POR EL DERECHO A UN JUICIO JUSTO
Antes de entrar en materia, quisiera contar algunas cosas que permitan entender el contexto de la situación que planteo.
Soy un hombre que, a los 19 años de edad, fui detenido y brutalmente torturado durante 20 días por la C.N.I. Estuve en condición de Prisionero Político entre los años 80 y 82. El "delito" cometido fue luchar contra la dictadura más sangrienta de nuestra historia organizado en una estructura de trabajo político-social del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fui condenado a pena de extrañamiento, motivo por el cual fui expulsado del país, para convertirme en uno de los miles de exiliados bajo ese régimen oprobioso. Regreso a mi país en diciembre del año 88.
El retorno a Chile, fue con encuentros y desencuentros, no estuvo ausente la sensación de amargura, por lo que había significado la lucha contra la dictadura, por el sufrimiento de la tortura, la cantidad de seres humanos que pasaron años en la cárcel, la represión generalizada, el gran costo en vidas humanas, para que al fin del camino surgiera una democracia tutelada, teniendo como soporte la constitución del 80 y el modelo económico neoliberal impuesto a sangre y fuego por la dictadura de Pinochet .
Soy un hombre que desde que llegué a mi país me reinserté en lo familiar, recuperando el tiempo perdido con mis padres, mis hermanas y hermanos. Posteriormente, formé una nueva familia, que cuenta a su haber con tres hermosos hijos y 19 años de relación, de los cuales 16 han transcurrido en la Comuna de Ercilla. Todos quienes me conocen, saben de mis actividades laborales en el rubro del comercio, primero como vendedor viajero y luego como comerciante establecido.
En mi historia personal me he relacionado de una forma bastante abierta, tanto en el aspecto social como también en lo político. Me he relacionado en la discusión política con todos quienes tengan algo que decir respecto de la situación del país. Asimismo, mi relación política con el Partido Socialista en Ercilla, ha sido de trabajo leal, de discusión franca y abierta en las cuales he señalado abiertamente mi visión crítica acerca del país que estamos construyendo. A la fecha, llevo 4 meses detenido en el complejo penitenciario de Rancagua, transformándome en un Preso Político de la democracia, acusado de diferentes delitos, en los que no tengo participación. Mi esposa fue detenida, por una orden verbal del Fiscal Servando Pérez, en virtud de mi negativa a firmar un papel en blanco con el cual se me quiso chantajear. Luego de tres meses de detención arbitraria, le han sido cambiada las medidas cautelares. Cabe resaltar que Sergio Reyes, otro de los detenidos, firmó este papel en blanco como un modo de evitar la detención de su esposa y su hijo de 13 años.
En mi caso, a pesar de haber acreditado mi no presencia en el lugar de los hechos, han tenido mayor peso las declaraciones de testigos protegidos, las cuales han sido obtenidas bajo chantaje, presiones y tortura psicológicas, una supuesta presunción de fuga a pesar de los antecedentes familiares ya señalados, así como mi pasado de luchador antidictatorial en las filas del MIR (este último argumento presentados como un hecho punible y vergonzoso), motivos por los cuales me ha sido denegada el cambio de medidas cautelares, dando muestra de los grandes esfuerzos para instalar la presunción de culpabilidad, denegando por consiguiente la presunción de inocencia como un derecho que todo procesado debe tener.
Digo con claridad que no existen: huellas dactilares, rastros de ADN, ningún retrato hablado, ningún testigo neutral que me pueda vincular a los hechos, ya que tengo absoluta claridad de no haber participado.
Me investigaron durante 3 años, sin yo saberlo, de lo cual no han podido sacar ningún hecho punible ni conspirativo, quedando de manifiesto que soy un hombre que me relaciono desde la opinión política con las personas con quienes he tenido oportunidad de hacerlo.
A partir de la enseñanza familiar, especialmente de mis padres, he actuado teniendo claridad que la actividad política se debe realizar sobre la base de valores y de un comportamiento ético a toda prueba. Ello me ha permitido enfrentar con dignidad las diferentes situaciones que me ha tocado vivir. Esta no será la excepción. Es esta dimensión ética de la política la que me obliga a señalar que no alego inocencia renegando de mi pasado mirista, o pidiendo perdón por haber luchado contra la dictadura más sangrienta de nuestra historia patria. No sería capas de mirar a los ojos a mis hijos si renegara del esfuerzo, la valentía y los sacrificios de tantos compañeros asesinados, detenidos desaparecidos y torturados que reclaman no ser olvidados, ni mucho menos puestos a la misma altura de los asesinos y torturadores.
A pesar de estar en democracia, el trato y los medios usados por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) no han variado mucho de los de la CNI, a excepción de que hoy no te revientan en la parrilla. Sin embargo, se sigue recurriendo al montaje, al chantaje, al uso de implementos de la vida laboral o familiar como "pruebas" de los ilícitos, a la tortura psicológica y, a la denegación de defensa afectiva a pesar de los abogados de oficio, que, al menos en este caso, han actuado como un apéndice del fiscal y la policía.
Por otro lado, el comportamiento del juez de garantía y la prensa sigue siendo el mismo que los mostrados en tiempos de dictadura. La instancia de garantía a pasado por alto las arbitrariedades cometidas y los procedimientos dudosos del fiscal, aceptando en todo momento lo que la fiscalía a solicitado, invalidando la presunción de inocencia. La prensa, por su parte, ha sido la caja de resonancia del ente acusador, dando por sentado la culpabilidad de los procesados.
En este marco, solicito a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones sociales, a los periodistas honestos, a los sindicatos de trabajadores, a los parlamentarios efectivamente comprometidos con el respeto a los Derechos Humanos y, a todas aquellas personas sensibles, ejerzan un sistemático control social sobre la actuación de la fiscalía, la instancia de garantía y los jueces que actúan en este caso a fin de garantizar el desarrollo de un juicio justo, ajustado a los cánones que establece que la culpabilidad de un acusado debe ser fehacientemente demostrada, con pruebas irrefutables y no meras presunciones o en base a prejuicios determinados por la orientación política de quienes tienen el deber de impartir justicia.
KENNY SÁNCHEZ C.
Preso Político
COMUNICADO
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