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Farmacias populares: Un remedio contra la colusión

 

Punto Final



El pequeño espacio en que se emplaza la farmacia popular de Recoleta es un hervidero de personas entregando antecedentes para validarse como usuarios, de ejecutivos de laboratorios que ofrecen sus productos a precios módicos o de funcionarios de otros municipios en peregrinación para conocer la experiencia de Recoleta y replicarla en sus comunas. Cuando PF concurrió al lugar, una pareja de carabineros se presentó para investigar una amenaza anónima de bomba que resultó falsa, y una vecina se retiró frustrada al saber que no es una farmacia comercial y que debía obtener previamente su ficha de protección social. Es el precio de la celebridad para una iniciativa que no termina todavía de ser comprendida en todos sus alcances.

La farmacia popular de Recoleta -atiende lunes, miércoles y viernes de 12 a 16 horas- se ha convertido en un fenómeno que no deja indiferente a nadie. Se origina en un compromiso de campaña del alcalde de la comuna, el arquitecto comunista Daniel Jadue, para enfrentar la sangría que significan para el municipio y sus habitantes los precios elevados de los medicamentos de dolencias crónicas tan comunes como hipertensión, colesterol, alergias o artritis.

UN PUNTO A FAVOR DEL DERECHO A LA SALUD

El alcalde de Recoleta ha dicho que el principal objetivo del proyecto es consagrar el derecho a la salud y al acceso a medicamentos a precios justos, sin importar el nivel socioeconómico de los usuarios; destaca que los principales beneficiarios serán los adultos mayores más pobres. En promedio los chilenos y chilenas más vulnerables gastan hasta el 55% de sus ingresos en fármacos y este gasto, globalmente, representa alrededor del 1% del PIB del país.

Luego que Daniel Jadue diera a conocer la apertura de este dispensario de medicamentos, municipios de todos los colores políticos han manifestado interés en replicar esa iniciativa en sus territorios. El motivo de esta masificación “viral” de la experiencia de Recoleta radica en que las municipalidades emplean un alto porcentaje de sus fondos en entregar subsidios a la compra de medicinas para pacientes crónicos. Dada la estructura oligopólica del sector farmacias, esos recursos terminan engordando a las cadenas farmacéuticas que controlan el 95% del mercado en Chile.

El interés que ha despertado la farmacia popular de Recoleta es el primer paso para una política pública de medicamentos a precios razonables, en momentos en que el gobierno tiene serias dificultades para cumplir sus compromisos en materia de salud.

UNA FARMACIA CON MEMORIA

La farmacia popular de Recoleta adoptó el nombre Ricardo Silva Soto, joven estudiante de química y farmacia de la Universidad de Chile, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), asesinado en 1987 por agentes de la CNI en la calle Pedro Donoso, distante tres cuadras del lugar en que hoy se emplaza la farmacia.

La farmacia depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Recoleta y claramente sus objetivos están vinculados a la red de desarrollo social de la comuna. Su gerente es el administrador público Marco Fernández Neira (35), quien dice que la experiencia surgió inicialmente como intento de crear una cooperativa de consumo para adquirir medicamentos, usando las atribuciones del artículo 94 del Código Sanitario que autoriza la importación directa de esos productos para uso personal. “Comenzamos a organizar a un grupo de vecinos, en su mayoría dirigentes de clubes de adultos mayores, centros de madres o juntas de vecinos, con los cuales conformamos la Agrupación Salud Solidaria en la idea de transformarla en la futura cooperativa”, dice Fernández.

En paralelo, y con la orientación del Instituto de Salud Pública (ISP), el alcalde Daniel Jadue y sus colaboradores comenzaron a explorar la alternativa relacionada con la creación de una farmacia municipal. Compararon ambas posibilidades y luego de constatar que la vía de la importación directa tenía algunas limitantes asociadas con el uso de medicamentos controlados o dificultades para relacionarse con los proveedores, por no ser una farmacia con resolución sanitaria, decidieron instalar la farmacia bajo las orientaciones del ISP.

Dice Fernández: “Ha sido una vivencia intensa, en el sentido que los vecinos y vecinas se sienten parte de una experiencia ejemplar para Chile, que abre una posibilidad cierta de mejorar la calidad de vida de millones de personas. Para los vecinos y funcionarios municipales, el hecho que Recoleta haya sido la prima en impulsarla, es motivo de orgullo. No pensamos que los municipios reaccionarían tan rápido como lo han hecho. Es una verdadera marea de alcaldes, concejales y funcionarios la que está viniendo a Recoleta para conocer esta experiencia, con el propósito de replicarla. Hay más de ciento cuarenta municipios hasta ahora trabajando en la implementación de sus propias farmacias”.

AHORRO Y RACIONALIZACION DE RECURSOS

Antes de la experiencia de la farmacia popular, el municipio empleaba el 60 por ciento del gasto social en la adquisición de medicamentos en el mercado de las cadenas comerciales. “Me refiero a recursos a los que podríamos dar otros usos, como adquisición de mercaderías, compra de mediaguas, equipamiento de emergencia u otras ayudas sociales. Esta es para nosotros no solo parte de una política de salud, sino también de una política de economía comunal. Ahora buena parte de los fondos que antes destinábamos a medicamentos comprados a grandes cadenas, podemos redirigirlos a multiplicar la ayuda a vecinos”.

Marco Fernández señala que el protocolo de administración de la farmacia municipal establece que los remedios se entregan una vez que el usuario o usuaria se inscribe en el programa de desarrollo social de la comuna, entregue un comprobante de sus ingresos permanentes, y reciba la ficha de protección social que lo habilita para obtener el beneficio, sin puntaje de corte. Para adquirir los medicamentos basta con presentar una receta médica. “Es una política transversal, que no está restringida exclusivamente a los sectores más vulnerables. Con esos antecedentes nos aseguramos que la persona beneficiaria sea residente de la comuna de Recoleta. Una vez recibida la solicitud, vamos comprando los fármacos según los requerimientos derivados de los tratamientos. Como no somos una farmacia comercial, no tenemos stock y los productos se solicitan según las necesidades de los usuarios”, argumenta.

El gerente de la farmacia popular considera crucial para esta iniciativa el apoyo de la comunidad de Recoleta y destaca el rol en el éxito del proyecto que ha cumplido la organización comunitaria Salud Solidaria. “Esperamos que nuestros vecinos se transformen en fiscalizadores para detectar cualquier situación irregular en sitios en que se suelen vender medicamentos de manera ilegal, como sucede frecuentemente en las ferias libres. Ellos nos ayudarán a que estos medicamentos no terminen revendiéndose”.

CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE

SE ADQUIEREN LOS MEDICAMENTOS

La farmacia municipal realiza sus compras a través de la Central Nacional de Abastecimiento del Estado (Cenabast), institución a través de la cual han podido disminuir hasta en mil quinientos por ciento el valor de los remedios para los usuarios. La cantidad de almacenamiento que maneja Cenabast es limitada, por lo que necesariamente deben buscar en el mercado opciones de compra para productos que no están disponibles en la Central de Abastecimiento público. Dice Fernández que los laboratorios están interesados y ofrecen precios atractivos. “Ahora estamos en proceso de cotización y esperamos que el interés inicial de estas empresas proveedoras no se diluya y podamos concretar buenas compras sin que haya presiones externas”.

Fernández destaca que el Ministerio de Salud ha apoyado la iniciativa a través de su encargada de políticas farmacéuticas, Tatiana Tobar, y que la propia ministra Carmen Castillo visitó la farmacia. También han recibido la visita del director de Cenabast.

EXPERIENCIA REPLICABLE

El proyecto de la Municipalidad de Recoleta se inspira en experiencias parecidas, como la desarrollada por el gobierno del presidente Lula Da Silva en Brasil con las farmacias populares, y en las “farmapatrias” creadas por el gobierno bolivariano de Venezuela. “Desde el primer día nuestra intención ha sido que esta iniciativa se multiplique y hemos trabajado para que eso suceda recibiendo a gran cantidad de alcaldes, concejales, equipos municipales, directores de salud, directores de desarrollo comunitario o jefes jurídicos de otros municipios; con ellos hemos compartido toda la información disponible. Nuestro apoyo se refiere tanto a aspectos técnicos como administrativos y legales”, expresa Fernández.

El efecto puede ser muy positivo porque hay 93 comunas en el país que no tienen una farmacia en su territorio, comenzando por María Pinto, en la Región Metropolitana. “Esperamos que este esfuerzo permita a muchas municipalidades instalar este servicio de acceso expedito a medicamentos a precios módicos. Los más golpeados con el mercado oligopólico en el sector farmacéutico son justamente los habitantes de las comunas más pobres y apartadas. A los precios coludidos se agregan costos adicionales en transporte y en tiempos de espera. Conversé con un alcalde del sur que me contó que para adquirir los remedios que necesita su comuna, tiene que viajar en lancha dos días”, dice Marco Fernández.

Piensa que el impacto que ha tenido esta iniciativa está relacionado con lo desprotegidos que estamos los chilenos en el acceso a medicamentos. “Basta con cruzar la cordillera hacia Mendoza, y uno aprecia diferencias brutales en los precios. Constituyen una demostración práctica de que en Chile este mercado no está funcionando correctamente y que unos pocos lucran con la salud de millones de personas, y en última instancia con la vida o muerte de muchos”.

POLITICA PUBLICA IMPUESTA DESDE LO LOCAL

“Es importante destacar que no vendemos medicamentos. Somos un canal de intermediación para la compra y dispensa de éstos a los vecinos de la comuna. Ellos no pagan por el producto, sino por el derecho a usar este canal municipal. Ese valor de uso es siempre equivalente al costo de su medicamento, que se deposita en la Tesorería Municipal, no en la farmacia: tal como se pagan los derechos de basura o cualquier otro. No hacemos actividad comercial o lucrativa alguna. Prestamos un servicio y para realizar nuestra labor ocupamos la fuerza negociadora del Estado para obtener precios bajos”, precisa Marco Fernández.

La primera consecuencia que las autoridades de Recoleta esperan de la masificación de las farmacias populares es que los precios bajen de manera considerable. “Ya estamos viendo el efecto en las farmacias de la comuna, que se han llenado de ofertas de un día para otro. Esta iniciativa se proyecta hacia todo el país convirtiéndola en una de las pocas políticas públicas nacidas desde lo local”, dice el gerente.

Fernández agrega que la justicia ya determinó la colusión de los tres principales actores de las cadenas farmacéuticas. Hubo investigación, sanciones y sin embargo, todavía no bajan los precios y la tendencia sigue siendo al alza. “La simple comparación de los precios de los medicamentos que Recoleta entrega a su comunidad con los más elevados y concertados que ofrecen las cadenas que operan en el mercado, permiten sospechar que estas prácticas de colusión siguen realizándose, porque estamos en presencia de un mercado desregulado y sin competencia real”.

Marco Fernández concluye con manifiesta satisfacción que en Recoleta “desde el alcalde hasta el más subalterno funcionario sentimos una responsabilidad con el pueblo chileno para cambiar esta realidad. Tenemos conciencia de que somos un ejemplo de cómo el derecho de las personas debe estar por sobre los negocios”.

 

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 842, 3 de diciembre, 2015

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