El verdadero cuarto poder

Por Marcela Jiménez / La Nación Domingo

Desde 2005 goza de notables atribuciones que hacen temblar la institucionalidad, anteponiéndose a la autoridad elegida democráticamente e interfiriendo en políticas públicas, como fue la distribución de la píldora del día después. Más grave aún es que connotados concertacionistas se han hecho parte de este cerco institucional, que se ha convertido en una angustiante pesadilla para La Moneda.

Cría cuervos y te sacaran los ojos, fue la frase que en privado repitieron este miércoles en Valparaíso varios de los senadores PS por el fallo que el Tribunal Constitucional (TC) dictó esta semana impugnando el préstamo por 400 millones de dólares solicitado por el Gobierno al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Transantiago, y también al crédito que realizó BancoEstado al sistema de transporte capitalino.

Si bien la molestia era generalizada contra el TC por el traspié que esta resolución implicó para La Moneda, la frase iba dirigida especialmente a uno de sus integrantes: Hernán Vodanovic, socialista histórico, que llegó a dicho tribunal con los votos de sus "compañeros" de partido en la cámara alta y que, para disgusto de varios, se sumó al fallo mayoritario del TC. Pero junto a este dato, a ojos de la Concertación, esta nueva declaración de inconstitucionalidad siembra dudas sobre las atribuciones de este tribunal, que en más de una ocasión, afirman, ha actuado como un suprapoder de decisiones, que son resorte de la autoridad política, elegida democráticamente.

Desde la reforma de 2005, aquella con que el Presidente Ricardo Lagos pudo borrar el nombre del general Augusto Pinochet de la Constitución de 1980 y reemplazarla por la suya, el TC se empoderó aún más al otorgársele la atribución de realizar el control de constitucionalidad de decretos y resoluciones. Esa facultad es la que le ha permitido contravenir a requerimiento de parlamentarios de derecha políticas definidas desde La Moneda, como fue la distribución de la píldora del día después en el sistema público de salud, como método anticonceptivo de emergencia. El TC prohibió que se repartiera el Progestinor 2 en consultorios, pero no se pronunció sobre su comercialización en el sector privado, manteniéndose el criterio discriminatorio en el acceso a dicha píldora.

En el caso del préstamo del BID, no es un dato menor que el decreto presidencial contara con el visto bueno de la Contraloría, e incluso con un informe en derecho elaborado por su jefe, Ramiro Mendoza, en respuesta a la solicitud de parlamentarios de la Alianza de abstenerse de la toma de razón del decreto en cuestión.

Según constitucionalistas consultados por LND, "lo que resolvió el TC no fue la legalidad de los decretos, sino su constitucionalidad. Eso explica la divergencia de opiniones entre la Contraloría y el TC, pues son dos carriles paralelos. Se espera que si algo se ajusta a la ley, esto también sea a la Constitución, y cuando no ocurre llama poderosamente la atención", precisan en el foro.

Vivir con diez

Con la reforma de 2005, los miembros del TC aumentaron de siete a diez. Hoy está integrado por Raúl Bertelsen, Marisol Peña, José Luis Cea, Marcelo Venegas y Enrique Navarro, señalados como el alma más conservadora del tribunal. En el otro bando están el independiente Juan Colombo, los PS Francisco Fernández y Hernán Vodanovic, y por la DC, Jorge Correa Sutil y Mario Fernández.

Tres designados por el Presidente, otros tres por la Corte Suprema, dos son elegidos por el Senado y otros dos por propuesta de la Cámara de Diputados, con ratificación del Senado.

Algunas de sus atribuciones son controlar los proyectos de reforma constitucional y los tratados internacionales sometidos a la aprobación del Congreso; resolver la constitucionalidad relativa a autos acordados de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y del Tribunal Calificador de Elecciones; zanjar contiendas suscitadas entre las autoridades políticas, administrativas y los tribunales de justicia que no correspondan al Senado, y pronunciarse sobre inhabilidades, incompatibilidades, renuncias y causales de cesación del cargo del Presidente de la República, ministros y los parlamentarios.

Pero precisamente la facultad de controlar los actos del Ejecutivo, que en la mayoría de las democracias modernas lo realiza la Corte Suprema, es lo que genera más ronchas. Dicha interferencia en decisiones propias de una autoridad democrática ha alzado al TC como un poder fáctico, que impugna decretos y resoluciones, como con la píldora o el mismo préstamo del BID. En opinión de constitucionalistas, en ningún país del mundo que cuenta con este organismo "se esperan decisiones sobre temas tan directamente políticos, de resorte de la autoridad [Presidente]".

Amigo colorín

Hernán Vodanovic, hace más de dos décadas, mantiene una estrecha amistad con Adolfo Zaldívar. Desde antes del plebiscito se juntaban habitualmente en el entonces bar La Casa Suiza, citas a las que también asistía el PRSD Mario Papi.

La amistad ha sido a toda prueba. Vodanovic fue senador por Aysén entre 1990 y marzo de 1994, y cuando en 2001 Zaldívar postuló por esa zona, su amigo lo apoyó. Aunque para ello movilizó parte de las bases regionales del PS a favor de su candidatura, generando un conflicto interno en el socialismo y perjudicando al candidato radical, Anselmo Sule. "Fue un tercio de ese regional que se marginó por apoyar al colorín Zaldívar; los cabecillas fueron expulsados del partido", aseguran en el PS.

El 2005, la mesa PS postulaba al abogado Francisco Zúñiga como miembro del TC, pero Zaldívar intercedió a favor de Vodanovic para que los senadores Carlos Ominami, José Antonio Viera-Gallo, Ricardo Núñez, Jaime Gazmuri y Jaime Naranjo votaran a su favor, siendo aprobado en enero de 2006 por el Senado, con los votos en contra del PRSD.

Con estos antecedentes, muchos en la Concertación no dudan de que el voto de Vodanovic en el fallo de esta semana habría sido una "pasada de cuentas" a La Moneda, en la que estaría involucrado el presidente del Senado. Y aunque el voto de Vodanovic no marcó grandes diferencias, la lectura política fue inevitable: él, junto a Mario Fernández y Jorge Correa Sutil, le dieron la espalda a La Moneda, desencadenando una duro traspié al financiamiento del Transantiago y contribuyendo a la teoría del desalojo. Crítica que fue analizada en una de las reuniones del comité político de esta semana y que fue compartida por el jefe de gabinete, Edmundo Pérez Yoma.

Se habla de un cerco institucional al Gobierno, impulsado por Zaldívar, aliado con la derecha, y de un excesivo conservadurismo del TC, que habría fagocitado a varios de sus integrantes, como al DC Jorge Correa. Ahora sólo queda esperar futuros fallos de este tribunal para ver si la pesadilla de La Moneda continúa con este cuarto poder.

►1. Marisol Peña: Abogada conservadora y profesora de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ejército. Defensora de la Constitución de 1980, fue designada al TC por la Corte Suprema en enero de 2006 como abogada integrante y en mayo del mismo año como ministra. Su cargo es por tres años, por lo que deberá ser reemplazada en abril de 2009. ►2. Jorge Correa Sutil: Abogado de la PUC y DC, fue subsecretario del Interior entre 2001 y 2006. En enero de 2006 fue nombrado por el Presidente Ricardo Lagos para el TC por sólo tres años. Su cupo será renovado en abril de 2009. ►3. Hernán Vodanovic: Abogado PS, fue miembro de su Comité Central y vicepresidente de dicho partido hasta el 30 de diciembre de 2005. Es designado al TC por el Senado a partir del 3 de enero de 2006, por un período de nueve años. Estará en el cargo hasta 2015. ►4. José Luis Cea: Abogado conservador, fue miembro de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y entre 1993 y 1994 integró la Corte de Apelaciones de Santiago. Profesor de Derecho Político y Derecho Constitucional en la U. de Chile y la PUC. Designado para el TC por el Consejo de Seguridad Nacional en 2002, es el único que está en el cargo por ocho años, por lo que será reemplazado en 2010. ►5. Juan Francisco Colombo: Independiente de filo DC, es el presidente del TC. Desde 1965 ha sido profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile. Fue por 10 años abogado integrante de la Corte Suprema, y en 1980 fue el primer abogado integrante del TC. En enero de 2010, al cumplir 75 años, dejará su asiento en el tribunal. ►6. Raúl Bertelsen: Miembro de la Comisión de Estudio de la Constitución de 1980, fue rector de la Universidad de los Andes. Abogado integrante del TC entre 1997 y 2005. El Senado lo designó como miembro por un período de nueve años. Estará en el cargo hasta 2015. ►7. Mario Fernández: Se paseó por varios cargos en los gobiernos de la Concertación, desde la Subsecretaría de Guerra a la Segpres. Fue ministro de Defensa y embajador en Alemania. Nombrado para el TC por el Senado a partir del 1 de enero de 2006 por un período de seis años, estará en el cargo hasta 2012. ►8. Marcelo Venegas: Entre 1987 y 1990 fue fiscal del Indap. En 1997 fue asesor de Sergio Romero en la presidencia del Senado y luego se incorporó al Instituto Libertad, de RN, como asesor jurídico. Propuesto por la Cámara, el Senado aprobó su nombramiento, incorporándose al TC el 1 de febrero de 2006. Está en el cargo por nueve años, hasta 2015. ►9. Francisco Fernández: Abogado PS y fiscal de la Agencia de Cooperación Internacional entre 1991 y 1993. Fue director del Servicio Nacional del Consumidor hasta 1998. Entre 2000 y 2001 fue fiscal nacional económico, y hasta el 2006 ejerció como presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas. En agosto de 2006 fue designado para el TC por la Corte Suprema. Su cargo es por nueve años, hasta agosto de 2015. ►10. Enrique Navarro: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, fue designado al TC por el Pleno de la Corte Suprema en abril de 2006, previo concurso público. Está en el cargo por seis años, hasta abril de 2012.

CRONOLOGíA DEL TC 1970. Al final de su mandato, Frei Montalva logró promulgar, el 23 de enero de 1970, la “Gran Reforma” a la Constitución (Ley Nº 17.284), creando el TC con facultades de control de constitucionalidad preventiva de la ley; de control sobre decretos con fuerza de ley, además de pronunciarse sobre las inhabilidades de ministros, entre otras. En ese entonces tenía cinco miembros y el primer TC fue integrado por Enrique Silva Cimma, Jacobo Schaulsohn, Adolfo Veloso y los ministros de la Corte Suprema Rafael Retamal e Israel Bórquez. 1973. El 20 de octubre de 1970 se presentó el proyecto Hamilton-Fuentealba, una reforma constitucional que regulaba las tres áreas –privada, mixta y pública– de la economía. En mayo de 1973 se desató la controversia por el quórum con que ambas cámaras habían rechazado los vetos presidenciales presentados contra la obligación de definir por ley las empresas que pasaban al área social. Allende pidió el arbitraje del TC argumentando que ambas cámaras no podían imponerse sobre la voluntad del Jefe de Estado por un quórum menor a los dos tercios. El TC se declaró incompetente y dicha ambigüedad sirvió de “justificación jurídica” para el golpe militar. 1980. La Junta Militar, con el Decreto Ley Nº 119 del 5 de noviembre de 1973, cerró el TC por estimarlo un órgano “innecesario”. Se reinstauró con la Constitución de 1980 y quedó conformado por siete miembros –tres jueces de la Suprema, un abogado designado por el Presidente, dos elegidos por el Cosena y uno por el Senado por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio–, quienes durarían ocho años en sus cargos en forma inamovible, renovándose por parcialidades cada cuatro. 2005. Con la remozada Constitución firmada por el Presidente Lagos, fueron eliminados los senadores designados y vitalicios; se ampliaron las facultades fiscalizadoras de la Cámara; se redujo el mandato presidencial de seis a cuatro años sin reelección y se suprimió el rol de garantes de las Fuerzas Armadas. El TC aumentó a 10 sus integrantes. En contra de sus resoluciones no cabe recurso. Se constituye en la máxima garantía del Estado de Derecho. 2008. En abril de este año el TC emitió el polémico fallo que prohibió la distribución de la píldora del día después en el sistema público de salud, contraviniendo la decisión de repartir dicho anticonceptivo de emergencia en todos los consultorios. El fallo acogió el requerimiento presentado por 36 diputados de la Alianza. Los miembros del TC desestimaron inhabilitar a Raúl Bertelsen, quien había presentado un estudio en derecho contra el anticonceptivo de emergencia en 2004.