A partir de esta “nacionalización”, se abre la posibilidad, por ejemplo, de financiar la actividad de YPF SA a través de una sociedad con fondos buitres, la Exxon o la banca internacional -quienes serán los socios capitalistas, mientras el riesgo correrá por cuenta y orden de los organismos públicos titulares del 51% “expropiado”, incluidos los fondos de la Anses.
Por eso la Presidenta se ha preocupado en poner esta “expropiación” en el marco de la ley Nº 21.499, sancionada por Videla.
No es de extrañar, entonces, que la lógica “expropiatoria” sea la del capital que bancó a la dictadura: dice el proyecto oficial que “los derechos de gestión”, logrados a través de las acciones “expropiadas”, deben tener como uno de sus principios “preservar los intereses de sus accionistas, generando valor para ellos”.
Los fondos internacionales, que poseerán el 49% restante de YPF SA, tienen sus intereses asegurados.
No por gusto la Presidenta se esforzó en aclarar que este proyecto no es siquiera una estatización y que no se opone al lucro empresario, sino que lo garantiza.
Una de esas garantías es asegurar que exista combustible en los surtidores, no importa a qué precio -o sea, al internacional.
Estamos ante un descomunal fraude político al pueblo.
Por la expropiación sin pago de toda la industria petrolera y de los hidrocarburos, bajo control obrero.
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