Cómo terminar con el “apartheid educativo”

La Nación

Katerinne Pavez

A partir del debate del Consejo Asesor Presidencial, amplios sectores de la sociedad han concordado en revisar las bases del sistema educativo. En la entrega de su primer informe, a fines de septiembre, un punto importante quedó pendiente: el financiamiento de la educación.

Éste es, precisamente, el tema de la investigación que un grupo de académicos de la Universidad de Chile, liderados por Jesús Redondo, director del Observatorio de Políticas Educativas (Opech), dará a conocer los primeros días de noviembre. Las conclusiones del trabajo son elocuentes: “La evidencia de estos 25 años demuestra que hemos logrado gastar más (los últimos 15 años), aumentar la cobertura escolar, pero no mejorar la calidad integral de la educación; al tiempo que hemos creado un sistema escolar “conscientemente estructurado en clases sociales. Chile, en la actualidad, es el único país del mundo que utiliza la subvención a la demanda como único mecanismo de financiamiento de la educación”, dicen.

Este sistema de subvención consiste en que la mayor parte del financiamiento de las escuelas municipales y particulares subvencionadas se obtiene mediante el pago por asistencia de los alumnos a clases.

El Observatorio propone que, además de esta vía, se potencien los logros, mediante incentivos económicos para quienes fomenten la convivencia democrática, la asistencia y retención escolar, la integración de niños vulnerables, el aumento en el valor agregado del Simce o innovación tecnológica, entre otros. Todo, según los estándares de calidad fijados por el Ministerio de Educación.

También postulan -en sintonía con el Consejo Asesor- la creación de unas 60 corporaciones públicas locales, que aseguren que cada comunidad pueda manejarse de manera autónoma. Esto implicaría, necesariamente, una reforma al sistema municipal de educación. Las entidades serían financiadas “mediante convenios, basados en la utilidad pública de sus servicios”. En este esquema, también se incluiría a los establecimientos particulares subvencionados.

De allí que el informe ponga el acento en la educación pública, actualmente en manos de los municipios. “Siete de cada diez pesos gastados en educación son administrados por instituciones privadas o provienen de esa fuente” y que “cuando el gasto público cede protagonismo al gasto privado en países que no han logrado construir las bases de un proyecto educativo de calidad para todos, la segregación es una consecuencia inevitable”.

El peso del territorio Comparar la educación municipal de comunas tan dispares como Cerro Navia y Vitacura muestra la segregación social de la educación. La primera quintuplica la cantidad de alumnos matriculados en colegios municipalizados en comparación con Vitacura, sin embargo, sólo cuenta con un presupuesto para educación de un poco más del doble. Para que un colegio municipal de Cerro Navia, sin considerar inversión en infraestructura, comience a funcionar como un colegio municipalizado de Vitacura, debería recibir una subvención de $ 97.100 por cada alumno. Esto sin considerar las diferencias de origen, lo que obligaría a una subvención aún mayor”, dicen en la Opech. Monstruo de seis cabezas Así podría bautizarse al sistema educativo chileno. Mal que mal se trata de seis modelos diferentes en uno. “Lo que sólo separa a los estudiantes por clases sociales”, dicen los expertos de la OPECH. El primer modelo es el de los colegios particulares. Luego está el de las corporaciones de administración (públicas y privadas), después el de la educación pública, a cargo de las municipalidades, que se dividen pobres y con recursos. Y por último, el sistema particular subvencionado que también tiene doble faz: los que poseen proyectos educacionales serios e integran a alumnos de menos ingresos y aquellos cuyo objetivo central es el lucro y no aseguran educación de calidad.