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Venezuela: Golpe de Estado e impunidad

Venezuela: Golpe de Estado e impunidad
Por Edwin Sambrano Vidal

De nuevo con la impunidad. Se deja de castigar la conducta ilícita o delictiva. Se permite la transgresión de la norma. Se consiente la existencia de una doble legalidad. La legalidad formal, dictada por los órganos establecidos y que está unida a los fines colectivos y a los principios declarados, y, la “legalidad” real, la que se encuentra soterrada, en el submundo y funciona en la práctica sirviendo a fines y fortunas particulares.

Rara impunidad con los golpistas

Esta semana, el 11 de Abril, (fecha de la batalla de San Félix en 1817, dirigida magistralmente por el General en Jefe Manuel Piar de la cual surgió la fase final para la independencia de la Nueva Granada y Venezuela), se cumplieron 9 años del golpe de Estado contra el gobierno constitucional del Presidente Chávez. Una canallada urdida alevosamente por la caterva de corruptos que, embriagados de poder y de impunidad, manejaron las riquezas del país durante seis décadas. Muchos de los golpistas del 2002 habían seguido compartiendo las mieles del poder durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez hasta que participaron en el golpe. Incluso, connotados personajes del “nuevo régimen”, sobre todo militares, que vieron con simpatía o con cobardía el repentino y fulgurante éxito aparente del golpe, siguieron y actualmente siguen, disfrutando de altos puestos de gobierno y en el PSUV y de fuerte control sobre el presupuesto público. Desde distintos escenarios se ha denunciado la impunidad que ampara a los supuestos responsables del golpe. El presidente de la República, Ministros, Diputados y Diputadas, altos personeros del partido de Gobierno denuncian la impunidad. Entonces nos preguntamos; … por qué no se castiga a los responsables del golpe, si los poderes públicos se han encontrado desde hace 11 años bajo la dirección y la voluntad del Presidente Chávez?... Los Fiscales Generales de la República fueron designados por la mayoría gubernamental y son notables simpatizantes del presidente Chávez. Isaías Rodríguez en diciembre del año 2000 y Luisa Ortega Díaz en el año 2007. Lo mismo los integrantes y la directiva del Tribunal Supremo de Justicia, órgano que ejerce el Gobierno de toda la Administración de Justicia en el país: Pone y quita jueces sin límites, dicta sentencias o directrices de obligatorio cumplimiento para los tribunales y puede avocarse a cualquier causa según su voluntad. Igual pasa con la Defensoría del Pueblo, que tiene facultades constitucionales para intervenir en procura de corregir las perversiones que afecten la buena marcha de la administración de justicia …entonces, por qué no se enjuicia y sentencia a los altos militares y civiles responsables del golpe de Estado?... Para la designación de las cabezas de estas Instituciones, desde 1999 el presidente y el partido de gobierno ha tenido total libertad. En diciembre 1999 por la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos integrantes eran, en más del 95%, afectos al Gobierno del Presidente Chávez. En diciembre de 2000 la Asamblea Nacional con mayoría calificada de más de dos tercios y en diciembre de 2007, con la totalidad de los integrantes electos en las listas del gubernamental partido V República y la coalición que éste lideraba a su antojo. De modo que resulta una incongruencia total que los líderes oficiales del PSUV y el propio Presidente Chávez clamen denunciando la impunidad, a menos que se estén denunciando a sí mismos ya que tienen el poder suficiente para lograr que se enjuicie y condene a los responsables del golpe. Qué pasa, entonces?...

Otras impunidades

Hay otra impunidad, visible y chocante, la que protege a responsables de las masacres con fines políticos ocurridas en Cantaura (1982), en Yumare (1986), en El Amparo (1988), del Caracazo (1989). Se dice que algunos de estos responsables o actores han sido y son militares convertidos en connotadas figuras del Gobierno y del partido del Presidente Chávez.

Una tercera impunidad, entre otras más, es la que resguarda a los funcionarios de gobierno que ejercen incorrectamente sus funciones derrochando el presupuesto, dedicados a hacer negocios con el cargo y las funciones del mismo. Están colocados en diversos niveles y muchos de los errores cometidos causan estragos en los derechos de la población cuando los recursos son desviados o simplemente malbaratados. También lesionan la conciencia colectiva que se acostumbra a la trasgresión como norma y a la ausencia de reglas, la desregulación en materia laboral y económica que tanto impulsan las corrientes liberales y neoliberales y que hemos enfrentado durante décadas. Parece que el problema no es que se afecte los intereses colectivos, sino que se oponga a algunas directrices o personeros del gobierno o que incurra en el grave delito de decidir o actuar en defensa de derechos que eventualmente esté incumpliendo o violentando alguno de los gobiernos. Por ejemplo, en la región industrial de Guayana, al sur del país, un reconocido abogado por su honestidad y con amplia experiencia en las lides laborales, fue nombrado Inspector del Trabajo y al tratar de aplicar la ley a favor de los derechos de los trabajadores de la Gobernación del Estado Bolívar, el gobernador, un militar de raigambre derechista, compañero de graduación del Presidente Chávez y principal jefe del PSUV en la región, la emprendió contra el laboralista en una cadena de agresiones, amenazas y atentados físicos que concluyeron en la remoción del cargo. Sin embargo, otros y otras dejan de cumplir y afectan los derechos de los trabajadores y son mimados por el poder central y regional.

“El que vive de ilusiones muere de desengaños”

En esta conducta recurrente se esconde una especie de vocación suicida del proceso de transformación o, en su defecto, la verdadera cara de una parodia de transformación que se predica, pero que no se aplica consecuente reafirmando una de las características de la dominación político-cultural de capitalismo: el divorcio entre la realidad y la prédica, mientras ésta actúa como un elemento distractor o disolvente de las verdaderas iniciativas transformadoras. “El gatopardismo”, esto es el cambio aparente para no cambiar nada; fenómeno que no sólo es una estratagema, sino un vicio que puede afectar incluso a quienes desean o se proponen un cambio verdadero. De allí el valor del llamado a la realidad que hacía Lenin, el cual hemos citado otras veces: “Desechar las ilusiones y prepararse para la lucha”.

Foto: Pedro carmona (Pedro el breve)

Fuente: Argenpress

 

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