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Contra el lucro y la exclusión

por tribunachilena el 20/04/2007 14:14, en Opinion

por  Roberto Pizarro

A escasas semanas que la Presidenta se instaló en La Moneda se produjo la movilización social más masiva registrada durante los gobiernos de la Concertación. Los estudiantes de la enseñanza media reclamaron desde Arica a Punta Arenas por la mala calidad de la educación, destacaron las desigualdades que la caracterizan y llamaron a eliminar la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), que estableció la dictadura. El apoyo generalizado de la población al movimiento estudiantil puso en evidencia que las familias de Chile se sentían plenamente representadas por sus hijos. Ello permitió colocar en la agenda pública la modificación del sistema educacional, obligando al repliegue transitorio de los fundamentalistas del libre mercado y los promotores de la exclusión social.

Como se sabe, la calidad de la educación se encuentra reservada a los hijos de las familias ricas de Chile. La escuela privada paga los mejores profesores y cuenta con adecuada infraestructura. Ello permite a sus egresados obtener los más altos puntajes en la PSU, accediendo a las mejores universidades. Así, los dueños del Poder Económico y de la elite política del país aseguran que sus descendientes puedan alcanzar elevadas capacidades instrumentales para administrar el sistema económico y político que controlan. Adicionalmente, la segmentación social y territorial que caracteriza a estas escuelas reproduce en los jóvenes el clasismo, racismo e individualismo propio de las familias ricas lo que se constituye, por otra parte, en seria limitante a su formación integral.

El resto del sistema educacional, al que accede el 90% de los niños en edad escolar, atiende a las familias pobres y de clase media, tanto mediante las escuelas municipalizadas financiadas por el Estado como bajo la administració n de comerciantes “sostenedores” que, utilizando subsidios estatales, lucran con la enseñanza. Ambos tipos de escuelas cuentan con infraestructura limitada, elevado número de alumnos por aula, escasez de alimentación, sostenedores inescrupulosos, debilidades de los municipios. A esto se agregan las reducidas condiciones materiales y culturales de los hogares pobres lo que dificulta aún más el aprendizaje escolar. Así las cosas, y con contadas excepciones, los jóvenes provenientes de la educación municipalizada y de la privada subvencionada muestran bajos puntajes en la PSU, ingresan a universidades de baja calidad y estudian profesiones sin demanda en el mercado. Ello ha hecho crecer un ejército de profesionales desocupados que, en el mejor de los casos, pueden llegar a servir como empleados, con bajos salarios, de los jóvenes de su misma generación que se convierten en ejecutivos de empresas, gracias a sus estudios de calidad en Chile y en el extranjero. El futuro de los niños de Chile está definido en su nacimiento. Se juega con cartas marcadas.

En consecuencia, el sistema educacional chileno, en vez de servir para integrar a los niños de distintos orígenes sociales, promover la convivencia en comunidad, estimular la promoción social, favorecer un mismo lenguaje y valores, se ha convertido en instrumento de exclusión y ampliación de desigualdades. Por otra parte, como las familias adineradas pueden comprar una mejor educación ésta ha dejado de ser un derecho para convertirse en una mercancía, sin garantías de calidad similar para todos los niños.

Después de un intenso trabajo técnico del Consejo de Educación y presentado el proyecto de ley de reforma al Congreso, todos aquellos que bajaron su perfil en las movilizaciones estudiantiles han contraatacado con furia. Rancios apellidos asumieron la vanguardia. Los dos Larraín, presidentes de la UDI y de RN, con la asesoría de la Sra. Patricia Matte, atacaron con virulencia la eliminación del lucro en la educación, que propone el proyecto de ley. Luego se lanzaron al ruedo los editorialistas de El Mercurio y de La Tercera, y sus columnistas estrellas. A éstos los siguieron los dirigentes empresariales de la Confederación de la Producción y el Comercio y, como siempre, algún economista de Libertad y Desarrollo. La clase dominante en pleno, con la ayudita de uno que otro personero de la Concertación, atacó vigorosamente el proyecto.

La derecha nunca imaginó que el rechazo al lucro en la educación, eje de las demandas estudiantiles, llegaría a ser parte del proyecto de ley. Su reacción, cercana a la histeria, tiene una sola explicación. Por primera vez, después de 17 años de gobiernos de la Concertación, se cuestiona uno de los pilares del neoliberalismo: el reconocimiento al lucro en el área social y la existencia de un Estado que ha renunciado a la universalizació n de las políticas sociales, limitando su accionar a la focalización. El desafío que coloca el proyecto a los intereses empresariales, pero sobretodo el cuestionamiento al libremercadismo totalitario es lo que preocupa a la derecha.

Más allá de las preocupaciones ideológicas de la derecha y de la defensa de sus intereses económicos, la demanda por una educación decente y sin discriminaciones para todos los niños, hijos de familias ricas y pobres, es justa y necesaria. Está en juego el desarrollo económico del país, que no se sostiene con la actual educación. Está en juego la estabilidad de sistema político, con excluidos que acrecientan su violencia. Esta en juego la ética nacional, que no resiste el aumento de las desigualdades en medio de una aguda concentración del ingreso. La sociedad civil lo ha entendido y por ello los estudiantes han exigido el término de la LOCE, el fin del lucro y la eliminación de toda discriminació n en la educación. El proyecto de ley recoge el sentir democrático de la ciudadanía.

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Roberto Pizarro es economista



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