El miedo constitucional de las derechas a la democracia
El miedo de los hombres de derecha del Consejo Ciudadano de Observadores, que fueron designados por el Ejecutivo para pilotear desde arriba el llamado “proceso constituyente”, se expresa en forma de objeciones a la metodología del mismo, según el diseño retenido por el Gobierno, paradójicamente, con el deseo expreso de darles garantías a las fuerzas oligárquicas de que no habrán riesgos fortuitos ni salidas de libreto.
Los temores y angustias ancestrales de las derechas a la democracia como práctica y a la democratización de las instituciones, cobra notoriedad en estas situaciones. En su sentido más profundo, es el miedo a la participación popular en un proceso de deliberación ciudadana acerca de temas políticos fundamentales. Como los que deben debatirse en un proceso constituyente. Es por esa razón que su naturaleza elitista y de clase las determina siempre a reaccionar negativamente ante los cambios democráticos y a oponerse a que se discuta de Constitución en la base, en lo local. En otros términos, que el pueblo se entienda y se pronuncie acerca del agenciamiento de los principios constitucionales en una nueva Constitución para Chile.
LAS DERECHAS EN CRISIS IDEOLÓGICA
En otras democracias “liberales” esto es un problema superado. Las derechas liberales no se oponen a los debates en la base social. En Chile, la subjetividad crítica ciudadana o aquello que algunos llaman el “malestar social” —que no es otra cosa que el resultado de la experiencia acumulada en las luchas sociales contra la desigualdad, la primacía del mercado y la injusticia en los últimos años— junto con la crisis de legitimidad institucional del sistema post dictadura y la corrupción de la casta política que dirigió la transición pactada, generan en las derechas reflejos reactivos antidemocráticos. A lo que se agrega la pobreza ideológica de las derechas, que se expresa claramente en el pensamiento neoliberal y elitista simplón de un ideólogo como Axel Kaiser.
Al gradualismo reformista de los socialdemócratas y democratacristianos conservadores, las derechas le oponen la defensa de los bastiones de poder acumulado desde 1973, que la ciudadanía ya no comparte como antes, sino que por el contrario cuestiona y cuyas fisuras se hacen patentes ante sus ojos, pese al trabajo del dispositivo mediático tradicional por mantener las apariencias y apaciguar las angustias.
En estas circunstancias, los observadores-consejeros del “proceso constituyente” del Gobierno, pertenecientes a la fauna conservadora-neoliberal como Gastón Gómez, Lucas Sierra (subdirector del ultraliberal Centro de Estudios Públicos de Eliodoro Matte, el de la colusión en las cloacas), Arturo Fernandois, Hernán Larraín Matte y Héctor Mery, según lo reportaba la prensa tradicional, le tienen miedo y objetan esas reuniones ciudadanas que eventualmente podrían ser animadas por “monitores voluntarios” que se celebrarían previo a los cabildos regionales. ¡Ojo! A lo que en la metodología del gobierno se denomina los “encuentros autoconvocados" que cualquier grupo de personas, instituciones a nivel local u organización social (como junta de vecinos, clubes de adulto mayor, u otra), con domicilio en una comuna “puede organizar inscribiendo formalmente su encuentro y siguiendo la metodología propuesta para estos”, según indica el documento del Gobierno.
Valentina Fuentes, periodista de El Mercurio (*), haciéndose eco de las quejas de los representantes de la derecha conservadora y neoliberal, señalaba que éstos “critican un esquema que podría abrir espacio a capturas por parte de grupos que defienden intereses particulares o partidos políticos, que, de hecho, apuntan a preparar a sus militantes para que participen en los cabildos, pero también para que lideren encuentros en sus comunas”.
Mientras que el pueblo de izquierdas no le teme a las asambleas de carácter popular, las derechas aborrecen de ellas; acostumbradas como están a controlar, vigilar y a excluir al actor popular organizado.
Los Gastón Gómez, Lucas Sierra, Arturo Fernandois, Hernán Larraín Matte y Héctor Mery se pretenden ángeles caídos del cielo; detentores de las sacrosantas verdades constitucionales y no individuos que profesan tesis y doctrinas constitucionales específicas acerca de la sociedad, que niegan los derechos sociales puesto que defienden una concepción individualista que ignora el vínculo social o el ser social que constituye a la persona; que defienden a ultranza la propiedad privada —incluso la mal habida como las privatizaciones bajo la dictadura, ej: SQM— de los medios productores de riqueza así como el poder en manos de una casta política-empresarial transversal acusada de corrupción institucional.
VENTANA DE OPORTUNIDADES PARA LAS IZQUIERDAS: INTERVENIR
El Gobierno de Bachelet y la Nueva Mayoría designó a un número significativo de Consejeros ciudadanos para darle expresas garantías a la derecha de que el proceso constituyente podría ser controlado, vetado, y que en toda circunstancia estaría vigilado y bajo su escrutinio y aprobación. Tanto así que no hay ningún consejero de izquierdas; a lo sumo hay militantes e individuos afines a los partidos de la Nueva Mayoría y, otros/otras incapaces de emitir opinión acerca de lo que en ese grupo selecto y no representativo del abanico social sucede.
La derecha siempre ha estado con la Constitución pinochetista actual. Y después de la firma del ex presidente Ricardo Lagos a las reformas para legitimarla el 2005, se quedó muy satisfecha. ¿Qué hace allí entonces? Lo sabemos. Obstruir los cambios, impedir que el pueblo se exprese, parapetarse en valores individualistas como la “libertad de emprender” y hacerle mella a un blindaje a los derechos sociales en una futura constitución, metiendo por donde sea la “iniciativa privada” en los mercados. En definitiva: defender derechamente los intereses y la hegemonía política de la clase dominante vía bloquear la posibilidad de elegir una asamblea Constituyente.
Este “proceso constituyente” monitoreado desde arriba por las derechas y los socialdemócratas de cuño parecido como los del PS y el PPD es, pese a las maniobras de las derechas, una oportunidad para las izquierdas para desenmascarar a las derechas y sus aliados. En el contexto actual, hay condiciones propicias para debilitar a los defensores del poder constituido, así como denunciar sus imposturas.
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