Como a las cinco horas de la mañana empezó a salir humo de una de las secciones de la cárcel ubicada en la comuna de San Miguel al sur de Santiago. Al comienzo hubo confusión cuando se le prohibió la entrada a los bomberos; a las 17 horas todavía no entregaban datos oficiales respecto a las víctimas. Recién a las 18 horas se comunicaba el nombre de 12 reclusos heridos que permanecían en diferentes sitios asistenciales. El diputado Hugo Gutiérrez que encabeza la comisión de derechos humanos del parlamento, fue la primera autoridad en entregar algún tipo de información: Declaraba temprano en la misma tarde que las pruebas de ADN para el reconocimiento de 50 personas serían lentas.
Por lo menos 50 cadáveres aparecen como irreconocibles y se estima que la identificación tomaría meses a través de las pruebas de ADN. Los familiares de estos 81 reclusos muertos se agolparon con furia alrededor del centro penal que albergaba cerca de 1300 reclusos, desbordando con creces su capacidad límite. Un oficial de gendarmería señalaba a una radio que desde varias décadas atrás se han solicitado más recursos para capacitación del personal y mejoramiento de la infraestructura, pero como el tema no es popular se escatiman los dineros. “Nadie va a invertir en mejores cárceles porque los presos no votan”, señala un familiar.
La situación carcelaria en Chile es una de las peores en la región y debido a la nueva ley procesal penal el ingreso de nuevos reclusos se ha acelerado. Las cárceles están siendo abarrotadas en un flujo que no pudo anticiparse por un sistema bicéfalo y descoordinado. El nuevo sistema agiliza los juicios, a menudo con ligereza en la solidez de las pruebas condenatorias, cuestión que ha sido abordada hasta por la Corte Suprema. Por otra parte, el déficit de recursos para el sistema carcelario es histórico porque mejorar las condiciones de los albergues carcelarios no es políticamente popular.
Es tal la contradicción del sistema que las políticas de seguridad pública no contemplan como prioritario, ni resolver las causas subyacentes del crimen y la violencia a través de una rectificación social sistémica, ni tampoco abordan el problema de la rehabilitación en los recintos penales con una mejoría del estándar de las cárceles. Lo que importa es lo más rentable, y ese nicho lo ocupa el emergente negocio de la seguridad pública con toda la parafernalia de personal e instrumentos de vigilancia y control. Hay un proyecto de entregar las cárceles en concesión a privados
La tragedia ha golpeado el ambiente y frente al hecho, las primeras señales de las autoridades preocupan por la carencia de información oficial. “No son los 33 mineros, son presos, por lo tanto se les da el peor trato”, dice un familiar. Como que los encarcelados representaran la escoria social mayor.
Las cárceles es quizás el último eslabón de la peor miseria del capitalismo, porque nadie nace delincuente y sin embargo todos tienen un grado de responsabilidad en la formación de un delincuente. Igualmente, todos son responsables del estado de las cárceles porque como el tema es desagradable, la ciudadanía en general responde con vehemencia hacia cualquier medida que beneficie la situación del reo.
Los recintos penales pueden ser también lugares donde la investigación de los hechos entra en la caja negra. El incendio ocurre mientras se llevan a cabo huelgas de empleados fiscales, del transporte público y cuando el gobierno anuncia un proyecto de privatizar lo que queda del sistema de salud pública. También está la pérdida de popularidad en un 13% del presidente liderando un gobierno que acumula problemas. Su popularidad bordea ahora el 50%. Resulta llamativo que de pronto se desvencija un sistema como que el barco hiciera agua por todos lados. Una oportunidad más para sacar una ventaja política en contra de la coalición que se mantuvo 20 años gobernando. La cárcel reventó ahora pero el problema venía de antes.
Un policía retirado señala que cuando llega el camión de gendarmería para llevar a los detenidos a las cárceles, los futuros reclusos lloran. Un ex recluso de clase media acomodada condenado a dos años que no tuvo el apoyo de su familia para orquestar presiones y reducir la pena, transformó su personalidad extrovertida auto excluyéndose de la sociedad. La causa de la rehabilitación es un tabú en una sociedad que más y más comienza a privilegiar la pena de muerte como el antídoto más eficaz para combatir la delincuencia. Aumenta también la proclividad de la gente a poseer armas de fuego, y revindicar justicia propia.
El gobierno tendrá que abrir una investigación de todos los antecedentes hasta encontrar las causas del accidente. Un evento de esta naturaleza, cuando las versiones son tan diversas desde la del motín carcelario, hasta la riña entre reclusos, pasando por la negligencia del cigarrillo y el escape de gas, o la falla del sistema eléctrico, entra en la zona gris donde también caen las conjeturas. Todo califica para una investigación a fondo que el gobierno debería asumir con rapidez porque su imagen ya está cuestionada por el acento en colocar temas mediáticos que distraen la atención del público.
Una abogada del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries declara a una radio a las 16:30 del día de la tragedia que “Investigar las causas del incendio por el momento no era importante”. Precisamente las causas del accidente y su investigación son definitivamente importantes.
Históricamente, se observa que los incendios en las cárceles son eventos que ocurren por actos deliberados, preferentemente motines. El incendio de la cárcel del hermoso y antiguo barrio de San Miguel al Sur de Santiago, debe investigarse a fondo porque un incendio en donde mueren 81 reclusos, por su magnitud solamente, se convierte en un hecho político.
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