Blogia
T r i b u n a c h i l e n a

Nacionales

Libre documentalista Elena Varela: acusó "razones políticas"

Libre documentalista Elena Varela: acusó "razones políticas"

Tribunal de Rancagua concedió la libertad, con arraigo y arresto domiciliario, a la realizadora detenida el 7 de mayo y formalizada por asalto perpetrado por ex miristas.

En libertad, pero con arresto domiciliario y arraigo nacional, quedó la documentalista Elena Varela, detenida el 7 de mayo por su supuesta participación en un asalto perpetrado por ex miristas, de acuerdo a lo resuelto esta mañana por el Tribunal de Garantía de Rancagua.

La realizadora, a la salida de la audiencia en que obtuvo el beneficio, reiteró su inocencia e insistió que su caso "es muy extraño". "De alguna manera se trata de decir que aquí no hay razones políticas, y que se hicieron otras cosas por razones políticas, pero sí hay", apuntó.

Varela fue capturada mientras trabajaba en el documental “Newen Mapu Che”, referido a la lucha por la recuperación de tierras que mantienen sectores del pueblo mapuche y por el que mantenía filmaciones en comunidades de esa etnia las que fueron requisadas.

La artista, que desarrollaba este documental con aportes del Fondo de Fomento Audiovisual 2007, permaneció hasta hoy en el módulo de Alta Seguridad de la Cárcel de Rancagua por decisión de la jueza de Garantía Andrea Urbina.

El 7 de mayo, Elena Varela López y otros cuatro individuos fueron detenidos por su presunta participación en dos asaltos, cometidos en 2005 en Loncoche y Machalí; en esta última ciudad, murieron cuatro personas.

Su caso generó inmediatas protesas de parte de sus colegas documentalistas, periodistas y otras organizaciones sociales que incluso recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cautelar su libertad de expresión y la entrega del material incautado.

CODEPU y FASIC exigen a los parlamentarios la aprobación del Instituto de Derechos Humanos

Organizaciones defensoras de los derechos humanos llamaron hoy a los parlamentarios a aprobar el Proyecto nacido de la Comisión Mixta de la Cámara Baja, sobre la creación del Instituto de Derechos Humanos.

Así indicaron la Fundación de Ayuda Social de la Iglesias Cristianas (FASIC) y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), quienes creen que la creación de este Instituto y sus facultades son una sentida demanda de las victimas, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos.

“Creemos que este proyecto convertido en ley, significará un valioso avance en la realización de los Derechos Humanos en nuestra sociedad en el camino hacia la justicia que tendrá como fruto la reconciliación y una patria unida”, dice un comunicado de prensa al que tuvo acceso Crónica Digital..

“Valoramos la creación de una instancia que institucionaliza desde el Estado la promoción y protección de los Derechos Humanos en el país”, dicen el FASIC y el CODEPU y reiteran que una institución como la planteada, por la comisión parlamentaria “coadyuvará a suplir falencias institucionales en materia de educación, prevención, promoción y protección de los Derechos Humanos de la sociedad".

"De esta forma no sólo se hace cargo de manera integral de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el pasado y de los atentados que en el futuro se puedan cometer sino, al mismo tiempo, desarrolla elementos educacionales para conformar una sociedad basada en los derechos fundamentales”, sostienen.

Explicaron que existen aspectos especialmente relevantes de la proposición de la Comisión Mixta sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como la facultad de querellarse.

Según el Proyecto aprobado por la Comisión Mixta de la Cámara Baja señala a los graves crímenes ocurridos en el pasado, estos quedarán radicados en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, continuando el esfuerzo realizado hasta la fecha.

Con la aprobación del Proyecto, se amplía la competencia del Programa facultándolo para deducir querellas no sólo respecto de la desaparición forzada de personas sino además para ejercer acción penal en relación a casos de ejecución sumaria o extrajudicial.

“Esta ampliación de las facultades del Programa, es sin lugar a dudas, un avance significativo”, subrayaron.

Explicaron que al aprobarse el Proyecto de la Comisión Mixta, se eleva el rango normativo del Programa, al instituirse su existencia por Ley, fortaleciendo su continuidad y garantizando de mejor manera su subsistencia.

“Se radica con ello, la competencia del Instituto de perseguir las responsabilidades penales, que importen una violación a los Derechos Humanos en el futuro. Con ello se dota al Instituto de una herramienta eficaz de supervisión, que aportará a la prevención y protección de los Derechos Humanos en el país”, señalan las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Chile..

Otro aspecto es la reapertura de las tareas de las Comisiones de Verdad y Reconciliación y de Prisión Política y Tortura (Comisión Rettig y Comisión Valech), esto implica que junto con el Instituto de Derechos Humanos, se crea por Ley, una Comisión de Calificación de casos de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados y Sobrevivientes de Tortura y Prisión Política.

Con ellos se “enmienda en la dirección de garantizar el derecho a la verdad y la reparación de miles de víctimas, que en su oportunidad y por las más diversas razones, no concurrieron a testimoniar o incluso no fueron calificadas en su momento”.

Además de la creación del Mecanismo Nacional del Protocolo Facultativo al Convenio contra la Tortura, con la aprobación del Proyecto de la Comisión Mixta, se crea un mecanismo que operativiza este Protocolo, al conferírsele la capacidad de comisionar a uno o más consejeros, al Director o a su personal, para ingresar a recintos públicos donde una persona esté o pueda estar privada de libertad.

“Lo dicho representa sólo algunas de las propuestas consignadas en el Proyecto de la Comisión Mixta. A ella se deben agregar la ampliación de beneficios reparatorios para víctimas sobrevivientes de tortura y/o prisión política, la institucionalización de medidas de reparación simbólica y acciones positivas de rescate de la memoria histórica; todo lo cual corresponde a las exigencias que, desde la sociedad civil, históricamente hemos venido planteando”, finalizan el FASIC y CODEPU.

"Exigimos de la autoridad un ALTO A LA REPRESIÓN"

"Exigimos de la autoridad un ALTO A LA REPRESIÓN"

DECLARACION  PÚBLICA

La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) manifiesta ante las autoridades y el país, su preocupación por el recrudecimiento de dos fenómenos íntimamente relacionados entre sí: la criminalización de la protesta social y la brutal represión de que esta misma protesta ha sido objeto.

Observamos  con particular asombro cómo se instalan en Chile mecanismos que obedecen a la lógica de la "guerra preventiva", la que -real o virtual- divide al mundo en enemigos y amigos. Al parecer, en nuestro país han sido declarados "enemigos"  los jóvenes que expresan su descontento por la ausencia de  perspectivas de futuro; los estudiantes que se oponen a la mercantilización de la educación;  los trabajadores sindicalizados que luchan por condiciones laborales dignas; y  los mapuche que exigen la restitución de sus tierras ancestrales.

Lamentamos profundamente la lenta e inexorable  desaparición en nuestro país de los indicadores de un sistema democrático: libertad de expresión y de reunión, libertad de asociación, respeto a la integridad física y psíquica, respeto a la vida. Ello se ha hecho patente cuando grupos sociales que se han movilizado exigiendo el respeto a derechos fundamentales, negados por el actual sistema económico, han recibido como respuesta REPRESION desde los aparatos  del Estado, en lugar de la formulación de medidas correctivas que anulen la profunda injusticia social que motiva las protestas. De este modo, se suma a la violencia estructural que consagra la violación de derechos y oportunidades, la violencia policial que transgrede la normativa internacional de los derechos humanos.

La Comisión Etica Contra la Tortura constata con asombro e indignación el incremento de casos de aplicación de tortura y malos tratos, llegando a configurarse un estado policial similar al existente  durante la dictadura militar. A modo de ejemplo, citaremos sólo algunos graves hechos ocurridos en el último tiempo, todos silenciados por los medios de comunicación que, de ese modo, se hacen cómplices de la política represiva:

1.                Los trabajadores del holding Santander Banefe en huelga legal han sido constantemente reprimidos. El 4 de julio recién pasado, el dirigente de la Confederación de Trabajadores Bancarios Marcelo Rojas fue secuestrado por los guardias de la empresa, quienes le propinaron una brutal golpiza, produciéndole un traumatismo encéfalo craneano.  La dirigente sindical Andrea Riquelme recibió golpes de parte de Carabineros, perdiendo  el conocimiento, por lo que debió ser trasladada a la Posta Central.

2.  La estudiante de 14 años, María Música Sepúlveda, que lanzó agua a la Ministra de Educación ha sido públicamente condenada por dicho acto, a tal punto de ser expulsada de su liceo, sin haber tenido posibilidad de alguna instancia de apelación. Sin embargo, no se ha publicitado que ella ha sido detenida y vejada en reiteradas oportunidades por Carabineros de Chile.  Se ha silenciado que en su última detención –que es anterior al episodio del lanzamiento de agua- cuando Carabineros llegó a desalojar a los alumnos que tenían ocupado el liceo Darío Salas, Música fue golpeada y arrastrada por el suelo a manos de al menos seis carabineros, quedando con hematomas en la cara y diversas partes del cuerpo.

3. En cuanto al pueblo mapuche, los casos de torturas y maltratos denunciados en el último tiempo van en aumento permanente. El día 1º de julio recién pasado fue detenido el estudiante José Ancalao en la ciudad de Temuco,  luego de participar en una marcha pacífica en rechazo a la Ley General de Educación.  Junto a un grupo de 17 universitarios, el joven mapuche fue introducido en un bus de Carabineros de Fuerzas Especiales, donde fue obligado a arrodillarse. Ante la negativa de Ancalao de someterse a esta humillación, el personal de Carabineros lo redujo a golpes de pies y puños, dirigiendo sus golpes principalmente a las zonas de cráneo y espalda, mientras se le  mantenía sostenido por el cabello y se le insultaba haciendo alusión directa a su origen mapuche. 

Es de público conocimiento que la CECT ha documentado, recientemente, 55 casos de prisión política y maltrato a miembros de la etnia mapuche ocurridos durante el gobierno de la Presidenta Bachelet.

Es por todo lo anterior que exigimos de la autoridad un ALTO A LA REPRESIÓN, así como también   exigimos investigación de las acciones violentas realizadas por agentes del Estado, las que no sólo han comprometido la integridad física,  psíquica y moral de las personas afectadas, sino que,  al menos en dos casos durante el año en curso, han tenido resultado de muerte: el 3 de enero Matías Catrileo murió por un impacto de bala de Carabineros en Vilcún y Johnny  Cariqueo que perdió la vida luego de ser torturado por Carabineros en Pudahuel el día 1º de abril.

Hacemos un llamamiento a las autoridades políticas, jurídicas y legislativas: es necesario hacer un ALTO a esta situación. La sociedad no puede aceptar la impunidad de  hechos que, de acuerdo a la normativa internacional de derechos humanos, constituyen crímenes de lesa humanidad.

Chile es país suscriptor de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, por lo que para la CECT constituye un deber no sólo denunciar estos hechos al interior del país, sino informar al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas sobre la prevalencia de este flagelo.

ALTO A LA REPRESIÓN,  A LA TORTURA Y A LA MUERTE.

COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA
Santiago 6 de agosto de 2008


Fundadores de la Comisión  Etica Contra la Tortura

Obispo Fernando Ariztía +
Pastor  Luterano Helmut Frenz
José Aldunate s.j.
Obispo  Carlos Camus
Mariano Puga pbro.
Pierre Dubois pbro.
Mons. Alfonso Baeza
Mons. Roberto Bolton
Hna. María Inés Urrutia
Hna. María Dolores Cruzat
Andrés Aylwin
Fernando Aliaga
Juana Calfunao
Juan Pablo Cárdenas
Peggy Cordero
José Galiano
Mireya García
Roberto Garretón
Joice Horman
Manuel Jacques
Juanita Kowalsky
Gloria Lazo
Carmen Lazo
Carlos Madariaga
Tomás Moulian
Paz Rojas
Fernando Quilodrán
Jorge Mario Saavedra
Gabriel Salazar
Luis Sepúlveda
Carmen Silva
Juan Subercaseaux
Hiram Villagra

FRENTE NACIONAL CAMPESINO

ENCUENTRO NACIONAL POR UNA NUEVA POLITICA AGROPECUARIA

 

El Frente Nacional Campesino (FNC), propone a todas las organizaciones y movimientos de: Pequeños Productores Agropecuarios, Trabajadores Rurales, Estudiantes, Técnicos, Intelectuales y Consumidores, como así también a las Autoridades de los Gobiernos provinciales y Nacional a construir juntos espacios democráticos para el debate de ideas y la generación de propuestas para una Nueva Política Agropecuaria que tenga por objeto: el Desarrollo Rural Sustentable, la Soberanía Alimentaria, la Redistribución de la Riqueza y la Profundización de la Democracia con Independencia Económica y Soberanía Política.

Como FNC, invitamos, humildemente, a todas las organizaciones del campo popular a juntarnos los días 7 y 8 de septiembre, del presente año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para trabajar y aportar cocimientos ancestrales, empíricos y científicos para la construcción de una NUEVA POLITICA AGROPECUARIA.

El FNC, considera como de trascendental importancia todos los trabajos por la unidad, el fortalecimiento y la consolidación de las organizaciones genuinas de Pequeños Productores Agropecuarios y Trabajadores Rurales, tanto campesinos como originarios,  de todas las regiones del país, para construir y apoyar una política de Desarrollo Integral destinado al sector mayoritario del campo argentino.

El estado argentino deberá apostar definitivamente al desarrollo del sector campesino – indígena; con voluntad política, herramientas apropiadas y organización del sector, en el mediano plazo los Pequeños Productores Agropecuarios dejaran de ser excluidos sociales y objetos de clientelismo para convertirse en pilares del desarrollo económico, social y cultural de las economías regionales.

El FNC, entiende que el Gobierno Nacional a través de las nuevas autoridades de la Secretaria de Agricultura y la Flamante Subsecretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, además de los diversos programas de inclusión social, tiene una excelente oportunidad para trabajar en forma mancomunada con las organizaciones populares del campo para revertir las injusticias históricas, la pobreza rural y la exclusión social del campesinado argentino.

En esta etapa de fuertes disputas políticas y económicas, gobierno y pueblo argentino debemos aunar esfuerzos para poner freno a: la concentración de la tierra en pocas manos; sobreexplotación de los recursos suelo y agua; monocultivo de la soja transgenica; la destrucción de los montes nativos; la contaminación de los suelos, aguas y medio ambiente; desalojos y desplazamiento de campesinos y pueblos originarios; especulaciones con los arrendamientos de Tierra; la timba de los pools de siembras y ganancias extraordinarias de los agro-negocios.

El Gobierno podrá ejecutar un modelo de desarrollo agropecuario estratégico que debe contemplar particularidades para el sector de los Pequeños Productores Agropecuarios: fomento del asociativismo; asistencia técnica y financiera; diversificación de la producción; industrialización en las regiones donde se produce; justicia tributaria; red de comercialización justa;  exportación de productos con valor agregado; regulación del comercio interno de agro-alimentos y regulación del comercio exterior agropecuario.

Mesa Coordinadora del Frente Nacional Campesino

Buenos Aires, martes, 28 de julio de 2008

 

AGRADECEMOS SU DIFUSIÒN

Ante el debate por la creación del INDH damos a conocer nuestra opinión

Ante el debate por la creación del INDH damos a conocer nuestra opinión

Declaración Pública

La Fundación de Ayuda Social de la Iglesias Cristianas – FASIC - y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo –CODEPU- ante el debate generado a raíz del Proyecto de Ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, dan a conocer a la opinión pública lo siguiente:

Valoramos la creación de una instancia que institucionaliza desde el Estado la promoción y protección de los Derechos Humanos en el país.

Una institución como la planteada, coadyuvará a suplir falencias institucionales en materia de educación, prevención, promoción y protección de los Derechos Humanos de la sociedad. De esta forma no sólo se hace cargo de manera integral de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el pasado y de los atentados que en el futuro se puedan cometer sino, al mismo tiempo, desarrolla elementos educacionales para conformar una sociedad basada en los derechos fundamentales.

Hay aspectos  especialmente relevantes de la proposición de la Comisión Mixta sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos, respecto de los cuales es necesario hacer especial referencia:

1.    Facultad de querellarse.
Conforme al Proyecto aprobado por la Comisión Mixta  respecto de los graves crímenes ocurridos en el pasado, estos  quedarán radicados en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, continuando el esfuerzo realizado hasta la fecha. Con la aprobación del Proyecto, se amplía la competencia del Programa facultándolo para deducir querellas no sólo respecto de la desaparición forzada de personas sino además para ejercer acción penal en relación a casos de ejecución sumaria o extrajudicial. Esta ampliación de las facultades del Programa, es sin lugar a  dudas, un avance significativo.

Igualmente, al aprobarse el Proyecto de la Comisión Mixta, se eleva el rango normativo del Programa, al instituirse  su existencia por Ley, fortaleciendo su continuidad y garantizando de mejor manera su subsistencia.

Se radica con ello, la competencia del Instituto de perseguir las responsabilidades penales, que importen una violación a los Derechos Humanos en el futuro. Con ello se dota al Instituto de una herramienta eficaz de supervisión, que aportará a la prevención y protección de los Derechos Humanos en el país.

2.    Reapertura de las tareas de las Comisiones de Verdad y Reconciliación y de Prisión Política y Tortura (Comisión Rettig y Comisión Valech): Junto con el Instituto, se crea por Ley, una Comisión de Calificación de casos de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados y Sobrevivientes de Tortura y Prisión Política. Se enmienda en la dirección de garantizar el derecho a la verdad y la reparación de miles de víctimas, que en su oportunidad y por las más diversas razones, no concurrieron a testimoniar o incluso no fueron calificadas en su momento.

3.    Creación del Mecanismo Nacional del Protocolo Facultativo al Convenio contra la Tortura: Con la aprobación del Proyecto de la Comisión Mixta, se crea un mecanismo que operativiza este Protocolo, al conferírsele la capacidad de  comisionar a uno o más consejeros, al Director o a su personal, para ingresar a recintos públicos donde una persona esté o pueda estar privada de libertad.

4.    Lo dicho representa sólo algunas de las propuestas consignadas en el Proyecto de la Comisión Mixta. A ella se deben agregar la ampliación de beneficios reparatorios para víctimas sobrevivientes de tortura y/o prisión política, la institucionalización de medidas de reparación simbólica y acciones positivas de rescate de la memoria histórica; todo lo cual corresponde a las exigencias que, desde la sociedad civil, históricamente hemos venido planteando.

Por tanto, hacemos un sincero llamado, a los parlamentarios, a  aprobar el Proyecto nacido de la Comisión Mixta. La creación de este Instituto y sus facultades son  una sentida demanda de las victimas, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos.

Creemos que este proyecto convertido en ley, significará un valioso avance en la realización de los Derechos Humanos en nuestra sociedad en el camino hacia la justicia que tendrá como fruto la reconciliación y una patria unida.

Santiago, 1 agosto 2008

por CODEPU – FASIC (Chile)
viernes, 01 de agosto de 2008

SUSPENDEN MATRICULA DE MÚSICA SEPÚLVEDA

SUSPENDEN MATRICULA DE MÚSICA SEPÚLVEDA

El Chileno.cl

El liceo Darío Salas decidió este miércoles cancelar la matrícula de la adolescente María Música Sepúlveda, a causa de haberle arrojado un jarro con agua a la ministra de Educación, Mónica Jiménez de la Jara.

La resolución fue tomada por los 16 profesores que imparten clases a la menor, como lo informó uno de los docentes presentes en la reunión que definió su destino, que deberá ser ratificado o rechazado por el Consejo General de Profesores del establecimiento, el que se realizará este jueves.

María Música Sepúlveda no se encontraba en el colegio al momento de la resolución, ya que fue retirada por su madre  Ruth Cavieres ante algunos malestares en la salud de la menor a causa de su situación escolar.

Cavieres llevó a la menor hacia un centro asistencial pero señaló que volverá al recinto para conversar con los profesores acerca de su decisión.

Más temprano, un grupo de estudiantes provenientes de la llamada "Marcha Nacional por el Jarrazo", se enfrentaron en los exteriores del Darío Salas con carabineros, momento en que llegó la madre de la menor, Ruth Cavieres, a buscar a su hija.

Ante los disturbios, Cavieres justificó la violencia de los adolescentes en la tozudez de las autoridades educacionales, "Esta reacción que tienen los jóvenes es por la actitud soberbia que tienen el colegio, el ministerio de Educación... que pesen sus acciones, todo tipo de acciones", señaló la madre de Sepúlveda.

Cavieres fue rápidamente increpada por algunos apoderados del establecimiento, que solicitaron que a su hija "la echen por sin respeto; mañana le van a pegar a los padres".

DDHH: Juez procesa a general (r) Sinclair

La nacion.cl

El otrora hombre fuerte de Augusto Pinochet y ex senador institucional fue procesado junto al ex general Hugo Prado y al coronel en servicio activo Marcos Bustos por la muerte de cinco frentistas en 1987.

El ministro Mario Carroza procesó al coronel en servicio activo Marcos Bustos y a los ex generales Hugo Prado y  Santiago Sinclair  por el delito de homicidio calificado referente a la desaparición de cinco integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ocurrido en septiembre de 1987.

El proceso conocido como causa de los cinco es considerado emblemático por la  comunidad de derechos humanos pues se trata de uno de los últimos crímenes  de la dictadura.

En el caso, el magistrado indaga las causas que rodearon el asesinato de Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas, investigación en que también están procesados otros 18 militares en retiro, entre los que figura el ex jefe de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) general (r) Hugo Salas Wenzel.

Destaca en la resolución, el nombre del general Sinclair,  considerado como mano derecha en su momento de Augusto Pinochet y quien incluso ostentó el grado de vicecomandante en jefe del Ejército.

Sinclair fue designado senador institucional en representación del Ejército hasta 1997.

Se mantiene por segundo día paro de ferrocarriles

Se mantiene por segundo día paro de ferrocarriles

Los trabajadores de ferrocarriles mantienen paralizados el sistema Metrotren, Terrasur y Biotren. Maquinistas solicitan un alza en sus sueldos, pues aseguran sus salarios han experimentado una baja de 40%.

Aunque sin la masiva concurrencia de usuarios que se observó ayer, igualmente hoy una decena de persona llegaron hasta las oficinas de ferrocarriles ignorando que se mantiene el paro de actividades que comenzó el miércoles por la noche.

Así, según indicó radio Cooperativa, los usuarios de Terrasur, Metrotren y Biotren debieron optar nuevamente por los buses de los terminales San Borja y Alameda para movilizarse.

El paro que desarrollan los maquinistas pertenecientes a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE)  -255 sindicalizados- mantiene completamente detenido el servicio provocando la esperada molestia entre los clientes.

Se prevé que en estos dos días de movilización unos 25 mil usuarios se verán afectados por la movilización.

 Los maquinistas reclaman por la baja en sus sueldos que aseguran- ha significado una merma de un 40%.