Por Andrés Figueroa Cornejo
“Parece que este gobierno no nos va a matar directamente todavía. Pero nos va a privar de libertad, que no es tan distinto.”
J.Z. Fotógrafo de Trinchera de la Imagen
·A dos meses de iniciada la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuche, el estado de salud de los ayunistas y los fundamentos de su causa cobran notable simpatía nacional e internacional. Piñera manifiesta escasa voluntad de diálogo, mientras la vida de 34 comuneros se extingue en medio de la indignación multiplicada.
La causa mapuche, fuera de toda agenda y catálogo político de la partidocracia en el poder, se extiende como pólvora en territorios cada vez más amplios de la sociedad chilena y la atención internacional.
La conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre mezcló la imagen señera de Salvador Allende con la presencia ardiente de organizaciones mapuche y los cantos generales, exigiendo la libertad de los comuneros prisioneros. La actualidad del homenaje de todos los años, esta vez, estuvo teñida de calor y color originarios.
Ya el jueves 9 de septiembre, en el Parque Almagro, los conjuntos musicales históricos del pueblo –Inti Illimani e Illapu-, junto a los trovadores más recientes, como Pancho Villa y el hip-hop siempre lúcido de SubVerso, actuaron en el Parque Almagro, en Santiago, para los muchos que solidarizan con las reivindicaciones de los 34 presos políticos mapuche en huelga de hambre –a los cuales ya sería preciso agregar a 4 originarios más de la comuna de La Florida que se sumaron hace pocos días al ayuno-.
Como era de esperar, el Estado, a modo de represión selectiva, el mismo 11 de septiembre detuvo al periodista Marcelo Garay Vergara, consejero metropolitano del Colegio de la Orden y reportero de la Radio Nuevo Mundo, cuando salía de su casa. Marcelo fue aprehendido por agentes de la Brigada de Investigaciones Policiales (BIPE), por un requerimiento de la Fiscalía Centro Norte, para declarar sobre una detención anterior de la que fue objeto en Padre Las Casas (localidad cercana a Temuco) el año pasado, cuando cubría una historia relacionada con el pueblo Mapuche. Ya Marcelo Garay había denunciado el hostigamiento de la policía desde que fue a cubrir profesionalmente la militarización de las comunidades mapuche el 2009.
Bajo un Santiago ceniciento, en la tarde del primero de septiembre alrededor de tres mil mapuche y chilenos se congregaron para solidarizar con la huelga de hambre, convocados por la Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago.
Sus razones se resumen en que no se les aplique la Ley Antiterrorista ; no sean juzgados duplicadamente por la justicia militar y la civil; el retorno a la normalidad de las zonas militarizadas, y la demanda máxima de la recuperación de sus tierras usurpadas históricamente, antes y después de la creación del propio Estado chileno.
El ayuno fue iniciado por reos políticos de las cárceles de Temuco y Concepción hace dos meses. El miércoles primero de septiembre se agregaron dos menores de edad recluidos en la cárcel de Chol Chol.
Tanto la solidaridad mundial, a través de organismos asociados a los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, protestas y ocupaciones de embajadas en países europeos, la hermandad reluciente de los indígenas y populares de Latinoamérica; como el creciente apoyo chileno de personas, organizaciones sociales y políticas independientes de los que mandan, sindicatos, la iglesia de los desheredados, gremios y colegios profesionales se multiplican, apresurando la primavera a lo largo de todo país y obligando a los medios de comunicación dominantes a visibilizar la huelga, jaqueando el silencio racista y de clase de Sebastián Piñera.
Los presos políticos mapuche (PPM) están procesados o condenados por su supuesta participación en ocupaciones de tierras, consideradas ilegales por el Estado, e incendios de instalaciones agrícolas, en el contexto del asentamiento de empresas agrícolas y forestales en la región de La Araucanía, tierras ancestrales del pueblo originario.
Eric Millán, representante de los ayunistas de la cárcel de Temuco, dijo firmemente que los prisioneros “van a seguir la huelga hasta las últimas consecuencias. Hasta que este gobierno deje de aplicar la Ley Antiterrorista, como el doble procesamiento, y la devolución de las tierras usurpadas. Ellos no se dejarán alimentar por ningún medio”.
-El gobierno sugirió instalar un mediador en el conflicto…
“El gobierno no se ha acercado, sólo habla a través de la prensa. Y aquí los únicos mediadores somos nosotros.”
SE ACERCAN “LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS”
La doctora Berna Castro es parte del equipo médico que atiende permanentemente a los PPM. La profesional –de larga trayectoria en el ámbito de la defensa de los Derechos Humanos en Chile- aclara que la huelga de hambre es con consumo de agua con sal y glucosa.
-¿Cuál es el estado de salud de los comuneros?
“Se encuentran en una situación crítica, muy crítica Están con evidentes daños de su cuerpo. Han sufrido una baja significativa de peso. Estoy hablando de un promedio de más de 18 kilos promedio por huelguista, es decir han perdido, al menos, un 20 % de su peso.”
La profesional comunicó que los ayunistas que están en peor situación sanitaria “son Felipe de Angol, Ramón de Temuco, y Héctor Llentul de Concepción”. Desde la medicina, Berna Castro analizó que “después de las 7 semanas comienzan a tener daño interno. Ellos han perdido tejido adiposo y gran parte de su tejido muscular. Entonces el cuerpo, para mantener sus funciones vitales, empieza a consumir proteínas, vitaminas, minerales de su propio organismo para proteger el órgano más noble del cuerpo humano: el cerebro. Y ya estamos en esa etapa”.
-Uno de los aspectos más controversiales tiene que ver con la negativa de los huelguistas de permitir hacerse exámenes por los servicios estatales…
“Nosotros le estamos pidiendo al Estado chileno que nos dé garantía en la toma de exámenes, porque ello nos permite evaluar con mayor precisión sus condiciones. Pero eso nos ha sido negado. Los comuneros plantean que no existen las condiciones para realizar las muestras. Los fiscales no han podido comprobar ninguno de las imputaciones de las cuales se les acusa –de hecho, han perdido testigos- , y las muestras de sangre podrían emplearse para inculparlos de incidentes en los que no han incurrido. Nosotros pedimos al Estado las garantías mínimas. Explícitamente, que esté alguno de los médicos que asisten a los huelguistas para asegurar el buen uso de los exámenes.”
La doctora Castro no dudó en sentenciar que “Sus vidas están en peligro. Además, en las cárceles donde permanecen los comuneros se están cometiendo violaciones que configuran tortura por parte del Estado. Que no tengan acceso a la luz del día implica que los prisioneros pierden la noción del tiempo, y el cerebro, que ordena las funciones del cuerpo, sin luz solar, altera actividades hormonales relevantes. Y ello es tortura.”
“En Angol –agregó- gendarmería no considera como una herramienta válida la huelga de hambre de los comuneros, sino que la cataloga de un vulgar mal comportamiento. En consecuencia, han realizado allanamientos periódicos de noche en las celdas. En ese contexto, los gendarmes han castigado comuneros e incluso los han incomunicado.”
-¿Cuál es el estado de ánimo de los ayunistas?
“La voluntad y claridad de los huelguistas es fortísima. Yo soy cristiana y aquí uno ve la capacidad extraordinaria de estos jóvenes en la lucha por la causa de su pueblo. Y para mí no hay nada superior que aquel hombre que da la vida por amor.”
“EL ESTADO DEFIENDE CON MUCHA MÁS FUERZA LA PROPIEDAD PRIVADA QUE LA VIDA”
Alberto Espinoza es abogado asesor de las causas que están en la justicia, asumiendo la defensa de los PPM en la Corte Marcial en Santiago.
-¿Cuáles son las diferencias entre ser juzgado por una Corte Marcial y una Civil?
“Hace 5 años que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunció una sentencia que establece que bajo ninguna circunstancia se puede aceptar que los civiles sean juzgados por tribunales militares. Sin embargo, en Chile subsiste esta judicatura penal especial.”
El abogado de Derechos Humanos indicó que “Ello atenta contra principios asociados al debido proceso, la imparcialidad e independencia del tribunal. El juez es un militar de carrera que se promueve dentro del generalato. No es un letrado, en términos de formación jurídica. Es removido por razones castrenses más que por méritos juridiccionales. Y la Corte Marcial está integrada por tres miembros de la Fuerzas Armadas y dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago. Es decir, los jueces militares hacen mayoría”.
Espinoza anadió que “En el aspecto procesal, el procedimiento resulta inquisitivo, de acuerdo a las reglas de un sumario antiguo que es secreto, escrito, donde las posibilidades del derecho a la defensa de los imputados son precarias o prácticamente inexistentes. Es un sumario que se puede prolongar de manera indefinida. En resumen, que personas civiles sean juzgados por militares resulta totalmente contrario a los estándares internacionales sobre derecho sumario. En este caso, los mapuche son civiles, y no han cometido delitos militares.”
-Algunos argumentan que estarían involucrados miembros de carabineros…
“Se arrastran hasta la justicia militar supuestos atentados a carabineros, que por norma constitucional, son una fuerza de orden y seguridad pública, al igual que la policía de Investigaciones. Es decir, no se trata de una fuerza militar, pero están bajo la tutela juridiccional de esta judicatura especial. Y ello también es contrario a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Todo redunda en un tratamiento muy desigual de la justicia militar.”
Alberto Espinoza puntualizó que “Cuando eventualmente son los carabineros las víctimas, las penas contra los imputados son del infierno, y cuando son los carabineros los victimarios las penas son muy benevolentes. Aquí hay un doble estándar. Cuando los carabineros son los victimarios las penas nunca superan los tres años, con beneficios carcelarios, y nunca son penas de privación de libertad efectiva”.
-¿Por qué pareciera existir una súper esperanza en la justicia civil entre los familiares y amigos de la causa mapuche?
“En general, es más confiable la justicia civil que la militar. Por su estructura orgánica y de procedimiento. Sin embargo, también hay que observar con cierta reserva a los tribunales ordinarios. Sobre todo, porque el problema y la causa mapuche es tratada con una mirada estatal, integral. La política regresiva histórica contra el pueblo mapuche se articula desde todos los frentes del Estado. Y en ese contexto, el Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo y el Ministerio Público, no están al margen. No hay que pecar de exceso de confianza al respecto. Aquí vemos cómo el Ministerio Público –teóricamente autónomo- se alinea con los intendentes y gobernadores al momento de calificar hechos como terroristas. Y los tribunales de justicia también condenan como terrorismo conductas que no lo son.”
-¿Desde su experiencia y perspectiva, dónde se encuentra el meollo central de esta lucha?
“El nudo que explica todo esto es la imposición de un modelo económico fundado en el capitalismo actual. Ello da cuenta del tratamiento con el que se ha denominado “el problema mapuche”. Y se refleja en cómo los violadores de derechos humanos de la dictadura militar que cometieron crímenes de Lesa Humanidad, son sentenciados a penas irrisorias, cuando el bien jurídico que ellos afectaron fue la vida. Y cuando se toca el bien jurídico de la propiedad, la reacción del Estado chileno es brutal. Se puede ver en las penas que pesan sobre algunos comuneros mapuche en huelga de hambre que superan los 100 años. Y Manuel Contreras –jefe de la Inteligencia pinochetista- acaba de ser condenado con 5 años con pena remitida por el asesinato del sacerdote Antonio Llidó. Que se diga claramente que el Estado defiende con mucho mayor fuerza la propiedad que la vida.”
-Hace unos días el presidente Piñera envió un Proyecto de Ley para tratar el tema de la justicia militar y su eventual modificación…
“Proyectos de Ley de esa naturaleza están parados en el Congreso desde hace unos tres años. Lo que dice Piñera no es nuevo. Aquí el Poder Legislativo ha mostrado una indiferencia sobre el tema, que puede calificarse de desidia, notable abandono de deberes o simplemente, de flojera parlamentaria. Si hasta los militares están por cambiar la judicatura. Y sobre la Ley Antiterrorista ocurre lo mismo.”
UN ASUNTO DE RAZÓN Y FUERZA
Los comuneros mapuche han realizado mil movilizaciones, ocupaciones hospitalarias, interrumpido discursos de Piñera, puesto el cuerpo por su razón, la misma que la de los presos políticos en huelga de hambre. Pero el tiempo corre invariablemente y la salud de los ayunistas empeora de manera progresiva, colocándolos al borde de un riesgo mortal. La sociedad chilena amplía su sensibilidad. Sin embargo, las autoridades, por convicciones propias y acompañadas a la vez por el gremio de los dueños de Chile (Confederación de la Producción y el Comercio) caminan con pies de plomo hacia una resolución del conflicto. Los discursos de mediación eclesiástica o de un grupo de diputados autoproclamados al respecto, fortalece la posición desde el poder de que el pueblo originario y sus presos políticos son seres incompletos, objetos de ayuda, una suerte de comunidad infantil que adolece de recursos y estatura para encarar en igualdad de condiciones al gobierno de turno. Pero los mapuche saben mejor que nadie que sólo pueden confiar en sus propias fuerzas, compuestas también, por todos aquellos que empatizan con cabeza, respeto y corazón con una causa justiciera que sintetiza medio milenio de usurpación, crímenes, discriminación y condena a un pueblo entero.
Septiembre 12 de 2010
