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En Chile se cometió un magnicidio contra el ex presidente Salvador Allende, afirmó Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).
"Aquí se cometió un magnicidio. En el momento del terrorismo de Estado, el momento del golpe de Estado, (Allende) no tenía ninguna salida y ninguna seguridad", recalcó la principal dirigente de la AFEP, citada por Radio Cooperativa de Chile.
En el escenario político nacional trascendió la noticia de que por primera vez la justicia chilena se dispondrá a investigar las circunstancias de la muerte del presidente del Gobierno de la Unidad Popular, fallecido en La Moneda el 11 de septiembre de 1973, el mismo día del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet (1973-1990).
El nombre del ex mandatario aparece en una lista de 726 querellas presentadas la víspera por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago Beatriz Pedrals, relacionadas con víctimas del régimen castrense, cuyos casos nunca antes examinó el sistema judicial.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro y líderes de la oposición chilena expresaron su beneplácito por la determinación de los tribunales de investigar la muerte de Allende.
Hay un déficit de verdad y de justicia en Chile que aspiramos a que se haga cada vez más pequeño, manifestó el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade.
El magistrado Mario Carroza, quien deberá ocuparse de las pesquisas sobre el deceso de Allende calificó de "tremenda responsabilidad" la tarea que tiene por delante. "Espero hacer mi trabajo", dijo.
A Carroza corresponderá dictar las órdenes correspondientes para el inicio por la Policía de Investigaciones de las diligencias requeridas asociadas a las más de 700 querellas presentadas y entre las que se encuentra el caso del líder de la Unidad Popular.
El proceso indagatorio deberá determinar en consecuencia si la muerte de Allende se debió a un suicidio o si fue realmente asesinado, como sostienen tesis tanatológicas que aseguran murió por disparos de otros.
Unas tres mil personas fueron asesinadas o desaparecidas durante la dictadura militar de Pinochet y otras 50 mil sufrieron torturas, cárcel o persecución.
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