Coyuntura y pronósticos
Existen opiniones contrapuestas sobre la duración e intensidad del freno económico. Algunos analistas estiman que la paralización productiva será corta, si en el semestre en curso repunta el nivel de actividad del principal socio del país. Consideran que las medidas de estimulo fiscal adoptadas por el gobierno brasileño repercutirán positivamente sobre Argentina. También pronostican que el ciclo ascendente se reabrirá en el 2013, si se confirman las previsiones de cosecha récord con precios elevados. El aluvión de dólares resultante de esas ventas aliviaría las necesidades fiscales, en un ejercicio con menores vencimientos de la deuda pública.
Otros economistas describen un horizonte más sombrío, tanto por el agotamiento del ciclo precedente como por la ausencia de inversión privada. Pero nadie avizora la reaparición de una situación de colapso semejante al 2001-02. Se debate el alcance que tendría una recesión, tomando la caída del 2009 como referencia comparativa.
Resulta muy difícil explicar la coyuntura actual partiendo de un diagnóstico oficial, que retrata como “se nos cayó el mundo encima”. En los hechos ese impacto externo es limitado. Es cierto que el estancamiento de Brasil afecta seriamente a la exportación industrial. Pero la debacle europea tiene consecuencias reducidas y el relativo aislamiento del sistema financiero local, neutraliza los efectos del temblor bancario internacional.
Por otra parte, los precios por tonelada de la principal exportación argentina se ubican en un impensado récord de los 600 dólares por causas climáticas (sequía en Estados Unidos) y financieras (especulación con las materias primas). La duración de esa sorprendente apreciación es impredecible, pero contribuye a sostener la mejora del 24% que han registrado los términos de intercambio comercial desde el 2007.
Los economistas del oficialismo relativizan estos datos y estiman que Argentina capea la tormenta global por su acertado manejo de las variables macro-económicas. Contrastan este comando con la desastrosa gestión que prevalece en la periferia europea. Comparan ambas situaciones y remarcan la capacidad que ha exhibido el país para enfrentar el mismo temporal, “sin recurrir al ajuste”. (1)
Esta caracterización no aclara por qué razón los gobiernos neoliberales de América Latina (Chile, Colombia, México, Perú), tampoco atraviesan por un período de ajuste. Afrontan una coyuntura parecida a la Argentina, aplicando estrategias económicas de apertura, privatización y flexibilidad laboral semejantes a sus pares europeos.
Es evidente que la crisis global tiene impactos distintos en cada región, en función del ciclo o la inserción financiero-comercial de cada país en la economía mundial. Por las mismas razones que la crisis capitalista incide en forma divergente en Estados Unidos y en China o en la India y Francia, la situación de América Latina difiere de Europa. Para comprender este contraste hay que evitar las analogías superficiales, que sólo buscan ponderar los méritos de una política económica en desmedro de otra. (2)
El contrapunto entre Grecia o España con Argentina no es válido. Se equiparan economías que afrontan contextos objetivos muy disímiles. Lo pertinente sería contrastar la situación actual de esos países con nuestro colapso del 2001-02. Sólo en ese momento Argentina soportaba un desmoronamiento equivalente y conviene recordar que durante ese desplome, todos los oficialistas de turno (del PJ o la Alianza) eran ejecutores del ajuste. Sólo adoptaron la bandera del crecimiento cuando la crisis amainó.
El uso de la tormenta financiera global como argumento político de ocasión, induce a manipular las evaluaciones, en función de las conveniencias del momento. La misma coyuntura es utilizada para magnificar el torbellino (y justificar por ejemplo el adelantamiento de las elecciones) o para resaltar lo opuesto: la fortaleza de un modelo “blindado” frente a cualquier avatar internacional.
El análisis serio de lo que está ocurriendo exige, en cambio, constatar el efecto contradictorio de la crisis mundial sobre la economía argentina y las grietas internas del modelo actual. Este esquema ya dejó atrás el primer periodo de expansión sin obstáculos (2003-2008) y la segunda etapa de acotados desajustes (2009-2011).
Tres focos de tensión
La inflación es el primer problema específico de la economía nacional. El absurdo encubrimiento de la carestía que realiza el INDEC impide transparentar la gravedad de este flagelo. Los índices provinciales ubican el ascenso de los precios en torno al 23% anual y otras mediciones (encuestadoras privadas, índices barriales, cálculos del Congreso, consultoras oficialistas) estiman porcentajes semejantes.
La inflación está recreando un alarmante nivel de pobreza e indigencia y tiende a licuar la asignación universal. Podría incluso impactar sobre los salarios del sector formal, al des-actualizar los montos recientemente negociados en las convenciones colectivas. Lo que se acordó en las paritarias perderá vigencia si persiste la escalada de los precios. Este efecto puede ser muy significativo para la mitad de los asalariados en blanco que gana menos de 4000 pesos.
Muchos determinantes se conjugan para producir el resultado inflacionario, pero los precios principalmente aumentan para mantener la rentabilidad de las grandes empresas. Los grupos capitalistas concentrados aseguran sus beneficios con remarcaciones.
Desde el 2008 la inflación ha reflejado fuertes restricciones de la oferta, que a su vez derivan del reducido nivel de inversión. Los precios han ascendido por una baja provisión de productos frente a una demanda recompuesta. Con la misma capacidad instalada ya no se pueden satisfacer mayores pedidos de compra.
También la creciente emisión monetaria comienza a emerger como un acelerador potencial de inflación. El ritmo de creación de dinero se ha multiplicado y la cantidad de pesos en circulación puede motorizar, como en el pasado, una inercia ascendente de los precios.
El segundo problema importante de la coyuntura es la continuada salida de capitales. Por pagos de la deuda y remisiones de utilidades, el año pasado emigraron 13.500 millones de dólares, es decir el equivalente a todo el excedente comercial. Entre fines del 2007 y octubre 2011, el monto total de esos retiros alcanzó 80.000 millones de dólares. Esta sangría sólo quedó neutralizada por los 100.000 millones de dólares que generó la exportación.
La magnitud de esa salida de capitales obedece a múltiples razones. Las filiales locales de las empresas extranjeras transfirieron enormes sumas de dinero a sus casas matrices, para compensar el deterioro imperante en las economías centrales. Además, muchas empresas locales continuaron diversificando inversiones en el exterior, mientras resguardan parte de su capital fuera del país.
La industria volvió a enfrentar, por otra parte, el típico cuello de botella externo que irrumpe al cabo de un ciclo de prosperidad. En esos períodos se acentúa el déficit comercial de un sector que consume muchas divisas con la importación de componentes. Finalmente, la inédita avalancha de compras externas de combustible que produjo la decreciente provisión interna de petróleo, determinó otro caudal de dólares perdidos.
La continuada expectativa de devaluación que genera la brecha cambiaria acentúa la emigración de capitales. El denominado “retraso del dólar” obedece en realidad a un “adelanto de la inflación”, que ha desarticulado la relación entre ambas variables. Desde el 2007 la cotización de la divisa se apreció un 43%, frente a una escala de 189% de los precios internos.
El tercer problema severo del contexto actual es el desequilibrio fiscal. El superávit fiscal primario se ha esfumado, cualquiera sea la interpretación técnica del cómputo del desbalance (por el financiamiento que realizan el Banco Central y el ANSES). El excedente que rodeó al debut del modelo ha desaparecido y el gobierno recurre a múltiples instrumentos para compensar esa pérdida.
La ausencia de reformas impositivas progresivas es la principal causa del bache fiscal. Este cambio en la recaudación resulta indispensable para equilibrar con nuevos ingresos, la significativa ampliación del gasto público. La perdurabilidad del viejo sistema regresivo ha dado lugar en los últimos años un desfasaje insostenible, por la magnitud de los desembolsos oficiales en dos rubros muy deficitarios (energía y transporte).
El deterioro fiscal afecta duramente a las provincias, que incrementaron sustancialmente el empleo público (de 764.000 a 1,2 millones de empleados entre 2003 y 2012) y ahora no pueden financiar esa expansión. La plantilla salarial absorbe más de la mitad de esos presupuestos. El des-financiamiento provincial se acentuó, además, por la pérdida de los porcentuales recibidos en concepto de coparticipación federal. Este ingreso se redujo primero del 50,6% del total (1993), al 34 % (2009) y últimamente al 32,7% (2011)). Frente al enorme rojo que afecta a las cuentas públicas de todo el interior resulta poco creíble la explicación presidencial, que atribuye el desbalance a la ineficiencia de los gobernadores.
Esa interpretación omite que las mismas limitaciones fiscales golpean al gobierno nacional. Estas dificultades ejemplo han determinado, por ejemplo, el retraso en la adaptación del mínimo no imponible al aumento de los salarios. Por esta razón la incidencia del impuesto a las ganancias sobre los sueldos se ha transformado en un problema de envergadura. Más de 3 millones de trabajadores tributan un gravamen formalmente destinado a los beneficios empresarios. En muchos casos ese pago absorbe un aguinaldo entero.
Las consecuencias de preservar un sistema tributario tan regresivo saltan a la vista. Las exenciones a la renta financiera y a las industrias promocionadas le restan anualmente al fisco 8900 millones de pesos. Esta suma supera con creces el costo fiscal de 3000 millones de pesos, que implicaría eliminar un gravamen a salarios tipificados como beneficios.
Pero lo peor es la justificación oficialista de este impuesto como una penalidad a la “aristocracia obrera”. Afirman que este sector mejoró su nivel de ingresos y debe ampliar su contribución impositiva. Con ese criterio se supone que la equidad avanzará con tributos a los trabajadores calificados y eximiciones a los financistas.
Hace algunos años se utilizaba el mismo razonamiento para avalar el arancelamiento de las universidades estatales. Se afirmaba que la clase media debe pagar más que los pobres por el uso de un servicio público. De esta forma se iguala para abajo y elude eliminar los privilegios impositivos que amparan a los grupos enriquecidos.
El disfraz del ajuste
La inflación, la salida de capitales y el déficit fiscal han complicado el escenario económico. El establishment presiona al gobierno para que implemente un fuerte atropello contra los trabajadores. Desde noviembre pasado hacen valer esa exigencia en el mercado cambiario, a través de grandes compras de dólares.
Los hombres de negocios plantean tres reclamos -corte de la emisión, devaluación y re-endeudamiento- a través de viejos voceros, que han vuelto a la pantalla (desde Jorge Broda hasta Domingo Cavallo). Despliegan sus recomendaciones apostando a la amnesia colectiva de lo ocurrido en los 90.
Los antiguos expertos de la Convertibilidad despotrican contra restricciones a las libertades económicas individuales, como si la economía capitalista funcionara sin estrictas regulaciones. Repiten la trillada comparación de la economía doméstica con su equivalente nacional, para recordar que “no se puede gastar más de lo que ingresa”. Pero no sólo olvidan sus récords de endeudamiento. Omiten la diferencia cualitativa que separa a una familia -con recursos acotados- de un estado, con capacidad para incidir sobre el nivel general de actividad mediante políticas macro-económicas.
Los derechistas pronostican el “rodrigazo” y lo impulsan en la práctica. Buscan la auto-destrucción del gobierno actual, fantaseando con el retorno del neoliberalismo ortodoxo. Ante el desmoronamiento de las economías que elogiaban en la década pasada (como España o Irlanda), ahora convocan a imitar el modelo chileno, peruano o colombiano.
Pero lo más chocante es su despliegue de hipocresía. Los apologistas del libre-comercio cuestionan la “soja-dependencia” (Carlos Melconian). Los antiguos voceros de las AFJP alertan contra el “derroche del dinero de los jubilados”. Los emporios periodísticos que lucraban con la privatización del sistema previsional titulan con las desgracias de la clase pasiva (Clarín). Los ex gerentes de bancos norteamericanos denuncian el aumento del endeudamiento público (Alfonso Prat Gay).
Algunos ajustadores reclaman directamente la devaluación (Ricardo López Murhpy). Otros proponen lo mismo con fórmulas más elegantes. Hablan de “corrección cambiaria” (Roberto Frenkel), “ordenamiento de las variables desajustadas” (Roberto Lavagna) o eliminación del “cepo cambiario” (Juan José Llach). Todos ocultan que esa medida provocaría un deterioro inmediato de los ingresos populares. (3)
Ninguno propone reducir la inflación acotando la rentabilidad de los capitalistas. Recetan un enfriamiento de la economía que denominan “política antiinflacionaria eficaz” (Rapaport Luis), o “sinceramiento de los precios” (Rogelio Frigerio). Tampoco se les ocurre corregir el déficit fiscal cortando las subvenciones a los grandes grupos. Sólo convocan a terminar con “la fiesta del gasto público” (Andrés Oppenheimer). Su verdadero objetivo es anular las mejoras sociales logradas en los últimos años. (4)
Los derechistas consideran pecaminoso reducir el desbalance de las cuentas públicos con algún impuesto a los acaudalados. Por esta razón pusieron el grito en el cielo, ante el tibio revalúo rural realizado en la provincia de Buenos Aires, para actualizar valores de terrenos que tributaban siete veces menos que en 1984.
Los economistas del establishment han hecho también un escándalo por el control de las importaciones (Federico Sturzenegger), omitiendo que estas restricciones son la norma en sus ponderadas economías centrales. Algunos diarios (La Nación) llegan al extremo de advertir contra represalias norteamericanas o europeas, ignorando las barreras arancelarias que traban el ingreso de exportaciones argentinas a esos países. (5)
Para enmascarar el programa de ajuste los medios de comunicación utilizan un concepto mágico: “recuperar la confianza”. No aclaran que esa ansiada seguridad está exclusivamente dirigida a los grandes capitalistas. Su obsesión es “mejorar el clima de los negocios” con mayores protecciones a las ganancias.
Los derechistas hacen campaña para reemplazar “la mala praxis” de la gestión actual por el manejo experimentado de los viejos gerentes del poder económico. Suponen que la satisfacción de los banqueros y los industriales asegura el funcionamiento óptimo del sistema. Todavía no han percibido que la crisis global estalló con la aplicación de esas recomendaciones, durante dos décadas de irrestricta práctica neoliberal.
Claudio Katz es Economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).
Notas:
1) Feletti Roberto, “Argentina redobla la apuesta”, Página 12, 23-7-2012.
2) Hemos explicado los impactos diferenciados de la crisis en dos textos recientes. Katz Claudio, “El ajedrez global de la crisis”, Batalla de ideas, n 3, año 3, Buenos Aires, 2012. Katz Claudio, “Los atolladeros de la economía latinoamericana”, en El neoliberalismo y su crisis. Causas, Escenarios y Posibles Desenvolvimientos, Santiago de Chile, 2012, ARCIS, REDEM.
3) Melconian Carlos, “Otra vez la revolución conservadora”, La Nación, 29-7-2012. Lavagna Roberto, “Estamos frente a una economía en falsa escuadra”, Clarín, 6-6-2012. Llach Juan José, “Para no tentar a una nueva crisis”, La Nación, 24-5-2012. López Murphy Ricardo, “Qué esconde la reforma al Banco Central”, Clarín, 19-3-2012.
4) Oppenheimer Andrés, “Argentina economic fiesta is over”, Miami Herald, 18-6-2012. Rapaport Luis, “Cristina: con quién pesificará sus dólares”, Clarín, 8-6-2012. Frigerio Rogelio, “Comparar a veces es engañoso”, Clarín 11-5-2012.
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