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Los secundarios remecen el sistema

por tribunachilena el 22/05/2006 22:18, en Nacionales

El pase escolar y la gratuidad de la PSU son apenas la punta del témpano porque los jóvenes plantean, con sorprendente lucidez, un cambio de fondo en la fracasada política educacional

Hernán Narbona Véliz
(22/05/06)

“FUI EDUCADO EN la educación pública gratuita, pero me he esforzado por educar a mis hijos en la educación privada, para que puedan tener más oportunidades”. Este es un pensamiento extendido en Chile y refleja el problema que hoy moviliza a los jóvenes estudiantes secundarios y universitarios. Porque el movimiento estudiantil nacional en marcha, escapa de la meras reivindicaciones de pase escolar y de gratuidad para la PSU. La toma de liceos y universidades, coordinada a nivel nacional, hace recordar los movimientos estudiantiles de los sesenta, cuando las federaciones estudiantiles desafiaban al sistema establecido, con los planteamientos de la Reforma. La semblanza es válida cuando se escucha con atención a lúcidos dirigentes de liceos que apuntan en sus declaraciones a algo más medular: el fracaso de las políticas públicas en materia de educación.

El Gobierno ha pretendido desarticular esta movilización juvenil mediante acciones fundamentalmente represivas, como ha sido negarse a conversar o negociar mientras los estudiantes estén en huelga. Una postura que carece de sentido al provenir de vetustos socialistas que en otras épocas protagonizaron eventos comparables de subversión estudiantil e intelectual, es decir la vaca olvidándose que fue ternera. Pero tal actitud puede obedecer a que dichas autoridades perciben que las demandas estudiantiles apuntan a temas de fondo, relacionados con la calidad y los condicionantes constitucionales y legales que enmarcan la función educativa en el Estado.

La Constitución ha establecido que la educación es un derecho y tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Se consagra que la educación básica y media son obligatorias y que el Estado debe financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella a toda la población, estableciéndose por otra parte el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. En este contexto, siguiendo la filosofía neoliberal de la Constitución, se desprende que al Estado le corresponde el financiamiento de la educación pública, pero cumpliendo un rol subsidiario para atender a quienes no tienen los recursos para acceder a las opciones que el mercado libre de la educación ofrece.

Es allí donde radica la inequidad que demuestra la educación. Al ser concebida como un sistema mixto en donde se consagra un sistema gratuito a cargo del Estado y se da el espacio para opciones pagadas de educación, le ha correspondido al Estado la responsabilidad de asegurar el acceso de los sectores sociales de menores ingresos, lo cual, desafortunadamente, no se ha cumplido con el rigor debido. De manera recursiva, la diferencia de calidad de la educación se ha ahondado en la misma proporción que la brecha de distribución del ingreso. El resultado es que la educación pública no es hoy una opción comparable o superior en calidad a la educación privada, en contraste con la situación imperante tres décadas atrás.

En los lineamientos gruesos de la reforma educacional emprendida por el gobierno militar se transfiere la educación al sector privado y se cierran las escuelas normales que formaban los antiguos profesores; se traslada a los municipios la administración de los establecimientos educacionales y comienzan a operar los facilitadores privados, quienes instalan colegios y reciben subvención estatal por alumno en aula. El magisterio como cuerpo, es así fragmentado y los alcaldes, por entonces designados a dedo por el gobierno, comienzan a operar sus corporaciones educacionales, que se convierten en los nuevos empleadores de los maestros.

El profesorado, que formaba parte del aparato público, con carrera funcionaria y lineamientos pedagógicos uniformes a nivel nacional, pasa a ser un “recurso humano” barato que es contratado en forma precaria, sin posibilidad de desarrollo profesional. La implantación de criterios economicistas en materia de educación llevan a que las escuelas públicas funcionen con 45 alumnos por curso, escenario absolutamente anti pedagógico. Los rendimientos y la exigencia de calidad decaen, pero la tasa de repitencia disminuye, ya que se debe procurar que cada curso mantenga su rentabilidad. El advenimiento de los gobiernos democráticos no significó cambio alguno en el modelo educacional heredado de la dictadura,

URGENCIA DE ENCARAR CRISIS
Peor todavía, a más de una década y media del retorno a la democracia, la crisis de la educación pública se agrava. La renuncia del Estado a la conducción del sistema ha significado que proliferen los engaños educacionales, cuyo resultado final se manifiesto en el incremento del desempleo ilustrado. El funcionamiento de más de 70 universidades contribuye a ese resultado en un país cuya tasa de competitividad se deteriora porque precisamente su formación educativa es débil en ciencia y tecnología. Es que el grueso de las universidades no realizan investigación y la que se hace no es pertinente para la gestión de desarrollo de sectores productivos. Nadie ha evaluado la eficacia con que se utilizan los recursos que el Estado invierte en proyectos, porque ellos, pese a ser concursables, están abiertos a las propuestas de los grupos de investigación. Al faltar el hilo conductor de un concepto país, que debiera ser marcado por un Estado proactivo y no sumido en la administración de lo mismo, los resultados son penosos.

El sistema se ha ido prostituyendo y la “titulitis” (afán por obtener un cartón universitario) nos ha llevado a una inundación de ofertas educacionales sin destino, mientras, del lado de la producción, el país lamenta la falta de técnicos, de trabajadores calificados, de personas capaces de integrar proyectos de carácter tecnológico, ya sea en la industria o en el agro.

Por todo esto que he señalado, y que indudablemente puede adolecer de errores u omisiones, el movimiento estudiantil que ahora ha articulado protestas nacionales, no puede ser encarado por las autoridades con las solas herramientas del marketing comunicacional; no se trata éste de un movimiento superficial, ya que detrás está un cúmulo de expectativas e insatisfacciones históricas que representan parte de la deuda social de la Concertación.

Es indiscutible, también, que los jóvenes siempre corren el riesgo de ser infiltrados por violentistas. También en la época en que nosotros nos tomábamos las universidades había bomberos locos, supuestamente revolucionarios, y que los primeros en pelear con los pacos; en su momento terminaron siendo los oficiales de inteligencia que prepararon el golpe de Estado y fueron los primeros en torturar a sus propios compañeros. Los jóvenes de hoy deben, pues, cuidarse y desconfiar de los agitadores.

Pero, más allá de eso, tenemos que tomar muy en serio este movimiento y pensar que ha llegado el momento en que sea el pueblo, el ciudadano, el contribuyente que paga impuestos, el que ponga en el tapete un tema estratégico para el país. Por mucho que el gobierno diga que algo no está en su programa, un político, un estadista debe tener la claridad y receptividad para dar respuestas a los temas de fondo, escuchando y aplicando los cambios necesarios o al menos, atreviéndose a proponerlos al debate público.

Al definirse la segunda vuelta presidencial, sostuve que Michelle Bachelet tenía la gran oportunidad de capitalizar la movilización social, liderando los cambios y correcciones profundas que su antecesor no había sido capaz de realizar. Frente a la movilización de los jóvenes que exigen una educación pública de calidad, la Presidenta tiene capacidad para revertirla a favor de la revolución educacional que anunció, pero cuyos alcances nunca ha explicitado. Cuenta, además, con recursos financieros para acometer la gran reforma que el país está exigiendo. Creo que los jóvenes, más allá de la forma de expresarlo, están dando en la tecla justa y en vez de guardar la plata debajo del colchón, es el momento precioso para liderar un cambio cualitativo profundo que pasa por fortalecer al profesorado y la educación pública gratuita, de modo que ella vuelva a ser el motor de la movilidad social en Chile.



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