Gobierno responde con represión exigencias estudiantiles

La policía chilena disolvió este miércoles en Santiago una marcha pacífica de estudiantes que acabó con 292 detenidos, en protesta contra una ley de Educación que se debate en el Congreso, hasta donde llegaron unos 10 mil profesores que también la rechazan.

Alrededor de 3 mil estudiantes desafiaron la lluvia y organizaron una marcha no autorizada por la Intendencia (gobernación) por las principales calles de la capital. Los efectivos policiales dispersaron a los manifestantes con bombas lacrimógenas y carros lanza agua, y éstos contestaron con palos y piedras.

Rodrigo Soto, portavoz de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Universitarios y Secundarios, que ha mantenido reuniones con la Intendencia para lograr que permitiera la marcha, declaró que "lamentablemente una vez más el Gobierno de Chile nos prohíbe un derecho constitucional que es el de manifestarnos de manera libre".

En el puerto de Valparaíso, sede del Legislativo, una masiva marcha de profesores a la que se juntaron estudiantes copó las calles principales de la ciudad, a 120 kilómetros al oeste de Santiago, mientras en el Parlamento se desarrollaba un accidentado debate sobre el proyecto de la nueva Ley General de Educación (LGE).

"Creo que superamos con creces las 10 mil personas. Esta es una expresión de masas extraordinaria para enseñar al Parlamento que legisle de acorde a la ciudadanía", dijo Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores.

Esta nueva ley de educación se tramita actualmente en el Congreso para derogar una normativa que viene de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

Sin embargo estudiantes y profesores consideran que la iniciativa legal en curso aumenta la desigualdad y la segregación en la educación y exigen el fortalecimiento de la educación pública y terminar con la selección de alumnos en los colegios.

El Gobierno ha reiterado que la LGE permitirá garantizar "una educación de calidad para todos", según dijo el martes la ministra de Educación, Mónica Jiménez.

Pero el diputado socialdemócrata René Alinco dijo a los periodistas que la LGE fue "hecha a la medida de la derecha. Todo Chile sabe que la calidad de la educación pública es muy mala, por lo tanto no se puede competir con los poderosos".

En Chile cualquier ciudadano con suficiente capital puede instalar una escuela, cobrar por la matrícula y obtener utilidades por su inversión. La educación es un negocio subvencionado por el Estado chileno que paga por asistencia de alumnos a las escuelas.

Minorías extranjeras también pueden establecer escuelas en las que se enseña con programas dictados por gobiernos extranjeros y en algunos casos en el idioma nativo de ellos.

Las Universidades son pagadas y el promedio cobra alrededor de 500 dólares mensuales por cada alumno. El gobierno, para paliar la profunda desigualdad que genera la privatización de la enseñanza superior, ha establecido un sistema de crédito que es administrado por bancos privados y que endeuda a los estudiantes por grandes sumas por las altas tasas de interés de esos créditos.

El sistema educacional chileno está en crisis desde hace varios años, por la insistencia del gobierno de la Concertación en no moverse ni un milímetro de los principios neoliberales impuestos por la dictadura de Pinochet e insistir en que el mercado debe regular la “oferta” educacional.

Hasta la fecha el gobierno sólo ha respondido con lo que denominó un Consejo de la Educación del que se retiraron los dos representantes de los estdiantes porque en ese consejo no se aceptó la eliminación del concepto de lucro en la educación.

El Gobierno parece carecer de respuestas a las demandas de los estudiantes, a las que se sumaron los maestros de Chile, por lo que hasta ahora ha respondido sólo con la represión policial a las manifestaciones públicas, ocupaciones de locales escolares y otras actividades que desarrollan los estudiantes para darle fuerza a sus demandas.