Blogia
T r i b u n a c h i l e n a

Pueblos Originarios

La represión contra los Mapuche va en aumento

La represión contra los Mapuche va en aumento

Por Celso Calfullán

 

La muerte de un sargento de carabineros es la última justificación que esta usando el Estado chileno para seguir con su política de represión criminal contra las comunidades mapuche.

La muerte del policía Hugo Albornoz en la comunidad Wente Winkul Mapu, en el sector Chequenco de Ercilla, no es la primera muerte que se produce en La Araucania, ya son varios los muertos especialmente de comuneros y jóvenes mapuche que han quedado en la total impunidad, con la ayuda de los tribunales de justicia y de las autoridades de gobierno.

Por lo anterior es que las declaraciones del Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter son tan agresivas e hirientes en contra de la lucha de la nación mapuche y las familias que tienen entre sus hijos y familiares los que han sido asesinados por los policías criminales que tienen carta blanca para asesinar en la región mapuche, ahora que muere uno de ellos “el asesinato es cruel, brutal y despreciable” da la sensación que los anteriores no lo fueron.

Años de represión y abuso policial.

La represión bajo los regimenes “democráticos” hace rato que viene al alza, los reiterados allanamientos, las golpizas a los ancianos, mujeres y niños, vienen siendo denunciados hace rato, la violencia contra las comunidades mapuche hace que es tremendamente desproporcionada, la destrucción permanente de las viviendas allanadas, la destrucción de los vidrios, las puertas e incluso los enseres domésticos destruidos por la policía, por el simple placer de destruir y por que saben que cuentan con total impunidad, en algunos allanamientos incluso han llegado a destruir parte de la comida que tienen nuestros hermanos para pasar los crudo inviernos de la región, la destrucción de los quintales de harina cruda, para que no puedan hacer su pan, a lo anterior además hay que agregar el robo de dinero en efectivo que tienen los mapuche en sus casas.

Los niños mapuche juegan a matar carabineros.

Los niños mapuche que por años han visto como sus padres, abuelos y ellos mismos son golpeados por los pacos, están incubando un odio jurado contra la policía, es normal ver a nuestros niños en sus casas y escuelas de las comunidades jugando a matar pacos, aunque tienen un problema les cuesta encontrar al niño que este dispuesto a jugar el rol del paco criminal que ellos conocen, esto ha sido constatado hace varios años por los profesores, bueno estos niños están creciendo con esta realidad violenta, como les podríamos pedir que no luchen contra las injusticias y el Estado criminal que los reprime.

Cuidado con los montajes.

Ya es norma en el “conflicto mapuche” que el Estado fabrique montajes para justificar una mayor represión e intentar desvirtuar las demandas totalmente justas que tenemos todos los mapuche para recuperar nuestro territorio, entonces debemos tener los ojos muy abiertos para saber quien realmente esta detrás del asesinato del carabinero Hugo Albornoz y a quien realmente le sirve su muerte, tampoco debemos olvidar que el Comando Trizano de ultra derecha hace rato que esta activo en la región y hay algunos latifundistas que hace rato también vienen diciendo que dado el nivel de violencia en la región en cualquier momento moriría un policía y algunos de estos tipos son adivinos, por supuesto con un poco de ayuda terrenal.

Los tribunales de justicia un brazo más de la represión.

No esta claro como se eligen a los fiscales que operan en la región, pero sin temor a equivocarnos siempre tienen que cumplir con un requisito, todos deben ser racistas y antimapuche, en los allanamientos de las comunidades son ellos los que se dedican a insultar a nuestros hermanos, sus comentarios y descalificaciones racistas son el pan de cada día.

Un problema político no se resuelve con represión.

Los que esta claro es que el sistema judicial o penal no resolverá el problema, la utilización de las más brutales leyes represivas, como la Ley Antiterrorista hasta ahora no ha resuelto nada, solo ha empeorado la situación y la tan anhelada “paz social” se ha convertido en lo contrario. Las tanquetas, zorrillos, buses blindados, camionetas con artillería, solo están elevando el nivel de enfrentamiento.

Sin la devolución de las tierras usurpadas el conflicto se mantendrá en el tiempo y nuestros niños tendrán que seguir jugando a matar pacos.

Cómo la Ley Antiterrorista permite perseguir a menores mapuche

Cómo la Ley Antiterrorista permite perseguir a menores mapuche
Por: Comunicaciones Temucuicui y País Mapuche

 

La defensa realizada por los abogados Pablo Ortega y Lorenzo Morales ha solicitado desde el primer momento de la audiencia que no se impute a los menores de edad acusados por el Ministerio Público, obteniendo cómo respuesta la separación de causas, una para procesar a los menores de edad y otra para los adultos.

Los hechos de los que se les acusa, se habrían desarrollado el 9 de octubre de 2009, cuando los adolescentes ahora juzgados, eran menores de edad. Los abogados han tomado en consideración los derechos contemplados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley de Responsabilidad Adolescente del Estado chileno, por lo que no se debería aplicar la Ley Antiterrorista contra ellos.

Para ambos menores, la imputación del Ministerio Público ha significado casi tres años de vivir la persecución política en todo ámbito, teniendo incluso que asumir por algunas temporadas la clandestinidad, ya que de lo contrario, significaba estar tras las rejas pese a su corta edad y sin pruebas que los culpen. Todo por ser mapuche y familiares de dirigentes y comuneros detenidos.

Sumado a ello, se cooptó el derecho de libre tránsito, el derecho a estudiar, teniendo que abandonar la escuela por temor a ser encerrados y asumiendo la pesada decisión de ser prófugos de la justicia chilena, durmiendo a la intemperie, sin alimento y expuestos a una serie de factores que perjudican su crecimiento físico y psicológico, pero no así su dignidad.

Por otro lado, se vieron obligados a vivir la represión en todo su contexto, ya que durante allanamientos y controles policiales en nuestro militarizado territorio, debieron hacer frente a las balas impunes de las policías, quedando al descubierto el abuso y las pocas garantías de tener un trato justo si se presentaban ante los tribunales, sabiendo además que el asedio policial afectaba directamente a sus hogares y familiares, lo que provocó una fuerte sobrecarga afectiva de impotencia y dolor.

Uno de ellos ha vivido desde muy pequeño la represión. Ha sido detenido y baleado a los 10 años, ha sido interrogado y torturado arriba de un vehículo policial a los 11 y a los 12, fue secuestrado y abandonado a su suerte a varios kilómetros de su casa, sin que las jefaturas policiales se hicieran cargo de estos ilícitos, quedando estas agresiones en absoluta impunidad.

Su tío es constantemente citado a tribunales y su padre a estado además en la prisión política, por lo que desde el seno familiar, la represión ha causado desde su infancia una enorme presión sobre él.

Hasta el momento, el tribunal está considerando no aplicar la Ley Antiterrorista en este caso a los menores. Pero el temor está en que se les someta a doble procesamiento, y se intente realizar un nuevo juicio, articulando las mismas pruebas presentadas en este caso a ambos en un nuevo proceso judicial.

Hay que indicar que de utilizar las mismas pruebas, se estaría engañando a la justicia y a la opinión pública, puesto que dichas supuestas pruebas fueron maliciosamente obtenidas utilizando las abusivas facultades que otorga la Ley Antiterrorista a los fiscales y policías. Es decir, de igual forma estarían utilizando esta ley para condenar a los menores, una herramienta legal heredada de la dictadura de Pinochet y que está al servicio de los intereses del empresariado y latifundistas, que lo único que pretende es criminalizar y detener la protesta social en Chile y el territorio mapuche.

Hay que precisar además, que la única prueba que sostiene este montaje, es la declaración de un testigo protegido, quien se dice que habría participado de los hechos y habría delatado a los demás participantes, acogiéndose a la delación compensada, artimaña que permite la Ley Antiterrorista.

Osea, una persona ya condenada por “confesar” participación en los mismos hechos, que está en libertad, recibe un sueldo por su “colaboración” y que nadie conoce nada sobre sus antecedentes y los de su condena, está siendo usada para enjuiciar a 10 comuneros, sólo por la validez que da la ley Antiterrorista para este tipo de sucias maniobras.

La Comunidad Autónoma Temucuicui señala que seguirá informando su pensamiento ante los hechos en los próximos días y en la medida de los acontecimientos de este importante juicio que marcará precedentes para el Pueblo Mapuche, sus comunidades y organizaciones.

http://paismapuche.org/?p=4216

 

Líder mapuche en prisión denuncia montaje contra su pueblo

Líder mapuche en prisión denuncia montaje contra su pueblo

PL

 

El líder mapuche Héctor Llaitul denunció que las acusaciones que sindican a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) como responsable de los incendios en Chile responden a un montaje para justificar el uso de la ley antiterrorista contra los pueblos originarios.

Llaitul, condenado por la justicia chilena a larga prisión tras un cuestionado proceso en el que se aplicó la referida legislación, rechazó tajantemente las insinuaciones que apuntan a la CAM como autora del siniestro de la comuna de Carahue, en la región de la Araucanía, donde murieron siete bomberos.
Estamos ante un montaje para justificar la aplicación de la ley antiterrorista a las comunidades mapuche en conflicto, al movimiento mapuche autónomo y en particular a la CAM, enfatizó Llaitul, principal dirigente de esa agrupación que vindica los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y en particular la recuperación de sus tierras.
Tal estrategia, añadió en un comunicado dado a conocer por Radio Bío Bío de Chile, "busca consolidar dicha ley como una herramienta válida para enfrentar también a los movimientos estudiantiles y sociales chilenos, anticipándose a un año en el que se vislumbran mayores movilizaciones y luchas".
Llaitul lamentó la muerte de los bomberos y comentó que se trata de personas pobres, obligadas a trabajar en condiciones deplorables, con salarios miserables, sin las mínimas medidas de seguridad y que fueron enviadas en definitiva a defender los intereses de una de las familias más ricas de Chile.
Consideró, en consecuencia, que los empresarios forestales de la zona donde fallecieron esos jóvenes trabajadores son los responsables de su muerte, el mismo empresariado que, acotó, usurpa el territorio ancestral mapuche.
Las declaraciones de Llaitul tuvieron lugar luego que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter y referentes de la derecha dejaron entrever que detrás de la tragedia de Carahue podía estar la CAM.
Aunque el gobierno se desmarcó posteriormente de una acusación directa contra los mapuche, mantuvo la presentación de una querella criminal bajo la cuestionada ley antiterrorista en alusión al incendio de Carahue.
En el escenario doméstico llovieron las críticas contra esa determinación.
"Claramente no se dan los elementos y requisitos para aplicar la ley antiterrorista y lo que se está haciendo es generar mayores tensiones en la Araucanía", opinó el senador del opositor Partido por la Democracia Jaime Quintana.

La Historia de los Autoatentados Incendiarios de Forestal Mininco en 1999.

La Historia de los Autoatentados Incendiarios de Forestal Mininco en 1999.

Por: Hanzinho

Vía: Jorge Sepúlveda Retamal

 

 

En general somos un país con pésima memoria, media responsabilidad de nosotros, media responsabilidad de la prensa oficialista y su entrega de información completamente manipulada. Ahora con tantos incendios en el sur donde está involucrada la Forestal Minenco, empresa propiedad de la familia Matte, basta con mirar hacia el año 1999 para ver que esta empresa estuvo implicada en sendos autoatentados incendiarios, donde se culpó de todo a los Mapuche y el gobierno de esos años aplicó la Ley Anti-Terrorista. ¿Les suena conocida la historia?

 

Durante los años 1999 al 2001 debido a una escalada de incendios en el sur de Chile, el Gobierno “socialista” del Ricardo Lagos apoyando a los empresarios madereros, inició un operativo de inteligencia para reprimir, neutralizar, controlar y perseguir a los Mapuche. A continuación algunos casos señalados:

 

El senador Alejandro Navarro al interponer una denuncia ante el tribunal militar por la muerte de una anciano Mapuche a manos de carabineros en la comuna de Nueva Imperial. Ahí expresó ante algunos medios de comunicación que poseía antecedentes de que hay empresas forestales que en el marco del conflicto mapuche se provocaban auto-atentados:

 

 

“Voy a entregar los informes elaborados por la Sección Forestal y Ecológica de Concepción, donde queda establecido tanto por peritajes de la Sección Forestal Ecológica de Carabineros, como por peritajes realizados por privados, de que los incendios son autoatentados, hechos por los guardias forestales”

 

 

 

Si bien causó algo de revuelo la información, esta nunca fue dada a conocer en detalle, sin embargo por información recabada por otras fuentes, esta denuncia habría apuntado a piezas de la causa rol 38.774-L del Juzgado de Yumbel, por los delitos de incendio forestal del Año 2001, donde incluiría un Informe pericial (67-2001) de fecha 19 de marzo de 2001.

 

Dicho informe acreditaría que 4 personas pertenecientes a la Empresa Forestal Santa Ana Ltda. Dedicada al rubro de la vigilancia privada de predios forestales, obligaron y amenazaron a un tercero para provocar diversos incendios forestales, presumiblemente con el objeto de justificar los contratos entre las forestales y la misma empresa de vigilancia. Un relato textual de este informe suscrito por Roberto Muñoz Sandoval, Sargento 2º, César Muñoz Astudillo, Cabo 2º, de la sección Forestal y Ecológica de Concepción señaló:

 

 

“Se determinó que la Empresa Forestal Santa Ana Ltda. Que cumple funciones de vigilancia predial, en los diferentes predios de las empresas forestales, tales como MININCO, CELCO, BOSQUES ARAUCO Y BIO BIO, no se encontraría autorizada para ejercer labores de vigilancia, infringiendo con ello el art. 5 bis del D.L. 3607. Ley de Vigilantes Privados, demostrando con esto por parte de la mencionada empresa la que es representada por José Roberto Escanden Pérez, una absoluta irresponsabilidad en su actuar, realizando su trabajo en forma fraudulenta, lucrándose económicamente de manera indiscriminada y maliciosamente de las empresas forestales, causando enormes daños económicos irreparables y a su vez una grave destrucción al medio ambiente, provocando confusión y alarma dentro de las empresas forestales.”

 

 

“Por lo que además se determinó que la empresa Forestal Santa Ana Ltda. cumple funciones de vigilancia privada en forma ilegal, actuando algunos de ellos en contravención a la Ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y explosivos, por el porte ilegal de arma de fuego que es utilizado por algunos de ellos, presumiéndose además que dicha empresa es la única responsable de la totalidad de los siniestros forestales en calidad de autor, infringiendo con ello los artículo 476 inciso 3 y 482 del Código Penal (delito de incendio)” 

 

A similares conclusiones habría llegado el perito judicial Aldo Gherardelli Maurer, en el “Peritaje de Incendios Forestales antiguos y ya extintos”, a requerimiento del Juzgado de Letras de Yumbel, en la misma causa (rol 38.774-L). Con estos antecedentes, según fuentes extra oficiales, algunos parlamentarios habrían estado dispuesto a solicitar un Ministro en visita para que se investigara estos antecedentes, entre ellos Navarro, sin embargo algo pasó que detuvo toda gestión al respecto. 

 

 

El Desmantelamiento de los Entes Reguladores.

 

 

Más allá del cierre de la Sección Forestal y Ecológica de Concepción la cual dejó de existir en octubre de 2001, a nivel País existían 12 secciones forestales (La Serena a Coihayque). Pero el Alto Mando suprimió todas. Coincidentemente con esto, la Corporación de la madera (CORMA) cambió de presidente, saliendo José Ignacio Letamendi e ingresando el empresario latifundista con predios en conflicto con comunidades y ex Ministro de la dictadura de Pinochet Fernando Leniz. Por cierto, como dato anecdótico y para que vean la clase de gente de la que hablamos, el año 2006, su hijo Francisco Leniz estafó al banco Security vendiendo un bosque talado por 400 millones de pesos(!) 

 

.

El Caso de Leonardo Espinoza y el Incendio de Rucañanco.

.

Tras el suicido en la ciudad de Santiago de un ex brigadista forestal Leonardo Espinoza, joven que tenía 20 años, aparecieron reveladores antecedentes quedesenmascararon el rol de las brigadas de seguridad de empresas forestales ante los conflictos Mapuches.

 

El joven, antes de quitarse la vida, dejó unas cartas en las que narra graves episodios que le tocó vivir como brigadista forestal. Ante esto, su madre Leticia Fonseca entregó estos antecedentes a la justicia, en los que se revelaba que los propios brigadistas forestales incendiaron la casa patronal del Fundo Rucañanco de la Empresa Mininco para inculpar a los Mapuches, entre otros actos vandálicos. Jerson Espinoza, hermano del joven suicida, quien también se desempeñó como brigadista forestal, relató a la prensa lo siguiente (Diario Austral de Temuco, 06 de enero del 2000)

 

“Después que provocamos a los Mapuches, para nosotros la situación era incontrolable porque los habíamos hostigado demasiado. Teníamos que hostigar a las Comunidades para que se produjeran enfrentamientos y la opinión pública se enterara de las -atrocidades que cometían los Mapuches”

 

 

“Los guardias de la empresa de seguridad que trabajaban como brigadistas para las empresas forestales, provocaban la mayoría de los conflictos. En algunas oportunidades provocamos incendios forestales, bloqueábamos los caminos; llenábamos sacos con arena para luego lanzarlos a los canales cercanos a las comunidades para que el agua desbordara e inundara sus siembras”

 

 

“En las noches, cuando las comunidades Mapuches realizaban sus Ngüillatunes (Ceremonias religiosas), brigadistas cortaban los Rehues (símbolo religioso), hecho que desataba la ira y colocaba la situación más tensa”

 

 

Estos actos según se afirmó, eran comportamientos para mantener y justificar sus puestos de trabajo de seguridad. Es importante recordar, que ante la quema de la casa patronal del Fundo Rucañanco de Forestal Mininco ocurrida el 01 de agosto de 1999, el Gerente de Relaciones Públicas de la propia empresa Rodrigo Hermosilla, acusó directamente a personas mapuches, responsabilizando incluso al dirigente y ex vocero de la Coordinadora de Comunidades en conflicto Arauco-Malleco, Víctor Ancalaf. Dicho “atentado”, fue uno de los principales motivos para que el Gobierno Regional aplicara la Ley de Seguridad del Estado en agosto de dicho año.

 

 

Todas estas diligencias acarrearon como consecuencia la militarización policial en el territorio mapuche; la constante persecución y las injustas detenciones de diversos dirigentes y comuneros Mapuches. Las denuncias por autoatentados nunca fueron investigadas, por el contrario, siempre se acallaron. El diputado PPD Eugenio Tuma fue uno de los que promovió estas denuncias, pero siempre teniendo el cuidado de no involucrar a las empresas sino a sus “grupos de seguridad”, señalando al mismo medio el 6 de enero del 2000:

 

 

“No me cabe duda que las empresas de seguridad, por el hecho de estar vinculadas a ex agentes de seguridad, han sido cómplices de los actos vandálicos ocurridos en la zona con el fin de culpar a comunidades mapuches. Además las empresas de seguridad no cumplen con la ley laboral”

.

El Caso Pedro Cifuentes y Forestal Mininco.

 

 

En las denuncias realizadas por el obrero Pedro Cifuente, el 26 de agosto de 1999 a la prensa y el recurso judicial que se presentó para su protección ante el temor de represalias en su contra. Cifuentes involucró de manera directa a funcionarios de la empresa Forestal Mininco en los atentados.

 

 

“La forestal me presionó, me dio dinero para culpar a los hermanos Ancalaf de las quemas y destrozos en la empresa. Me amenazaron con que me iban a encarcelar y las pruebas que tenían era un montaje de fotos. Es decir, me inculparían. Me entregaron la suma de 500 mil pesos y más 10 mil pesos semanales”

 

 

“Me amenazó que tenía que trabajar para ellos y meterme dentro de las comunidades, darle información de todo lo que pasaba dentro de la comunidad. Ellos, en muchas otras partes, han pagado a gente para que se infiltre en las comunidades mapuches”.

 

 

Cifuentes no pudo sostener las mentiras en medio de un careo con los propios Ancalaf ante el Ministro en visita Julio César Grandón, señalando al mismo medio.

 

 

“Fue tanta la presión que tuve por mucho tiempo, cada paso que daba o donde iba me vigilaban. Declaré delante de ministro y fue ahí cuando me di cuenta que lo que estaba cometiendo era un error bastante grave, que estaba perjudicando a personas inocentes y me estaba perjudicando. Yo recibí el dinero que me ofrecieron.”

 

 

 

Pedro Cifuentes habría sido contactado para este plan por un tal Alex de Ruiz, sindicado en aquel tiempo como funcionario de la empresa forestal Mininco. De Ruíz habría convencido a Cifuentes para que acusara a los hermanos Ancalaf en los hechos de violencia, entre ellos, apedreamiento de vehículos, quema de casas, plantaciones, puentes, entre otros.

 

 

 

Otros Casos.

 

También hubo relatos en anonimato de guardias forestales reconociendo la existencia de autoatentados a la prensa radial de Temuco, la cual investigó y recopiló antecedentes durante el año 2000 y que fuese replicado como denuncia por algunos parlamentarios, entre ellos Guido Girardi (hoy senador) y el diputado por la novena región (distrito 51) Eugenio Tuma, son otros hechos que quedaron sin investigar.

 

Durante el año 2008 y hasta el 2010, el Senador RN Alberto Espina apoyado por Carlos Larraín manifestaron una y otra vez que había conexiones entre los Mapuche y la FARC Colombiana. Al final, en noviembre del año pasado Espina tuvo que desdecirse ya que simplemente no habían pruebas.

 

.

Imputaciones a Mapuches y Aplicaciones de Leyes Especiales y Represivas.

 

Es necesario tener en cuenta que por declaraciones del Ex Subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil para el gobierno de Ricardo Lagos, el año 2004 sería el año de culminación de la larga operación denominada “Paciencia”, iniciada el 2001 para contener al movimiento Mapuche. (El Mercurio, 22/08/2004).

 

Al respecto, como se ha venido denunciando, existen Mapuches condenados incluso a más de 10 años de cárcel por delitos menores con penas absolutamente desproporcionadas, y con denuncias locales e internacionales de vicios procesales por los atentados incendiarios a los que se les ha dado la categoría de “terrorismo”, en tiempos donde a la vez, las mismas empresas han sido acusadas por autoatentados.

 


Una vez más, ¿No les parece conocida la historia?


 

 

A continuación un recopilado de los diarios de la epoca, cualquier parecido con lo de ahora es solo coincidencia… (?)

 

 

 

-

Fuante:Gamba . CL

José Ancalao, vocero de la Femae, detenido y golpeado por Carabineros

José Ancalao, portavoz de la Femae y miembro de la Mesa Ejecutiva de Confech, resultó con la nariz fracturada tras ser golpeado por Carabineros, denunciaron familiares y compañeros. Es uno de los 16 detenidos tras la violenta represión a marcha conmemorativa del crimen de Matias Catrileo.

POR AZKINTUWE -  TEMUKO, WALLMAPU 

Golpeado y detenido por Carabineros resultó el portavoz de la Federación Mapuche de Estudiantes (Femae), José Ancalao, quien participaba junto a miembros de su agrupación en la marcha convocada hoy en Temuco por los familiares y amigos de Matías Catrileo, ello en el 4º aniversario de su muerte. Ancalao fue detenido junto a la madre y la hermana de Matías Catrileo, siendo severamente agredido por funcionarios policiales, según denunciaron familiares y amigos.

El propio Ancalao, a través de su cuenta en twitter, denunció lo sucedido. “Golpeado y detenido después de marcha, sangrando junto a dos personas terrible violencia policial”, escribió en la red social mientras era trasladado al cuartel policial ubicado en calle Varas. La detención se llevó a cabo después que parte de los manifestantes ingresaran y subieran hasta la azotea del edificio, donde desplegaron un lienzo denunciando la impunidad tras el asesinato del joven estudiante mapuche.

"A José lo detienen cuando intercede por otro compañero, Diego Zaldivia Mankilef, quien fue violentamente detenido por alrededor de 10 policías. José intentó dialogar y pedir explicación por la excesiva violencia, siendo detenido y violentado de una manera similar a nuestro peñi Diego. Todos repudiábamos el accionar policial ante detenciones de la madre y la hermana de Matías Catrileo", señaló Pablo Millalen, portavoz de la Femae, al periódico Azkintuwe.

"Le rompieron la nariz. Sangraba mucho cuando era trasladado. Cuando lo vi en la Comisaría estaba con la nariz hinchada de sobremanera y según me comentó fue golpeado en diversas partes del cuerpo, al igual que Diego Zaldivia y los otros detenidos, quienes también fueron agredidos brutalmente", denunció Millalen. Para el dirigente, tras lo sucedido con Ancalao habrían claras motivaciones políticas. 

"A José lo persiguen por el rol que tiene dentro del movimiento estudiantil y eso incomoda a las personas que toman las decisiones. Hemos reivindicado los derechos del Pueblo Mapuche y alzado la voz como estudiantes. Hablamos de una Universidad Mapuche, exigimos educación con pertinencia, reivindicamos los hogares estudiantiles que ha sido catalogados por gobiernos anteriores como 'nidos de terroristas', todo ello molesta", denunció.

Según señaló Millalen y la propia Femae a través de un comunicado, la detención de Ancalao estuvo acompañada de diversos epítetos racistas por parte de los funcionarios de Carabineros. "Le decían 'no te gusta hablar indio tal por cual' o 'habla ahora cabro de mierda´ y otros garabatos que no vale la pena reproducir", subraya Millalen, quien anunció que acompañarán a los 16 detenidos en el control de detención de mañana miércoles en el Centro de Justicia de La Araucanía.

"De la justicia chilena esperamos muy poco. Esta marcha era precisamente para repudiar el accionar de la justicia en el caso de Matías y tantos otros que no han conocido de justicia, como Alex Lemun y últimamente Manuel Gutiérrez. Esto se suma a la realidad de los niños en las comunidades y la vulneración de derechos básicos permanentemente por el Estado a través de los diversos gobiernos de turnos. Leía recién en la red social que la familia de Matías ha pasado más veces detenidas que el asesino de su hijo y eso es impresentable", concluyó Millalen.

 

Abogada que puso a Directores policiales ante comisión de Derechos Humanos

Abogada que puso a Directores policiales ante comisión de Derechos Humanos

Relata que hay niños mapuche acusados y en detención domiciliaria por la ley antiterrorista chilena. Ella misma fue condenada y ahora espera la anulación del fallo...

Por Victoria Aldunate Morales

 

Karina Riquelme Viveros, abogada de comuneros mapuche 

Puso a Directores policiales ante Comisión de Derechos Humanos… 

Y la respuesta no se hizo esperar, el propio fiscal en jefe de Temuco, Alberto Schiffel, googleó a Karina, es decir la buscó en el servidor de Internet “Google” para recabar datos -él mismo lo relató en el juicio contra la abogada- y ahí comenzó una investigación y posterior juicio contra ella.

Karina Riquelme que actualmente trabaja en el grupo autónomo de defensores “Centro de Investigación y Defensa Sur”,desde el año 2006 está relacionada con la defensa de los derechos humanos del pueblo mapuche. Así mismo, en 2009 -cuando aún no se titulaba de abogada- hizo denuncias de casos de comercio sexual infantil en Pucón -balneario de ricos-. Aquellas denuncias quedaron “en nada”, pero las que la abogada hizo el año pasado cuando policías interrogaron a niñas y niños mapuche en su propia escuelaBlanco Lepin, Rewe Kimun, fueron acogidasEn noviembre de 2010 entonces, los Directores Generales de las policías chilenas debieron presentarse ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para  “informar” sobre dichos interrogatorios y, al parecer, quedaron muy molestos…

¿Cómo pasó todo esto?…

A principios de 2010, la ONG Liberar –dirigida por Fernando Lira-nos reunió a varios defensores. Era algo que no había pasado antes: que la Fiscalía ahora tuviera como contraparte no sólo a la Defensoría Pública. El escenario cambió: pedíamos libertades, había aproximadamente 20 comuneros mapuche en prisión política. Presentábamos querellas por apremios ilegítimos contra comuneros que cuando fueron apresados sufrieron torturas –querellas que no prosperaron-, y abarcamos también lo que sucede con el resto de la comunidad porque las fuerzas policiales se excedían en su labor. Presentamos cerca de 3 recursos de protección relacionados con niños y niñas mapuche. En estos últimos, por primera vez la Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección y les ordenó a las policías que dejaran de interrogar niños en las comunidades…

¿En ese momento te acusan a ti?

Sí, en todo ese escenario de recursos de protección, de querellas contra la PDI (Policía de Investigaciones de Chile), contra Carabineros de Chile, e incluso de querellas contra del Poder Judicial, un día llegué a mi casa y encontré una nota que me citaba a declarar a la PDI. Justo al otro día yo debía alegar un recurso de protección en contra de la misma PDI. Bueno, asistí pensando que estaba relacionado con las causas, pero me encontré con una investigación en mi contra por el posible delito de “ejercicio ilegal de la profesión”.

¿Por qué?

Por hechos del año 2009 cuando yo trabajaba en la OPD, Oficina de Protección de la Infancia, de la Municipalidad de Pucón. Pregunté quién era la persona afectada por los hechos y el funcionario me dijo que no existía denuncia, pregunté entonces cuál era la querella y me respondió que tampoco existía querella, que la investigación se había dado de oficio, que la había instruido un fiscal…

 

Explica eso

Bueno, no es que deba existir un denunciante, pero el propio funcionario de personal policial cuando declaró en el juicio, dijo que nunca, durante todos sus años de trabajo, había investigado algún delito por ejercicio ilegal de la profesión sin denunciante. Primera vez que se comienza una investigación así sólo por un oficio.  Y es que aquí no hay ninguna persona engañada…

Por eso el fiscal Schiffel debió googlearte”

Quien, dicho sea de paso, es mi contraparte en todos los juicios. Investigamos cómo había comenzado todo y apareció undocumento que se llama “reservado”: La investigación la inicia Cristian Paredes, fiscal que hace diez años atrás ordenó la intervención del teléfono de mi colega Pablo Ortega por causas mapuche y que además solicitó la autorización sin decir que Pablo Ortega era abogado de una de las partes. Bueno, luego de que se ordena la investigación en mi contra por el fiscal Paredes, el fiscal regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic ordenó que me formalizaran con los antecedentes que había…

O sea, en las querellas por torturas contra comuneros “no había pruebas suficientes”, pero en lo tuyo, con lo poco que había, te formalizaron…

Así es, las querellas por torturas a mapuche fueron sobreseídas porque el Ministerio Público en conjunto con el Poder Judicial decidieron que no había antecedentes suficientes para seguir investigando -aunque estamos hablando de delitos graves donde incluso hay comuneros que reconocieron a sus torturadores con fotografías-. En cambio a mí, sin denunciante ni querella, me formalizaron. Pero en el juicio quedó claro que no engañé a nadie. La comisión evaluadora que me contrató en la OPD dijo que sabía que mis antecedentes decían “titulación en trámite” y que SENAME, el Servicio Nacional de Menores, lo aceptó como válido porque la OPD presenta medidas de protección y las medidas de protección las puede presentar cualquier persona.

EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL Y REDES DE CORRUPCIÓN

A esta abogada la impacta el dolor de niños y niñas. En el caso de las comunidades mapuche, la ocupa todo lo que va quedando tras cada allanamiento: “Una cosa son los procesos penales que es horrible, la prisión política, los presos, las huelgas de hambre, pero otra cosa es todo lo que pasa la comunidad en general y los niños en particular, porque toda la gente que cayó presa, primero vivió allanamientos reiterados por lo menos un año, y una va viendo el comportamiento de los niños luego de eso”…

Tú habías investigando sobre redes de explotación sexual infantil en Pucón…

Ese era el trabajo que me tocaba hacer. No nos metíamos en el ámbito penal, pero sí podíamos hacer denuncias. Conocimos casos de niñas que estaban siendo explotadas sexualmente, y ellas nos contaban que sus clientes eran personeros de la PDI, de Carabineros y gente de harta influencia…

Corrupción…

Absolutamente. Nosotras intentamos investigar, pero hubo una muralla infranqueable. Hubo temor también –normal- de mis compañeras de trabajo. La gente también temía, una señora se había decidido a hacer una denuncia y luego no la hizo porque alguien la habría amenazado. Sabíamos por los relatos de las niñas, que eran llevadas por gente con autos muy costosos, lo que no es de extrañarse porque en Pucón hay mucho dinero.

¿Qué relación hay entre esas denuncias y este juicio contra ti?

Una de las pruebas en el juicio contra mí tiene que ver con una denuncia que yo realicé en contra de una persona, en ese tiempo, 2009, por abuso sexual y violación. El hombre nos fue a amenazar a la oficina, a decirnos que él había conversado con el juez, con la PDI, con “sus amigos” en Carabineros y que no íbamos a llegar a ninguna parte. Eso se volvió una prueba en mi contra en el juicio porque decían que esa denuncia estaba firmada por una abogada y yo no era abogada en ese momento, pero esa denuncia la hice como asesora legal, cualquier persona puede denunciar algo así…

¿Y qué pasó con el denunciado?

Está libre. Nunca hemos escuchado que se haya aprendido a alguien en Pucón por comercio sexual, y allá hay mucho. Hay mucha gente pobre, comunidades rurales, muchas niñas que son sacadas de sus casas por estas personas con dinero, que las llevan a fiestas donde les dan cocaína… estamos hablando de menores de edad…

NIÑOS MAPUCHE ACUSADOS POR TERRORISMO…

La ahora abogada titulada Karina Riquelme Viveros, fue condenada a 21 días de prisión -aunque no pasó ningún día en la cárcel porque tuvo el beneficio de la remisión condicional de la pena por el Tribunal de Garantía de Pucón-. Igualmente, la condenaron por “ejercicio ilegal de la profesión”. Todo el proceso se lo vivió embarazada, en alguna ocasión incluso, la fiscalía llegó a solicitar una orden de arresto en su contra estando ella con varios meses de embarazo, y cuando nació su wawa, debió cargarla en las audiencias durante los dos primeros meses de vida.

¿Está peor toda la persecución a los mapuche con un gobierno abiertamente derechista?

No creo, esto viene de la Concertación, no podemos decir que esto es ahora. Sí creo que los niveles de represión en este gobierno han subido, y seguramente también por un contexto de movilización social, de la movilización estudiantil. Igualmente, creo que es bueno lo que hemos logrado hacer como defensores. Hemos probado casos en relación a los niños. El comportamiento habitual de la policía cuando llega a las comunidades es el maltrato y el acoso, existe una represión instalada.

¿Hay actualmente niños mapuche a quienes se quiere llevar a juicios y en donde se pretende aplicar la ley antiterrorista?

Así es, existen niños que han sido encarcelados en virtud de esta ley y que actualmente están en arresto domiciliario. Ellos han sido investigado y acusados por la ley antiterrorista. No existe ninguna separación actualmente con respecto de los otros acusados mayores de edad. Esos casos son los de C.C.M, J.Ñ.P, P.Q.M y L.M.M.

Nos preguntamos y le preguntamos a la abogada, cómo se explica que en pleno 2011, con tanto discurso internacional sobre la defensa de los derechos de los pueblos originarios, esto siga pasando con las comunidades mapuche. Para ella, es que “los mapuche están peleando no sólo contra los particulares, si no contra empresas, luchan contra enemigos muy grandes: las trasnacionales”… Y, nosotras nos damos cuenta del semi silencio internacional sobre los abusos contra mapuche de los territorios de los estados de Chile y Argentina…

La abogada Karina Riquelme Viveros y sus defensores Pablo Ortega Manosalva y Jaime Madariaga de la Barra, ahora están en espera de que se anule la sentencia contra ella, pero no han cesado su defensa a favor de los mapuche.

victoria aldunate morales

feminista autónoma 

Fuente: Kaosenlared

Comunicado publico Ante gigantesco allanamiento realizado en Temucuicui

Comunicado publico Ante gigantesco allanamiento realizado en Temucuicui
 
Comunicado publico

 

Ante gigantesco allanamiento realizado en Temucuicui

La comunidad mapuche Autónoma Temucuicui, ante nueva y violenta intervención de parte las fuerzas represiva del Estado Chileno al Territorio de TEMUCUICUI, denunciamos ante la opinión Pública local, nacional e Internacional lo siguiente.

1. Hoy alrededor de las 06:30 de la mañana, un gigantesco contingente de Carabinero, fuertemente armados ingresaron al territorio de Temucuicui, disparando indiscriminadamente a todos quienes corrían sin saber que estaba sucediendo y porque motivo estaban ingresando a la comunidad.

2. Carabineros sin piedad ingresaron a varias vivienda destruyendo todo a su paso, lanzando bombas lacrimógenas sin importar que en sus interiores estaban niños durmiendo, entre las viviendas allanada se encuentran los familiares del Werken de la Comunidad Temucuicui Tradicional Mijael Carbone Queipu. Solidarizamos también con las familias allanadas en este procedimiento policial.

3. Nuestra Comunidad repudia categóricamente esta nueva incursión de las Policías que atenta en contra de la vida de todo quienes habitamos en el territorio de Temucuicui.

4. Queremos con mucha fuerza decirle al estado Chileno, que no permitiremos que continúen con su política represiva hacia el pueblo mapuche, las comunidades Mapuche tenemos el pleno derecho a defendernos de cualquier forma ante estas agresiones que se vienen a cometer en nuestro propio territorio, por tanto ante otras intervenciones las comunidades reaccionaran de la misma forma como ha venido operando carabinero, para proteger la vida de los niños, mujeres y anciano del territorio de Temucuicui.

Comunidad Autónoma Temucuicui

Movilización de estudiantes y mapuches. ¡Cuidado con no perder ganando!

Movilización de estudiantes y mapuches. ¡Cuidado con no perder ganando!

Por José A. Marimán

Como muchos he seguido los acontecimientos en desarrollo y relacionados con la protesta estudiantil en Chile. Y, como muchos, no puedo ocultar mis simpatías por la lucha que hoy dan en Chile, los jóvenes universitarios y secundarios. Ella no solo ha remecido a la sociedad estatonacional completa (que según encuestas de opinión parece respaldar el movimiento en una cifra cercana al 80%); sino también atrapó el interés de las minorías, particularmente de los mapuches, que al calor de los eventos crearon una federación de estudiantes mapuche (FEMAE), que agregó al repertorio de demandas generales la especificidad de la demanda multicultural o étnica. Sin embargo, y en relación con los pueblos indígenas, nunca será suficiente insistir en algunas cuestiones fundamentales respecto de la(s) demanda(s), que no deberían ser olvidadas a la hora de negociar.

Para efectos de hacer comprensible lo que plantearé a posterior, revisemos rápidamente el estado del arte en las demandas de la Confech. Los estudiantes piden: (1) educación garantizada constitucionalmente como Derecho Social, (2) garantizar aportes basales de libre disposición a las Universidades del Consejo de Rectores, (3) eliminación de la banca privada en el financiamiento de la Educación, (4) fin efectivo al lucro en todo el sistema de educación chilena, (5) generar nuevas formas de acceso para la Educación Superior, (6) garantizar que las Instituciones Educacionales provean de educación de calidad, (7) eliminar todas las trabas legales que prohíben la organización y participación de los distintos estamentos inmersos en el sistema educativo, (8) creación de una red técnica estatal en todos sus niveles, (9) creación de una carrera docente, (10) desmunicipalización efectiva de la Educación Básica y Secundaria, creando un nuevo sistema de Educación Pública que dependa finalmente del Ministerio de Educación, (11) término del financiamiento compartido, (12) y garantizar Derechos educativos y lingüísticos de los pueblos originarios presentes en el convenio 169 OIT y en la ley 19.253.

A primera vista el repertorio de peticiones parece de todo punto de vista razonable, conveniente, e inclusivo de vastos sectores en un movimiento que ha sido definido por analistas de muy variadas posiciones políticas, como transversal. No obstante, varias de las demandas incluyen temas que involucran sobremanera la subjetividad y los valores de los actores políticos envueltos en el conflicto, y sobre los cuales no es fácil ponerse de acuerdo. Por ejemplo, el problema de la calidad de la educación: ¿qué entiende cada uno por calidad?, o ese otro del fin al lucro y frente al cual la derecha se está uniendo, a pesar de sus diferencias, para oponerse a medidas que afecten sus intereses en el negocio de la educación. Pero para efecto de este breve artículo hay otro punto sobre el cual quisiera/recomiendo poner atención, en términos de no perder la visión política de proyecto de largo plazo, que tienen minorías como los mapuches o los rapanuis: me refiero a la demanda estratégica de autodeterminación en su versión autonomía.

La demanda que me inquieta dentro del paquete de la Confech es la número 10, o el desmantelar el sistema municipal de educación media y básica y su reemplazo por un sistema que dependa del Ministerio de Educación. Es cierto que la Confech explica esa demanda en términos de establecer que el carácter de esa nueva estructura estatal, debe ser “descentralizada” (¿qué entender por esto?). Aún así, ellos agregan: “Todos los establecimientos educacionales dependerán administrativa y financieramente de este nuevo sistema de Educación Pública”. Aquí requiero una explicación mayor, porque leída sin más desarrollo o argumentación esta proposición me parece contradictoria, pues plantea la descentralización (al menos retóricamente) cuando a la misma vez promueve la centralización expresada en un organismo estatal del cual dependerán administrativamente y financieramente todos los establecimientos educacionales de Chile. ¿Es eso lo que quieren los representantes de FEMAE para los mapuches y otras minorías?

Por años he leído argumentaciones en historia y en ciencias sociales de intelectuales y profesionales mapuches, que critican obras escritas por intelectuales de la nación estatal dominante (léase chilenos), y a las que califican de “historia oficial” por expresar impúdicamente en sus análisis, el nacionalismo y el colonialismo de la nación estatal dominante. Algunos textos –cuando no muchos textos- usados en educación media y básica llevan la firma de intelectuales que han hecho pública su opinión a favor de la asimilación de las minorías y su desprecio a las minorías y sus derechos. ¿En un sistema centralizado de educación en donde un ministerio administre los establecimiento y el financiamiento, no tiene el nacionalismo y el colonialismo de la nación estatal dominante las mejores posibilidades de introducir su discurso asimilacionista? ¿Hay mejores alternativas que esa en términos de descentralizar verdaderamente el aparato administrativo de la educación en Chile? Se impone a la FEMAE y al movimiento mapuche autonomista pensar en alternativas que vayan en dirección a fortalecer su demanda estratégica (si adhieren a ella como tal).

A manera de estimular esa discusión necesaria podría sugerir a grandes rasgos la implementación de un sistema que considerara un Ministerio de Educación central con una misión estrecha y acotada (fijar algunos estándares nacionales, entregar fondos y monitorear el uso adecuado de ellos, velar porque nadie sea discriminado en la entrega de la mejor educación posible, y realizar investigación aplicada a nivel país socializando experiencias de éxito en estrategias de innovación educacional, por ejemplo). A nivel regional un Consejo o Comisión Educacional Regional, electo y con autonomía del Ministerio Central y de las autoridades políticas regionales (aunque un gobierno regional elegido democráticamente tuviera representación en él), que decidiera sobre las políticas educativas pertinentes dentro de los márgenes de la región (sería más fácil discutir allí la importancia de la educación bilingüe intercultural en regiones pluriétnicas, que a nivel nacional con hegemonía de Santiago y regiones grandes sobre regiones pequeñas y multiculturales). Al mismo tiempo y bajo ese ente, un Consejo o Comisión Jurisdiccional o Circunscripcional (no municipios), elegido democráticamente para gobernar sobre establecimientos de áreas territoriales delimitadas, como por ejemplo podría ser reunir en un área establecimientos con alta concentración de estudiantes indígenas, determinando la educación apropiada a ese contingente humano (crear los planes atinentes y contratar al personal apropiado para sacar adelante esos planes de estudio).

Lo que he esbozado como una pequeña propuesta en el párrafo anterior, no es sino una invitación a imaginar el futuro y a discutir en el presente ese futuro. En ningún caso un dogma. Y debe ser complementado con el punto 5 de la demanda de la Confech, en el sentido de “generar nuevas formas de acceso para la Educación Superior”, que consideren el desuso de instrumentos como pruebas estandarizadas tipo PAA o PSU (que solo benefician a estudiantes de los quintiles altos), en beneficio de otras formas por imaginar y crear, que den cuenta de logros en términos del desarrollo del pensamiento científico y crítico de los postulantes, sin necesariamente aludir a un contenido específico tomado por verdad absoluta (memorización de la historia oficial). Por ejemplo, un sistema que considere -en historia- más importante que evaluar si Chile se formó por la fusión de los vencedores de Flandes y los invencibles guerreros mapuches (una historia con un tufillo a “macho”), que no tienen ningún sentido para un niño rapanui o aymara, que ni son descendiente de españoles ni de mapuches, la capacidad de un estudiante para ofrecer una explicación coherente de hechos históricos, respaldada por evidencia científico social, y en la que se exprese su propia subjetivad, manejo de teorías, metodologías e imaginación sociológica.

Demandar educación bilingüe intercultural o una universidad indígena dentro de un sistema centralizado como el chileno, no asegura por si mismo que las minorías desarrollen sus propios proyectos educacionales de buena forma, pues el control por los agentes nacionalistas estatales del aparato educacional se reproducirá de todas formas, si se permite la existencia de un Ministerio de Educación centralizado (aún cuando se hable de descentralización sin explicar que se implica con ello). Demandas como esas deben considerar la advertencia a mirarlas con cuidado, que ha hecho el antropólogo y nacionalista mapuche de Wallmapuwen, Rodrigo Marilaf, en su artículo “Era inevitable”, publicado en Azkintuwe por estos días. No se quiere decir aquí, como tampoco lo ha expuesto Marilaf, que ellas sean incorrectas; sino únicamente que hay que ponerlas en un contexto mayor como es el derecho a la autoderterminación de los pueblos en su versión autonomía.

Al cerrar solo quiero insistir en que estas provocadoras ideas no son dogmas, pues no tengo la última palabra en términos de ofrecer modelos exitosos. Es más, parto de la base de que no existen modelos perfectos o ideales, y de que es a FEMAE y los interesados en una educación pertinente a los pueblos indígenas, ofrecer a sus sociedad de pertenencia un programa político que les permita o favorezca la reproducción cultural. En lo que no hay que perderse en esas discusiones, es en la necesidad de la descentralización del país en todos los ámbitos. Solo de la descentralización de un modelo de sociedad estatonacional híper centralizado y autoritario, y de la democratización de la sociedad estatonacional en su conjunto, saldrán las condiciones para sacar adelante proyectos de educación multicultural pertinentes y de vida política en el respeto a la multiculturalidad.