20 mil estudiantes en la calle: Una movilización contra la desigualdad

Por Rosario Puga 

Cuando el años 2006 el movimiento de los estudiantes secundarios logró poner la atención  en la ley orgánica de educación se abrió uno de los debates más emblemáticos sobre la desigualdad en Chile. 

El logro del movimiento estudiantil fue hacer de un tema sectorial un tema país. Los estudiantes fueron de la demanda de pase escolar a la reforma de la ley de educación heredada por la dictadura. El movimiento tuvo diversos momentos y llegó a unificarse en torno a la reforma de la LOCE, un cuerpo legal heredado y ampliamente utilizado por los gobiernos de la Concertación.

La respuesta del gobierno de Bachelet fue la formación de una comisión que murió  en los  gestos simbólicos. Se perdió la opción de  una  reforma real. El movimiento estudiantil  decreció en sus demandas   pero  sin duda  fue uno de los movimientos más  fuertes  de la  década  y logro  inspirar  una pregunta  por la desigualdad  de la calidad de la educación,  que fue más lejos  que la interpretación de los resultados del SIMCE.

Sin embargo  no hubo reacción del mundo  político  de esos  años.  No había  necesidad  en la  entonces  reinante  concertación  de   pactar con un movimiento social  que traía  demandas  de fondo. Tampoco en el mundo parlamentario  se  quiso dar  el debate. Vendrían  medidas  cosméticas  y la  brecha  se  seguiría profundizando.

En  el campo de los indicadores  se  llegaba  a  los más altos niveles de escolaridad  de  la historia  y el  número de estudiantes en la educación superior también tenía  cifras  record  que mostrar.  Pero la pregunta sobre  la calidad  de la educación, sobre las proyecciones reales de la educación superior  como  forma de superación de la desigualdad no se ponía en juego.  La  concertación no  quería  entrar  a discutir sobre la inequidad   que ha  generado  el modelo  y obviamente  la alianza  tampoco.

Eran los años en  que el abismo entre la calidad  de la educación pública y la privada se  enfrentaba con más iniciativa  privada.  Se consagraban  así  los mecanismos de  subvención directa del estado a la gestión  privada  de  la educación básica  y media  ,  se  pasaba  a la banca  privada la administración de los fondos  del estado para el  financiamiento de la educación  superior ,  se ponía a las universidades  públicas  a competir entre ellas  por los fondos  públicos entre otras cosas. Mientras tanto  se    ensayaba  una reforma curricular  de  todos los niveles de la educación  que  no lograba convencer. Todavía la concertación  podía defenderse  exhibiendo  cifras de inversión en  infraestructura educativa  pero del debate de derechos y equidad  nada.

En paralelo los niveles  de endeudamiento de los estudiantes  universitarios  llegaban a cifras  record. Los que  podían  acceder a becas solidarias  podían   salvarse del embargo de  su  futuro  donde  la especulación financiera  hace estragos  agravando el costo  de los  prestamos  para  educación. Además no existe mecanismo alguno que  fiscalice el  cumplimiento de  estándares de calidad de las  universidades  privadas, muchas de las cuales  son simplemente  fraudes. 

En esas  condiciones  llegamos al actual período.  Al  gobierno de las escuelas emblemáticas, del aumento de las horas de matemáticas, de la educación  gratuita para  la formación de profesores. De las fundaciones  gestionando  iniciativas  que  hacen  mínimo el rol del estado. 

En ese  escenario  se reconstruye un movimiento  estudiantil que  quiere  volver  poner  el tema de la desigualdad en el debate. Una vez más   la exigencia central es  un cambio al  rol de estado. En esta ocasión el liderazgo lo tienen  los estudiantes de la educación  superior, que centran  sus petitorios  en  tres ejes: un aumento del gasto social en educación pública, reestructuración del sistema de becas y ayudas estudiantiles, además de una revisión  a fondo  del sistema crediticio como forma de  financiamiento  directo.

Sin duda  es necesario debatir el tema  de la  calidad de la educación,  dentro de la cual    se debe  evaluar  la  vocación de las  instituciones públicas , la fiscalización de las privadas y la equidad  en los procesos de  selección.  Los estudiantes deben  negociar  mejoras concretas del sistema pero esta  vez debe  ser el país  en su conjunto  el que mire la educación como  un tema  clave,  no  sólo para la futura productividad  y competitividad  sino  para  posibilitar una construcción  de derechos  que renueve las  bases  de la discusión del bien común. 

Veinte mil  jóvenes están  en las calles de Santiago, desafiando la lógica de las soluciones individuales, ocupando en masa  el espacio  público  para recordar  que  debemos construirnos  como colectivo. 

Fuente Radio Tierra (Chile)