún crímenes graves.
Hay que decir con toda claridad que dichas anomalías, de ninguna manera definen a la organización o al movimiento revolucionario en su conjunto y ni siquiera al individuo mismo, tal es el caso de los cubanos que encabezaba el General de División Arnaldo Ochoa Sánchez y Antonio De La Guardia Font, alto jefe de los servicios de Inteligencia cubana. Estos compañeros, en el periodo de 1986-1989, se involucraron en el narcotráfico y en el lavado de dinero y trabajaron de consuno con poderosos capos trasnacionales. Algunos de ellos llegaron, incluso, a utilizar el clásico pasaporte colombiano para facilitar sus movimientos.
¿Y quién por estos hechos podría hablar de un narco-Estado cubano? ¿Quién podría acusar a Ochoa Sánchez, De La Guardia Font y compañeros, de haber sido contrarrevolucionarios? ¡Ni los fiscales más duros que los enjuiciaron lo hicieron nunca! Lo mismo podríamos decir de las FARC, en el caso de que alguien dentro de sus filas hubiese caído en las tentaciones que despiertan los florecientes mercados, colombiano e internacional, de drogas. El rasero debe ser uniforme.
Es más, en la historia de nuestros países existen ejemplos de revolucionarios auténticos que surgieron del bandolerismo social y nadie se atreve, salvo la morralla más reaccionaria, a dudar por ello de su gran valor histórico; verbigracia Pancho Villa en México, Edesio, el Rey de la Sierra Maestra y el legendario Cuini, en Cuba.
Por otra parte, cuando se presentan estos problemas en las formaciones insurgentes, habitualmente han sido resueltos por la justicia revolucionaria y de ninguna manera por los tribunales burgueses. De sobra se sabe cómo funcionan y a quiénes sirven los tribunales del imperio, desde el Consejo de Seguridad de la ONU, hasta el Tribunal Internacional de la Haya. Sus leyes para castigar los ilícitos relativos al tráfico y consumo de estupefacientes siempre han sido puro y simple papel del baño. La experiencia al respecto es vasta, recordad si no, los resultados nulos que produjo la llamada Ley Seca en los EE.UU., en el periodo de 1920-1933, y la Ley Gorvachov en la ex Unión Soviética. Ambas, sólo impulsaron la producción doméstica de bebidas alcohólicas e dispararon la violencia social.
Entonces, ¿qué realmente se persigue con las acusaciones contra las FARC, el MLN y otros grupos insurgentes que operan en Colombia y otros países, cuando se les endilga sin prueba alguna el cargo de narcotraficantes? Justificar sospechosos silencios y proseguir la persecución de los rebeldes hasta su aniquilamiento, objetivo que, por lo demás, está condenado al fracaso, pues más temprano que tarde los pueblos de América confraternizarán en la lucha contra el enemigo común, con o sin los gobiernos que así lo decidan.
Otro problema que también ha estremecido a algunas personas de buena fe, es el relativo a los prisioneros de guerra de las FARC, pero este tema reclama mayor espacio.
Ver también:
- El cerco político de las FARC
En el cerco político que está siendo tendido alrededor de las FARC por cinco gobiernos de los países amazónicos: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, y Colombia se cierra, pero el grupo insurgentes colombiano, hasta ahora, se ha negado a beber el brebaje mortal marcado como el M-19+AD. Las FARC viven, luchan y se desarrollan. Por tal motivo otros Estados burgueses han agregado al cerco militar y político, uno más, con el fin de dañar la imagen moral del grupo insurgente frente a los pueblos de América y el Caribe. Es el cerco de moralina que maneja el asunto del narcotráfico a través de los medios de comunicación.
Pero los hechos son implacables. El inmenso narco-mercado que funciona en el interior de los EEUU y de los países de la Unión Europea es prueba parlante de la verdadera condición moral de los acusadores de las FARC, pues dicho mercado no es un ente incorpóreo e inasible, que se mueva automáticamente por sí mismo o por influjo divino, sino que existen personas físicas y morales dentro de él que lo mantiene vivo; que lo organizan, lo administran y lo promueven, y también, una Bolsa de valores que guarda celosamente las grandes sumas de dinero que produce la narco-industria.
O sea pues que, las mismas personas que a través de sus representantes castrenses, comerciales, literarios y políticos, promueven la campaña mediática contra las FARC, son las que usufructúan dicho mercado.
El antecedente remoto de esta doble política del imperio lo encontramos en la Guerra del Opio desatada por Gran Bretaña contra China, en el bienio 1840-1842, para imponerle el contrabando de opio y ocupar enclaves territoriales. Más recientemente el patético caso de Colombia, del cual la senadora colombiana Piedad Córdoba dijo recientemente: asesinaron a muchos de los jefes de la droga famosos, como Pablo Escobar y a otros los extraditaron, como los Rodríguez Orejuela, pero después de eso se puede decir que se democratizó el negocio de la droga. El narcotráfico se democratizó entre los paracos, los balandros y los políticos más cercanos a Álvaro Uribe.
He aquí pues una radiografía incompleta de quienes han creado el cerco moralista anti-FARC, con el fin de justificar todo contra el grupo insurgente y paralizar la solidaridad potencial de algunos sujetos sociales que, por su naturaleza de clase y su innata mojigatería, suelen aceptar de buena gana todo tipo de intrigas. Son pues, hipócritas contumaces de nacimiento, que tiemblan de pies a cabeza ante las acusaciones del imperio y voltean la cara hacia otro lado, cuando se les muestra donde están los grandes patrones de la droga.
Ahora bien, tampoco vamos a golpearnos el pecho, hay que aceptar que el uso y abuso de las drogas es un mal que afecta a la humanidad en su conjunto; prácticamente no hay sector social libre de este problema, incluyendo aquellos del movimiento revolucionario internacional considerados puros, no digamos dentro de las clases sociales parasitarias; por ello, este asunto reclama un análisis cuidadoso y desapasionado.
A este respecto hay que tener presente que los revolucionarios de carne y hueso no vienen del limbo. Algunos de ellos, a lo largo de su vida, han sido irremediablemente contaminados por las costumbres de la sociedad donde han vivido bajo la educación burguesa tradicional y no pueden cambiar en el preciso momento en que pasan al campo de la lucha revolucionaria. Estas mismas personas son capaces todavía, durante mucho tiempo, aun militando lealmente en favor de una causa justa, de cometer errores y aún crímenes graves.
Hay que decir con toda claridad que dichas anomalías, de ninguna manera definen a la organización o al movimiento revolucionario en su conjunto y ni siquiera al individuo mismo, tal es el caso de los cubanos que encabezaba el General de División Arnaldo Ochoa Sánchez y Antonio De La Guardia Font, alto jefe de los servicios de Inteligencia cubana. Estos compañeros, en el periodo de 1986-1989, se involucraron en el narcotráfico y en el lavado de dinero y trabajaron de consuno con poderosos capos trasnacionales. Algunos de ellos llegaron, incluso, a utilizar el clásico pasaporte colombiano para facilitar sus movimientos.
¿Y quién por estos hechos podría hablar de un narco-Estado cubano? ¿Quién podría acusar a Ochoa Sánchez, De La Guardia Font y compañeros, de haber sido contrarrevolucionarios? ¡Ni los fiscales más duros que los enjuiciaron lo hicieron nunca! Lo mismo podríamos decir de las FARC, en el caso de que alguien dentro de sus filas hubiese caído en las tentaciones que despiertan los florecientes mercados, colombiano e internacional, de drogas. El rasero debe ser uniforme.
Es más, en la historia de nuestros países existen ejemplos de revolucionarios auténticos que surgieron del bandolerismo social y nadie se atreve, salvo la morralla más reaccionaria, a dudar por ello de su gran valor histórico; verbigracia Pancho Villa en México, Edesio, el Rey de la Sierra Maestra y el legendario Cuini, en Cuba.
Por otra parte, cuando se presentan estos problemas en las formaciones insurgentes, habitualmente han sido resueltos por la justicia revolucionaria y de ninguna manera por los tribunales burgueses. De sobra se sabe cómo funcionan y a quiénes sirven los tribunales del imperio, desde el Consejo de Seguridad de la ONU, hasta el Tribunal Internacional de la Haya. Sus leyes para castigar los ilícitos relativos al tráfico y consumo de estupefacientes siempre han sido puro y simple papel del baño. La experiencia al respecto es vasta, recordad si no, los resultados nulos que produjo la llamada Ley Seca en los EE.UU., en el periodo de 1920-1933, y la Ley Gorvachov en la ex Unión Soviética. Ambas, sólo impulsaron la producción doméstica de bebidas alcohólicas e dispararon la violencia social.
Entonces, ¿qué realmente se persigue con las acusaciones contra las FARC, el MLN y otros grupos insurgentes que operan en Colombia y otros países, cuando se les endilga sin prueba alguna el cargo de narcotraficantes? Justificar sospechosos silencios y proseguir la persecución de los rebeldes hasta su aniquilamiento, objetivo que, por lo demás, está condenado al fracaso, pues más temprano que tarde los pueblos de América confraternizarán en la lucha contra el enemigo común, con o sin los gobiernos que así lo decidan.
Otro problema que también ha estremecido a algunas personas de buena fe, es el relativo a los prisioneros de guerra de las FARC, pero este tema reclama mayor espacio.
Ver también:
- El cerco político de las FARC
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