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Nuevo conflicto en Bolivia por la nacionalización de hidrocarburos

Nuevo conflicto en Bolivia por la nacionalización de hidrocarburos En una medida que promete desatar un nuevo conflicto en torno a la nacionalización de los hidrocarburos decidida a principios de mes en Bolivia, el Gobierno de Evo Morales anunció que el grupo financiero español BBVA y la compañía suiza de seguros Zurich deberán devolver “a título gratuito” y en un plazo no mayor a tres días las acciones que poseen de empresas petroleras nacionalizadas.

La medida fue tomada por decreto y anunciada por el vicepresidente Alvaro García Linera, a cargo del Ejecutivo mientras Morales sigue de gira por Europa, quien advirtió que si las empresas a través de las cuales poseen esos títulos no cumplen con la exigencia serán intervenidas.

Se trata de acciones que el banco español y la aseguradora suiza administran a través de un fondo colectivo del que participan las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP, equivalentes a las AFJP de Argentina) Previsión (del BBVA) y Futuro (de Zurich).

El fondo común maneja un total de alrededor de US$ 1.800, de los cuales 700 corresponde a acciones de tres compañías petroleras privatizadas durante los ’90 y cuyos recursos fueron ahora renacionalizados: Andina, manejada por Repsol-YPF; Transredes, de la estadounidense Enron y la angloholandesa Shell, y Chaco, de la británica British Petroleum.

“Hemos dialogado varias horas, varios meses, con la gente de las AFP y hemos encontrado más colaboración de una que otra. Hemos encontrado resistencia verbal y exceso verbal de alguno de los representantes de los fondos", dijo García Linera, quien sostuvo que el Ejecutivo de La Paz debió tomar la decisión ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre la forma de transferencia de las acciones.

El decreto anunciado por el vicepresidente complementa al de nacionalización de los decretos que firmó el 1 de mayo Morales, quien, por su parte, había asegurado hoy mismo ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo que con la medida original en su país no “se expulsa ni se expropia a nadie” y que “cualquier empresa” que haya invertido en Bolivia “tiene todo el derecho a recuperar su inversión y las utilidades”.

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