DEBATE ECONÓMICO. El modelo no funciona.... salvo para algunos

Una familia del tercer quintil que no tiene derecho a subsidios se arruina si tiene la “suerte” de que un hijo logra ingresar a la universidad. Peor aún si cuenta con otro hijo que curse en un establecimiento privado aunque fuese secundario.

Rafael Urriola U.

LOS MINISTERIOS DE Hacienda y de Planificación con frecuencia aluden al impacto distributivo del gasto social en favor de los grupos de menores ingresos. Los subsidios monetarios (programas asistenciales, al consumo de agua potable y cesantía) junto con los de la salud y la educación -en tanto estos servicios se otorgan gratuitamente en los establecimientos públicos- hacen posible que 40% de los hogares más pobres del país vean subir sus ingresos reales al doble de sus entradas monetarias iniciales.

Sin embargo, dichas transferencias sólo permiten que estos ingresos, elevados por el subsidio, alcancen a 200 mil y 280 mil pesos mensuales en los quintiles uno y dos, respectivamente. Por lo demás, según la encuesta Casen de Mideplan, si se hacen los cálculos ajustados, las transferencias a este 40% de la población de menores ingresos alcanzaría a 2 mil 216 millones de dólares, mientras que el quinto quintil (el más rico) recibió sólo 50 millones de dólares de subsidio en el 2003.

Hasta aquí todo parece correcto. No obstante, el Estado otorga diversos subsidios en otras áreas diferentes a la social, como las franquicias o el gasto tributario, según se le denomina en la jerga económica. En la página web del Servicio de Impuestos Internos (SII) se encuentra un estudio correspondiente a 2003 (el mismo que para los gastos sociales examinados más arriba) que indica que el gasto tributario es aquella recaudación que se deja de percibir producto de la aplicación de franquicias o regímenes impositivos especiales para promover un determinado sector, actividad, región o agente de la economía.

El estudio del SII indica que el gasto tributario en 2003 alcanzó a 2 mil 783 millones de dólares. Aunque no es difícil suponer que estas exenciones no favorecen a los más pobres (en realidad, éstos no tienen impuestos que pagar ni eludir porque carecen de propiedades o de ingresos suficientes) se presentan a continuación algunos elementos que permiten concluir que el subsidio a los más ricos es superior al subsidio a los más pobres.

Por ejemplo, las empresas (cuyos propietarios no cabe duda que se encontrarán en el quintil de más ingresos) deducen 869 millones de dólares.

Entre estas deducciones están donaciones a universidades que es sabido que hoy representan un gran negocio; depreciación acelerada, usada por las grandes compañías mineras internacionales que operan en Chile, entre otras. Las personas naturales deducen otros mil 355 millones de dólares.

En este caso, tampoco se trata de gente sin recursos. Por ejemplo, quienes arriendan inmuebles, tienen fondos mutuos o recibieron dividendos por cuentas de ahorro (en Chile ni los más pobres ni la clase media tienen ahorros. Por el contrario, son deudores netos del sistema financiero, de tiendas y usureros). Así también en la lista de franquicias están las rentas empresariales retenidas y los fondos depositados en cuentas de ahorro voluntario en las AFP. Además, existen las exenciones para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que arrojan un gasto tributario de 559 millones de dólares. En este rubro destaca la reducción que gozan las empresas inmobiliarias.

En definitiva, sería recomendable que el estudio del Servicio de Impuestos Internos precisara en qué quintil exactamente se ubican los beneficiarios de estas exenciones. Pese a ello y sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que, al menos, 75% de las exenciones favorecen a empresas y contribuyentes que pertenecen a un grupo muy reducido de la población.

El Estado distribuye sumas similares por subsidios al 40% más pobre que a los más ricos del quintil de más altos ingresos.

Vinculado con esto, ha surgido, desde varias miradas, un reclamo al modelo vigente. Los trabajadores, cuyos ingresos promedio del hogar oscilan entre 320 mil pesos y 500 mil pesos (tercer y cuarto quintil, respectivamente) parecen estar siendo perjudicados de modo ostensible porque siendo 40% de la población reciben 29% del gasto social y, con alta probabilidad, no se benefician del gasto tributario. Además, son los que pagan la proporción más alta de impuestos en relación con los ingresos, porque en calidad de trabajador dependiente es más difícil eludir este pago.

No obstante, estos individuos se hallan marginados de otras garantías, en especial de las relacionadas con el acceso a una educación adecuada que, como se ha dicho, es decisiva para asegurar el crecimiento del país y reducir las desigualdades entre las personas.

En salud, siempre se ha mencionado que una enfermedad catastrófica (de alto costo) tenía como consecuencia arruinar a las familias, moral y económicamente. Por ello, el Plan AUGE incorporó entre las garantías financieras un tope de pago que no puede superar 20% de los ingresos del asegurado.

Hoy, la paradoja es que el evento catastrófico más importante es la educación. Por ejemplo, una familia del tercer quintil que no tiene derecho a subsidios se arruina si tiene la “suerte” de que un hijo logra el puntaje para ingresar a la universidad. Peor aún si cuenta con otro hijo que curse en un establecimiento privado aunque fuese secundario. Ambos costos de las matrículas alcanzan fácilmente a 100% de los ingresos familiares de este estrato.

Todos estos ejemplos hacen pensar que el modelo debe ser motivo de reflexión porque, a fin de cuentas, 40% de la población más pobre apenas sobrevive; 40% siguiente vive agobiado por deudas y trabas a su progreso; 10% logra una situación cómoda y el resto son los que verdaderamente aprovechan el modelo.