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T r i b u n a c h i l e n a

Paraguay: La verdad sobre la tenencia de la tierra

Por Javier Rodríguez (PL)

Hace pocas semanas los sucesos de Curuguaty, una población del este paraguayo,estremecieron al país por su gravedad y repercusiones.

Un total de seis agentes policíacos y 11 campesinos murieron en un enfrentamientodurante el desalojo de familias rurales que ocupaban algunas parcelas de un latifundio demiles de hectáreas en manos de un antiguo senador de la República y militante delderechista Partido Colorado.

Más de 45 campesinos, algunos ellos heridos, permanecen prófugos a la hora de escribirestas líneas y otros 14 se encuentran encarcelados por presunta participación en eltiroteo.

El sangriento hecho fue aprovechado por los opositores al gobierno de Fernando Lugo,electo presidene de la República en el 2008, para arremeter contra el mandatario,acusarlo de responsabilidad en las muertes, desatar una crisis política de grandesproporciones y usar la mayoría congresional para destituirlo de su cargo, mediante unexpedito juicio político que causó la ruptura de la institucionalidad democrática.

Como la motivación, en realidad, era de orden político, los autores de esa acción,muchos de ellos acusados por las organizaciones sociales y campesinas de contuberniocon los barones de la tierra, y otros defensores de sus propios latifundios, no tuvieronen cuenta los esfuerzos sin resultados del gobierno por realizar el intento de unamodesta reforma agraria.

Poco después, el nuevo gobierno enfrentó otro incidente de alta magnitud con la pérdidade la paciencia por más de cinco mil familias campesinas que, durante más de un año,viven en carpas al costado de otro enorme latifundio de casi 35 mil hectáreas, en el áreade Ñacunday, en poder de un brasileño nacionalizado paraguayo.

Los campesinos, conmocionados incluso por la muerte de tres de sus niños por lasterribles condiciones de vida allí existentes, amenazaron con ocupar parte de las tierrasdel "brasiguayo", como se les llama allí a los de esa doble nacionalidad, y recibieron laamenaza por parte del Ministerio del Interior de actuar con toda rudeza si se atrevían aello.

Un aspecto interesante de estos dos casos, similares a otros muchos en el territorionacional, es que, durante el gobierno de Lugo, su asesor jurídico, Fernando Camacho,en funciones de interventor del Instituto de la Tierra, había realizado las mediciones delos mencionados latifundios y comparándolas con los títulos de propiedad descubrió lasirregularidades en la compra de parte de las propiedades, por supuesto con bendicionesde jueces y fiscales acusados de corruptos por los campesinos.

Pasaron apenas algunos días y con el temor de nuevas y grandes tragedias, FedericoFranco, el presidente designado por el Congreso tras la destitución de Lugo, anunció pormedio de la prensa a los labriegos de Curuguaty que el ex senador-terrateniente habíaaceptado ceder una parte de las tierras para colocar en ellas a las desvalidas familias.

Apenas pasaron 24 horas y uno de los hijos del latifundista convocó a la prensa paradesmentir al propio Franco: no habrá cesión alguna de siquiera un pedazo de lapropiedad adquirida irregularmente.

En realidad, los hechos relatados por formar parte de la más reciente realidad en lahistoria del campo paraguayo, apenas son un botón de muestra de lo que, durantemuchas décadas, ha sido una dura verdad para quienes sufren, luchan y hasta muerenpor lograr unas pocas hectáreas de tierra para trabajarla, sostener a sus familias ymejorar algo su calidad de vida.

Algunos datos oficiales sobre la tenencia de la tierra y la pobreza en Paraguay propicianel poder entenderlo todo mejor.

El uno por ciento de los propietarios rurales concentra en su poder nada menos que el77 por ciento de las mejores tierras del país y los restantes agricultores disponenapenas del uno por ciento de los terrenos con posibilidades de producción.

No poseen tierra propia 129 mil familias, las cuales constituyen el 29,7 por ciento de lapoblación rural y otras 300 mil están sin un pedazo de terreno o lo tienen en cantidadinsuficiente.

El resultado de esta injusticia, reflejada en toda la población, es que casi el 40 por cientodel sector rural vive en situación de pobreza y de pobreza extrema y se padece un nivelde desnutrición en el 15 por ciento de la población.

Estas estadísticas, aunque necesitadas de una actualización que apunta a un peorpanorama, sirven por lo menos para tener una idea de la tragedia que vive la poblaciónrural.

Ahora bien, otros antecedentes también muestran las razones de que se haya llegado aestos extremos de continuas ocupaciones de tierras por parte de desesperadas familiascampesinas.

Hay que partir de la base de que el 42 por ciento de los paraguayos viven en las zonasrurales, algo bastante lógico por la gran cantidad de terrenos improductivos y el hechode que la nación cuenta con poco más de seis millones de habitantes.

El desorden campea en lo relativo a la tenencia de la tierra por la falta de un catastro quepudiera ayudar a un control razonable y la corrupción de gobiernos y de los poderesJudicial y Legislativo.

Las informaciones disponibles hablan de otorgamiento y venta de tierras a extranjerostras el fin de la guerra con Uruguay, culminada en 1870, así como de la distribuciónfraudulenta de 11 millones de hectáreas por el dictador Alfredo Stroessner (1954-1989)a amigos, militares, socios de negocios sucios y hasta amantes.

Todo esto, se señala, ayudó a sentar bases para la agricultura de exportación a granescala como se practica hoy y a la posesión por políticos y otros favorecidos de millonesde hectáreas de las denominadas tierras mal habidas.

Por supuesto, la exclusión social de las comunidades campesinas e indígenas esaltamente preocupante y su bajo nivel de vida progresa gracias a la mecanización, laagricultura extensiva dedicada a la exportación y la existencia de más de 26 millones dehectáreas dedicadas a la ganadería, actividad preferida por los latifundistas.

La expulsión de campesinos de sus tierras y hasta la utilización de todo tipo de violenciacontra ellos, incluyendo los crímenes ejecutados por bandas armadas privadas al serviciode los geófagos, conforman todo este triste panorama rural en Paraguay.

La investigadora Mirta Barreto escribió que sólo en el gobierno del presidente Lugo ellaescuchó hablar de acciones dirigidas a intentar una reforma agraria.

Sin embargo, la posición irreductible de quienes controlan la tierra y la siempre solícitaayuda de muchos fiscales y jueces evitaron avanzar en las medidas para aliviar la realsituación vivida en el campo paraguayo.
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